Luego de que el Gobierno nacional reconociera el riesgo de un eventual desabastecimiento de energía en Colombia por la alta probabilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) aseguró que el panorama ya había sido advertido por el sector desde hace varios años y pidió acciones inmediatas para evitar una crisis.La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, afirmó que actualmente los balances de energía firme del país, es decir, la capacidad de respaldo para garantizar el servicio en momentos críticos, ya presentan señales negativas, de acuerdo con información pública del operador del mercado eléctrico, XM.Según Gutiérrez, el país debe actuar en varios frentes simultáneamente para reducir el riesgo de un problema de abastecimiento. Entre las prioridades mencionó la entrada en operación de proyectos energéticos pendientes antes de finalizar este año, incluidos los proyectos solares que actualmente están en fase de pruebas.Además, insistió en resolver los problemas logísticos relacionados con el suministro de combustibles, especialmente el gas natural, para garantizar que las plantas térmicas puedan operar cuando sea necesario.“La energía térmica será clave”, planteó la dirigente gremial al advertir que, en un escenario de sequía prolongada, el país necesitará reducir la presión sobre los embalses hidroeléctricos y preservar sus niveles para enfrentar el verano.La reacción de Acolgen se da luego de que el Ministerio de Minas y Energía, a través de una circular firmada por el ministro Edwin Palma, reconociera un “riesgo inminente” para la continuidad del servicio eléctrico en el país si coinciden varios factores: el déficit de energía firme, un nuevo episodio del fenómeno de El Niño y el incremento en los costos internacionales de combustibles por la situación geopolítica en Medio Oriente.El Gobierno sustentó su alerta en proyecciones de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que estiman una probabilidad del 95 % de que desde junio de 2026 se presente un nuevo fenómeno de El Niño, lo que podría traducirse en una reducción significativa de lluvias y menores aportes hídricos a los embalses.En ese contexto, Gutiérrez reiteró la necesidad de proteger las reservas de agua del sistema eléctrico colombiano. “Los embalses deben llegar lo más llenos posible a diciembre”, advirtió, al señalar que el verano podría extenderse incluso hasta abril o mayo del próximo año, dependiendo de la intensidad del fenómeno climático.Para Acolgen, esto también exige una campaña nacional de ahorro de energía y agua. La presidenta del gremio sostuvo que el consumo responsable será determinante para disminuir la presión sobre el sistema eléctrico en un periodo de alta exigencia.La dirigente también cuestionó las decisiones de política pública de años recientes y aseguró que el país perdió tiempo en expandir el parque de generación eléctrica con tecnologías que históricamente han dado respaldo al sistema, como las hidroeléctricas y las plantas térmicas.Además, advirtió que las medidas regulatorias que actualmente impulsa el Gobierno, como las nuevas subastas del Cargo por Confiabilidad, no resolverían el desafío de corto plazo, pues los nuevos proyectos entrarían a operar desde 2029 en adelante y no para el eventual fenómeno de El Niño que podría comenzar en los próximos meses.En medio del debate, Acolgen reiteró su disposición para trabajar con el Gobierno nacional, aunque defendió el modelo actual del mercado eléctrico colombiano. Gutiérrez insistió en que las soluciones pasan por fortalecer la generación disponible, asegurar combustibles, anticipar el uso de plantas térmicas y promover el ahorro, más que por intervenir un sistema que, según dijo, ha operado durante tres décadas.
La presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, expresó su preocupación por los recientes planteamientos del presidente Gustavo Petro que, según señaló, podrían poner en riesgo la autonomía del Banco de la República y el respeto al marco legal para la fijación del salario mínimo. La dirigente afirmó que estos principios “no son opcionales”, ya que constituyen pilares fundamentales para garantizar la estabilidad económica y el adecuado funcionamiento de las instituciones del país.Gutiérrez recordó que el presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y máxima autoridad administrativa, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, respetar la separación de poderes y garantizar la independencia institucional.“En un Estado de Derecho, la política monetaria y la política salarial tienen finalidades, reglas y autoridades distintas. Los incrementos de salarios no deben usarse como mecanismo de presión para forzar medidas que buscan atacar fenómenos inflacionarios, más aún si se considera que los aumentos salariales solo benefician a los trabajadores si su poder adquisitivo se preserva”, aseguró Gutiérrez.La dirigente gremial explicó que la política monetaria responde al mandato constitucional de preservar la estabilidad de precios y debe ejercerse con total autonomía, sin interferencias externas. Asimismo, recordó que la fijación del salario mínimo debe realizarse con base en criterios técnicos como la inflación, la productividad y el empleo, tal como lo establecen la Constitución y la legislación vigente. Según indicó, desconocer estos parámetros podría vulnerar el principio de legalidad y generar riesgos para la economía.En su pronunciamiento, también manifestó preocupaciones frente a los efectos de incrementos recientes del salario mínimo cercanos al 23 %, al considerar que existen dudas sobre su relación con la productividad y sus posibles impactos en el empleo y la informalidad.“Un dato: ANIF ajustó su proyección de inflación para 2026 a más del 6,0 %, Fedesarrollo a 6,2 % y Corficolombiana a 6,5 %, frente a las expectativas previas que estaban entre 4,3 % y 5,0 %, todo como consecuencia del aumento del salario mínimo. Fedesarrollo estima además una pérdida de hasta 600.000 empleos formales”, indicó a través de su cuenta de X.Finalmente, Gutiérrez advirtió que este tipo de decisiones y mensajes pueden afectar la confianza de inversionistas y el clima económico del país, además de generar consecuencias sociales, como el aplazamiento de procesos pensionales para miles de personas. En ese contexto, reiteró que el respeto por la Constitución, la separación de poderes y la autonomía del Banco de la República deben mantenerse como principios fundamentales para la estabilidad económica y la confianza institucional.
Blu Radio conoció en primicia un extenso documento en donde la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) le pidió a la Corte Constitucional suspender provisionalmente y tumbar la emergencia económica decretada en febrero por el Gobierno nacional.Esto, tras la ola invernal que azotó a 8 departamentos, siendo Córdoba uno de los más afectados. Uno de los argumentos es que el Gobierno no demostró de manera suficiente que la situación, principalmente asociada a variabilidad climática, no pudiera ser atendida con mecanismos ordinarios.La intervención también señala que no se cumple el requisito de sobreviniencia, es decir, que los hechos que justifican la emergencia no son extraordinarios ni imprevisibles. Según el gremio, fenómenos como la variabilidad climática o problemas del sector energético son estructurales y conocidos desde hace años, por lo que debían ser atendidos mediante la institucionalidad ordinaria.Acolgen también advierte un posible vicio formal, ya que el decreto no habría sido firmado válidamente por todos los ministros, en particular, cuestionan la firma de la entonces ministra encargada de Ambiente, Irene Veléz cuyo encargo según el documento ya había vencido al momento de la expedición del decreto que convocó a la emergencia económica.El magistrado Polo deberá revisar los conceptos e intervenciones que han llegado allí al alto tribunal, entre ellos, el del exmagistrado de esa misma corporación José Fernando Reyes quien también pidió tumbar el decreto. Aún falta el concepto de la Procuraduría que es clave para el examen constitucional de este decreto.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) alertó sobre los posibles efectos que tendría el Decreto Legislativo 0177 de 2026 en la estabilidad financiera y operativa del sector eléctrico, en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno.El gremio reconoció la gravedad de la situación climática que enfrenta el país y la necesidad de proteger las cuencas y ecosistemas estratégicos. Sin embargo, manifestó su rechazo a las medidas adoptadas en el nuevo decreto, al considerar que no cumplen plenamente con los criterios constitucionales de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad exigidos en los estados de excepción.La norma impone, durante seis meses, una transferencia adicional del 2 % sobre las ventas brutas de energía a empresas generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en cuencas de ocho departamentos.Esta sobretasa se suma a las transferencias ambientales ya vigentes, que actualmente corresponden al 6 % para hidroeléctricas y al 4 % para térmicas. Con el nuevo esquema, de manera transitoria, la carga pasaría al 8 % en el caso de las hidroeléctricas y al 6 % en el de las térmicas.Según Acolgen, el principal punto crítico es que el cobro se realiza sobre ingresos brutos y no sobre utilidades, lo que implica que se debe pagar independientemente de la rentabilidad de las compañías. El gremio advierte que esto representaría, a nivel sectorial, “afectaciones al flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros, y que terminaría por impactar en el costo de vida de todos los colombianos”.El gremio sostuvo que las medidas podrían tener efectos en la seguridad energética del país. Entre las preocupaciones planteadas se encuentran posibles afectaciones a los compromisos de energía firme respaldados por embalses, lo que, según el sector, podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño hacia finales de año.También advirtió que la medida podría impactar la cobertura de la energía contratada con generación propia, generar presiones al alza en los precios de contratos futuros e introducir incertidumbre regulatoria en un sector que requiere reglas estables para atraer inversión.Además, señalaron que se podrían generar asimetrías competitivas al afectar de manera diferenciada a ciertas tecnologías de generación frente a otras.Otro punto que cuestiona Acolgen es la facultad otorgada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para modificar, durante la emergencia y hasta por seis meses, instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos que presenten alertas del Ideam.De acuerdo con Acolgen, esta disposición podría prevalecer incluso sobre compromisos contractuales previamente adquiridos, lo que, a juicio del gremio, introduce riesgos en materia de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.El incremento del impuesto sobre los ingresos brutos fue calificado por Acolgen como una exacción que desconoce principios de equidad y capacidad contributiva, lo que para el gremio podría tener “efectos estructurales que desbordan el alcance estrictamente coyuntural permitido por la Constitución”.
La declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional y la expedición de una serie de decretos para enfrentar la crisis climática ya comienzan a generar reacciones en el sector energético. Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), advirtió que algunas de las medidas podrían tener efectos estructurales sobre la operación del sistema eléctrico colombiano, incluyendo la posible intervención en el manejo de los embalses.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la dirigente gremial expresó su preocupación por el decreto que establece un impuesto adicional del 2% sobre las ventas de ciertas empresas generadoras de energía, recursos que serán transferidos directamente al Ministerio de Ambiente.Impuesto del 2% a generadoras: dudas sobre su alcanceEl decreto contempla que las hidroeléctricas y térmicas cuya infraestructura de generación, embalse o captación esté ubicada o que operen en cuencas hidrográficas “directamente afectadas” en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó deberán asumir un 2% adicional sobre sus ventas.Tradicionalmente, las empresas generadoras ya realizan transferencias a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para inversión ambiental en las regiones. Sin embargo, el nuevo 2% tendría un destino diferente.“Esas transferencias se les transfieren a las CAR y son para temas ambientales en cada una de las regiones. Ese 2% adicional se le está entregando directamente al Ministerio del Medio Ambiente”, explicó la presidenta de Acolgen.El gremio aún no tiene una cifra consolidada sobre el impacto económico de la medida. “En este momento estamos cuantificando eso porque estamos viendo todas las térmicas y todas las hidroeléctricas que están incluidas dentro de las cuencas que está incluyendo el decreto”, precisó.Entre las compañías potencialmente afectadas se encuentran grandes centrales como Hidroituango, activos de Isagen, Urrá y plantas térmicas como Tesorito, aunque el alcance real dependerá de cómo se interprete la expresión “directamente afectadas por la emergencia”.“Esa frase es lo que hay que puntualizar muy bien. Eso no puede quedar así de abierto”, enfatizó Gutiérrez, al advertir que la redacción amplia podría generar inseguridad jurídica y distorsiones competitivas.Riesgo de intervención en los embalsesMás allá del impacto tributario, Acolgen encendió las alarmas por otro punto del decreto relacionado con la modificación de instrumentos de manejo ambiental, lo que podría traducirse en cambios en la operación de los embalses.“No se está refiriendo puntualmente a la modificación de licencias, pero sí a la modificación de instrumentos de manejo ambiental. Esto quiere decir que de alguna manera pueden intervenir la operación de los embalses, y esto es supremamente grave”, sostuvo.La dirigente explicó que el manejo de los embalses es un componente esencial del sistema eléctrico colombiano, diseñado bajo un esquema técnico y comercial que ha evolucionado durante más de tres décadas.“Los embalses se regulan para atender los contratos de largo plazo y para que en los momentos de estrechez de energía hídrica podamos ahorrar agua, tener confiabilidad y dar las señales de prender las térmicas. Esto es un sistema supremamente sofisticado que se ha construido durante los últimos 30 años”, afirmó.Una intervención, advirtió, podría poner en riesgo tanto los compromisos comerciales como la seguridad energética del país. “Puede poner en riesgo los compromisos de venta de energía a largo plazo y la confiabilidad del país en momentos de sequía”, subrayó.Impacto en inversión, competencia y tarifasDesde la perspectiva de Acolgen, el nuevo impuesto a las generadoras de energía también tendría efectos en la liquidez de las empresas, la inversión en nuevos proyectos y eventualmente en el precio de la energía.“Esto tiene varios impactos: impactos en la liquidez inmediata, en la afectación de la inversión, en la distorsión de competencia, porque entonces adicionalmente le está poniendo una carga fiscal a unas empresas y a otras no”, explicó Gutiérrez.Aunque evitó confirmar un aumento inmediato en las tarifas, reconoció que el componente de generación es determinante en la factura final. “Un posible traslado en los precios, aunque la factura de energía no solo está compuesta por la generación, pero el componente de generación sí es importante”, indicó.El gremio también manifestó inquietud frente al mensaje que la medida envía a los inversionistas, en un momento clave para el sector eléctrico colombiano, que se prepara para nuevas subastas de energía.Debate sobre la justificación técnica y fiscalFinalmente, Acolgen cuestionó la fundamentación técnica y fiscal de los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica.“Reconocemos la gravedad de la crisis climática y creemos que se necesitan respuestas eficaces, pero estamos viendo que hay una ausencia de justificación técnica, una ausencia de justificación fiscal, no hay una cuantificación del daño ambiental ni estimaciones detalladas para determinar la recuperación”, concluyó Gutiérrez.
Tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien pidió investigar a las hidroeléctricas Urrá e Hidroituango por supuestamente agravar las inundaciones en Córdoba al almacenar agua con fines económicos, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) respondió con firmeza.En entrevista con Mañanas Blu, Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, defendió la actuación de las empresas generadoras y aseguró que los embalses “no operan de manera arbitraria ni vierten agua de forma deliberada”, sino que siguen normas técnicas y ambientales estrictas supervisadas por el Estado.“Los embalses destinados a la generación de energía cumplen tres funciones esenciales: regular los ríos, generar electricidad y reducir los riesgos de inundación bajo reglas estrictas. No existen incentivos económicos para dejar de generar energía o retener agua”, afirmó Gutiérrez en diálogo con Néstor Morales.“El presidente está mal informado”Las declaraciones de Petro encendieron la polémica al afirmar que las represas se llenan “por intereses económicos” y que el sistema eléctrico favorece a las termoeléctricas de gas, las cuales –según dijo– imponen tarifas hasta “diez veces más altas que los costos de las hidroeléctricas”.Gutiérrez respondió señalando que tales afirmaciones desconocen cómo opera el sistema energético del país. “Creo que el presidente está mal informado, porque cuando un embalse llega a su nivel máximo, los vertimientos se hacen por seguridad, no por decisión discrecional de una empresa o funcionario”, explicó.La presidenta de Acolgen recordó que la generación hidroeléctrica no solo abastece energía, sino que también ayuda a mitigar los efectos de fenómenos climáticos extremos. “Gracias a los embalses, la tragedia por lluvias no ha sido mayor. Urrá ha logrado controlar más del 96% de las crecientes del río Sinú en los últimos 26 años”, detalló.El caso Urrá: control, no descontrolPetro acusó particularmente a la hidroeléctrica de Urrá de haber demorado el desembalse controlado de sus aguas, lo que habría favorecido el desbordamiento de los niveles del río Sinú. Frente a esto, Gutiérrez explicó que la región enfrenta “una situación atípica de lluvias exageradas”, con precipitaciones hasta un 1500% superiores a lo esperado.“La descarga fue inevitable, pero se hizo de manera responsable y controlada”, aseguró. “Estas decisiones se toman con criterios técnicos, buscando siempre garantizar la seguridad del embalse y de las comunidades aguas abajo”.Gutiérrez destacó además que la operación de los embalses está sujeta a control de la Superintendencia de Servicios Públicos y a la legislación ambiental. Cada acción de vertimiento o descarga, subrayó, “debe cumplir protocolos obligatorios para proteger a la población y al ecosistema”.“No hay especulación con las tarifas de energía”Respecto a la denuncia presidencial por una presunta especulación con las tarifas eléctricas, Acolgen aportó cifras para refutarla. Según Gutiérrez, el precio promedio de la energía en bolsa en 2025 fue de 245 pesos por kilovatio/hora, inferior al promedio de los contratos de largo plazo, que se ubicó en 298 pesos.“Durante el 2025, el 78% del tiempo el precio de bolsa estuvo por debajo de los contratos. En lo corrido del 2026, esa cifra ha sido del 86%. En un contexto de mayor hidrología, las hidroeléctricas producen más y ayudan a reducir los precios del mercado, no a subirlos”, puntualizó la dirigente.También aclaró que la escasez de gas natural que afecta al país es un problema distinto, aunque puede coincidir con períodos de menor disponibilidad hídrica. “Hemos alertado que, ante un próximo fenómeno de El Niño, el déficit de gas será mucho mayor, lo que podría impactar la generación termoeléctrica”, advirtió.Lluvias y tensiones en el sector energéticoLas fuertes precipitaciones de comienzos de 2026 han golpeado con especial intensidad al Caribe colombiano, ocasionando inundaciones en municipios de Córdoba y Antioquia. En ese contexto, el presidente Petro ordenó una investigación sobre el papel de los embalses en la creciente del río Sinú y cuestionó la supuesta “codicia” del sector eléctrico.Las hidroeléctricas, por su parte, defienden que su labor ha sido clave para evitar desastres de mayor magnitud. “Los embalses no agravan las emergencias; las mitigan. Son instrumentos de protección, no de riesgo”, insistió Gutiérrez.Un debate que sigue abiertoEl señalamiento presidencial ha reavivado el debate sobre la gestión del agua, la regulación del sistema eléctrico y el equilibrio entre el interés público y la rentabilidad empresarial. Desde Acolgen aseguran que están dispuestos a rendir cuentas y a seguir cooperando con las autoridades.
Natalia Gutiérrez es la nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional, en reemplazo de Camilo Sánchez. Gutiérrez es presidente de Acolgen, que es la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. La carrera por la Presidencia del Consejo Gremial Nacional empezó desde la semana pasada y Gutiérrez fue la primera candidata. Ella se postuló de la mano con el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, quien ahora vicepresidente durante su gestión.La postulación contó con el apoyo de seis de los 32 gremios que forman parte del Consejo Gremial Nacional. En la lista están Fenalco, Asocodis, Colfecar, Fasecolda y Asofiduciarias."Su capacidad para construir consensos, impulsar agendas técnicas y liderar procesos intergremiales la convierte en una candidata idónea para guiar al Consejo en un año que exigirá diálogo permanente, rigor técnico y fortaleza institucional", señaló el comunicado en el que se anunciaba la postulación.Gutiérrez obtuvo 20 votos y así reemplazará a Camilo Sánchez, quien es presidente de Andesco.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) indicó que los procesos de licenciamiento para proyectos de energía renovable en La Guajira avanzan dentro de los tiempos establecidos y negó que existan retrasos, como lo afirmó la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez. La entidad señaló que dichas afirmaciones “no se ajustan a los hechos verificados”.De acuerdo con la Anla, en este departamento ya fueron aprobados tres proyectos eólicos durante el actual gobierno: el Proyecto Eólico EO200i (224 MW), el Parque Eólico Trupillo (100 MW) y los Parques Eólicos Las Camelias (436,6 MW), que suman 760 MW y hacen parte de los 2500 MW licenciados en la zona. La entidad añadió que, aunque algunos proyectos han requerido suspensiones por procesos de consulta previa, se han implementado mecanismos como el Comité Tripartito de La Guajira para garantizar el acompañamiento interinstitucional y los derechos de las comunidades.La autoridad ambiental resaltó que ha fortalecido su capacidad institucional para apoyar la Transición Energética Justa. Entre estos cambios se encuentra la creación del Grupo de Transición Energética Justa mediante la Resolución 968 de 2025 y la expedición de los decretos LaSolar y LaEólica, orientados a agilizar los tiempos de evaluación.Según la Anla, estas acciones han contribuido a incrementar el número de licencias otorgadas y a cumplir con una “oportunidad de respuesta del 100 % dentro de los tiempos legales” en los proyectos del sector energético.Frente a las declaraciones de Acolgen, la entidad calificó como “desafortunado” el desconocimiento del proceso de licenciamiento y solicitó la “revisión y rectificación” de la información, al considerar que puede generar percepciones erróneas.
Empezó la carrera por la presdiencia del Consejo Gremial Nacional y la primera candidata es la presidente de Acolgen, Natalia Gutiérrez.Gutiérrez se postula de la mano con el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, quien sería vicepresidente durante su gestión.La postulación cuenta con el apoyo de seis de los 32 gremios que forman parte del Consejo Gremial Nacional. En la lista están Fenalco, Asocodis, Colfecar, Fasecolda y Asofiduciarias."Su capacidad para construir consensos, impulsar agendas técnicas y liderar procesos intergremiales la convierte en una candidata idónea para guiar al Consejo en un año que exigirá diálogo permanente, rigor técnico y fortaleza institucional", señala la comunicación.La elección del presidente del CGN debe darse antes de que termine el año.
Acolgen, el gremio de las generadoras eléctricas, asegura que el decreto 1072 expedido por el Gobierno nacional, amenaza con poner en peligro la estabilidad del sistema eléctrico nacional, que ha funcionado sin apagones generalizados durante los últimos 30 años y le pide al Gobierno que lo suspenda urgentemente."Existen mecanismos más eficientes para proteger a los usuarios sin destruir la estructura del mercado que ha garantizado la confiabilidad energética de Colombia durante décadas", dijo el gremio en un comunicado.El decreto pone límites a la cantidad de energía que se puede vender en el mercado mayorista bajo el argumento de que así se anula la posibilidad de especular con los precios.Para el sector el Gobierno está violando de frente la libertad de empresa en el país. Además, puede crear distorsiones en el mercado, vulnera el principio de la igualdad ante la ley, distorsiona la competencia, abre riesgos para la sostenibilidad financiera y las futuras inversiones, y desconoce la naturaleza técnica del recurso hídrico."Las consecuencias a mediano y largo plazo serán contraproducentes y, las consecuencias a mediano y largo plazo serán contraproducentes y se reflejarán en menores inversiones en generación, poniendo en riesgo la cantidad de energía disponible a futuro y estableciendo riesgos financieros para las empresas generadoras que son pilar del sistema eléctrico, y para los consumidores, por la desarmonización del mercado", agrega el gremio.El Gobierno ha intentado tener intervenciones directas en la formación de los precios de la factura de energía para los usuarios desde su llegada al poder en 2022. Varias las medidas tomadas desde entonces han sido demandadas y luego tumbadas por el Consejo de Estado.El argumento del Gobierno es que la regulación está pensada para favorecer a las empresas en contravía del interés de los usuarios.El Gobierno quiere profundizar en la dirección de un mayor control y anunció que la próxima semana radicará ante el Congreso un proyecto de ley que obligue a la construcción de tarifas justas en el país.Mientras tanto, entidades públicas y privadas están advirtiendo que la demora en inversiones clave para el sector eléctrico puede llegar a comprometer la prestación de servicios en los próximos meses.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.
Personal especializado en búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de Envigado viajó a Venezuela para apoyar en las labores de rescate luego de los terremotos en el vecino país.Personal especializado en búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de Envigado viajó a Venezuela para apoyar en las labores de rescate luego de los terremotos en el vecino país.El Gobernador Andrés Julián informó que un grupo especializado del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado viaja a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por el fuerte terremoto que golpeó en las últimas horas a ese país.El mandatario departamental expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y lamentó la difícil situación humanitaria que enfrentan miles de familias tras la emergencia.El capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, explicó en qué consistirán las tareas de búsqueda y rescate de este personal en el vecino país.“Estos jóvenes han podido lograr excelentes niveles de capacitación y de entrenamiento. Hacen parte fundamental de las operaciones que se realizarán en el territorio venezolano. Ellos salen ya para la ciudad de Bogotá y luego viajan a Caracas para dirigirse a los lugares donde más sea útil eh su especialidad”, aseguró.La misión está liderada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, reconocido por su experiencia en atención de emergencias y operaciones de rescate, que llevará capacidades técnicas y personal entrenado para apoyar las tareas en las zonas más afectadas por el sismo.Además, la Gobernación informó que la Cruz Roja, seccional Antioquia, habilitó una cuenta de ahorros para recibir las ayudas económicas.
Un operativo del Ejército Nacional permitió frustrar el secuestro del excandidato del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por el Magdalena y empresario, Pablo José Acuña Herrera, quien había sido interceptado por hombres armados en zona rural del municipio de El Banco.De acuerdo con la información oficial, Acuña Herrera y otra persona fueron retenidos por presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes intentaban llevárselos del lugar. La rápida reacción de las tropas del Batallón de Infantería N.° 5 General José María Córdova, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército Nacional permitió ubicar a los responsables e iniciar un enfrentamiento armado.Como resultado de la operación, los militares lograron rescatar con vida al excandidato liberal y a la otra persona que permanecía en poder de los delincuentes. Durante la acción fueron incautados un fusil y material de guerra.Hasta el momento, las autoridades no reportan capturas ni bajas entre los presuntos integrantes del grupo armado ilegal, quienes lograron huir tras el intercambio de disparos.Tras conocerse el hecho, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, rechazó el intento de secuestro y destacó la reacción de las tropas del Ejército. "Reconozco la rápida y decidida reacción de nuestros soldados, especialmente de las unidades del Batallón Córdova y de la Segunda Brigada, quienes evitaron que este hecho criminal tuviera consecuencias aún más graves", manifestó la mandataria.No obstante, insistió en que este tipo de acciones evidencian la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en el departamento. "Estos resultados no pueden seguir siendo respuestas aisladas frente a una violencia que insiste en desafiar al Estado. Exijo al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa acciones permanentes, contundentes y sostenidas para garantizar la seguridad de los magdalenenses. El Magdalena no puede seguir enfrentando solo el accionar de las estructuras criminales", afirmó.Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del intento de secuestro.
En menos de una semana hallan otro cadáver dentro de una bolsa en el norte del Valle de Aburrá, en esta ocasión el descubrimiento fue en la vía que de Bello conduce a San Félix. Las autoridades avanzan en la identificación de la víctima, con base en sus características.El cadáver fue encontrado por una mujer que realizaba su caminata habitual diaria. Luego de informar a las autoridades, agentes de la Policía Nacional al hacer las pesquisas confirmaron que era el cuerpo de un hombre muerto que estaba dentro de un costal y envuelto en varias cobijas.Una vez los agentes de la Policía Nacional reportaron el hallazgo del cadáver, acudieron al lugar personal del CTI de la Fiscalía llegaron hasta el sitio y realizaron la inspección y establecieron que se trataba de un hombre, que por algunos rasgos que se observaron se presume tendría entre 20 y 25 años.Así mismo, en las indagaciones con personas del sector, los agentes de la Policía Nacional y el personal del CTI de la Fiscalía no descartan que el abandono del cadáver se hizo en horas de la madrugada cuando la vía registra un bajo flujo vehicular.Entre las hipótesis que contemplan los investigadores no se descarta que el crimen estuviera relacionado con ajuste de cuentas de grupos criminales. El cadáver fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en el barrio Caribe, de Medellín, para labores forenses establecer la identidad de la víctima y las causas de la muerte.
