El gremio de las generadoras de electricidad, Alcolgen, se está quejando esta jueves de una estigmatización por parte del Gobierno nacional que ha intensificado sus actuaciones contra el sector en un momento en que el país se aproxima al fenómeno de El Niño y la posibilidad de tener un apagón de electricidad.El pronunciamiento del gremio se da justo después de que la Superintendencia de Servicios Públicos publicara un informe según el cual los colombianos han pagado a las generadores más de $97 billones a través del cargo por confiabilidad. "¿Cómo es posible que después de 20 años de un esquema de confiabilidad se hable de apagón cuando los usuarios del servicio de energía les han entregado 97 billones a las empresas de generación”, dijo el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón.Sin embargo, para las generadoras aquí hay una actuación deliberada desde el gobierno que ha incluido también una 'presión' desde la Superintendencia de Industria y Comercio que le está siguiendo la pista a los precios de la energía en la bolsa mayorista."La pregunta es inevitable: ¿por qué, a pocos días de terminar este Gobierno, se pretende instalar la idea de que las empresas generadoras son responsables de los problemas del sistema eléctrico? Los hechos muestran una realidad muy distinta", escribió la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez.Según Acolgen, la situación actual es una consecuencia del retraso en la construcción de nuevos proyectos de generación de energía y también de nuevos proyectos de transmisión de energía. Hoy el país tiene menos energía firme (es decir con compromisos de entrega del cargo por confiabilidad) de la que realmente necesita. A eso se sumará la presión climática por cuenta de la sequía que se aproxima y que podría ser una de las más severas de los últimos 50 años."Los riesgos que enfrenta el sistema eléctrico no nacieron de las ofertas de las empresas. Son consecuencia de intervenciones antitécnicas en el mercado, cambios abruptos en las reglas de juego, retrasos en generación y transmisión, ausencia de señales suficientes para invertir en energía firme, cuellos de botella no resueltos y una deuda creciente con los generadores que amenaza la sostenibilidad financiera del sistema", agregó Gutiérrez.El gobierno actual ha tenido una muy compleja relación con las empresas del sector. El gobierno de Gustavo Petro intentó, en varias oportunidades, intervenir en la estructura de precios de la energía eléctrica incluso con decretos que luego fueron demandados. Además, se impuso una sobretasa adicional al impuesto de renta para las hidroeléctricas.
La estabilidad energética de Colombia se encuentra en una etapa crítica. Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño y tras el reciente boletín emitido por XM —operador del mercado eléctrico—, el sector generador ha encendido las alarmas sobre la necesidad urgente de tomar medidas correctivas. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen (Asociación Colombiana de Generadores de Energía), ha sido enfática al señalar que, si bien el país cuenta con recursos, el sistema enfrenta un nivel de vulnerabilidad superior al de años anteriores.En diálogo con la mesa de Mañanas Blu, con Néstor Morales, Gutiérrez subrayó la importancia de que el nuevo gobierno, encabezado por el presidente entrante Abelardo de la Espriella, implemente un plan de choque inmediato para blindar el suministro eléctrico. "Las decisiones para fortalecer la confiabilidad de aquí a diciembre sí deben tomarse desde este momento", afirmó la dirigente gremial.Un sistema al límite de su capacidadEl informe de XM revela cinco puntos críticos que preocupan a los expertos: la materialización de desconexiones por sobrecarga de equipos, el riesgo de potencia en el oriente del país —particularmente en Bogotá y Cundinamarca—, el retraso de más de seis años en obras de transmisión, la demanda histórica de energía y la delicada situación financiera del parque térmico.Al respecto, Gutiérrez explicó que la problemática actual no es solo de escasez de energía, sino de potencia, utilizando una analogía técnica: "La energía hoy es la cantidad de gasolina que tiene un carro para hacer un viaje. La potencia es la fuerza del motor para subir la montaña. Podemos tener toda la gasolina, pero no el motor necesario para subir la montaña en ciertas horas del día. Eso es lo que le puede pasar a Bogotá".Hoja de ruta para el EjecutivoPara evitar un escenario de racionamiento, Acolgen propone un plan de tres ejes fundamentales destinado al gobierno de De La Espriella. En primer lugar, la logística para la provisión de combustibles (gas, carbón y diésel) debe ser impecable, garantizando seguridad y cero bloqueos en las plantas térmicas. "Nos va a tocar prender todas las térmicas a carbón y eso amerita tener un tema de orden público impecable en logística", enfatizó la presidenta de Acolgen.En segundo lugar, se requiere una revisión temporal de las restricciones ambientales que limitan la generación hidroeléctrica, permitiendo que los embalses entreguen energía de forma más eficiente en este periodo. Finalmente, Gutiérrez hizo un llamado a una campaña de ahorro obligatorio que involucre tanto al sector público y privado como a los hogares colombianos. "No nos queda mucho más que hacer", advirtió, insistiendo en la necesidad de destrabar los proyectos de gas que actualmente se encuentran en fase de pruebas.El reto del suministro en BogotáLa alerta sobre Bogotá y la región central no es menor. Según la dirigente, las líneas de transmisión necesarias para llevar la energía desde los embalses como Chivor y Chusa hasta la capital no han concluido su desarrollo, lo que obliga al sistema a depender de la generación local, como la planta Termocipa, para atender los picos de demanda.Ante este panorama, el sector hace un llamado a la coordinación interinstitucional para garantizar que las plantas térmicas, esenciales para conservar el agua en los embalses, cuenten con la liquidez necesaria para su operación. La presidenta de Acolgen concluyó señalando que el trabajo conjunto entre el gobierno y los generadores, como se ha hecho durante las últimas tres décadas, será el factor determinante para transitar el fenómeno del Niño con la menor afectación posible para los ciudadanos y la industria nacional.
Luego de que el Gobierno nacional reconociera el riesgo de un eventual desabastecimiento de energía en Colombia por la alta probabilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) aseguró que el panorama ya había sido advertido por el sector desde hace varios años y pidió acciones inmediatas para evitar una crisis.La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, afirmó que actualmente los balances de energía firme del país, es decir, la capacidad de respaldo para garantizar el servicio en momentos críticos, ya presentan señales negativas, de acuerdo con información pública del operador del mercado eléctrico, XM.Según Gutiérrez, el país debe actuar en varios frentes simultáneamente para reducir el riesgo de un problema de abastecimiento. Entre las prioridades mencionó la entrada en operación de proyectos energéticos pendientes antes de finalizar este año, incluidos los proyectos solares que actualmente están en fase de pruebas.Además, insistió en resolver los problemas logísticos relacionados con el suministro de combustibles, especialmente el gas natural, para garantizar que las plantas térmicas puedan operar cuando sea necesario.“La energía térmica será clave”, planteó la dirigente gremial al advertir que, en un escenario de sequía prolongada, el país necesitará reducir la presión sobre los embalses hidroeléctricos y preservar sus niveles para enfrentar el verano.La reacción de Acolgen se da luego de que el Ministerio de Minas y Energía, a través de una circular firmada por el ministro Edwin Palma, reconociera un “riesgo inminente” para la continuidad del servicio eléctrico en el país si coinciden varios factores: el déficit de energía firme, un nuevo episodio del fenómeno de El Niño y el incremento en los costos internacionales de combustibles por la situación geopolítica en Medio Oriente.El Gobierno sustentó su alerta en proyecciones de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que estiman una probabilidad del 95 % de que desde junio de 2026 se presente un nuevo fenómeno de El Niño, lo que podría traducirse en una reducción significativa de lluvias y menores aportes hídricos a los embalses.En ese contexto, Gutiérrez reiteró la necesidad de proteger las reservas de agua del sistema eléctrico colombiano. “Los embalses deben llegar lo más llenos posible a diciembre”, advirtió, al señalar que el verano podría extenderse incluso hasta abril o mayo del próximo año, dependiendo de la intensidad del fenómeno climático.Para Acolgen, esto también exige una campaña nacional de ahorro de energía y agua. La presidenta del gremio sostuvo que el consumo responsable será determinante para disminuir la presión sobre el sistema eléctrico en un periodo de alta exigencia.La dirigente también cuestionó las decisiones de política pública de años recientes y aseguró que el país perdió tiempo en expandir el parque de generación eléctrica con tecnologías que históricamente han dado respaldo al sistema, como las hidroeléctricas y las plantas térmicas.Además, advirtió que las medidas regulatorias que actualmente impulsa el Gobierno, como las nuevas subastas del Cargo por Confiabilidad, no resolverían el desafío de corto plazo, pues los nuevos proyectos entrarían a operar desde 2029 en adelante y no para el eventual fenómeno de El Niño que podría comenzar en los próximos meses.En medio del debate, Acolgen reiteró su disposición para trabajar con el Gobierno nacional, aunque defendió el modelo actual del mercado eléctrico colombiano. Gutiérrez insistió en que las soluciones pasan por fortalecer la generación disponible, asegurar combustibles, anticipar el uso de plantas térmicas y promover el ahorro, más que por intervenir un sistema que, según dijo, ha operado durante tres décadas.
La presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, expresó su preocupación por los recientes planteamientos del presidente Gustavo Petro que, según señaló, podrían poner en riesgo la autonomía del Banco de la República y el respeto al marco legal para la fijación del salario mínimo. La dirigente afirmó que estos principios “no son opcionales”, ya que constituyen pilares fundamentales para garantizar la estabilidad económica y el adecuado funcionamiento de las instituciones del país.Gutiérrez recordó que el presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y máxima autoridad administrativa, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, respetar la separación de poderes y garantizar la independencia institucional.“En un Estado de Derecho, la política monetaria y la política salarial tienen finalidades, reglas y autoridades distintas. Los incrementos de salarios no deben usarse como mecanismo de presión para forzar medidas que buscan atacar fenómenos inflacionarios, más aún si se considera que los aumentos salariales solo benefician a los trabajadores si su poder adquisitivo se preserva”, aseguró Gutiérrez.La dirigente gremial explicó que la política monetaria responde al mandato constitucional de preservar la estabilidad de precios y debe ejercerse con total autonomía, sin interferencias externas. Asimismo, recordó que la fijación del salario mínimo debe realizarse con base en criterios técnicos como la inflación, la productividad y el empleo, tal como lo establecen la Constitución y la legislación vigente. Según indicó, desconocer estos parámetros podría vulnerar el principio de legalidad y generar riesgos para la economía.En su pronunciamiento, también manifestó preocupaciones frente a los efectos de incrementos recientes del salario mínimo cercanos al 23 %, al considerar que existen dudas sobre su relación con la productividad y sus posibles impactos en el empleo y la informalidad.“Un dato: ANIF ajustó su proyección de inflación para 2026 a más del 6,0 %, Fedesarrollo a 6,2 % y Corficolombiana a 6,5 %, frente a las expectativas previas que estaban entre 4,3 % y 5,0 %, todo como consecuencia del aumento del salario mínimo. Fedesarrollo estima además una pérdida de hasta 600.000 empleos formales”, indicó a través de su cuenta de X.Finalmente, Gutiérrez advirtió que este tipo de decisiones y mensajes pueden afectar la confianza de inversionistas y el clima económico del país, además de generar consecuencias sociales, como el aplazamiento de procesos pensionales para miles de personas. En ese contexto, reiteró que el respeto por la Constitución, la separación de poderes y la autonomía del Banco de la República deben mantenerse como principios fundamentales para la estabilidad económica y la confianza institucional.
Blu Radio conoció en primicia un extenso documento en donde la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) le pidió a la Corte Constitucional suspender provisionalmente y tumbar la emergencia económica decretada en febrero por el Gobierno nacional.Esto, tras la ola invernal que azotó a 8 departamentos, siendo Córdoba uno de los más afectados. Uno de los argumentos es que el Gobierno no demostró de manera suficiente que la situación, principalmente asociada a variabilidad climática, no pudiera ser atendida con mecanismos ordinarios.La intervención también señala que no se cumple el requisito de sobreviniencia, es decir, que los hechos que justifican la emergencia no son extraordinarios ni imprevisibles. Según el gremio, fenómenos como la variabilidad climática o problemas del sector energético son estructurales y conocidos desde hace años, por lo que debían ser atendidos mediante la institucionalidad ordinaria.Acolgen también advierte un posible vicio formal, ya que el decreto no habría sido firmado válidamente por todos los ministros, en particular, cuestionan la firma de la entonces ministra encargada de Ambiente, Irene Veléz cuyo encargo según el documento ya había vencido al momento de la expedición del decreto que convocó a la emergencia económica.El magistrado Polo deberá revisar los conceptos e intervenciones que han llegado allí al alto tribunal, entre ellos, el del exmagistrado de esa misma corporación José Fernando Reyes quien también pidió tumbar el decreto. Aún falta el concepto de la Procuraduría que es clave para el examen constitucional de este decreto.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) alertó sobre los posibles efectos que tendría el Decreto Legislativo 0177 de 2026 en la estabilidad financiera y operativa del sector eléctrico, en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno.El gremio reconoció la gravedad de la situación climática que enfrenta el país y la necesidad de proteger las cuencas y ecosistemas estratégicos. Sin embargo, manifestó su rechazo a las medidas adoptadas en el nuevo decreto, al considerar que no cumplen plenamente con los criterios constitucionales de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad exigidos en los estados de excepción.La norma impone, durante seis meses, una transferencia adicional del 2 % sobre las ventas brutas de energía a empresas generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en cuencas de ocho departamentos.Esta sobretasa se suma a las transferencias ambientales ya vigentes, que actualmente corresponden al 6 % para hidroeléctricas y al 4 % para térmicas. Con el nuevo esquema, de manera transitoria, la carga pasaría al 8 % en el caso de las hidroeléctricas y al 6 % en el de las térmicas.Según Acolgen, el principal punto crítico es que el cobro se realiza sobre ingresos brutos y no sobre utilidades, lo que implica que se debe pagar independientemente de la rentabilidad de las compañías. El gremio advierte que esto representaría, a nivel sectorial, “afectaciones al flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros, y que terminaría por impactar en el costo de vida de todos los colombianos”.El gremio sostuvo que las medidas podrían tener efectos en la seguridad energética del país. Entre las preocupaciones planteadas se encuentran posibles afectaciones a los compromisos de energía firme respaldados por embalses, lo que, según el sector, podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño hacia finales de año.También advirtió que la medida podría impactar la cobertura de la energía contratada con generación propia, generar presiones al alza en los precios de contratos futuros e introducir incertidumbre regulatoria en un sector que requiere reglas estables para atraer inversión.Además, señalaron que se podrían generar asimetrías competitivas al afectar de manera diferenciada a ciertas tecnologías de generación frente a otras.Otro punto que cuestiona Acolgen es la facultad otorgada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para modificar, durante la emergencia y hasta por seis meses, instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos que presenten alertas del Ideam.De acuerdo con Acolgen, esta disposición podría prevalecer incluso sobre compromisos contractuales previamente adquiridos, lo que, a juicio del gremio, introduce riesgos en materia de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.El incremento del impuesto sobre los ingresos brutos fue calificado por Acolgen como una exacción que desconoce principios de equidad y capacidad contributiva, lo que para el gremio podría tener “efectos estructurales que desbordan el alcance estrictamente coyuntural permitido por la Constitución”.
La declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional y la expedición de una serie de decretos para enfrentar la crisis climática ya comienzan a generar reacciones en el sector energético. Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), advirtió que algunas de las medidas podrían tener efectos estructurales sobre la operación del sistema eléctrico colombiano, incluyendo la posible intervención en el manejo de los embalses.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la dirigente gremial expresó su preocupación por el decreto que establece un impuesto adicional del 2% sobre las ventas de ciertas empresas generadoras de energía, recursos que serán transferidos directamente al Ministerio de Ambiente.Impuesto del 2% a generadoras: dudas sobre su alcanceEl decreto contempla que las hidroeléctricas y térmicas cuya infraestructura de generación, embalse o captación esté ubicada o que operen en cuencas hidrográficas “directamente afectadas” en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó deberán asumir un 2% adicional sobre sus ventas.Tradicionalmente, las empresas generadoras ya realizan transferencias a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para inversión ambiental en las regiones. Sin embargo, el nuevo 2% tendría un destino diferente.“Esas transferencias se les transfieren a las CAR y son para temas ambientales en cada una de las regiones. Ese 2% adicional se le está entregando directamente al Ministerio del Medio Ambiente”, explicó la presidenta de Acolgen.El gremio aún no tiene una cifra consolidada sobre el impacto económico de la medida. “En este momento estamos cuantificando eso porque estamos viendo todas las térmicas y todas las hidroeléctricas que están incluidas dentro de las cuencas que está incluyendo el decreto”, precisó.Entre las compañías potencialmente afectadas se encuentran grandes centrales como Hidroituango, activos de Isagen, Urrá y plantas térmicas como Tesorito, aunque el alcance real dependerá de cómo se interprete la expresión “directamente afectadas por la emergencia”.“Esa frase es lo que hay que puntualizar muy bien. Eso no puede quedar así de abierto”, enfatizó Gutiérrez, al advertir que la redacción amplia podría generar inseguridad jurídica y distorsiones competitivas.Riesgo de intervención en los embalsesMás allá del impacto tributario, Acolgen encendió las alarmas por otro punto del decreto relacionado con la modificación de instrumentos de manejo ambiental, lo que podría traducirse en cambios en la operación de los embalses.“No se está refiriendo puntualmente a la modificación de licencias, pero sí a la modificación de instrumentos de manejo ambiental. Esto quiere decir que de alguna manera pueden intervenir la operación de los embalses, y esto es supremamente grave”, sostuvo.La dirigente explicó que el manejo de los embalses es un componente esencial del sistema eléctrico colombiano, diseñado bajo un esquema técnico y comercial que ha evolucionado durante más de tres décadas.“Los embalses se regulan para atender los contratos de largo plazo y para que en los momentos de estrechez de energía hídrica podamos ahorrar agua, tener confiabilidad y dar las señales de prender las térmicas. Esto es un sistema supremamente sofisticado que se ha construido durante los últimos 30 años”, afirmó.Una intervención, advirtió, podría poner en riesgo tanto los compromisos comerciales como la seguridad energética del país. “Puede poner en riesgo los compromisos de venta de energía a largo plazo y la confiabilidad del país en momentos de sequía”, subrayó.Impacto en inversión, competencia y tarifasDesde la perspectiva de Acolgen, el nuevo impuesto a las generadoras de energía también tendría efectos en la liquidez de las empresas, la inversión en nuevos proyectos y eventualmente en el precio de la energía.“Esto tiene varios impactos: impactos en la liquidez inmediata, en la afectación de la inversión, en la distorsión de competencia, porque entonces adicionalmente le está poniendo una carga fiscal a unas empresas y a otras no”, explicó Gutiérrez.Aunque evitó confirmar un aumento inmediato en las tarifas, reconoció que el componente de generación es determinante en la factura final. “Un posible traslado en los precios, aunque la factura de energía no solo está compuesta por la generación, pero el componente de generación sí es importante”, indicó.El gremio también manifestó inquietud frente al mensaje que la medida envía a los inversionistas, en un momento clave para el sector eléctrico colombiano, que se prepara para nuevas subastas de energía.Debate sobre la justificación técnica y fiscalFinalmente, Acolgen cuestionó la fundamentación técnica y fiscal de los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica.“Reconocemos la gravedad de la crisis climática y creemos que se necesitan respuestas eficaces, pero estamos viendo que hay una ausencia de justificación técnica, una ausencia de justificación fiscal, no hay una cuantificación del daño ambiental ni estimaciones detalladas para determinar la recuperación”, concluyó Gutiérrez.
Tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien pidió investigar a las hidroeléctricas Urrá e Hidroituango por supuestamente agravar las inundaciones en Córdoba al almacenar agua con fines económicos, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) respondió con firmeza.En entrevista con Mañanas Blu, Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, defendió la actuación de las empresas generadoras y aseguró que los embalses “no operan de manera arbitraria ni vierten agua de forma deliberada”, sino que siguen normas técnicas y ambientales estrictas supervisadas por el Estado.“Los embalses destinados a la generación de energía cumplen tres funciones esenciales: regular los ríos, generar electricidad y reducir los riesgos de inundación bajo reglas estrictas. No existen incentivos económicos para dejar de generar energía o retener agua”, afirmó Gutiérrez en diálogo con Néstor Morales.“El presidente está mal informado”Las declaraciones de Petro encendieron la polémica al afirmar que las represas se llenan “por intereses económicos” y que el sistema eléctrico favorece a las termoeléctricas de gas, las cuales –según dijo– imponen tarifas hasta “diez veces más altas que los costos de las hidroeléctricas”.Gutiérrez respondió señalando que tales afirmaciones desconocen cómo opera el sistema energético del país. “Creo que el presidente está mal informado, porque cuando un embalse llega a su nivel máximo, los vertimientos se hacen por seguridad, no por decisión discrecional de una empresa o funcionario”, explicó.La presidenta de Acolgen recordó que la generación hidroeléctrica no solo abastece energía, sino que también ayuda a mitigar los efectos de fenómenos climáticos extremos. “Gracias a los embalses, la tragedia por lluvias no ha sido mayor. Urrá ha logrado controlar más del 96% de las crecientes del río Sinú en los últimos 26 años”, detalló.El caso Urrá: control, no descontrolPetro acusó particularmente a la hidroeléctrica de Urrá de haber demorado el desembalse controlado de sus aguas, lo que habría favorecido el desbordamiento de los niveles del río Sinú. Frente a esto, Gutiérrez explicó que la región enfrenta “una situación atípica de lluvias exageradas”, con precipitaciones hasta un 1500% superiores a lo esperado.“La descarga fue inevitable, pero se hizo de manera responsable y controlada”, aseguró. “Estas decisiones se toman con criterios técnicos, buscando siempre garantizar la seguridad del embalse y de las comunidades aguas abajo”.Gutiérrez destacó además que la operación de los embalses está sujeta a control de la Superintendencia de Servicios Públicos y a la legislación ambiental. Cada acción de vertimiento o descarga, subrayó, “debe cumplir protocolos obligatorios para proteger a la población y al ecosistema”.“No hay especulación con las tarifas de energía”Respecto a la denuncia presidencial por una presunta especulación con las tarifas eléctricas, Acolgen aportó cifras para refutarla. Según Gutiérrez, el precio promedio de la energía en bolsa en 2025 fue de 245 pesos por kilovatio/hora, inferior al promedio de los contratos de largo plazo, que se ubicó en 298 pesos.“Durante el 2025, el 78% del tiempo el precio de bolsa estuvo por debajo de los contratos. En lo corrido del 2026, esa cifra ha sido del 86%. En un contexto de mayor hidrología, las hidroeléctricas producen más y ayudan a reducir los precios del mercado, no a subirlos”, puntualizó la dirigente.También aclaró que la escasez de gas natural que afecta al país es un problema distinto, aunque puede coincidir con períodos de menor disponibilidad hídrica. “Hemos alertado que, ante un próximo fenómeno de El Niño, el déficit de gas será mucho mayor, lo que podría impactar la generación termoeléctrica”, advirtió.Lluvias y tensiones en el sector energéticoLas fuertes precipitaciones de comienzos de 2026 han golpeado con especial intensidad al Caribe colombiano, ocasionando inundaciones en municipios de Córdoba y Antioquia. En ese contexto, el presidente Petro ordenó una investigación sobre el papel de los embalses en la creciente del río Sinú y cuestionó la supuesta “codicia” del sector eléctrico.Las hidroeléctricas, por su parte, defienden que su labor ha sido clave para evitar desastres de mayor magnitud. “Los embalses no agravan las emergencias; las mitigan. Son instrumentos de protección, no de riesgo”, insistió Gutiérrez.Un debate que sigue abiertoEl señalamiento presidencial ha reavivado el debate sobre la gestión del agua, la regulación del sistema eléctrico y el equilibrio entre el interés público y la rentabilidad empresarial. Desde Acolgen aseguran que están dispuestos a rendir cuentas y a seguir cooperando con las autoridades.
Natalia Gutiérrez es la nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional, en reemplazo de Camilo Sánchez. Gutiérrez es presidente de Acolgen, que es la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. La carrera por la Presidencia del Consejo Gremial Nacional empezó desde la semana pasada y Gutiérrez fue la primera candidata. Ella se postuló de la mano con el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, quien ahora vicepresidente durante su gestión.La postulación contó con el apoyo de seis de los 32 gremios que forman parte del Consejo Gremial Nacional. En la lista están Fenalco, Asocodis, Colfecar, Fasecolda y Asofiduciarias."Su capacidad para construir consensos, impulsar agendas técnicas y liderar procesos intergremiales la convierte en una candidata idónea para guiar al Consejo en un año que exigirá diálogo permanente, rigor técnico y fortaleza institucional", señaló el comunicado en el que se anunciaba la postulación.Gutiérrez obtuvo 20 votos y así reemplazará a Camilo Sánchez, quien es presidente de Andesco.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) indicó que los procesos de licenciamiento para proyectos de energía renovable en La Guajira avanzan dentro de los tiempos establecidos y negó que existan retrasos, como lo afirmó la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez. La entidad señaló que dichas afirmaciones “no se ajustan a los hechos verificados”.De acuerdo con la Anla, en este departamento ya fueron aprobados tres proyectos eólicos durante el actual gobierno: el Proyecto Eólico EO200i (224 MW), el Parque Eólico Trupillo (100 MW) y los Parques Eólicos Las Camelias (436,6 MW), que suman 760 MW y hacen parte de los 2500 MW licenciados en la zona. La entidad añadió que, aunque algunos proyectos han requerido suspensiones por procesos de consulta previa, se han implementado mecanismos como el Comité Tripartito de La Guajira para garantizar el acompañamiento interinstitucional y los derechos de las comunidades.La autoridad ambiental resaltó que ha fortalecido su capacidad institucional para apoyar la Transición Energética Justa. Entre estos cambios se encuentra la creación del Grupo de Transición Energética Justa mediante la Resolución 968 de 2025 y la expedición de los decretos LaSolar y LaEólica, orientados a agilizar los tiempos de evaluación.Según la Anla, estas acciones han contribuido a incrementar el número de licencias otorgadas y a cumplir con una “oportunidad de respuesta del 100 % dentro de los tiempos legales” en los proyectos del sector energético.Frente a las declaraciones de Acolgen, la entidad calificó como “desafortunado” el desconocimiento del proceso de licenciamiento y solicitó la “revisión y rectificación” de la información, al considerar que puede generar percepciones erróneas.
La transición en la administración de varios corredores viales del Oriente antioqueño que quedan en manos del Instituto Nacional de Vías, sigue generando preocupación entre autoridades locales por la respuesta ante emergencias, el mantenimiento de la infraestructura y la continuidad de las intervenciones pendientes en una de las redes viales más transitadas del departamento y el país.La inquietud se concentra especialmente en la autopista Medellín-Bogotá, eje estratégico para la movilidad de pasajeros y carga. Ante este panorama, el municipio de Guarne decidió anticiparse a posibles dificultades y anunció la activación del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y el Comité de Seguridad Vial con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta en los tramos de jurisdicción nacional que atraviesan su territorio, incluyendo el que conecta al aeropuerto José María Córdova.El alcalde Mauricio Grisales informó que Guarne ya cuenta con un protocolo para atender incidentes de tránsito, el cual incluye la disponibilidad de ambulancias, personal de emergencias y la capacidad instalada de los centros asistenciales de la localidad para recibir a las personas que puedan resultar lesionadas en diversas situaciones sobre las vías."En el momento no se ha definido, digamos, algo concreto con respecto a este tema, pero, entonces, desde el municipio para poder actuar, para brindar ese apoyo en todo lo que tiene que ver nuestra jurisdicción con la autopista Medellín-Bogotá y la vía al aeropuerto", indicó. El mandatario reiteró la solicitud al Gobierno nacional para acelerar los trámites que permitan ejecutar las obras de movilidad priorizadas por administraciones locales y que requieren aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura.Los proyectos serán financiados con cerca de 121.000 millones de pesos correspondientes a los excedentes generados por el recaudo de peajes durante más de dos décadas de operación de Devimed, pero están a la espera de autorizaciones finales por parte de dicha entidad.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 10 de agosto de 2026:La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, habló en vivo sobre la ofensiva contra las disidencias de las Farc en el departamento, tras la muerte de alias ‘El Ruso’ y la captura de alias ‘Bonito’.El coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar, habló sobre la captura de alias 'Bonito', integrante de las disidencias de las Farc y segundo cabecilla de los 'Comandos de Frontera' .El coronel Raúl Pérez, comandante de la Policía del Cesar, se refirió al ataque terrorista y asesinato de un miembro de la Fuerza Pública en Curumaní en medio de un ataque con drones y explosivos.Un fuerte terremoto de 7.4 con epicentro en San José del Palmar, generó múltiples daños estrcuturales, edificios colapsados y víctimas mortales en el país.Los alcaldes Federico Gutiérrez, de Medellín; Carlos Fernando Galán, de Bogotá; Alejandro Eder, de Cali, y Jorge Rojas, de Manizales, hablaron y entregaron un primer balance con respecto a los daños en sus respectivas ciudades.El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, entregó en vivo uno de los primeros balances desde Pereira tras el terremoto, donde reportó graves afectaciones en edificaciones, personas heridas y dificultades de comunicación.El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que cancela toda su agenda programada para hoy para enfocarse exclusivamente en atender la tragedia que hoy azota a Colombia y activa Comité Nacional para el Manejo de Desastres.Escuche el programa completo aquí:
La música volverá a tomarse diferentes escenarios de Santander con la realización de la edición número 43 del Festival Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander (UIS), que se desarrollará del 10 al 22 de agosto con la participación de artistas nacionales e internacionales.Este año, el Festival llega bajo el lema “Silencio, Eco y Memoria”, una propuesta que busca llevar al público a reflexionar sobre el papel de la música y, particularmente, del piano, frente a acontecimientos como las guerras, los conflictos, la resistencia, la posguerra y los procesos de reconstrucción.Para esta edición estarán invitados pianistas de siete países, además de destacados músicos colombianos. En total, serán cerca de 130 artistas los que harán parte de la programación, que incluye conciertos de gala, recitales, clases magistrales, exposiciones, actividades académicas y presentaciones en instituciones educativas.Juliana Costo, directora Cultural de la UIS, destacó que la continuidad del Festival durante 43 años ha permitido acercar a Santander a las tendencias y expresiones musicales que se desarrollan en diferentes partes del mundo.“Cumplimos 43 años ininterrumpidos de Festival Internacional de Piano. A lo largo de la historia hemos traído diferentes artistas internacionales que nos han permitido, como comunidad, como departamento y como universidad, estar un poco más a la vanguardia de lo que pasa en el mundo”, explicó.La programación también incluye el 23.º Concurso Nacional de Piano, uno de los componentes centrales del Festival, que reunirá a jóvenes intérpretes en las categorías infantil, juvenil y profesional, con el propósito de promover la formación y abrir espacios para las nuevas generaciones de pianistas colombianos.Uno de los atractivos de esta edición será la programación fuera de los escenarios tradicionales. El Festival llegará a diferentes municipios de Santander como Barrancabermeja, Socorro, Barbosa y Málaga, además de Floridablanca, donde se realizarán conciertos y actividades en instituciones educativas y sedes universitarias.En Bucaramanga y el área metropolitana también habrá una programación especial. Uno de los espacios será el Centro Comercial El Cacique, donde entre el 14 y el 17 de agosto se realizarán cuatro conciertos con un piano de cola. Allí, los asistentes podrán conocer de cerca el instrumento, incluso observar su funcionamiento interno, además de disfrutar de los recitales.“Vamos a estar con un piano de cola para que ustedes, como habitantes del área metropolitana, vayan, conozcan un piano por dentro y puedan disfrutar precisamente estos recitales”, señaló Costo.La programación del Festival Internacional de Piano es gratuita. Los interesados pueden consultar los conciertos y actividades disponibles y descargar la boletería a través de Tiquetera UIS. Para los conciertos de gala, la organización recomienda llegar con anticipación, antes de las 6:30 de la tarde, debido a que las presentaciones comienzan a las 7:00 p. m.
Dificultades para darle continuidad de los servicios de cirugía y riesgo en la atención de miles de pacientes, especialmente de la población más vulnerable de Antioquia, es lo que tiene en jaque al hospital San Vicente de Paúl en Caldas, donde en los últimos días se ha suscitado una crisis por la terminación de contratos a los anestesiólogos.Ante la situación, la Secretaria de Salud de Antioquia adelanta una inspección en el centro asistencial, donde tienen asiento en la junta directiva, para conocer de primera mano lo sucedido."Frente a lo de Caldas, la secretaría de salud ya está actuando, ya envió una comisión al hospital y puso en conocimiento de la procuraduría y la contraloría esas denuncias", señaló Lina Cuartas, secretaria Privada de la Gobernación.Recordemos que a través de un comunicado, los especialistas de Anestesiar, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones.Mientras tanto, directivos de este centro asistencial público denunciaron ante las autoridades presuntas “prácticas de presión, exclusión y cartelización por parte del sindicato” las cuales, según la institución, estarían limitando la libre participación de especialistas que no pertenecen a esa agremiación en los procesos de contratación allí.Ya en meses anteriores la misma organización había llegado a suspender por varias horas sus labores en esta institución por las mismas millonarias deudas y faltas de acuerdos en pago. La situación pone en riesgo procedimientos quirúrgicos para pacientes no solo de esa zona de la subregión metropolitana, sino también de otras localidades del Suroeste del departamento que acuden a este centro asistencial por su nivel de complejidad.
Tan solo han pasado 30 días desde la muerte de Loqui, un perro de raza pastor del Caucásico de cinco años en el municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá, y el vacío continúa para Lilliana Sierra Martínez quien quedó con el sinsabor de que presuntamente donde su mascota recibió un baño hubo falta de atención a su caso.Según narró la mujer en su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, fue contactada por la veterinaria donde llevó al canino 50 minutos después de dejarlo allí con el especialista en cortes, indicándole que se había vomitado y no respondía. Cuando llegó al establecimiento comercial llamado “Mi corazón animal” este no respondía, por lo que lo llevó a urgencia veterinarias y allí se confirmó su deceso.La denuncia fue presentada ante el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), en la que la mujer pidió adelantar las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido. Entre las solicitudes hechas al ente investigador están la recolección de los registros de cámaras de seguridad del establecimiento, la inspección del lugar donde ocurrieron los hechos y la práctica de las pruebas que permitan determinar si hubo alguna conducta que derivara en la muerte del canino."Solicitamos los videos de la zona de baño y, evidentemente, se ve la triste realidad. Durante 35 minutos, Loki tiene un episodio de asfixia por el uso excesivo y desmedido del bozal. El groomero bañador no identifica los cuatros momentos más críticos, todo lo contrario, él aprieta cada vez que él intenta hacer un movimiento fuerte, aprieta cada vez más el bozal", narró.Como parte de los documentos aportados a la denuncia figura el acta de defunción expedida por el centro veterinario Noah Club. En el documento se indica que Loqui ingresó de urgencia en brazos de un joven que manifestó ser el ‘groomer’ canino y al ser examinado por el personal médico, este tenía las pupilas dilatadas, la lengua cianótica y acumulación de secreción salival en la boca y la orofaringe."Solo 5 minutos después, cuando él termina la fase del secado con el secador, pues, da cuenta que él ya no tiene vida. Durante los 4 momentos más críticos, el bañador se entretiene con el celular, lo mira, lo observa, hace otras cosas, pero no está conectado con el con el con el proceso que está llevando", señaló.Sierra Martínez indicó que busca que la Fiscalía establezca qué ocurrió durante la prestación del servicio y determine si existen responsabilidades por la muerte de su mascota. Entretanto, el caso quedó en conocimiento de las autoridades competentes, que deberán definir si hay mérito para avanzar en una investigación penal.
