Durante el 18 Congreso Anual de Energía, Natalia Gutierrez, presidenta de Acolgen, señaló que Colombia tiene actualmente un problema de energía en firme. Según las cifras de XM presentadas por la dirigente gremial, el déficit de energía firme frente a la demanda sería de 5,4% en 2026, aumentaría a 7,8% en 2027 y se ubicaría en 7,6% en 2028.“Eso significa que el problema no termina cuando pase este fenómeno del niño. Tenemos una dificultad coyuntural, sí. Pero también tenemos un problema estructural, por decisiones equivocadas que tomaron en los últimos 4 años”, afirmó.Gutiérrez advirtió además sobre el impacto que tendría para la economía un eventual racionamiento de energía.Según las cifras expuestas a partir de un estudio del Banco de Bogota, una hora diaria de racionamiento tendría un costo para la economía de entre $165.000 millones y $204.000 millones. Los sectores más afectados serían la manufactura, la minería y el comercio, que en conjunto representan el 24% del PIB y el 30% de los empleos del país.Gutiérrez también llamó la atención sobre el retraso en la entrada de energía al sistema. Según las cifras expuestas durante su intervención, en 2022 ingresó el 28% de la energía esperada; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%; en 2025, apenas el 10%, y en lo corrido de 2026, el 23%.“Aquí quiero ser supremamente clara. El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella recibe este problema del gobierno anterior. La seguridad energética está en cuidados intensivos, y ahí está precisamente nuestra esperanza, porque el país tiene la oportunidad de tomar decisiones técnicas, oportunas, que permitan recuperar la confianza y volver a poner en marcha los proyectos en Colombia”, aseguró.Sobre la posibilidad de un apagón, Gutiérrez reiteró que, a su juicio, la situación que enfrenta actualmente el sistema fue heredada de la administración anterior.“Este Gobierno, reitero nuevamente, heredó un problema que no es de ellos. Si nosotros llegáramos a tener algún tipo de apagón, es el apagón de Petro, no es el apagón de este Gobierno. Y este Gobierno llegó con toda la tenacidad de sincerar el problema en el que estamos, de no tener ningún tipo de negación sobre ninguno de los problemas y de tratar de resolver cada punto”, afirmó.La presidenta de Acolgen señaló además que la demanda viene aumentando. Indicó que el pasado 28 de agosto alcanzó un máximo histórico de 262 gigavatios hora día, con un crecimiento anual de 6,2%, frente a un crecimiento histórico de 3%.A esto se suma, según explicó, que el consumo de electricidad por habitante en Colombia continúa por debajo del promedio mundial. Un colombiano consume cerca de 1.700 kilovatios hora al año, frente a un promedio mundial de 3.700. En Chile, indicó, el consumo alcanza los 4.200; en España, 4.800, y en Portugal, 5.400 kilovatios hora por habitante.“No es que estemos por debajo del mundo desarrollado, estamos por debajo de la mitad del promedio mundial. Y esta es una cifra supremamente importante, es una cifra de desarrollo, porque ningún país ha salido de la pobreza consumiendo poca energía. Y si Colombia quisiera apenas llegar al nivel de Chile, tendríamos casi que triplicar la demanda de energía. Y si eso lo lleváramos a aumentar la oferta, eso significa que tenemos que hacer inversiones anuales por 10 billones de pesos, solo para recuperar el margen de confiabilidad que nos permita afrontar nuevos períodos de de sequía”, explicó.Sobre las condiciones hídricas, Gutiérrez aseguró que las lluvias de agosto estuvieron en el 61% de la media histórica y que en lo corrido de septiembre se ubican en el 75%. Añadió que el país completa tres meses consecutivos por debajo del promedio histórico.La dirigente gremial explicó que, aun con los embalses llenos, actualmente podrían cubrir aproximadamente 66 días de demanda sin lluvias, frente a alrededor de 87 días durante 2015 y 2016.“El tanque es prácticamente el mismo, pero Colombia es un país mucho más grande que está consumiendo mucha más energía. Por eso cada kilovatio cuenta, cada proyecto cuenta, cada decisión cuenta y cada día cuenta”, señaló.Sobre el nivel de los embalses, Gutiérrez aseguró que actualmente se encuentran 1,5 puntos por debajo de la senda esperada por el Gobierno y señaló que deberían cerrar diciembre por encima del 80%.“Deberíamos poder cerrar los embalses en diciembre por encima del 80 %, y por eso es tan importante que ahorremos, porque si ahorramos, le damos la posibilidad a estos embalses que se recuperen”, explicó.Agregó que los embalses están recibiendo lluvias por debajo de la media esperada para esta época y que esa situación se ha presentado durante los últimos tres meses consecutivos.Gutiérrez también destacó la necesidad de contar con generación térmica como respaldo del sistema. Actualmente, aseguró, estas plantas aportan alrededor de 90 gigavatios hora día, cerca del 40 % de la demanda diaria. En escenarios críticos, agregó citando a XM, podrían requerirse entre 90 y 100 gigavatios hora día durante 11 meses consecutivos.Frente a este panorama, la presidenta de Acolgen señaló que el país necesita administrar adecuadamente los embalses, garantizar la disponibilidad y salud financiera del parque térmico y el suministro de combustibles, acelerar la entrada de proyectos de generación, que las redes de transmisión se construyan, además de recuperar la confianza.En materia de inversión, Gutiérrez aseguró que el sector requiere seguridad jurídica y reglas de juego claras a largo plazo para que los proyectos puedan desarrollarse. Entre ellas estabilidad normativa, señales regulatorias coherentes y mayor agilidad y claridad en los trámites ambientales, territoriales y de consulta previa.También señaló como necesidades la expansión oportuna de las redes de transmisión, una mayor articulación institucional y garantizar la disponibilidad de combustibles para la generación.“Cuando una empresa decide poner su capital en Colombia, el país debe transmitirle un mensaje muy claro: queremos esa inversión, necesitamos esa inversión y vamos a crear las condiciones para que esa inversión llegue”, aseguró.
Ante la amenaza que representa el fenómeno del Niño y el riesgo de una demanda energética desbordada, el Gobierno Nacional ha anunciado un paquete de ayudas financieras que asciende a 1.5 billones de pesos. Este plan de rescate, que comenzará con un giro inicial de 300.000 millones de pesos, busca estabilizar financieramente a las empresas generadoras de energía para que el parque térmico del país pueda operar a máxima capacidad y mitigar la posibilidad de un apagón.Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen (gremio de los generadores de energía) y presidenta del Consejo Gremial Nacional, reconoció el esfuerzo gubernamental en una coyuntura marcada por márgenes negativos de energía en firme."Pagarles a las térmicas en este momento es una prioridad dado que viene un fenómeno del Niño, tenemos un sistema eléctrico estresado y vamos a necesitar todo el parque de generación a full capacidad", afirmó Gutiérrez en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.¿Qué impacto real tendrá este giro de 1.5 billones de pesos en el sector?El sector eléctrico colombiano atraviesa un déficit de liquidez que, según cifras de Acolgen, ronda los 4 billones de pesos. Este descalce financiero no solo obedece a las ventas de energía, sino también a la falta de pago de subsidios y deudas acumuladas por entidades públicas, destacando el caso de la empresa AIR-E.Los recursos anunciados, más que una compra de energía nueva, actúan como un saneamiento de cuentas pendientes. La presidenta de Acolgen aclaró que el objetivo es brindar salud financiera para que las empresas puedan adquirir los insumos necesarios para operar: "Esos 1.5 billones entrarían a cubrir la deuda que se tiene en este momento de energía que ya se entregó. Lo que se necesita es poder tener salud financiera, estabilizar las empresas térmicas justamente para que puedan seguir comprando el gas, el carbón o los combustibles líquidos de respaldo".¿El paquete de ayudas descarta la posibilidad de un apagón en Colombia?A pesar del alivio financiero, la industria mantiene una postura de cautela frente a la seguridad energética del país. Aunque el parque térmico colombiano tiene amplia experiencia superando fenómenos del Niño, la demanda actual y la presión sobre el sistema son desafíos sin precedentes."Pagarles a las generadoras térmicas en este momento no nos aleja de una posibilidad de apagón. El fantasma sigue ahí", advirtió tajantemente Natalia Gutiérrez. Según la dirigente gremial, el sistema presenta un déficit de energía en firme proyectado desde hace cuatro años, lo que obliga a que "nada pueda fallar" durante los próximos meses de sequía. Por ello, instó a la ciudadanía a implementar medidas de ahorro energético para aliviar la carga sobre la red nacional.¿De dónde saldrá el gas necesario para enfrentar el fenómeno del Niño?Uno de los puntos críticos para el funcionamiento de las térmicas es el suministro de gas, cuya disponibilidad en el corto plazo es limitada. El país importa actualmente el 35% del gas que consumen los hogares colombianos, lo que aumenta la vulnerabilidad del sistema ante una mayor demanda por parte de las generadoras.Gutiérrez señaló que el Gobierno está explorando vías alternas para garantizar la oferta: "La noticia de la ampliación de la licencia ambiental para la regasificadora SPEC es muy buena, ya que está aumentando la capacidad de importación. También se revisan opciones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para habilitar comercialmente gas de pruebas de varios pozos". La clave, concluyó la presidenta del Consejo Gremial, será una logística coordinada de combustibles y un trabajo conjunto con Ecopetrol para que el recurso alcance durante los meses de alta temperatura y menor hidrología.
El gremio de las generadoras de electricidad, Alcolgen, se está quejando esta jueves de una estigmatización por parte del Gobierno nacional que ha intensificado sus actuaciones contra el sector en un momento en que el país se aproxima al fenómeno de El Niño y la posibilidad de tener un apagón de electricidad.El pronunciamiento del gremio se da justo después de que la Superintendencia de Servicios Públicos publicara un informe según el cual los colombianos han pagado a las generadores más de $97 billones a través del cargo por confiabilidad. "¿Cómo es posible que después de 20 años de un esquema de confiabilidad se hable de apagón cuando los usuarios del servicio de energía les han entregado 97 billones a las empresas de generación”, dijo el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón.Sin embargo, para las generadoras aquí hay una actuación deliberada desde el gobierno que ha incluido también una 'presión' desde la Superintendencia de Industria y Comercio que le está siguiendo la pista a los precios de la energía en la bolsa mayorista."La pregunta es inevitable: ¿por qué, a pocos días de terminar este Gobierno, se pretende instalar la idea de que las empresas generadoras son responsables de los problemas del sistema eléctrico? Los hechos muestran una realidad muy distinta", escribió la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez.Según Acolgen, la situación actual es una consecuencia del retraso en la construcción de nuevos proyectos de generación de energía y también de nuevos proyectos de transmisión de energía. Hoy el país tiene menos energía firme (es decir con compromisos de entrega del cargo por confiabilidad) de la que realmente necesita. A eso se sumará la presión climática por cuenta de la sequía que se aproxima y que podría ser una de las más severas de los últimos 50 años."Los riesgos que enfrenta el sistema eléctrico no nacieron de las ofertas de las empresas. Son consecuencia de intervenciones antitécnicas en el mercado, cambios abruptos en las reglas de juego, retrasos en generación y transmisión, ausencia de señales suficientes para invertir en energía firme, cuellos de botella no resueltos y una deuda creciente con los generadores que amenaza la sostenibilidad financiera del sistema", agregó Gutiérrez.El gobierno actual ha tenido una muy compleja relación con las empresas del sector. El gobierno de Gustavo Petro intentó, en varias oportunidades, intervenir en la estructura de precios de la energía eléctrica incluso con decretos que luego fueron demandados. Además, se impuso una sobretasa adicional al impuesto de renta para las hidroeléctricas.
La estabilidad energética de Colombia se encuentra en una etapa crítica. Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño y tras el reciente boletín emitido por XM —operador del mercado eléctrico—, el sector generador ha encendido las alarmas sobre la necesidad urgente de tomar medidas correctivas. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen (Asociación Colombiana de Generadores de Energía), ha sido enfática al señalar que, si bien el país cuenta con recursos, el sistema enfrenta un nivel de vulnerabilidad superior al de años anteriores.En diálogo con la mesa de Mañanas Blu, con Néstor Morales, Gutiérrez subrayó la importancia de que el nuevo gobierno, encabezado por el presidente entrante Abelardo de la Espriella, implemente un plan de choque inmediato para blindar el suministro eléctrico. "Las decisiones para fortalecer la confiabilidad de aquí a diciembre sí deben tomarse desde este momento", afirmó la dirigente gremial.Un sistema al límite de su capacidadEl informe de XM revela cinco puntos críticos que preocupan a los expertos: la materialización de desconexiones por sobrecarga de equipos, el riesgo de potencia en el oriente del país —particularmente en Bogotá y Cundinamarca—, el retraso de más de seis años en obras de transmisión, la demanda histórica de energía y la delicada situación financiera del parque térmico.Al respecto, Gutiérrez explicó que la problemática actual no es solo de escasez de energía, sino de potencia, utilizando una analogía técnica: "La energía hoy es la cantidad de gasolina que tiene un carro para hacer un viaje. La potencia es la fuerza del motor para subir la montaña. Podemos tener toda la gasolina, pero no el motor necesario para subir la montaña en ciertas horas del día. Eso es lo que le puede pasar a Bogotá".Hoja de ruta para el EjecutivoPara evitar un escenario de racionamiento, Acolgen propone un plan de tres ejes fundamentales destinado al gobierno de De La Espriella. En primer lugar, la logística para la provisión de combustibles (gas, carbón y diésel) debe ser impecable, garantizando seguridad y cero bloqueos en las plantas térmicas. "Nos va a tocar prender todas las térmicas a carbón y eso amerita tener un tema de orden público impecable en logística", enfatizó la presidenta de Acolgen.En segundo lugar, se requiere una revisión temporal de las restricciones ambientales que limitan la generación hidroeléctrica, permitiendo que los embalses entreguen energía de forma más eficiente en este periodo. Finalmente, Gutiérrez hizo un llamado a una campaña de ahorro obligatorio que involucre tanto al sector público y privado como a los hogares colombianos. "No nos queda mucho más que hacer", advirtió, insistiendo en la necesidad de destrabar los proyectos de gas que actualmente se encuentran en fase de pruebas.El reto del suministro en BogotáLa alerta sobre Bogotá y la región central no es menor. Según la dirigente, las líneas de transmisión necesarias para llevar la energía desde los embalses como Chivor y Chusa hasta la capital no han concluido su desarrollo, lo que obliga al sistema a depender de la generación local, como la planta Termocipa, para atender los picos de demanda.Ante este panorama, el sector hace un llamado a la coordinación interinstitucional para garantizar que las plantas térmicas, esenciales para conservar el agua en los embalses, cuenten con la liquidez necesaria para su operación. La presidenta de Acolgen concluyó señalando que el trabajo conjunto entre el gobierno y los generadores, como se ha hecho durante las últimas tres décadas, será el factor determinante para transitar el fenómeno del Niño con la menor afectación posible para los ciudadanos y la industria nacional.
Luego de que el Gobierno nacional reconociera el riesgo de un eventual desabastecimiento de energía en Colombia por la alta probabilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) aseguró que el panorama ya había sido advertido por el sector desde hace varios años y pidió acciones inmediatas para evitar una crisis.La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, afirmó que actualmente los balances de energía firme del país, es decir, la capacidad de respaldo para garantizar el servicio en momentos críticos, ya presentan señales negativas, de acuerdo con información pública del operador del mercado eléctrico, XM.Según Gutiérrez, el país debe actuar en varios frentes simultáneamente para reducir el riesgo de un problema de abastecimiento. Entre las prioridades mencionó la entrada en operación de proyectos energéticos pendientes antes de finalizar este año, incluidos los proyectos solares que actualmente están en fase de pruebas.Además, insistió en resolver los problemas logísticos relacionados con el suministro de combustibles, especialmente el gas natural, para garantizar que las plantas térmicas puedan operar cuando sea necesario.“La energía térmica será clave”, planteó la dirigente gremial al advertir que, en un escenario de sequía prolongada, el país necesitará reducir la presión sobre los embalses hidroeléctricos y preservar sus niveles para enfrentar el verano.La reacción de Acolgen se da luego de que el Ministerio de Minas y Energía, a través de una circular firmada por el ministro Edwin Palma, reconociera un “riesgo inminente” para la continuidad del servicio eléctrico en el país si coinciden varios factores: el déficit de energía firme, un nuevo episodio del fenómeno de El Niño y el incremento en los costos internacionales de combustibles por la situación geopolítica en Medio Oriente.El Gobierno sustentó su alerta en proyecciones de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que estiman una probabilidad del 95 % de que desde junio de 2026 se presente un nuevo fenómeno de El Niño, lo que podría traducirse en una reducción significativa de lluvias y menores aportes hídricos a los embalses.En ese contexto, Gutiérrez reiteró la necesidad de proteger las reservas de agua del sistema eléctrico colombiano. “Los embalses deben llegar lo más llenos posible a diciembre”, advirtió, al señalar que el verano podría extenderse incluso hasta abril o mayo del próximo año, dependiendo de la intensidad del fenómeno climático.Para Acolgen, esto también exige una campaña nacional de ahorro de energía y agua. La presidenta del gremio sostuvo que el consumo responsable será determinante para disminuir la presión sobre el sistema eléctrico en un periodo de alta exigencia.La dirigente también cuestionó las decisiones de política pública de años recientes y aseguró que el país perdió tiempo en expandir el parque de generación eléctrica con tecnologías que históricamente han dado respaldo al sistema, como las hidroeléctricas y las plantas térmicas.Además, advirtió que las medidas regulatorias que actualmente impulsa el Gobierno, como las nuevas subastas del Cargo por Confiabilidad, no resolverían el desafío de corto plazo, pues los nuevos proyectos entrarían a operar desde 2029 en adelante y no para el eventual fenómeno de El Niño que podría comenzar en los próximos meses.En medio del debate, Acolgen reiteró su disposición para trabajar con el Gobierno nacional, aunque defendió el modelo actual del mercado eléctrico colombiano. Gutiérrez insistió en que las soluciones pasan por fortalecer la generación disponible, asegurar combustibles, anticipar el uso de plantas térmicas y promover el ahorro, más que por intervenir un sistema que, según dijo, ha operado durante tres décadas.
La presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, expresó su preocupación por los recientes planteamientos del presidente Gustavo Petro que, según señaló, podrían poner en riesgo la autonomía del Banco de la República y el respeto al marco legal para la fijación del salario mínimo. La dirigente afirmó que estos principios “no son opcionales”, ya que constituyen pilares fundamentales para garantizar la estabilidad económica y el adecuado funcionamiento de las instituciones del país.Gutiérrez recordó que el presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y máxima autoridad administrativa, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, respetar la separación de poderes y garantizar la independencia institucional.“En un Estado de Derecho, la política monetaria y la política salarial tienen finalidades, reglas y autoridades distintas. Los incrementos de salarios no deben usarse como mecanismo de presión para forzar medidas que buscan atacar fenómenos inflacionarios, más aún si se considera que los aumentos salariales solo benefician a los trabajadores si su poder adquisitivo se preserva”, aseguró Gutiérrez.La dirigente gremial explicó que la política monetaria responde al mandato constitucional de preservar la estabilidad de precios y debe ejercerse con total autonomía, sin interferencias externas. Asimismo, recordó que la fijación del salario mínimo debe realizarse con base en criterios técnicos como la inflación, la productividad y el empleo, tal como lo establecen la Constitución y la legislación vigente. Según indicó, desconocer estos parámetros podría vulnerar el principio de legalidad y generar riesgos para la economía.En su pronunciamiento, también manifestó preocupaciones frente a los efectos de incrementos recientes del salario mínimo cercanos al 23 %, al considerar que existen dudas sobre su relación con la productividad y sus posibles impactos en el empleo y la informalidad.“Un dato: ANIF ajustó su proyección de inflación para 2026 a más del 6,0 %, Fedesarrollo a 6,2 % y Corficolombiana a 6,5 %, frente a las expectativas previas que estaban entre 4,3 % y 5,0 %, todo como consecuencia del aumento del salario mínimo. Fedesarrollo estima además una pérdida de hasta 600.000 empleos formales”, indicó a través de su cuenta de X.Finalmente, Gutiérrez advirtió que este tipo de decisiones y mensajes pueden afectar la confianza de inversionistas y el clima económico del país, además de generar consecuencias sociales, como el aplazamiento de procesos pensionales para miles de personas. En ese contexto, reiteró que el respeto por la Constitución, la separación de poderes y la autonomía del Banco de la República deben mantenerse como principios fundamentales para la estabilidad económica y la confianza institucional.
Blu Radio conoció en primicia un extenso documento en donde la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) le pidió a la Corte Constitucional suspender provisionalmente y tumbar la emergencia económica decretada en febrero por el Gobierno nacional.Esto, tras la ola invernal que azotó a 8 departamentos, siendo Córdoba uno de los más afectados. Uno de los argumentos es que el Gobierno no demostró de manera suficiente que la situación, principalmente asociada a variabilidad climática, no pudiera ser atendida con mecanismos ordinarios.La intervención también señala que no se cumple el requisito de sobreviniencia, es decir, que los hechos que justifican la emergencia no son extraordinarios ni imprevisibles. Según el gremio, fenómenos como la variabilidad climática o problemas del sector energético son estructurales y conocidos desde hace años, por lo que debían ser atendidos mediante la institucionalidad ordinaria.Acolgen también advierte un posible vicio formal, ya que el decreto no habría sido firmado válidamente por todos los ministros, en particular, cuestionan la firma de la entonces ministra encargada de Ambiente, Irene Veléz cuyo encargo según el documento ya había vencido al momento de la expedición del decreto que convocó a la emergencia económica.El magistrado Polo deberá revisar los conceptos e intervenciones que han llegado allí al alto tribunal, entre ellos, el del exmagistrado de esa misma corporación José Fernando Reyes quien también pidió tumbar el decreto. Aún falta el concepto de la Procuraduría que es clave para el examen constitucional de este decreto.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) alertó sobre los posibles efectos que tendría el Decreto Legislativo 0177 de 2026 en la estabilidad financiera y operativa del sector eléctrico, en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno.El gremio reconoció la gravedad de la situación climática que enfrenta el país y la necesidad de proteger las cuencas y ecosistemas estratégicos. Sin embargo, manifestó su rechazo a las medidas adoptadas en el nuevo decreto, al considerar que no cumplen plenamente con los criterios constitucionales de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad exigidos en los estados de excepción.La norma impone, durante seis meses, una transferencia adicional del 2 % sobre las ventas brutas de energía a empresas generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en cuencas de ocho departamentos.Esta sobretasa se suma a las transferencias ambientales ya vigentes, que actualmente corresponden al 6 % para hidroeléctricas y al 4 % para térmicas. Con el nuevo esquema, de manera transitoria, la carga pasaría al 8 % en el caso de las hidroeléctricas y al 6 % en el de las térmicas.Según Acolgen, el principal punto crítico es que el cobro se realiza sobre ingresos brutos y no sobre utilidades, lo que implica que se debe pagar independientemente de la rentabilidad de las compañías. El gremio advierte que esto representaría, a nivel sectorial, “afectaciones al flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros, y que terminaría por impactar en el costo de vida de todos los colombianos”.El gremio sostuvo que las medidas podrían tener efectos en la seguridad energética del país. Entre las preocupaciones planteadas se encuentran posibles afectaciones a los compromisos de energía firme respaldados por embalses, lo que, según el sector, podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño hacia finales de año.También advirtió que la medida podría impactar la cobertura de la energía contratada con generación propia, generar presiones al alza en los precios de contratos futuros e introducir incertidumbre regulatoria en un sector que requiere reglas estables para atraer inversión.Además, señalaron que se podrían generar asimetrías competitivas al afectar de manera diferenciada a ciertas tecnologías de generación frente a otras.Otro punto que cuestiona Acolgen es la facultad otorgada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para modificar, durante la emergencia y hasta por seis meses, instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos que presenten alertas del Ideam.De acuerdo con Acolgen, esta disposición podría prevalecer incluso sobre compromisos contractuales previamente adquiridos, lo que, a juicio del gremio, introduce riesgos en materia de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.El incremento del impuesto sobre los ingresos brutos fue calificado por Acolgen como una exacción que desconoce principios de equidad y capacidad contributiva, lo que para el gremio podría tener “efectos estructurales que desbordan el alcance estrictamente coyuntural permitido por la Constitución”.
La declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional y la expedición de una serie de decretos para enfrentar la crisis climática ya comienzan a generar reacciones en el sector energético. Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), advirtió que algunas de las medidas podrían tener efectos estructurales sobre la operación del sistema eléctrico colombiano, incluyendo la posible intervención en el manejo de los embalses.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la dirigente gremial expresó su preocupación por el decreto que establece un impuesto adicional del 2% sobre las ventas de ciertas empresas generadoras de energía, recursos que serán transferidos directamente al Ministerio de Ambiente.Impuesto del 2% a generadoras: dudas sobre su alcanceEl decreto contempla que las hidroeléctricas y térmicas cuya infraestructura de generación, embalse o captación esté ubicada o que operen en cuencas hidrográficas “directamente afectadas” en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó deberán asumir un 2% adicional sobre sus ventas.Tradicionalmente, las empresas generadoras ya realizan transferencias a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para inversión ambiental en las regiones. Sin embargo, el nuevo 2% tendría un destino diferente.“Esas transferencias se les transfieren a las CAR y son para temas ambientales en cada una de las regiones. Ese 2% adicional se le está entregando directamente al Ministerio del Medio Ambiente”, explicó la presidenta de Acolgen.El gremio aún no tiene una cifra consolidada sobre el impacto económico de la medida. “En este momento estamos cuantificando eso porque estamos viendo todas las térmicas y todas las hidroeléctricas que están incluidas dentro de las cuencas que está incluyendo el decreto”, precisó.Entre las compañías potencialmente afectadas se encuentran grandes centrales como Hidroituango, activos de Isagen, Urrá y plantas térmicas como Tesorito, aunque el alcance real dependerá de cómo se interprete la expresión “directamente afectadas por la emergencia”.“Esa frase es lo que hay que puntualizar muy bien. Eso no puede quedar así de abierto”, enfatizó Gutiérrez, al advertir que la redacción amplia podría generar inseguridad jurídica y distorsiones competitivas.Riesgo de intervención en los embalsesMás allá del impacto tributario, Acolgen encendió las alarmas por otro punto del decreto relacionado con la modificación de instrumentos de manejo ambiental, lo que podría traducirse en cambios en la operación de los embalses.“No se está refiriendo puntualmente a la modificación de licencias, pero sí a la modificación de instrumentos de manejo ambiental. Esto quiere decir que de alguna manera pueden intervenir la operación de los embalses, y esto es supremamente grave”, sostuvo.La dirigente explicó que el manejo de los embalses es un componente esencial del sistema eléctrico colombiano, diseñado bajo un esquema técnico y comercial que ha evolucionado durante más de tres décadas.“Los embalses se regulan para atender los contratos de largo plazo y para que en los momentos de estrechez de energía hídrica podamos ahorrar agua, tener confiabilidad y dar las señales de prender las térmicas. Esto es un sistema supremamente sofisticado que se ha construido durante los últimos 30 años”, afirmó.Una intervención, advirtió, podría poner en riesgo tanto los compromisos comerciales como la seguridad energética del país. “Puede poner en riesgo los compromisos de venta de energía a largo plazo y la confiabilidad del país en momentos de sequía”, subrayó.Impacto en inversión, competencia y tarifasDesde la perspectiva de Acolgen, el nuevo impuesto a las generadoras de energía también tendría efectos en la liquidez de las empresas, la inversión en nuevos proyectos y eventualmente en el precio de la energía.“Esto tiene varios impactos: impactos en la liquidez inmediata, en la afectación de la inversión, en la distorsión de competencia, porque entonces adicionalmente le está poniendo una carga fiscal a unas empresas y a otras no”, explicó Gutiérrez.Aunque evitó confirmar un aumento inmediato en las tarifas, reconoció que el componente de generación es determinante en la factura final. “Un posible traslado en los precios, aunque la factura de energía no solo está compuesta por la generación, pero el componente de generación sí es importante”, indicó.El gremio también manifestó inquietud frente al mensaje que la medida envía a los inversionistas, en un momento clave para el sector eléctrico colombiano, que se prepara para nuevas subastas de energía.Debate sobre la justificación técnica y fiscalFinalmente, Acolgen cuestionó la fundamentación técnica y fiscal de los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica.“Reconocemos la gravedad de la crisis climática y creemos que se necesitan respuestas eficaces, pero estamos viendo que hay una ausencia de justificación técnica, una ausencia de justificación fiscal, no hay una cuantificación del daño ambiental ni estimaciones detalladas para determinar la recuperación”, concluyó Gutiérrez.
Tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien pidió investigar a las hidroeléctricas Urrá e Hidroituango por supuestamente agravar las inundaciones en Córdoba al almacenar agua con fines económicos, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) respondió con firmeza.En entrevista con Mañanas Blu, Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, defendió la actuación de las empresas generadoras y aseguró que los embalses “no operan de manera arbitraria ni vierten agua de forma deliberada”, sino que siguen normas técnicas y ambientales estrictas supervisadas por el Estado.“Los embalses destinados a la generación de energía cumplen tres funciones esenciales: regular los ríos, generar electricidad y reducir los riesgos de inundación bajo reglas estrictas. No existen incentivos económicos para dejar de generar energía o retener agua”, afirmó Gutiérrez en diálogo con Néstor Morales.“El presidente está mal informado”Las declaraciones de Petro encendieron la polémica al afirmar que las represas se llenan “por intereses económicos” y que el sistema eléctrico favorece a las termoeléctricas de gas, las cuales –según dijo– imponen tarifas hasta “diez veces más altas que los costos de las hidroeléctricas”.Gutiérrez respondió señalando que tales afirmaciones desconocen cómo opera el sistema energético del país. “Creo que el presidente está mal informado, porque cuando un embalse llega a su nivel máximo, los vertimientos se hacen por seguridad, no por decisión discrecional de una empresa o funcionario”, explicó.La presidenta de Acolgen recordó que la generación hidroeléctrica no solo abastece energía, sino que también ayuda a mitigar los efectos de fenómenos climáticos extremos. “Gracias a los embalses, la tragedia por lluvias no ha sido mayor. Urrá ha logrado controlar más del 96% de las crecientes del río Sinú en los últimos 26 años”, detalló.El caso Urrá: control, no descontrolPetro acusó particularmente a la hidroeléctrica de Urrá de haber demorado el desembalse controlado de sus aguas, lo que habría favorecido el desbordamiento de los niveles del río Sinú. Frente a esto, Gutiérrez explicó que la región enfrenta “una situación atípica de lluvias exageradas”, con precipitaciones hasta un 1500% superiores a lo esperado.“La descarga fue inevitable, pero se hizo de manera responsable y controlada”, aseguró. “Estas decisiones se toman con criterios técnicos, buscando siempre garantizar la seguridad del embalse y de las comunidades aguas abajo”.Gutiérrez destacó además que la operación de los embalses está sujeta a control de la Superintendencia de Servicios Públicos y a la legislación ambiental. Cada acción de vertimiento o descarga, subrayó, “debe cumplir protocolos obligatorios para proteger a la población y al ecosistema”.“No hay especulación con las tarifas de energía”Respecto a la denuncia presidencial por una presunta especulación con las tarifas eléctricas, Acolgen aportó cifras para refutarla. Según Gutiérrez, el precio promedio de la energía en bolsa en 2025 fue de 245 pesos por kilovatio/hora, inferior al promedio de los contratos de largo plazo, que se ubicó en 298 pesos.“Durante el 2025, el 78% del tiempo el precio de bolsa estuvo por debajo de los contratos. En lo corrido del 2026, esa cifra ha sido del 86%. En un contexto de mayor hidrología, las hidroeléctricas producen más y ayudan a reducir los precios del mercado, no a subirlos”, puntualizó la dirigente.También aclaró que la escasez de gas natural que afecta al país es un problema distinto, aunque puede coincidir con períodos de menor disponibilidad hídrica. “Hemos alertado que, ante un próximo fenómeno de El Niño, el déficit de gas será mucho mayor, lo que podría impactar la generación termoeléctrica”, advirtió.Lluvias y tensiones en el sector energéticoLas fuertes precipitaciones de comienzos de 2026 han golpeado con especial intensidad al Caribe colombiano, ocasionando inundaciones en municipios de Córdoba y Antioquia. En ese contexto, el presidente Petro ordenó una investigación sobre el papel de los embalses en la creciente del río Sinú y cuestionó la supuesta “codicia” del sector eléctrico.Las hidroeléctricas, por su parte, defienden que su labor ha sido clave para evitar desastres de mayor magnitud. “Los embalses no agravan las emergencias; las mitigan. Son instrumentos de protección, no de riesgo”, insistió Gutiérrez.Un debate que sigue abiertoEl señalamiento presidencial ha reavivado el debate sobre la gestión del agua, la regulación del sistema eléctrico y el equilibrio entre el interés público y la rentabilidad empresarial. Desde Acolgen aseguran que están dispuestos a rendir cuentas y a seguir cooperando con las autoridades.
El colesterol alto no siempre está relacionado con la alimentación o los hábitos de vida. En algunos casos, puede tener un origen genético y comenzar a elevarse desde los primeros años de vida, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares de manera prematura.Este 24 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Hipercolesterolemia Familiar, una fecha que busca llamar la atención sobre una condición que puede permanecer durante años sin ser identificada. La hipercolesterolemia familiar (HF) es una enfermedad genética que provoca niveles elevados de colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”, desde edades tempranas.Uno de los principales desafíos es precisamente reconocerla a tiempo. De acuerdo con el endocrinólogo pediatra Juan David Lasprilla, muchas veces existe la idea de que los problemas relacionados con el colesterol únicamente aparecen en adultos, lo que puede retrasar el diagnóstico en niños y adolescentes.Una enfermedad que puede heredarse de los padresLa hipercolesterolemia familiar se transmite mediante un patrón autosómico dominante. Esto significa que una persona puede desarrollar la enfermedad al recibir una copia alterada del gen responsable de uno de sus padres.Existen dos formas principales de esta condición. La heterocigota (HeFH) ocurre cuando se hereda la alteración genética de uno de los padres y es la presentación más frecuente.La segunda es la hipercolesterolemia familiar homocigota (HoFH), considerada la forma más grave, que aparece cuando las alteraciones genéticas se heredan de ambos padres. En estos casos, el colesterol LDL puede alcanzar niveles al menos dos veces superiores a los observados en la forma heterocigota y hasta cuatro veces por encima de los valores considerados normales.Los estudios más recientes también han cambiado la percepción sobre la frecuencia de la HoFH. Mientras anteriormente se calculaba que afectaba a una de cada millón de personas, estimaciones genéticas posteriores ubican su prevalencia entre uno de cada 170.000 y uno de cada 300.000 habitantes.En Colombia todavía no se cuenta con cifras precisas sobre el número total de personas con esta enfermedad. Lasprilla explicó que actualmente se adelanta un registro de pacientes para conocer mejor el comportamiento de la condición en el país. Un reporte de 2020 identificó 36 pacientes colombianos diagnosticados, con una edad promedio de 27 años y una concentración importante de casos en la región Caribe.¿Por qué puede ser grave desde la infancia?En la forma homocigota, el mecanismo encargado de retirar el colesterol LDL de la sangre presenta un funcionamiento muy deficiente. Como consecuencia, los niveles pueden superar los 500 mg/dL desde edades tempranas.Esta acumulación prolongada de colesterol puede generar complicaciones cardiovasculares graves. En los casos más severos, los problemas pueden aparecer incluso antes de los 10 años, razón por la que los especialistas insisten en que el tratamiento debe comenzar lo antes posible.“El principal reto no sólo en Colombia, sino a nivel mundial, es el diagnóstico temprano”, señaló Lasprilla, quien advirtió que la percepción de que los niños no suelen presentar este tipo de enfermedades puede retrasar la detección.Por ello, el especialista considera necesario fortalecer las estrategias de tamización y realizar estudios familiares que permitan identificar a otros integrantes que podrían presentar la alteración genética.El diagnóstico y el tratamiento requieren seguimientoCuando existe sospecha de hipercolesterolemia familiar, los profesionales pueden recurrir a análisis clínicos, estudios familiares y pruebas genéticas para establecer un diagnóstico preciso y determinar cuál de las formas de la enfermedad presenta el paciente.El tratamiento busca reducir los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. En los pacientes con HoFH, el manejo puede requerir una intervención intensiva desde edades tempranas y seguimiento permanente.Lasprilla también señaló que después del diagnóstico aparecen otros desafíos, entre ellos el acceso a especialistas y la adherencia al tratamiento. En los menores de edad, el manejo puede involucrar a endocrinólogos pediatras, cardiólogos pediatras, genetistas, nutricionistas y psicólogos.Además del tratamiento médico, el acompañamiento integral es relevante para estos pacientes. Christian David Niño Torres, director administrativo de la Fundación Jaasiel, destacó la importancia de combinar una nutrición adecuada, atención continua y cuidado de la salud emocional para afrontar las dificultades asociadas con la enfermedad.Detectar la hipercolesterolemia familiar desde la infancia permite iniciar medidas para controlar el colesterol y reducir las consecuencias cardiovasculares que pueden aparecer prematuramente. Por eso, conocer los antecedentes familiares y consultar ante niveles elevados de colesterol puede ser un paso determinante para identificar esta condición.
Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan este jueves, 24 de septiembre, por una nueva jornada de la Liga BetPlay 2026, en uno de los partidos más esperados de la fecha. El encuentro podrá seguirse EN VIVO y online, con todos los detalles sobre la hora, la transmisión, las alineaciones y el minuto a minuto del compromiso con Blu Radio.La presión recae sobre el cuadro verdolaga, que afronta este duelo en condición de local ante un Millonarios que ha conseguido imponerse en varias de sus recientes visitas a Medellín. Con el regreso de Alberto Gamero al frente del conjunto embajador, Atlético Nacional buscará cortar esa racha y hacerse fuerte ante su afición en un nuevo capítulo del clásico del fútbol colombiano.Atlético Nacional HOY vs. Millonarios EN VIVO: siga el partido online y gratisEl equipo de Blog Deportivo de Blu Radio llevará toda la cobertura EN VIVO, online y gratis este jueves, 24 de septiembre, para el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios. Los seguidores podrán estar al tanto del partido a través de la señal 89.9 FM y el canal de YouTube de Blu Radio.¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Millonarios HOY?El duelo entre verdolagas y embajadores está programado para este jueves, 24 de septiembre, a partir de las 7:30 de la noche. El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde Atlético Nacional buscará aprovechar su condición de local.¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO?Los aficionados podrán seguir la cobertura del partido Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO a través de los canales digitales de Blu Radio y la señal 89.9 FM. Allí encontrarán información sobre el desarrollo del compromiso, las novedades de los equipos y el minuto a minuto.Historial entre Atlético Nacional y MillonariosEl primer enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 3 de octubre de 1948, cuando Atlético Municipal, hoy Atlético Nacional, derrotó 4-3 a Millonarios.Desde entonces, Millonarios mantiene la ventaja en el historial general. El cuadro embajador suma 115 victorias, mientras que Atlético Nacional registra 86 triunfos. Los dos equipos han empatado en 101 oportunidades.En los partidos correspondientes a la Liga, la ventaja también favorece a Millonarios, que acumula 106 victorias frente a las 81 de Atlético Nacional. Además, se han registrado 90 empates en la primera división.Posibles alineaciones de Nacional y MillonariosAtlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco; Xavi Ríos, Juan Manuel Zapata; Elías Cabrera, Ian Poveda, Marlos Moreno y Cristian Arango. Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Sebastián Viveros, Daniel Ruiz; Francisco Chaverra, Julián Angulo y Leonardo Castro.
El Gobierno colombiano decidió romper relaciones diplomáticas con Irán, así lo informó la Cancillería colombiana en las últimas horas.“Colombia, además, tuvo en cuenta las violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el Gobierno iraní en su territorio, los ataques verificados contra países que no son parte del conflicto en el medio oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear”, señala el comunicado de la Cancillería.El Gobierno colombiano también explicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta la seguridad nacional y hemisférica y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta los presuntos vínculos de Irán con grupos armados.“La medida dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, aclara que lo anterior no significa la ruptura de relaciones consulares, según lo previsto en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963”, dice el documento de la Cancillería.
El Concejo de Bogotá aprobó este 24 de septiembre un nuevo cobro al alumbrado público con una sobretasa al impuesto predial con 23 votos a favor y 20 en contra. La medida hace parte de la reforma tributaria propuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán.El nuevo valor sería cobrado a estratos 4, 5 y 6 y a viviendas con avalúo comercial superior a los $1.000 millones, a partir de enero de 2027. Esta aprobación únicamente es para el artículo del alumbrado público, no para toda la reforma tributaria.¿Quiénes quedarían exentos de pagar cobro de alumbrado público?Anteriormente, durante el debate en la Comisión de Hacienda, se aprobó que algunos predios y establecimientos no tengan que pagar la nueva sobretasa, de acuerdo con determinadas condiciones.Los predios de estratos 4, 5 y 6 sin capacidad de pago quedarían exentos cuando el propietario pertenezca a los grupos A, B o C del Sisbén.Tampoco pagarían los predios comerciales sin capacidad de pago, cuando el propietario esté clasificado en los grupos A o B del Sisbén.Además, quedarían exentos los establecimientos comerciales de hasta 30 metros cuadrados ubicados en viviendas de estratos 1, 2 y 3.Frente a lo anterior, la Secretaría de Hacienda indica en su página web que los hogares de estratos 1, 2 y 3 no pagarían este cobro cuando el valor usado para calcular el predial sea de hasta 20.000 UVT, equivalentes a cerca de $1.047 millones en 2026. Por ejemplo, una vivienda de estrato 2 con un valor de $300 millones para calcular el predial no tendría que pagar la sobretasa.La propuesta también contempla medidas de protección para hogares en pobreza extrema, pobreza moderada o condición de vulnerabilidad. Además de las viviendas, el cobro también se aplicaría a otros tipos de predios, entre ellos los comerciales, industriales y financieros, explica la entidad. Es importante recordar que el cobro aprobado contemplaría la aplicación de la sobretasa al impuesto predial a los estratos 4, 5 y 6 y a las viviendas con un avalúo comercial superior a $1.000 millones, a partir de enero de 2027.El objetivo que plantea la propuesta del Distrito con este recaudo es convertir el alumbrado público de Bogotá en una infraestructura multifuncional de gran escala. Es decir, se implementará una iluminación moderna 100 % LED, herramientas de telegestión para lograr avanzar en soluciones relacionadas con seguridad, conectividad y movilidad inteligente.
En las últimas horas surgió una versión que puso en duda la realización de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, luego de que, supuestamente, algunos clubes habrían planteado inquietudes por el largo desplazamiento hasta la capital del Atlántico. Sin embargo, en Blog Deportivo se conocieron detalles que apuntan a que la sede del partido, programado para el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se mantiene en firme.La principal preocupación estaría relacionada con el tiempo de viaje hasta Barranquilla, que desde algunos destinos puede alcanzar aproximadamente siete horas. No obstante, la periodista Marina Granziera consultó a fuentes cercanas a Atlético Mineiro y detalló que hubo un encuentro enfocado en asuntos logísticos, seguridad, hoteles y las obras de renovación del escenario deportivo.Además, el periodista Juan José Buscalia explicó en Blog Deportivo que la propia Conmebol ya trabaja en la organización de la final en Barranquilla. “La sede de la final de la Copa Sudamericana es y seguirá siendo Barranquilla”, afirmó el periodista argentino.Asimismo, este jueves la Alcaldía de Barranquilla compartió imágenes de cómo avanzan las obras de remodelación e, incluso, el Junior realizó un entrenamiento en el Metropolitano.¿Han cambiado la sede de una final?Los antecedentes de la Conmebol muestran que los cambios de sede en finales continentales han ocurrido por circunstancias específicas. Por ejemplo, una final que inicialmente estaba prevista en Santa Cruz de la Sierra pasó a Asunción debido a inconvenientes con el estadio, además de modificaciones relacionadas con la situación social en Chile en 2019. También se recordó el caso de la final de 2023, cuando el partido terminó disputándose en Maldonado, Uruguay, debido a consideraciones relacionadas con la capacidad y la asistencia esperada.Así las cosas, todo apunta a que la Conmebol mantiene su decisión y la final será en Barranquilla. De hecho, las empresas encargadas de prestar servicios durante el evento ya están desplazándose a la ciudad para comenzar los preparativos.
