La presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, expresó su preocupación por los recientes planteamientos del presidente Gustavo Petro que, según señaló, podrían poner en riesgo la autonomía del Banco de la República y el respeto al marco legal para la fijación del salario mínimo. La dirigente afirmó que estos principios “no son opcionales”, ya que constituyen pilares fundamentales para garantizar la estabilidad económica y el adecuado funcionamiento de las instituciones del país.
Gutiérrez recordó que el presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y máxima autoridad administrativa, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, respetar la separación de poderes y garantizar la independencia institucional.
“En un Estado de Derecho, la política monetaria y la política salarial tienen finalidades, reglas y autoridades distintas. Los incrementos de salarios no deben usarse como mecanismo de presión para forzar medidas que buscan atacar fenómenos inflacionarios, más aún si se considera que los aumentos salariales solo benefician a los trabajadores si su poder adquisitivo se preserva”, aseguró Gutiérrez.
La dirigente gremial explicó que la política monetaria responde al mandato constitucional de preservar la estabilidad de precios y debe ejercerse con total autonomía, sin interferencias externas. Asimismo, recordó que la fijación del salario mínimo debe realizarse con base en criterios técnicos como la inflación, la productividad y el empleo, tal como lo establecen la Constitución y la legislación vigente. Según indicó, desconocer estos parámetros podría vulnerar el principio de legalidad y generar riesgos para la economía.
En su pronunciamiento, también manifestó preocupaciones frente a los efectos de incrementos recientes del salario mínimo cercanos al 23 %, al considerar que existen dudas sobre su relación con la productividad y sus posibles impactos en el empleo y la informalidad.
“Un dato: ANIF ajustó su proyección de inflación para 2026 a más del 6,0 %, Fedesarrollo a 6,2 % y Corficolombiana a 6,5 %, frente a las expectativas previas que estaban entre 4,3 % y 5,0 %, todo como consecuencia del aumento del salario mínimo. Fedesarrollo estima además una pérdida de hasta 600.000 empleos formales”, indicó a través de su cuenta de X.
Finalmente, Gutiérrez advirtió que este tipo de decisiones y mensajes pueden afectar la confianza de inversionistas y el clima económico del país, además de generar consecuencias sociales, como el aplazamiento de procesos pensionales para miles de personas. En ese contexto, reiteró que el respeto por la Constitución, la separación de poderes y la autonomía del Banco de la República deben mantenerse como principios fundamentales para la estabilidad económica y la confianza institucional.