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Al menos 16 mil desplazados ha dejado el conflicto en Santander: ONU

Esto en los municipios de San Calixto, Teorama, Tibú, La Playa de Belén, Ábrego y Hacarí.

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Foto Desplazados del Atlántico

Según un informe es elaborado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en el departamento de Santander, entre el 14 de marzo y el 5 de julio, las violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por acciones armadas del ELN y EPL, causaron el desplazamiento de por lo menos 16 mil personas (5.168 familias), en los municipios de San Calixto, Teorama, Tibú, La Playa de Belén, Ábrego y Hacarí.

Vea también ONU denuncia desplazamientos por enfrentamientos del frente comandado por ‘Guacho’

El informe señala que se estima que cerca del 70% de familias desplazadas han retornado bajo su propio riesgo -pese a la falta de garantías de seguridad- ante las pocas posibilidades de sustento en el lugar de recepción. Las personas desplazadas que no han retornado siguen ubicadas en dos Espacios de Protección Humanitaria aún activos, y otras han llegado a municipios como Ocaña y Cúcuta.

Persiste la situación de alto riesgo y de vulnerabilidad para las personas que ejercen liderazgo en la región; producto de esta situación también se han afectado las dinámicas organizativas comunitarias. Durante este periodo, han sido asesinados al menos tres líderes sociales en el Catatumbo y un alto número de líderes comunitarios han sido amenazados”, destaca el informe.

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Por su parte, desde el inicio de las confrontaciones, al menos 9 civiles han resultado afectados por accidentes con minas antipersonal y munición sin explotar (MAP/MUSE), y por lo menos tres han sido víctimas militares. La presencia de MAP/MUSE y artefactos explosivos improvisados (AEI) ha aumentado, lo que genera restricciones a la movilidad y al acceso en algunos caminos veredales, y alrededores de centros educativos rurales.

De 44.829 niños, niñas y adolescentes afectados en su derecho a la educación, desde el inicio de la crisis, más de 2.900 niños y niñas continúan desescolarizados.

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Existe una alta preocupación por situaciones de violencia basada en género (VBG) y feminicidios registrados durante este periodo en la región.

Aproximadamente 4.000 indígenas Barí continúan en riesgo de volver [5] a confinarse por amenazas, la persistencia de los enfrentamientos entre los grupos armados en cercanía de los resguardos y presencia.

 

 

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