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La noche del miércoles, un total de 11 familias procedentes de El Pato, una zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, tuvieron que abandonar sus viviendas y parcelas debido a los enfrentamientos por el control territorial en esta área de la Reserva Campesina, entre presuntos integrantes del Estado Mayor de las Farc y miembros de la Segunda Marquetalia.
Esta situación ya había sido alertada desde el pasado 13 de mayo por la Asociación Municipal de Colonos de El Pato, quienes, a través de un comunicado de prensa, denunciaron que los campesinos de la zona quedaban atrapados en los duros enfrentamientos entre grupos de disidentes.
Amenazas directas y violaciones de los Derechos Humanos habrían provocado este desplazamiento masivo hacia la capital del Huila.
"El desplazamiento forzado que experimentamos la noche del miércoles, conformado por 11 familias procedentes de la zona de reserva campesina de El Pato, Balsillas, en el municipio de San Vicente del Caguán, se considera un desplazamiento masivo, ya que cumple con los parámetros establecidos por la normativa", indicó Esmith Duarte Cano, Secretaria de Paz y Derechos Humanos de Neiva.
Las cerca de 30 personas, incluyendo menores de edad y adultos mayores, que llegaron a Neiva en busca de protección para sus vidas, fueron recibidas en el Centro Regional de Atención a Víctimas, desde donde se desplegaron todas las acciones necesarias para brindarles asistencia.
"Como municipio y primeros en responder, estamos atendiendo los aspectos relacionados con alojamiento, alimentación, salud y educación, así como las necesidades humanitarias inmediatas para garantizar los derechos de estas personas que han sido víctimas del conflicto armado debido al desplazamiento forzado", aseguró la Secretaria de Paz y Derechos Humanos de Neiva.
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Las víctimas lograron salir ilesas de la zona gracias a un corredor humanitario establecido por la ONU, la Gobernación del Caquetá y la Defensoría del Pueblo de las regiones de Caquetá y Huila.
Este es el primer desplazamiento masivo que se registra en la ciudad desde 2011, cuando se creó la Ley de Víctimas.
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