Colombia puso en marcha la llamada Alerta Rosa, un mecanismo nacional de búsqueda inmediata para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidas, en un contexto donde las cifras evidencian una afectación cada vez mayor sobre estas poblaciones.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2025 se reportaron 5.397 personas desaparecidas en el país. “De ellas, 3.169 eran niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y 2.041 eran mujeres. La Fiscalía General de la Nación registró 1.364 noticias criminales por desaparición forzada en el mismo periodo, de las cuales 401 corresponden a mujeres víctimas y 410 a niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.
Durante el lanzamiento, la vicedefensora del Pueblo, Paula Cristina Aponte, advirtió que este fenómeno está impactando con fuerza a poblaciones vulnerables. “Para el año 2025, 6 de cada 10 personas desaparecidas fueron niños, niñas, adolescentes o jóvenes, y 4 de 10 personas desaparecidas fueron mujeres. (…) Por ejemplo, en Bogotá, por cada 10 mujeres desaparecidas, 2 son menores de edad. En el Valle del Cauca, 1 de cada 2. En Cundinamarca, 3 de cada 5. Y en Boyacá, 5 de cada 6”, señaló.
“La desaparición forzada y las desapariciones en contextos de violencia estructural constituyen una grave violación a los derechos humanos. Aunque tradicionalmente se asocian al conflicto armado, los datos recientes muestran una afectación creciente sobre las mujeres y, en especial, sobre nuestras infancias y juventudes, en escenarios marcados por la desigualdad y la impunidad”, subrayó la vicedefensora.
En ese mismo sentido, el concejal de Bogotá Julián Sastoque alertó que en 2025 desaparecieron 807 menores de edad, de los cuales más del 40 %, aproximadamente 338 casos, no han sido ubicados.
“Aquí debe haber casos macabros, redes oscuras de criminalidad detrás de la desaparición de niños y niñas. Desde los criminales que reclutan a los niños y a las niñas en Bogotá y en el país para sus actividades delictivas, los grupos armados que crecen en Colombia, gracias a las complacencias además de este gobierno, hasta seguramente redes de trata y explotación sexual y comercial de nuestros niños y niñas”, aseguró Sastoque.
Frente a este panorama, la Alerta Rosa busca reducir los tiempos de reacción. Se trata de un sistema de respuesta inmediata liderado por la Fiscalía General de la Nación, que articula a diferentes entidades del Estado para emitir alertas urgentes y difundir información de la persona desaparecida a través de múltiples canales, incluyendo medios de comunicación, redes sociales y autoridades.
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A diferencia de lo que ocurría antes, el protocolo establece que no es necesario esperar 24 o 72 horas para iniciar la búsqueda.
¿Cómo funciona?
El mecanismo contempla una ruta clara: todo comienza con el reporte de la desaparición, que debe hacerse de inmediato. Este puede realizarse en casos urgentes a través de la línea 123, o mediante canales como el 122, 155 y 141, así como en sedes principales de la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, ICBF, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Defensoría del Pueblo, comisarías de familia, personerías municipales, IPS y casas de justicia, o incluso de forma virtual.
A partir de ahí, las autoridades realizan una valoración rápida de las circunstancias del caso y del nivel de riesgo. Si se cumplen los criterios, se activa la Alerta Rosa, lo que implica la emisión de una alerta masiva que difunde la información de la persona desaparecida en medios de comunicación, redes sociales y canales institucionales.
Con esto, se busca coordinar de forma inmediata las acciones entre autoridades y movilizar también a la ciudadanía para lograr su ubicación en el menor tiempo posible.
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Las autoridades insisten en que el reporte debe hacerse de inmediato, incluso si no se cuenta con toda la información, ya que en estos casos el tiempo puede ser determinante.