La Defensoría del Pueblo intervino ante la Corte Constitucional para defender la constitucionalidad del Decreto Legislativo 176 de 2026, una medida adoptada en medio de la emergencia económica derivada de la ola invernal, que busca garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para estudiantes afectados por la suspensión de clases presenciales.
Según explicó la entidad, el decreto permite que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan recibiendo alimentación “incluso fuera de la jornada escolar y del espacio físico de la institución”, en aquellos casos en los que no sea posible asistir a clases debido a la emergencia.
La entidad advirtió que la decisión responde a afectaciones concretas en el sistema educativo ocasionadas por la emergencia climática, como daños en infraestructura escolar, uso de colegios como albergues, suspensión del calendario académico y dificultades de acceso por el estado de las vías o la interrupción del transporte escolar.
Estas condiciones, según explicó, han derivado en la interrupción del servicio educativo y, con ello, del acceso al PAE, que en muchos casos representa un componente clave en la alimentación diaria de los estudiantes.
“La intervención también documentó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes para atender la magnitud de la crisis, lo que justificó el uso de las facultades extraordinarias allí previstas”, señaló la defensoría.
En ese contexto, la entidad enfatizó que la finalidad del decreto no es ampliar el programa, sino garantizar su continuidad para una población ya beneficiaria, en medio de una situación excepcional. De hecho, subrayó que la medida busca evitar que la crisis tenga efectos más graves sobre derechos fundamentales, particularmente la educación y la alimentación.
Como parte de los elementos presentados ante la Corte, la entidad reportó afectaciones puntuales en distintas regiones. En el departamento de Sucre, por ejemplo, se registraron 14 instituciones educativas y 36 aulas impactadas en municipios como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito. También se reportaron daños relevantes en Córdoba y situaciones en las que los alimentos del PAE fueron redireccionados para atender la emergencia en zonas como Urabá Darién.
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“Sostenemos que el Decreto 176 de 2026 debe ser declarado constitucional, para evitar que la crisis climática se traduzca en hambre, deserción o mayor desigualdad educativa”, añade.
En su concepto final, concluyó que la norma no restringe derechos, sino que, los protege, y permite responder de manera directa a los efectos de la emergencia, evitando que se traduzca en hambre, deserción escolar o un aumento en las brechas de desigualdad.
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