Un nuevo caso en el que una mujer muere después de realizarse una intervención estética se presentó en la capital del Atlántico. Se trata de Geniffer Selene García Mozo, de 55 años, que como lo informó la Fiscalía, era fiscal 159 especializada de la Seccional Atlántico hasta el pasado mes de julio.Según los datos entregados por familiares a las autoridades, la mujer se sometió el pasado jueves 6 de agosto a un lipoval, una técnica de lipoescultura asistida por ultrasonido, en una reconocida clínica estética, en el norte de Barranquilla.Después del procedimiento, agregan los familiares que la abogada fue dada de alta a las 4 de la tarde, sin embargo, este 7 de agosto fue llevada de urgencia a la Clínica Altos de San Vicente, porque manifestaba sentir dolores de cabeza y mareos prolongados.Minutos después de ingresar al centro asistencial la mujer perdió el conocimiento y falleció en ese centro asistencial a eso de las 12:45 del mediodía.El caso de la abogada Geniffer Selene García Mozo, que nació en Pivijay, Magdalena, es el segundo que se registra en la capital del Atlántico en menos de un mes. Recordemos que el miércoles 22 de julio murió Sara Milena Echeverría Alcendra, de 30 años, en medio de una cirugía estética en la Clínica Diamanti, ubicada también en el norte de la ciudad.Investigadores del CTI de la Fiscalía iniciaron las indagaciones para identificar las causas que llevaron a la muerte a la exfiscal 159 especializada.
Un juez de conocimiento condenó a 41 años y seis meses de prisión a Reinaldo Orozco Peña, tras hallarlo responsable del delito de feminicidio por el asesinato de una mujer de 26 años ocurrido en Bucaramanga.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron el 17 de enero de 2023 en el barrio Mutis. La investigación estableció que el hoy condenado, quien se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas, ingresó a una zona boscosa en compañía de la víctima. Horas después, el cuerpo de la mujer fue encontrado semidesnudo y con múltiples heridas ocasionadas con un arma cortopunzante.Durante el proceso judicial, la Fiscalía Seccional Santander presentó pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de Orozco Peña. Entre los elementos de prueba se incluyeron análisis genéticos, el seguimiento de cámaras de seguridad y entrevistas realizadas durante la investigación.Con este material probatorio, las autoridades lograron su captura y posterior judicialización. En su momento, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzaba el proceso que finalmente culminó con la condena de 41 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio.
Fueron legalizadas las capturas de las cinco personas señaladas de participar en el asesinato de María Camila Potosí en Cali y de haberle practicando una cesárea para extraerle su bebé, quien también falleció.La decisión fue adoptada durante la audiencia, en las que un juez avaló la legalidad de los procedimientos realizados por las autoridades. Al cierre de la diligencia, se evaluaba si la Fiscalía continuaría con la imputación de cargos y la solicitud de medidas de aseguramiento o si la audiencia sería aplazada hasta el próximo lunes.Según informó la Fiscalía, los cinco presuntos implicados fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro realizadas en Cali y Tuluá, Valle del Cauca. Durante los operativos también fueron incautados varios teléfonos celulares y una motocicleta que, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido utilizados para cometer el crimen.María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo, desapareció el pasado 16 de julio después de salir de la casa de unos familiares en Cali y abordar una motocicleta conducida por una mujer, hecho que quedó registrado en una cámara de seguridad. Cuatro días después, su cuerpo fue hallado en el sector de La Buitrera, en zona rural de la ciudad, sin la bebé que esperaba.De acuerdo con la investigación, los presuntos responsables le habrían practicado una cesárea de manera rudimentaria para extraer a la bebé, quien también falleció. Según la información conocida durante las audiencias, el cuerpo de la menor fue abandonado posteriormente en una zona boscosa de Cali.Tras las capturas, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reiteró que las autoridades seguirán trabajando para que el caso no quede en la impunidad.
Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer las circunstancias en las que un feto de aproximadamente seis meses de gestación fue hallado al interior de una bolsa negra abandonada en un contenedor de basura del barrio Terrazas del Puerto, en Barrancabermeja.El caso, que ha causado consternación en el distrito, es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con las personas involucradas.Frente a lo sucedido, la directora de las Mujeres de la Alcaldía de Barrancabermeja, Alejandra Taborda, expresó el rechazo de la administración distrital y calificó el hecho como profundamente lamentable.La funcionaria señaló que este caso debe llevar a una reflexión colectiva sobre la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para las mujeres y las familias, así como mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la atención en salud mental y los mecanismos de prevención de las violencias."Nos lleva a replantearnos muchas situaciones, a reflexionar como sociedad y a fortalecer las acciones para que las redes de apoyo funcionen en protección de las familias", manifestó.Taborda explicó que, a través de las políticas públicas de Familia, Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar, así como la de Mujer y Equidad de Género, la administración desarrolla estrategias orientadas a la prevención de las violencias y la promoción de los derechos.La directora indicó que muchos embarazos se desarrollan en contextos de vulnerabilidad, violencia o alto riesgo, por lo que insistió en la importancia de que las instituciones trabajen de manera articulada para garantizar una atención integral y humanizada.Asimismo, aseguró que durante la actual administración no se había registrado un hecho de estas características, por lo que hizo un llamado a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía de Infancia y Adolescencia y demás instituciones competentes para reforzar el acompañamiento a mujeres, niñas y adolescentes que atraviesen situaciones de riesgo.Mientras avanza la investigación, la Alcaldía reiteró su disposición para seguir fortaleciendo las acciones preventivas en los sectores con mayores índices de vulnerabilidad social y violencia intrafamiliar.
La Policía capturó en Riohacha, La Guajira, a alias ‘León’, señalado de liderar durante cerca de diez años una estructura criminal que instrumentalizó a más de 150 mujeres, entre ellas varias menores de edad, para obligarlas a ejercer la prostitución en distintas regiones del país.Durante más de dos años, los investigadores recopilaron pruebas que permitieron establecer el funcionamiento de la red, la cual tenía como centro de operaciones una vivienda en Riohacha, pero extendía su actividad criminal a los departamentos de Bolívar, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Huila, Caquetá, Casanare, Valle del Cauca, Cesar y Norte de Santander.Según las autoridades, alias ‘León’ identificaba y captaba mujeres en condición de vulnerabilidad, muchas de ellas con dificultades económicas, para luego ofrecerlas a través de catálogos digitales publicados en páginas web de servicios de acompañantes y grupos de mensajería instantánea. Mediante fotografías, descripciones y tarifas, las víctimas eran promocionadas como si se tratara de un catálogo comercial.La investigación reveló que la organización realizaba constantes “tours” por diferentes ciudades de Colombia. Las mujeres eran trasladadas de un departamento a otro para atender clientes en hoteles y hostales, mientras permanecían bajo estricta vigilancia. De acuerdo con el expediente judicial, las víctimas no solo debían entregar el 50 % del dinero obtenido por cada servicio, sino que además tenían restringida su libertad de movimiento y eran sometidas a un control permanente sobre sus horarios, desplazamientos y tiempo de permanencia con los clientes.El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Alfonso, explicó que las pruebas recopiladas evidencian un sistema de explotación en el que las mujeres eran obligadas a convivir en condiciones precarias y bajo una subordinación absoluta. Las labores investigativas también permitieron establecer que el hoy capturado habría utilizado a integrantes de su propio núcleo familiar para apoyar el funcionamiento de la organización criminal.Las autoridades señalaron que alias ‘León’ registra antecedentes penales por presuntos vínculos con grupos armados organizados, un aspecto que también hace parte de las investigaciones adelantadas por los organismos judiciales.Tras su captura, el señalado cabecilla fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, que le imputó los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y concierto para delinquir. Un juez de control de garantías legalizó el procedimiento y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
El departamento del Magdalena se convirtió en el primero del país en contar con una Estación Púrpura dentro de una terminal de transporte, una estrategia orientada a brindar atención, orientación y acompañamiento a mujeres víctimas de violencias basadas en género.El nuevo punto de atención fue inaugurado en la Terminal de Transportes de Santa Marta durante un acto institucional en el que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, los ministerios de Transporte y Trabajo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y representantes del sector transportador.La secretaria de Salud del Magdalena, Magda Alarcón, explicó que este espacio permitirá activar de manera inmediata las rutas institucionales de atención para proteger a las mujeres que requieran apoyo. "Hoy entregamos un espacio de protección ciudadana para el debido acompañamiento y activación de ruta profesional para salvaguardar la vida de nuestras mujeres. Celebramos que la Terminal de Transporte de Santa Marta se convierta en la primera del país en contar con una Estación, en donde profesionales capacitados tienen la facultad de activar la ruta", afirmó la funcionaria.Por su parte, la gerente de la Terminal de Transportes de Santa Marta, Rossana Rodríguez, señaló que la iniciativa responde a una necesidad identificada por el alto flujo de pasajeros que registra este escenario. "En el primer semestre, más de dos millones de personas se movilizaron por la terminal y cerca del 60 % son mujeres que pueden estar siendo vulneradas por violencia de género", indicó.La Estación Púrpura contará con personal capacitado para orientar a las víctimas, brindar primeros auxilios emocionales y facilitar el acceso a las entidades competentes, con el propósito de garantizar una respuesta oportuna frente a casos de violencia basada en género.Con esta iniciativa, la Gobernación del Magdalena busca fortalecer la articulación institucional para la protección de los derechos de las mujeres y convertir la Terminal de Transportes de Santa Marta en un referente nacional para la atención integral de víctimas en espacios de alta afluencia de público.
Sigue la incertidumbre e indignación por el caso de María Quevedo, la dueña de una cafetería Rü Patisserie, que fue brutalmente atacada por un extrabajador del lugar, quien además fue dejado en libertad. Ante el hecho, la comunidad, los comerciantes del sector de Usaquén y la Junta de Acción Comunal de Santa Bárbara enviaron una carta a las autoridades judiciales exigiendo garantías para este caso y que sea manejado con enfoque de género y como un caso de violencia extrema contra la mujer.“Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación valorar integralmente los videos, el testimonio de la víctima, la gravedad de las lesiones y el contexto de la agresión. Pedimos que se investigue con enfoque de género y se determine si los hechos corresponden a una tentativa de feminicidio y si existen fundamentos para solicitar una medida de aseguramiento inmediata. No exigimos decisiones por presión mediática, sino una investigación seria y proporcional a la gravedad de lo ocurrido”, concluyen.A este llamado también se une el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien reiteró que es necesaria una aclaración por parte de las autoridades sobre las razones por las que fue dejado en libertad el agresor, identificado como Jesús Acosta.Por otra parte, la Asociación Usaquén Centro Histórico, que también resaltó el actuar de la Policía de Bogotá durante los hechos, solicitó que el caso no quede en el olvido. El gremio, que representa a los establecimientos formales del Centro Histórico del sector de Santa Bárbara Occidental, asegura que sus afiliados “promueven relaciones laborales basadas en el respeto, la responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones legales, convencidos de que estos principios son fundamentales para el desarrollo de un entorno empresarial sano y seguro”, concluye la misiva.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades para fortalecer las acciones de prevención, búsqueda, protección e investigación frente a varios casos de violencia extrema contra las mujeres registrados en los últimos días en diferentes regiones del país.La entidad se refirió a los asesinatos de María Camila Potosí, en Cali, Valle del Cauca; María Alejandra Castaño, en Líbano, Tolima; Herianny Montilla, una adolescente de 16 años, en Barranquilla, Atlántico, y Yasleidis Martínez, en Valledupar, Cesar.Uno de los casos que genera mayor preocupación es el de María Camila Potosí, de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo cuando fue reportada como desaparecida y posteriormente asesinada. La Defensoría pidió a la Fiscalía y a las demás autoridades competentes avanzar de manera inmediata en la búsqueda de la bebé que esperaba la joven, cuyo paradero aún no ha sido establecido. El organismo señaló que, además de esclarecer el crimen, las autoridades deben revisar la oportunidad y la articulación de las acciones desplegadas desde el momento en que se reportó la desaparición de María Camila. También pidió que se mantengan abiertas todas las hipótesis de investigación y que se garanticen los derechos de la familia.Frente al asesinato de Herianny Montilla, la Defensoría reclamó una investigación que permita establecer los móviles y las circunstancias del crimen, teniendo en cuenta que se trataba de una adolescente de 16 años. La entidad recomendó reconstruir no solo el momento de la muerte, sino también los contextos, relaciones, antecedentes de violencia y posibles factores de riesgo que pudieron anteceder el homicidio.La Defensoría recordó que el feminicidio, en muchos casos, está precedido por comportamientos como el control, las amenazas, las agresiones y el aislamiento. Por eso, insistió en la necesidad de identificar e interrumpir las primeras señales de riesgo antes de que se produzcan daños irreparables.En ese sentido, la entidad advirtió que una respuesta temprana y efectiva frente a la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes puede ser una herramienta fundamental para prevenir feminicidios, violencia sexual, trata de personas y otros delitos asociados a la violencia de género.La Defensoría también pidió establecer si las características de algunos de estos casos podrían tener relación con otras actividades delictivas, actores, redes o dinámicas criminales. Por ello, llamó a evitar que estos hechos sean explicados únicamente como episodios de “intolerancia”, conflictos de pareja o situaciones aisladas cuando existan elementos que permitan identificar patrones de violencia o posibles fenómenos de macrocriminalidad.Entre sus solicitudes, el organismo pidió a la Fiscalía avanzar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad en las investigaciones para establecer responsabilidades individuales y comprender los contextos y factores de riesgo que rodearon cada caso.Por su parte la secretaria distrital de la Mujer, Laura Tami, se sumó al llamado y aseguró que la ola de feminicidios que enluta al país exige una respuesta urgente y decidida.“Cada feminicidio es una tragedia que nunca debió ocurrir. Ninguna mujer debería ser asesinada por el hecho de ser mujer”, afirmó la funcionaria, quien respaldó el llamado de la defensora del Pueblo, Iris Marín, para reforzar las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia.En Bogotá, además, las autoridades buscan a dos adolescentes de 16 años reportadas como desaparecidas. Se trata de Viviana Daniela Orozco, vista por última vez el 21 de julio, y Danna Sofía Rodríguez, quien desapareció el 22 de julio y fue vista por última vez en la localidad de Kennedy.La Policía Metropolitana de Bogotá pidió que cualquier información sobre el paradero de las jóvenes sea comunicada de inmediato a la línea 123 o al número 310 301 1308.
La incertidumbre crece para la familia de Olga María Vargas, una mujer oriunda de Santa Rosa del Sur (Bolívar) que completa más de ocho días desaparecida en Bucaramanga, sin que hasta ahora se conozca información sobre su ubicación.De acuerdo con el relato de sus familiares, Olga María llegó a la capital santandereana para acompañar a su esposo, quien permanece internado en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de Santander (HUS).Mientras permanecía en el centro asistencial, la mujer habría sufrido un episodio de epilepsia. Sus allegados aseguran que, tras la emergencia, fue retirada del hospital por personal de seguridad y desde ese momento se perdió todo contacto con ella.La familia manifestó su preocupación debido a que Olga María requiere atención por su condición de salud, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita establecer su paradero.Quienes tengan datos que contribuyan a la búsqueda pueden comunicarse al número 320 819 1650, donde responde Wilson, familiar de la mujer, o informar de inmediato a la Policía Nacional para facilitar su localización.Los allegados reiteraron el llamado a compartir la información y colaborar con las autoridades para lograr encontrar a Olga María Vargas sana y salva.
Las mujeres en Colombia dedican casi tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Así quedó en evidencia luego de que el DANE diera a conocer los resultados de la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado, según los cuales ellas invierten en promedio 23,5 horas semanales en estas labores, mientras que los hombres destinan apenas 8,6 horas, una diferencia de 14,9 horas cada semana.La brecha entre hombres y mujeres también se refleja en el aporte económico. El trabajo realizado por las mujeres equivale al 14,8 % del PIB, mientras que el de los hombres representa el 5,1 %. En total, ellas aportaron el 75,9 % de las más de 44.326 millones de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado durante el año pasado.El DANE identificó que la participación en estas actividades comienza desde edades tempranas. Desde los 10 años ya existe una participación activa en el trabajo doméstico y de cuidado, especialmente entre las mujeres. Sin embargo, la mayor diferencia entre ambos sexos se concentra entre los 27 y los 59 años, etapa considerada como la de mayor productividad.Entre los 26 y los 59 años se registra el mayor valor económico del trabajo de cuidado. De acuerdo con las estimaciones, una mujer genera en promedio cerca de 13,3 millones de pesos anuales por estas labores, mientras que un hombre aporta alrededor de 4,4 millones. Esto equivale aproximadamente a 1 millón 108 mil pesos mensuales para las mujeres y 366 mil pesos para los hombres.El informe explica que la economía del cuidado reúne todas las actividades realizadas dentro de los hogares sin recibir remuneración. Allí se incluyen preparar alimentos, limpiar y organizar la vivienda, cuidar niños, adultos mayores y personas con discapacidad, además de otras labores indispensables para el bienestar de las familias y el funcionamiento de la sociedad.Según el simulador de la Economía del Cuidado del DANE, cada hora de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado tiene un valor aproximado de 8.333 pesos, lo que permite dimensionar el impacto económico de actividades que históricamente no han sido reconocidas dentro de las cuentas nacionales.Los resultados muestran que estas actividades, aunque no generan un salario, representaron el 19,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano durante 2024. El valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado alcanzó los 340,5 billones de pesos, convirtiéndose en una de las actividades con mayor aporte a la economía nacional.Entre todas las actividades desarrolladas en los hogares, la que demanda más tiempo es el suministro de alimentos, que concentra el 36,3 % del total de las horas dedicadas al trabajo de cuidado. Le siguen la limpieza, mantenimiento y reparación del hogar con el 25,9 %; el cuidado y apoyo a personas del hogar con el 14,4 %; el mantenimiento del vestuario con el 11,7 %; las compras y administración del hogar con el 10,5 %, y finalmente las actividades de voluntariado con el 1,2 %.Otro de los hallazgos señala que los hogares con hijos concentran el mayor volumen de estas labores, representando el 37,9 % del total de horas registradas en el país. En este tipo de hogares, las mujeres realizaron el 75,5 % del trabajo doméstico y de cuidado. En los hogares extensos la participación femenina ascendió al 81,5 %, mientras que en los hogares monoparentales con jefatura femenina alcanzó el 88,3 %.Las Cuentas Nacionales de Transferencia del Tiempo también muestran que el cuidado no remunerado se concentra en los primeros años de vida. Las niñas recién nacidas recibieron en promedio 36,8 horas semanales de cuidado, mientras que los niños recibieron 34,3 horas. Esa responsabilidad recae principalmente sobre las mujeres entre los 15 y los 59 años, quienes dedican en promedio 5,2 horas semanales al cuidado directo, frente a 1,5 horas de los hombres.
Una alerta técnica fue presentada ante la Gobernación de Santander por el estado de dos puentes metálicos considerados estratégicos para la conectividad del departamento: el puente Baraya, ubicado sobre el río Fonce en la Ruta del Petróleo, y el puente sobre el río Suárez que comunica con los municipios de El Hato y Palmar.La advertencia fue realizada por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, cuyos integrantes, durante un recorrido reciente por la Ruta del Petróleo, identificaron varias afectaciones que, según advierten, requieren una intervención prioritaria para evitar riesgos en la seguridad vial y en la estabilidad de las estructuras.Uno de los puntos que genera mayor preocupación está en el puente Baraya. La sociedad señala que el estribo norte de la estructura estaría en riesgo de perder estabilidad debido a la socavación que ha sufrido el lecho del río.De acuerdo con la alerta, “a pocos metros aguas abajo del puente funciona una concesión minera dedicada a la extracción de material pétreo. Los ingenieros advierten que, según lo manifestado por habitantes de la zona, antes de que comenzara esta explotación el nivel del río coincidía con la base de la pila, mientras que actualmente el cauce habría descendido cerca de tres metros”.La Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió que la autoridad ambiental revise el impacto de esta actividad y ejerza los controles correspondientes sobre la explotación minera y sobre otras operaciones similares ubicadas en puntos considerados críticos para la infraestructura vial de Santander.El segundo llamado de atención corresponde al puente sobre el río Suárez, ubicado en el ramal que conduce hacia El Hato y Palmar. Allí, los ingenieros encontraron un deterioro aún mayor de la pintura anticorrosiva y una afectación en uno de los elementos de la estructura metálica.Según el documento, la primera diagonal de la cercha norte, en el costado occidental, fue golpeada por un vehículo y permanece doblada. La Sociedad Santandereana de Ingenieros advierte que esta deformación afecta las condiciones de trabajo de la estructura y genera riesgos para su estabilidad. Aunque aparentemente la baranda fue reparada, el elemento estructural no habría recibido la misma intervención.La organización recordó que ambos puentes tienen cerca de un siglo de construcción. Fueron levantados en 1938 y, pese a su antigüedad, continúan prestando servicio y hacen parte de la red vial del departamento, con importancia para la movilidad, la actividad económica y el turismo.Ante este panorama, la Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó al gobernador Juvenal Díaz Mateus instruir a la Secretaría de Infraestructura para que realice una inspección técnica prioritaria, determine el alcance de los daños y establezca las intervenciones necesarias.También pidió coordinar con las autoridades ambientales la revisión de la licencia y de la operación de la concesión minera ubicada cerca del puente Baraya, debido a la preocupación por la posible relación entre la extracción de material y la acelerada socavación del lecho del río.
Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) dieron un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al convertirse en una institución universitaria, cambio que abre la posibilidad de ampliar su oferta académica y ofrecer programas de formación de posgrado.La transformación se concretó después de ocho años de proceso y representa un cambio que va más allá del nombre de la institución, pues permitirá a las UTS ampliar sus niveles de formación y avanzar en una oferta académica que incluya programas de posgrado.Uno de los primeros proyectos será la Maestría en Administración de Empresas, cuyo proceso avanza ante el Ministerio de Educación Nacional y que, de acuerdo con las proyecciones de la institución, podría comenzar a ofrecerse el próximo año.El rector de las UTS, Omar Lengerke, destacó que esta transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Santander y anunció que la institución proyecta nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento.“Ingresan a una nueva institución. Se matricularon en las Unidades y hoy ingresan a la Universitaria Tecnológica de Santander, una universidad acreditada en alta calidad. Vamos a tener programas en el área de la salud, posgrados, maestrías y doctorados. Con orgullo, de aquí en adelante van a decir: estudian en la Universitaria Tecnológica de Santander”, afirmó Lengerke.De acuerdo con el rector, entre las áreas que se busca fortalecer están salud, comunicación y humanidades, con nuevos programas que respondan a las necesidades de formación de la región.Otro de los aspectos destacados es el acceso a la educación superior. Según Lengerke, actualmente el 98 % de los estudiantes de las UTS cuenta con gratuidad, una condición que, aseguró, hace parte del compromiso de la institución de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.Con este cambio, las UTS buscan ampliar progresivamente su oferta académica y consolidarse como una institución con nuevos niveles de formación para estudiantes y profesionales de Santander.
Varias subregiones de Antioquia registran emergencias por las recientes precipitaciones y fuertes vientos. Las autoridades reportan daños en viviendas, cultivos y vías en los municipios de Santa Bárbara, Apartadó, Carepa y Chigorodó.En el municipio de Santa Bárbara, un fuerte vendaval afectó sectores urbanos como la calle Sucre, Alto de las Guacas y Alto de las Hermanas, así como las veredas Corozal, Los Charcos, El Vergel, La Úrsula y Guayabales. El saldo preliminar es de 40 familias damnificadas por daños en cubiertas, interrupciones en el servicio de energía y afectaciones en cultivos de plátano, café y mango.Por otra parte, en la subregión del Urabá antioqueño, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y desbordamientos. En Apartadó, los habitantes sufren su cuarta inundación del año debido al desbordamiento de afluentes, a pesar de las obras de mitigación realizadas previamente con muros de contención con llantas recicladas y cemento.En Carepa, el desborde del río Vijagual y las anegaciones en el barrio El Oasis dejaron cerca de 30 personas afectadas y problemas de movilidad; una damnificada del municipio cuenta lo que perdió tras la inundación."Era de día, empezó a llover, yo no pensé que se subía. Y, a pesar de que atranqué mi puerta con bolsas, trapos, cuñas, siempre entró como dos hileras de adobe. Se mojó mi basecama, pero pude salvar lo de más", indicó la mujer afectada.Entre tanto, en Chigorodó, las intensas lluvias generaron familias damnificadas y daños viales críticos en la vereda Remigio, donde la pérdida total de la banca dejó incomunicada a la comunidad. Asimismo, las autoridades evalúan procesos erosivos en la zona. "Se mantienen activos todos los protocolos y los procesos de atención de la emergencia para control de inundaciones. Y en el municipio de Chigorodoque se presenta afectación vial de una de las veredas principales. Ya el Dagran dispuso maquinaria en territorio para dar conectividad inmediata a las personas que se encuentran incomunicadas en este momento", señaló la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes Zúñiga.Los consejos municipales de gestión del riesgo de Carepa y Apartadó, en articulación con el Dagran, mantienen activos los protocolos de atención desde el pasado 6 de febrero para adelantar la caracterización de daños, la entrega de ayudas humanitarias y la recuperación de las vías afectadas en el Urabá.
Los terremotos registrados en Colombia y Venezuela durante los últimos meses ocurrieron en zonas diferentes y a profundidades muy distintas, pero ambos hacen parte de una dinámica geológica regional que los expertos identifican como un mismo “contexto tectónico”.La explicación fue entregada por Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en entrevista con la agencia EFE, al analizar el movimiento de magnitud 7,4 registrado en Colombia y compararlo con los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.Para el especialista, la conexión está en la interacción de las placas tectónicas que atraviesan esta parte de Suramérica. Sin embargo, esto no significa que el terremoto ocurrido en Colombia haya sido provocado directamente por los sismos de Venezuela.¿Qué relación tienen los terremotos de Colombia y Venezuela?Pérez explicó que ambos fenómenos se encuentran dentro de una misma configuración tectónica regional, aunque las placas involucradas directamente no son exactamente las mismas.En Venezuela, la actividad sísmica está relacionada principalmente con la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. En el occidente colombiano, por su parte, interviene la placa de Nazca, que interactúa con la placa Sudamericana.El geólogo explicó que, al seguir la estructura geológica asociada con la zona donde se produjeron los terremotos venezolanos hacia el oeste y hacia abajo, se llega al área relacionada con los eventos sísmicos registrados en Colombia.Por eso, Pérez habla de un mismo contexto tectónico, pero no de un único terremoto ni de una conexión directa de causa y efecto.Hay una diferencia clave entre ambos terremotosAunque existe esa relación regional, los terremotos presentan una diferencia fundamental: la profundidad a la que ocurrieron.Los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio tuvieron profundidades cercanas a los 10 kilómetros, mientras que el movimiento colombiano ocurrió aproximadamente a 100 kilómetros de profundidad.También existe una considerable distancia geográfica. De acuerdo con Pérez, los epicentros de ambos eventos están separados por alrededor de 1.000 kilómetros.Estas diferencias hacen que las consecuencias sobre la superficie puedan ser distintas, incluso cuando los dos fenómenos se encuentran dentro de un contexto tectónico relacionado.¿Por qué sorprendió tanto el terremoto de Colombia?Para el geólogo del IGME, uno de los aspectos que deberán estudiar con especial atención es la cantidad de daños producidos por un terremoto que ocurrió a una profundidad considerable.Pérez calificó el fenómeno colombiano como “bastante complejo” y señaló que será necesario analizarlo a fondo, precisamente porque un sismo de estas características y profundidad puede presentar particularidades importantes.El experto explicó que se trató de un terremoto relacionado con la dinámica de la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.La profundidad también es relevante para entender cómo se propagaron las ondas y por qué el movimiento pudo sentirse en una amplia zona del país.¿Por qué en algunas zonas el terremoto se sintió durante más tiempo?Otro elemento que ayuda a explicar las diferencias en la percepción del terremoto es el llamado efecto de sitio.Pérez explicó que las propiedades geológicas y mecánicas del terreno pueden modificar el comportamiento de las ondas sísmicas. En determinadas condiciones, el suelo puede amplificar tanto la frecuencia como la amplitud del movimiento.Esto no solo puede hacer que las personas perciban el terremoto durante más tiempo, sino que también puede incrementar el impacto sobre las construcciones ubicadas sobre determinados terrenos.El especialista recordó, sin embargo, que los terremotos no pueden predecirse y que el seguimiento posterior permite evaluar escenarios, no anticipar con certeza la hora o magnitud de un próximo movimiento.Por otro lado, Pérez mencionó el caso del volcán Puracé, que se encuentra en actividad moderada y presentó cambios que, según el experto, deben ser objeto de seguimiento.En este punto, el análisis científico busca establecer si existe algún tipo de interacción entre los diferentes procesos geológicos y evaluar su evolución.
La Gobernación de Antioquia y los consejos de gestión del riesgo desplegaron una operación de apoyo humanitario y técnico hacia los departamentos vecinos de Chocó y Risaralda, afectados por la emergencia.Desde el Puesto de Mando Unificado, encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón, se coordinó el envío de cuatro helicópteros civiles con 18 rescatistas especializados de la Cruz Roja y la Defensa Civil hacia el Chocó.Adicionalmente, por vía terrestre se movilizaron 100 soldados del Ejército, 22 unidades de la Cruz Roja y 11 de la Defensa Civil, acompañados de tres binomios caninos expertos en búsqueda y rescate. Edwin Montoya es coordinador de la misión por parte de la Cruz Roja."En total, la Cruz Roja se movilizó con 30 voluntarios de rescate. Vamos conectados con colegas de la defensa civil y vamos a conectar allá con bomberos locales. Ahí habrá un equipo de coordinación que nos conectará con las entidades que estén allá desarrollando acciones para nosotros entrar a apoyarlos de la mejor manera posible", expuso.Por su parte, desde la ciudad de Medellín se enviaron a Quibdó un equipo especializado de 21 bomberos, 2 ingenieros expertos en estructuras y 2 caninos de búsqueda, con equipos de rescate, drones, sistemas de localización y capacidad para levantar cargas.Asimismo, el municipio de Sabaneta desplegó un equipo especializado de 12 bomberos y 5 perros de búsqueda rumbo a Pereira. "Que se han desplazado a la ciudad de Pereira, 12 de nuestros bomberos más 5 caninos, acompañados por nuestro capitán Carlos Andrés, de nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de Sabaneta, para apoyar las labores de búsqueda y rescate", destacó el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz.Mientras tanto, el DAGRAN dispuso el desplazamiento del grupo COL-26, unidades de Ponalsar y más cuerpos de socorro hacia territorio risaraldense para apoyar las labores de salvamento. "Desde el departamento de Antioquia hemos desplegado toda nuestra capacidad operativa e institucional para atender esta emergencia y, sobre todo, la valoración de daños. Ya enviamos unidades de apoyo de la defensa civil y de la Cruz Roja a este, a la ciudad de Quibdó, y muy seguramente el día de mañana, vía terrestre, estamos enviando equipos y más personal de apoyo", expuso Vanessa Paredes Zúñiga, directora del DAGRAN.En cuanto al balance preliminar en Antioquia se evalúan afectaciones en 80 municipios, las autoridades reportan una persona fallecida, 12 lesionadas, 697 viviendas con daños, 39 iglesias afectadas y 122 instituciones educativas con perjuicios en su infraestructura.
