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En medio de la polémica por el retiro de visas a magistrados, efectuada por Estados Unidos, miembros de las altas cortes se pronunciaron de manera conjunta.
La rueda de prensa fue encabezada por Lucy Jeannette Bermúdez, presidenta de la Corte del Consejo de Estado; Gloria Stella Ortíz, presidenta de la Corte Constitucional; y Patricia Linares, presidenta de la Justicia Especial de Paz.
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“El Gobierno en su rol hizo una intervención en favor de unos jueces que le informaron que había una presión mediática o que podría entenderse como una presión mediática, por eso entendemos que habló con el embajador de Estados Unidos”, indicó la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortíz.
"Somos árbitos, nosotros asumimos una posición neutral y esa es la garantía que queremos darle al país", declaró la magistrada.
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Sobre la ausencia de representación de la Corte Suprema en el pronunciamiento, Ortíz aseguró que miembros de ese tribunal aseguraron que ya habían dado a conocer su posición en un comunicado.
Mensaje de independencia y autonomía
Las presidentas de las altas cortes de Colombia aseguraron que seguirán administrando justicia "sin presiones" ni "favoritismo", en un pronunciamiento por la controversia que desató en el país la revocatoria de visas de Estados Unidos a varios magistrados.
"Queremos darle al país la confianza de que tomaremos decisiones sin presión, de que la institucionalidad se preserva con independencia y autonomía", dijo Ortiz.
"Las Cortes han ejercido y continuarán ejerciendo sus funciones jurisdiccionales, con autonomía e independencia de cualquier influencia ajena, proveniente de cualquier fuente o por cualquier razón", añadieron las cortes en un comunicado.
Ortiz agregó que "la correcta administración de justicia debe obrar sin favoritismos", sin citar directamente al Gobierno de Estados Unidos ni la cuestión de las visas.
La magistrada aclaró que el presidente colombiano, Iván Duque, habló con el embajador de EE.UU. en el país, Kevin Whitaker, "sobre la preocupación de mantener una justicia imparcial, tranquila y sin presiones para la toma de decisiones".
La controversia comenzó días atrás cuando la revista Semana informó de que Estados Unidos le revocó el visado a los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, y a Eyder Patiño, de la Corte Suprema de Justicia.
Según la publicación, Fajardo y Lizarazo pudieron recuperar el visado después de presentar a la sede diplomática unos documentos en los que se certifica que no tienen asuntos pendientes con la justicia.
La determinación de cancelar las visas, según Semana, la tomó el Gobierno de Estados Unidos por supuestas decisiones judiciales que afectan los intereses de ese país en Colombia, entre ellos la extradición.
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Este es el comunicado leído por las magistradas:
“La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunales que integramos en Colombia el poder judicial, sometidos al imperio de la Constitución y de la ley, estamos convencidos de que uno de los pilares de la democracia constitucional moderna es la independencia judicial, tanto en sus aspectos individuales como institucionales.
La integridad, independencia e imparcialidad de la judicatura son requisitos esenciales para la protección efectiva de los derechos humanos y la garantía de un orden jurídico justo.
La confianza pública en las instituciones y en particular, en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad de los jueces son esenciales para la convivencia.
La correcta y efectiva administración de justicia debe obrar sin favoritismos, predisposiciones ni prejuicios. La sociedad colombiana debe tener confianza en el valor supremo que es la independencia de los jueces.
La Constitución entrega a sus jueces, la majestad de la justicia y nos corresponde a quienes integramos el poder judicial hacerla respetar obrando con dignidad y con estricto apego al ordenamiento jurídico.
Las Cortes han ejercido y continuarán ejerciendo sus funciones jurisdiccionales, con autonomía e independencia de cualquier influencia ajena, proveniente de cualquier fuente o por cualquier razón.
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El país puede tener la tranquilidad de que quienes ejercemos la magistratura actuaremos de conformidad con nuestras convicciones, con la firmeza de preservar la institucionalidad y con el compromiso que hemos adquirido ante la sociedad de administrar justicia imparcial, objetiva y transparente”.
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