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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó su informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc en Colombia. En primer lugar se refirió a las elecciones a la Presidencia, celebrando que se llevaron a cabo en condiciones mayoritariamente pacíficas.
Por otro lado, también calificó de históricas las audiencias de reconocimiento que se hicieron en Ocaña, en las cuales 10 militares y un civil aceptaron su responsabilidad por falsos positivos. También las del antiguo secretariado de las Farc que reconocieron su responsabilidad en casos de secuestro.
Guterres también celebró que el presidente electo, Gustavo Petro, se haya comprometido a implementar el acuerdo de paz: “Acojo con beneplácito los compromisos ya expresados por el presidente electo, sr. Petro, para impulsar la implementación del acuerdo final, y puedo asegurar que las Naciones Unidas prestarán pleno apoyo a ese esfuerzo”.
También se refirió a la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', asegurando que: “Se desestimaron las acciones judiciales presentadas por organizaciones de víctimas para impedir la extradición, en las que se alegó que la extradición afectaría los derechos de las víctimas a la reparación y la verdad por crímenes relacionados con el conflicto”.
Los avances en la implementación del acuerdo de paz, para la ONU, están en el proceso de reincorporación de los excombatientes de la guerrilla de las Farc, siendo uno de los desafíos la sostenibilidad económica del proceso.
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Asimismo, desde la ONU destacaron la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y pidieron a la sociedad colombiana acoger sus recomendaciones: "Invito a todos los colombianos y las colombianas a recibir el trabajo de la Comisión con el máximo respeto y apertura. Sus recomendaciones reflejan la
esperanza de miles de víctimas por un futuro en el que nadie más tenga que soportar su mismo dolor”.
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Y una de las preocupaciones más grandes gira sobre a la presencia integral del Estado en las zonas que históricamente se han visto afectadas por el conflicto. Lo que afectaría además la seguridad de los excombatientes.
“En consecuencia, los logros iniciales en materia de seguridad se ven cada vez más amenazados por la proliferación de actores armados ilegales que, ante la ausencia de una sólida capacidad institucional, compiten por las economías ilícitas y por el control del territorio”.
Al menos 327 firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados desde el año 2016 y todavía se presentan rezagos en materia étnica.
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“Esta situación es especialmente preocupante porque comunidades, líderes y excombatientes indígenas y afrocolombianos siguen siendo víctimas de grupos armados ilegales”.
Recordemos que la JEP ordenó al Gobierno garantizar una renta básica a los hijos de los excombatientes que han sido asesinados, sin embargo, las garantías para los menores siguen siendo una preocupación para la ONU.
“Los hijos de excombatientes siguen teniendo un acceso limitado a servicios y cuidados básicos dentro y fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, como educación, nutrición y guarderías”.
El llamado de Guterres es también para que el gobierno entrante apoye el proceso de reincorporación.
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