El presidente Gustavo Petro reprochó este miércoles a la delegación de Estados Unidos ante la ONU por levantarse de una sesión del Consejo de Seguridad cuando él hablaba sobre los nazis."Es lamentable que el pueblo que nos ayudó a extinguir a Hitler se retire en este momento", declaró Petro en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la búsqueda de soluciones de paz para Oriente Medio que dirigió con motivo de la presidencia colombiana del órgano.Mientras el presidente colombiano alertaba de los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y lo vinculaba con el auge de las posturas antiinmigratorias y el nazismo, la representante estadounidense que en ese momento ocupaba el asiento en el Consejo de Seguridad se marchó de la sala y se intercambió con otra persona de la delegación, algo habitual en el funcionamiento del órgano.Jennifer Locetta, representante suplente de los Estados Unidos ante la ONU, fue la funcionaria que se levantó, pero después fue la encargada de exponer la postura de su país."Yo estoy en la lista OFAC y estoy en la lista OFAC por mis ideas", aseguró Petro tras su reproche a EE.UU.El mandatario fue incluido en octubre de 2025 en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC), en la que se suele incluir a personas señaladas por narcotráfico, corrupción o terrorismo, entre otros casos."No hay que avergonzarse de haber luchado contra nazis y haberlos derrotado al lado de otros pueblos de Europa, porque da pena ahora y se retiran", insistió.Durante su intervención, Petro hizo alusión en varias ocasiones al nazismo y puso como ejemplo la oleada de violencia antiinmigratoria desatada en Belfast (Irlanda del Norte)."En mi opinión, Belfast está sufriendo algo parecido a lo que ha sufrido Colombia. (...) El poder la inteligencia artificial (IA) está detrás de los hechos de violencia de Belfast como está actualmente atrás de los hechos de violencia en Colombia, en medio de elecciones", declaró.Por su parte, el representante permanente de Reino Unido ante la ONU, James Kariuki, aunque cargó contra los ataques, se opuso a "confundir los actos individuales de violencia y los actos atroces cometidos por los nazis durante el Holocausto"."No es conveniente aprovechar los actos criminales individuales enmarcados jurídicamente por un político, no por la justicia del Reino Unido en culpabilidad colectiva transformada después del racismo y que hay que cuidar en todas partes del mundo", le reprochó Petro.
El presidente Gustavo Petro, ya llegó a Nueva York donde encabezará una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, órgano que durante este mes preside Colombia."El presidente de la República se trasladará el día 9 de junio de 2026 a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", señala la Presidencia en un decreto en el que Petro delegó durante su ausencia las funciones presidenciales al ministro de Hacienda, Germán Ávila.Petro participará el miércoles en la reunión 'Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera', y su regreso al país está previsto para el próximo jueves 11."Este debate buscará promover una reflexión colectiva sobre la necesidad de privilegiar la diplomacia y las soluciones políticas frente a la expansión de los conflictos. Colombia viene a hablar de paz y no de guerra", indicó la representante permanente de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, durante una rueda de prensa la semana pasada.Antes de su viaje, el mandatario aseguró que durante la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad, que comenzó el pasado 1 de junio y se extenderá durante todo el mes, el país defenderá la "paz mundial", el derecho internacional y la búsqueda de soluciones diplomáticas a los conflictos."En mi Gobierno la postura de Colombia es la paz mundial, el derecho internacional y la ley internacional que debe respetarse", expresó Petro el pasado viernes durante una ceremonia de ascensos del Ejército en Bogotá.Según explicó Zalabata, la agenda colombiana al frente del Consejo de Seguridad estará centrada en la paz en Oriente Medio y en el impacto de los conflictos armados sobre las mujeres, los niños y el acceso a la educación.Se espera que Petro se reúna con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aunque el encuentro todavía no está confirmado, y que participe en la cumbre 'Dignidad en Democracia', donde se abordarán asuntos relacionados con la economía y las instituciones democráticas.
En una nueva sesión ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, pidió al estado colombiano garantizar unas elecciones seguras y condenó las amenazas contra aspirantes a la Presidencia, en un momento clave de la campaña.“Con la campaña electoral ya a toda marcha de cara a las elecciones del 31 de mayo, la misión está sumando su voz al llamado de las autoridades y de todos los concernidos para garantizar un entorno pacífico y seguro, libre de violencia y de estigmatización. Reitero mi condena por las supuestas amenazas contra candidatos presidenciales. E insto, una vez más, a las autoridades estatales a que garanticen la seguridad y protección de todos los participantes en el proceso electoral”, afirmó el Jefe de la Misión.En la misma línea, la representante de Estados Unidos ante la ONU, Jennifer Locetta, expresó preocupación por posibles riesgos a la integridad de las elecciones y recordó antecedentes de violencia política en el país.“Ahora que se acercan las elecciones presidenciales en Colombia, Estados Unidos sigue atento a cualquier acto por parte de grupos que intenten amenazar la integridad de estas elecciones que se producen tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el año pasado. Algo que nos recuerda los días oscuros de la violencia política en Colombia, donde se mataba, secuestraba a los líderes políticos y se les impedía hacer campaña libre. Condenamos las amenazas de muerte contra los candidatos presidenciales en Colombia”, señaló Jenča.Durante la sesión, Colombia presentó su informe ante el Consejo, destacando avances en la implementación del acuerdo de paz, aunque advirtió que persisten focos de violencia en zonas rurales y la necesidad de “redoblar las garantías de seguridad” de cara a las elecciones del 31 de mayo.Jenča subrayó que el proceso de paz ha tenido logros significativos, como el hecho de que más de 11.000 excombatientes de las antiguas FARC continúan en su proceso de reincorporación casi una década después de la dejación de armas. Sin embargo, advirtió que el país aún enfrenta desafíos importantes, especialmente en regiones donde operan grupos armados ilegales.Entre las principales preocupaciones, mencionó el reclutamiento de menores y la situación en regiones como el Catatumbo, donde la población civil queda atrapada en medio de disputas armadas en zonas con alta presencia de cultivos ilícitos.De cara al futuro político del país, el jefe de la misión advirtió que el próximo gobierno tendrá un reto “formidable” en la consolidación de la paz en los territorios más afectados por el conflicto.La voz de las comunidades también estuvo presente. Desde el Catatumbo, la lideresa Olga Lucía Quintero advirtió que avanzar de manera parcial en la implementación del acuerdo “debilita su esencia” y que solo su cumplimiento integral permitirá atacar las causas estructurales de la violencia.“Cada incumplimiento, cada retraso, cada intento de de desconocerlo pactado representa un golpe a la esperanza de millones de colombianos y colombianas y del mundo, que observa ese acuerdo como un referente para la superación de la violencia que hoy prolifera en el planeta”, señaló Quintero.En el plano internacional, varios países coincidieron en la necesidad de acelerar la implementación del acuerdo y fortalecer la presencia del Estado. El representante de China, Sun Lei, señaló que la violencia y los grupos armados siguen amenazando a líderes sociales y excombatientes, y expresó su respaldo a los esfuerzos del Gobierno para mejorar la seguridad, especialmente en el contexto electoral.Por su parte, el embajador del Reino Unido, James Kariuki, enfatizó que el acuerdo de paz requiere inversión sostenida y liderazgo firme, y calificó como “inaceptable” el asesinato de 491 firmantes de paz.El representante permanente Adjunto de Francia ante la ONU, Jay Dharmadhikari, también reiteró su llamado a acelerar la implementación mediante una mayor coordinación institucional y una presencia más sólida del Estado en el territorio, mientras que el Embajador Vassily Nebenzia, Representante Permanente de la Federación de Rusia ante la ONU, advirtió que cerca del 60% de los municipios del país tienen presencia de grupos armados, lo que hace urgente consolidar el control estatal.“Este acuerdo firmado entre el gobierno y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, no es una opción más en el menú político del Gobierno nacional, es una base para la reconciliación nacional y contiene compromisos asumidos voluntariamente por las partes y respaldados por resoluciones del consejo de seguridad”, añadió Nebenzia.Además, Estados Unidos manifestó preocupación por el narcotráfico y la violencia asociada a organizaciones ilegales, señalando que estas dinámicas no solo afectan a Colombia, sino a toda la región. También rechazó las amenazas de estructuras armadas contra la Misión de la ONU en territorios bajo control de disidencias.“Estados Unidos condena a todos cuantos procuren socavar la paz mediante el narcotráfico y las actividades terroristas. Estados Unidos sigue designando a los grupos activos en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras, cortando sus fondos y sus recursos. No ha de haber impunidad por los actos de terror o violencia cometidos por grupos ilegales armados”, concluyó Locetta.
Colombia comenzó oficialmente este 1 de enero de 2026 su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2026-2027, tras haber sido elegida por la Asamblea General el pasado 3 de junio de 2025 con 180 votos.Durante los próximos dos años, Colombia tendrá voz y voto en el órgano más poderoso del sistema multilateral de la ONU, participando en decisiones relacionadas con conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros asuntos prioritarios para la seguridad internacional.En el comunicado donde se comunicó el inicio de la participación del país en el Consejo Superior, se hizo hincapié en que la participación colombiana estará guiada por los principios históricos de su política exterior: el respeto al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos, la defensa de la soberanía de los Estados, el principio de no intervención y la resolución pacífica de las controversias.Asimismo, el país promoverá la diplomacia como herramienta fundamental para la construcción de la paz, con un enfoque centrado en las personas.Esta será la octava ocasión en la que Colombia ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad, luego de su más reciente participación en el período 2011-2012, lo que reafirma su compromiso sostenido con el multilateralismo y la promoción de la paz internacional.
El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el próximo martes 23 por la tarde una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela, confirmó este jueves la presidencia rotatoria del órgano.Venezuela pidió el miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano, informó la Cancillería venezolana.El martes, Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.Laura Miklic, portavoz de la Misión Permanente de Eslovenia ante la ONU, afirmó que está previsto "convocar una reunión sobre Venezuela el martes" por la tarde.Miklic señaló que la convocatoria, a petición de Venezuela, se realiza en el marco de las funciones de la presidencia rotatoria, que Eslovenia ejerce durante todo el mes de diciembre.La solicitud de Venezuela de celebrar una sesión de emergencia ante el Consejo de Seguridad llega en un contexto de creciente tensión por las sanciones estadounidenses, que afectan directamente al transporte y comercio de petróleo del país sudamericano.La reunión permitirá a los miembros del órgano analizar la situación y evaluar posibles medidas colectivas, aunque la presidencia no ha precisado aún los temas concretos que se debatirán ni si habrá participación de representantes de Caracas.Eslovenia, como presidencia rotatoria, tiene la autoridad para dirigir los debates y facilitar la coordinación entre los miembros del Consejo.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes un proyecto de resolución elaborado por Estados Unidos sobre Gaza basado en el plan de 20 puntos de Donald Trump y que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino.La resolución, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.Durante la reunión, a la que asistió el embajador israelí pero en la que no estuvo presente ninguna representación palestina, el embajador estadounidense ante el organismo, Mike Waltz, instó primero a apoyar la resolución para posteriormente felicitar a los miembros por "unirse" y aprobar el documento.Según él, la resolución niega a Hamás una oportunidad de reconstituirse y asegura que "el pueblo de Gaza pueda alimentarse"."Si la región más afectada, las naciones árabes, las naciones de mayoría musulmana, los palestinos y los israelíes pueden aceptar esta resolución, ¿cómo puede alguien oponerse? Hay un viejo dicho de donde vengo: no se puede ser más católico que el Papa", apostilló el diplomático justo antes de la votación.Walt llamó a la Junta de Paz, que a priori estará dirigida por Trump, la "piedra angular" de la iniciativa, y adelantó que habrá "un comité tecnócrata de palestinos responsable de las operaciones de la administración y servicio civil de Gaza" mientras la Autoridad Palestina "implementa su programa de reformas".También describió las funciones de la fuerza internacional de estabilización relativas a la seguridad del entorno y de los civiles palestinos, la desmilitarización de Gaza, el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y el decomiso de armas, y vaticinó unas inversiones que "revitalizarán" el enclave."La adopción de la resolución hoy demuestra el abrumador apoyo a la visión del presidente para una Gaza estable donde los palestinos determinen su propio destino libres de la norma y la violencia terroristas", agregó.Una fuerza "para hacer cumplir la ley"La ISF tiene previsto funcionar como una fuerza encargada de hacer cumplir la ley, no como una fuerza de mantenimiento de la paz, con tropas de distintos aliados y en coordinación con la Junta.LA ISF también tendrá el encargo de velar por el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, incluida la destrucción y prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar, así como el desarme permanente de los grupos armados no estatales."La Junta de Paz coordinará la reconstrucción mediante un fondo fiduciario respaldado por el Banco Mundial para recuperar y retransformar las vidas hechas añicos anteriormente", señaló Waltz.La Misión de EE.UU. explicó la semana pasada que llevaba desde mitad de octubre redactando una resolución con Catar, Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, y cuyo objetivo era desarrollar el plan de Trump.Rusia, por su parte, presentó el pasado viernes su propio borrador en el que reivindicaba la solución de dos estados para Israel y Palestina y emplazaba al secretario general de la ONU a preparar un informe para el Consejo con "opciones" para implementar el plan de Trump.Waltz se limitó a señalar que la resolución aprobada hoy traza "una posible vía hacia la autodeterminación palestina" una vez que la Autoridad Palestina haya "completado sus reformas necesarias".La tregua en Gaza comenzó el pasado 10 de octubre como parte de un plan de 20 puntos que incluye la devolución de rehenes israelíes, la liberación de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas de Israel en su primera fase.La segunda fase de la propuesta estipula la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo de naciones árabes e islámicas.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que podría marcar un nuevo capítulo en el conflictivo panorama de Oriente Medio. Con 13 votos a favor y la abstención de Rusia y China, el organismo respaldó una propuesta impulsada por Estados Unidos que contempla el despliegue de una fuerza internacional en la Franja de Gaza, así como la creación de condiciones que permitan avanzar hacia un eventual Estado palestino.La iniciativa forma parte del plan de paz promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, que ha sido objeto de múltiples revisiones y negociaciones en las últimas semanas. Washington celebró el resultado de la votación y lo calificó como un hito “histórico y constructivo”, al considerar que abre una vía para disminuir la tensión regional y reconstruir un territorio profundamente afectado por la guerra.El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, destacó que la aprobación de la resolución representa “un paso significativo para que Gaza pueda prosperar y para que Israel encuentre un entorno más seguro”. Sus declaraciones subrayan la intención del gobierno norteamericano de posicionar este plan como una alternativa viable para frenar la espiral de violencia que ha marcado los últimos años.La Franja de Gaza continúa enfrentando las consecuencias de dos años de enfrentamientos, operativos militares y bombardeos. Las hostilidades se intensificaron tras el ataque lanzado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, desencadenando una ofensiva que dejó gran parte del enclave en ruinas y provocó una crisis humanitaria de enormes proporciones. En medio de este escenario devastado, el frágil alto el fuego logrado recientemente ha sido fundamental para permitir negociaciones internacionales.La resolución aprobada incorpora como eje central la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, conocida como ISF por sus siglas en inglés, un componente destinado a trabajar junto a Israel, Egipto y fuerzas policiales palestinas capacitadas recientemente. Su papel será garantizar el control de las zonas fronterizas y promover la desmilitarización del territorio, una de las condiciones más sensibles del acuerdo.Entre las funciones principales de la ISF se incluyen la eliminación permanente de armamento perteneciente a grupos armados no estatales, la protección de civiles y la supervisión de los corredores humanitarios para asegurar que la población reciba asistencia. Este último punto es especialmente relevante en un contexto en el que la distribución de alimentos, medicinas y suministros básicos se ha visto seriamente comprometida.Aunque la resolución abre una ventana de esperanza, también implica un enorme desafío logístico y político. La presencia de fuerzas internacionales en Gaza siempre ha sido un tema delicado, tanto para las autoridades palestinas como para los países vecinos. No obstante, la comunidad internacional considera que la estabilización del territorio es indispensable para avanzar hacia un escenario de convivencia y, eventualmente, hacia la materialización de un Estado palestino.Con esta decisión, la ONU envía un mensaje de compromiso renovado con la paz en la región. Ahora, la tarea será convertir el acuerdo en acciones concretas, un reto que dependerá tanto de la voluntad política de los actores involucrados como de la capacidad de la ISF para operar en un terreno marcado por la desconfianza y la destrucción.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, anunció que se están explorando nuevas vías de cooperación con el sistema de Naciones Unidas para continuar acompañando la implementación de las sentencias y decisiones de esta justicia transicional, luego de la reciente decisión del Consejo de Seguridad de la ONU.“A través de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas estamos explorando otras vías contempladas en el Acuerdo de Paz”, explicó Ramelli, quien reiteró la importancia del respaldo internacional para garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación, verdad y no repetición.Por su parte, Scott Campbell, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que este organismo mantendrá su disposición de acompañar los procesos de justicia transicional, especialmente los liderados por la JEP, como parte del compromiso de la comunidad internacional con la consolidación de la paz en Colombia.A su turno, la coordinadora residente de la ONU en Colombia, Mireia Villar Forner, destacó que las Naciones Unidas seguirán acompañando los siete años que restan del mandato inicial de la JEP, tal como lo han hecho desde su creación en 2017.“Hemos dejado abierta la posibilidad de explorar mecanismos de verificación de las acciones, algo que aún hay que construir y definir”, añadió Villar, al referirse a las alternativas de cooperación que se diseñarán entre la ONU y la jurisdicción.Con estos anuncios, tanto la JEP como las agencias de Naciones Unidas ratificaron su compromiso de seguir trabajando juntas para garantizar la implementación integral del Acuerdo de Paz y el fortalecimiento del sistema de justicia transicional en Colombia.
El presidente del partido Comunes y exjefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, envió una carta al presidente Gustavo Petro Urrego en la que solicita gestionar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una ampliación del mandato de la Misión de Verificación en Colombia, con el fin de que esta pueda acompañar y supervisar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).En la misiva, Londoño, quien firmó como representante de una de las partes contratantes del Acuerdo Final de Paz, recordó que el pacto suscrito en 2016 fue un “hito histórico” que permitió poner fin a más de cinco décadas de guerra y avanzar en procesos de justicia, reparación y reforma rural. Señaló que, aunque el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 31 de octubre una nueva resolución que renueva el mandato de la misión, lamentó que el componente de justicia y el capítulo étnico no fueran incluidos dentro de las tareas de verificación.El líder del partido Comunes citó el punto 5.1.2 del acuerdo final, que establece la creación de un mecanismo internacional para verificar el cumplimiento de las sanciones propias que imponga la JEP. En ese sentido, pidió al presidente Petro elevar una solicitud conjunta con el secretario general de la ONU y la Presidencia del Consejo de Seguridad para que se incluya dicha función en el mandato de la misión.“Es fundamental para el éxito del Acuerdo que la comunidad internacional respalde esta etapa sancionatoria. En este momento crucial no nos puede faltar el aliento y el apoyo internacional”, expresó Londoño en la carta.El excomandante de las Farc también manifestó su disposición de reunirse con el mandatario “cuando lo considere pertinente”, con el propósito de ampliar la motivación de la solicitud y fortalecer el respaldo al sistema de justicia transicional.Con esta comunicación, Londoño busca reactivar el acompañamiento internacional en una de las fases más sensibles del proceso de paz: la aplicación de las sanciones restaurativas por parte de la JEP, consideradas clave para consolidar la verdad, la justicia y la reparación en el país.
Luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogara hasta el 31 de octubre de 2026 el mandato de la Misión de Verificación de la ONU para el acuerdo de paz en Colombia, anunciando que eliminaba la verificación del cumplimiento de las sentencias proferidas por la JEP y el componente étnico, el presidente Gustavo Petro reaccionó.Lo hizo a través de su cuenta de X cuestionando esta decisión y lanzando críticas al gobierno de Estados Unidos que se abstuvo de votar.“Que se quite el capítulo étnico, demostración de racismo y la JEP, Justicia Especial para la Paz, muestra la displicencia del Gobierno actual de los EEUU con la verdad en Colombia. Tiene una razón básica: los gobernantes norteamericanos saben que sus actuales aliados políticos en Colombia son aliados también del narcotráfico, y son en el pasado los responsables de un genocidio, de la violencia y de disparar el negocio de la cocaína en el país y sobre los consumidores de EEUU”, escribió.El mandatario incluso mencionó su inclusión y la de su círculo cercano a la lista Clinton de la OFAC, anunciada la semana pasada en medio de la crisis diplomática con EEUU. “Me mete en la lista OFAC no como narco, es imposible probar eso, sino como enemigo de los genocidios y del consumo del petróleo. Saben que en mí no se encuentra apoyo para una economía fósil, sino para una economía de la vida”, añadió el jefe de Estado.Está misión se creó en 2017 con el propósito de supervisar el proceso de reincorporación política, económica y social de los exintegrantes de las antiguas Farc, además de verificar las garantías de seguridad para ellos y las comunidades impactadas por el conflicto armado.Tradicionalmente, la renovación de su mandato se aprueba por consenso, pero en esta ocasión la votación estuvo marcada por un tono crítico que ha adoptado Washington frente a la gestión del presidente Petro.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.