El pasado 31 de enero BLU Radio reportó la renuncia de la vicedefensora del Pueblo, María Clara Jaramillo, quien decidió apartarse de su cargo denunciando usurpación de funciones por parte de un asesor de alto nivel y confianza del actual defensor, Carlos Alfonso Negret Mosquera.
En su carta, conocida en primicia en su momento por este medio de comunicación, María Clara Jaramillo cita una reunión convocada por el defensor del Pueblo junto al asesor Andrés Ricardo Cháves Pinzón el 16 de enero de 2017, la que según la evicedefensora fueron convocados todos los directores nacionales y defensores delegados, y en la que Negret Mosquera les habría dicho a sus colaboradores inmediatos que, si querían comunicarse con él, bien podían hacerlo a través del señor Cháves.
Mediante una carta de respuesta fechada el 2 de febrero en Bogotá, el defensor del Pueblo le responde a su dimitente mano derecha, a quien él mismo llevó a la entidad y posesionó el 6 de septiembre del año pasado.
En esa comunicación, Carlos Negret admite que “en la segunda mitad del mes de enero de 2017 estimé prudente asumir personalmente el tema del direccionamiento estratégico de la entidad, para lo cual convoqué a dos reuniones, en las que estuvieron invitados la vicedefensora, los directores nacionales, los defensores delegados y los asesores de despacho….”.
Más adelante dice: “es cierto que a estas dos reuniones estuvo convocado el contratista Andrés Ricardo Cháves, pero tal situación no obedece a cosa distinta que a la búsqueda de una articulación de los diferentes actores de la Defensoría, máxime, si se tiene en cuenta que el objeto del contrato del Dr. Cháves tiene relación directa con la asesoría en el fortalecimiento institucional de la Defensoría”.
Blu Radio le siguió la pista a este tema y confrontó las fechas. Si, como lo reconoce el defensor en su respuesta a María Clara Jaramillo, la reunión que ella cita del 16 de enero con Andrés Cháves y todo el equipo directivo de la Defensoría efectivamente se dio, habría un problema porque el señor Cháves Pinzón aún no era contratista de la Defensoría del Pueblo en 2017.
Consultamos el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), y allí aparece que Andrés Cháves firmó contrato el 24 de enero, es decir 8 días después de la reunión, mientras la fecha de inicio para la ejecución del contrato es del 25 de enero, por un plazo de 341 días y un valor de 180 millones de pesos.
Valdría la pena saber si (como pareciera reconocerlo en su carta a María Clara Jaramillo), el Defensor se refiere a la reunión del 16 de enero, y en ese caso que la Procuraduría aclarara si desde el punto de vista disciplinario hay lugar a alguna investigación.
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