Autoridad laboral abre investigación por presuntas irregularidades en contratación informal

El Ministerio del Trabajo inició una investigación formal para determinar si existieron vulneraciones a los derechos laborales en modelos de comercialización informal asociados a las empresas Quala S.A. y Grupo Nutresa S.A., que habrían vinculado a personas en situación de vulnerabilidad como vendedores ambulantes y “letreros andantes” sin contrato, seguridad social ni remuneración digna.La actuación se originó a partir de la denuncia presentada por Óscar David Benavides Angulo, candidato a la Cámara por la curul Afro, quien alertó a las autoridades sobre presuntas prácticas empresariales que, según su denuncia, encubren relaciones laborales mediante esquemas informales. Benavides advirtió que dichas dinámicas afectan especialmente a ciudadanos sin recursos ni herramientas de defensa frente a grandes compañías.“Aquí no estamos hablando de favores ni de oportunidades informales, estamos hablando de personas usadas para vender marcas millonarias sin contrato, sin seguridad social y sin un salario digno. Eso es explotación laboral y no puede seguir normalizándose”, expresó Benavides AnguloEn el requerimiento oficial, el Ministerio del Trabajo concedió un plazo de cinco días hábiles para que Quala y Grupo Nutresa se pronuncien y presenten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad recordó que el incumplimiento de este requerimiento podría derivar en sanciones económicas de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes, conforme a la legislación laboral colombiana.Organizaciones sociales y defensores de derechos laborales consideran que este caso podría sentar un precedente importante frente a un modelo que se ha normalizado en el país, donde grandes empresas trasladan los riesgos del trabajo informal a personas en condiciones de pobreza, aprovechando su vulnerabilidad económica.“Esto no es solo Quala, es un sistema que ha permitido que grandes marcas se lucren mientras miles de colombianos trabajan sin derechos. Por eso decidí denunciar”, agregó Benavides.El proceso queda ahora en manos de la autoridad laboral, que deberá determinar si existió vulneración de derechos ciertos e indiscutibles y si las prácticas denunciadas constituyen una forma de evasión de responsabilidades laborales frente a poblaciones especialmente vulnerables.