Bogotá, como cada año, vive una nueva jornada de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se lleva a cabo en Corferias. Sin embargo, mientras miles de personas esperaban ingresar al recinto, una pelea entre dos vendedoras ambulantes terminó convirtiéndose en una escena que se hizo viral en redes sociales y generó comentarios entre quienes asistían al evento.El altercado ocurrió ante la mirada de decenas de personas. Entre familias, estudiantes y lectores que llegaban o salían de Corferias, la discusión subió de tono tan rápido que pasó de empujones a jalones de cabello y golpes. Varias personas que estaban en el lugar intervinieron para intentar separarlas y evitar así una disputa que pudiera escalar mucho más.Pelea entre vendedoras ambulantes quedó en videoLas imágenes muestran que la riña comenzó con un cruce de palabras y, en apenas unos segundos, ambas mujeres terminaron forcejeando en el piso mientras algunos presentes sacaban sus celulares y grababan la bochornosa escena.Si bien no se reportaron personas heridas de gravedad, lo cierto es que el episodio incomodó a los asistentes que esperaban ingresar a la feria, uno de los eventos culturales más concurridos de la capital. El hecho volvió a poner sobre la mesa una polémica que cada vez resulta más común: la disputa por los espacios de venta.La escena no tardó en hacerse viral. Más allá de la pelea, lo que despertó preocupación fue el lugar en el que ocurrieron los hechos, pues se trata de un sitio donde miles de personas buscan disfrutar de libros, conversatorios y actividades culturales.Vendedores ambulantes en Bogotá: disputa por regulación cerca de CorferiasLo ocurrido reactivó una discusión que lleva meses sobre la mesa en Bogotá. La presencia de vendedores informales en zonas de alta afluencia sigue siendo un asunto complejo para la ciudad.Desde distintos sectores se ha planteado que las riñas por puntos de venta, la congestión peatonal y los conflictos entre comerciantes informales se están volviendo más frecuentes. Al mismo tiempo, también se insiste en que muchas familias dependen económicamente de esta actividad para sostenerse día a día.
El Distrito de Bogotá expidió un nuevo decreto con el propósito de organizar el uso del espacio público y establecer lineamientos para el funcionamiento de los vendedores informales en la capital. La norma contempla la creación de Zonas de Manejo Especial en las que no se permitirá el desarrollo de actividades comerciales informales, además de imponer nuevas regulaciones sanitarias y controles sobre las actividades que se realizan en estos espacios.Entre las principales disposiciones del decreto se encuentra la regulación progresiva del uso de pipetas de gas en el espacio público, debido a los riesgos que representan para la seguridad de los ciudadanos. Sobre este punto, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la medida busca disminuir gradualmente estos elementos en las calles. Según indicó, “son tres. Lo primero, la regulación de pipetas. Progresivamente, iremos regulando pipetas en el espacio público. Generan un riesgo enorme, lo hemos visto en distintos lugares. No se trata de que esas personas no ejerzan la actividad, pero sí se trata de que cada vez más se reduzcan las pipetas en el espacio público”.El decreto también establece la definición de Zonas de Manejo Especial, consideradas estratégicas por su nivel de riesgo o importancia institucional. En estos lugares quedará prohibida la venta informal, medida que será implementada de manera progresiva y cuya delimitación será informada por las autoridades en los próximos meses. En ese sentido, el funcionario precisó que “lo segundo, las zonas especiales. Hay zonas especiales que, por su riesgo, no pueden tener venta informal. En seis meses, la Secretaría de Seguridad irá dando información de cuáles son esas zonas, pero, entre otras, tenemos el aeropuerto, por ejemplo, las entidades de la rama judicial. Hay varios lugares que, por su importancia estratégica, no deberían tener ventas informales, porque lo que generan es un riesgo adicional sobre las zonas”.Otro de los ejes centrales del decreto está relacionado con el control del uso de menores de edad en actividades comerciales informales, así como la prohibición de ventas ilegales o servicios que impliquen riesgos sanitarios o de seguridad. De acuerdo con el secretario Quintero, la norma recopila disposiciones vigentes para reforzar la vigilancia en estos aspectos. Según explicó, “recopilamos distintas normas para poder controlar el uso de menores en el espacio público. Los menores no pueden ejercer actividad ni pueden trabajar en el espacio público. Eso es lo primero. Lo segundo, venta de sustancias ilegales. Aunque no lo parezca, eso todavía sucede. Lo que hacemos es centralizar la norma, fortalecerla y evitar que se pasen”.Dentro de las actividades que quedarán expresamente prohibidas en el espacio público se encuentran la venta de armas cortopunzantes y la prestación de servicios como ortodoncia, tatuajes y otras prácticas que requieren condiciones sanitarias especiales. Sobre este punto, el secretario señaló que “no se pueden vender armas cortopunzantes. Acá, en Plaza España, en La Mariposa, en distintos lugares, nosotros nos encontrábamos con actividades como ortodoncia, tatuajes, todo ese tipo de cosas que ya no van a poder pasar. Lo otro les da herramientas a algunas entidades del distrito para controlar en materia sanitaria lo que se vende en el espacio público. Hay mucho riesgo en ese sentido, queremos darle garantías a la ciudadanía y por eso el decreto también va a ser muy importante”.El Distrito también enfatizó que la implementación del decreto se realizará de manera gradual y con enfoque social, especialmente hacia las personas que dependen del comercio informal para su sustento. En este sentido, aseguran que la medida no busca afectar a la población vulnerable, sino combatir las estructuras ilegales que operan en el espacio público. Según afirmó, “entendemos que es un proceso, se hará de manera progresiva, se trabajará con las personas vulnerables. Este decreto no busca afectar a las personas vulnerables que ejercen venta informal, pero sí busca combatir las mafias y los riesgos en el espacio público”.
El pasado 5 de septiembre de 2025, lo que debía ser una jornada laboral normal para David Rodríguez, un joven vendedor ambulante de 23 años, terminó en tragedia en el sector de San Victorino, en pleno centro de Bogotá. Según el relato de sus hermanas en entrevista con Blu Radio, David se encontraba en el Parque de la Mariposa adquiriendo insumos para su puesto de comida cuando fue abordado por la espalda. Laura Rodríguez, hermana de la víctima, desmintió las versiones de una supuesta riña previa: "En las cámaras de seguridad nunca se ve a mi hermano hablar con nadie, simplemente se ve en la cicla, llevaba su cicla con una mano y la otra mano llevaba los suministros, y se ven a dos personas salir de la parte de atrás, y una de las dos personas apuñala a mi hermano". El ataque, presuntamente perpetrado por dos hermanos con quienes la familia ya tenía rencillas del pasado, ocurrió el mismo día en que la madre de la víctima celebraba su cumpleaños.La indignación de la familia crece al denunciar una presunta negligencia por parte de las autoridades que atendieron el caso en el lugar de los hechos. De acuerdo con el testimonio de los allegados, los uniformados presentes habrían impedido que el joven recibiera auxilio oportuno. "La policía no dejo que nadie los lo auxiliara, no permitió que nadie se acercara a auxiliarlo... un amigo de nosotros intentó ayudarlo los policías no lo dejaron", señalaron las hermanas, agregando que la asistencia médica profesional nunca llegó al sitio. Ante la demora, David fue trasladado en una patrulla, pero llegó al centro asistencial sin vida; su familia sostiene con dolor que "tal vez si ellos hubieran permitido que una persona se acercara ayudarle a mi hermano, él seguiría acá".Tras el asesinato, el acoso contra los Rodríguez no ha cesado, según denunciaron. Los presuntos agresores, quienes habrían huido de la ciudad con ayuda de su padre, según Laura, han contactado al hermano mayor de David para proferir amenazas de muerte directas. En una de las llamadas posteriores al crimen, uno de los atacantes se jactó del homicidio, según denunciaron: "Textualmente, el man le dice a mi hermano que 'Ya a su hermano me lo fumé, ya lo maté". Estas agresiones se han extendido a otros miembros del núcleo familiar, incluyendo a menores de edad, mediante perfiles falsos y llamadas: "Han habido amenazas contra mi hermano, contra mi sobrina, contra un niño que no tiene nada que ver en el problema y contra mí".El proceso judicial parece estar estancado, lo que aumenta la sensación de desprotección en la familia. A más de cinco meses del homicidio, denuncian que "la orden de captura ni siquiera ha salido" y que la comunicación con los investigadores es nula: "La patrullera que lleva el caso no responde, no hay información, entonces no sabemos qué ha pasado con el caso", concluyeron las hermanas.
La muerte de David Rodríguez no solo marcó el final de la vida de un joven de 23 años, sino que destapó un conflicto que, según su familia en entrevista con Blu Radio, venía gestándose desde meses atrás en medio de disputas y amenazas en el centro de Bogotá.El crimen ocurrió el pasado 5 de septiembre en inmediaciones del Parque de la Mariposa. David, quien se dedicaba a la venta de hamburguesas y trabajaba desde la adolescencia, fue atacado con arma blanca mientras realizaba labores relacionadas con su negocio. Para su familia, no se trató de una riña, sino de un ataque premeditado derivado de un conflicto previo que involucró a su hermano mayor.Mariana Rodríguez, hermana de la víctima, lo recordó como un joven cercano y trabajador. “Era una persona muy alegre donde llegaba se hacía querer muchísimo”, afirmó en Blu Radio. De acuerdo con el relato de sus hermanas, el origen de la confrontación se remonta a noviembre del año anterior, cuando un hombre, también vendedor ambulante, junto a su hermano, le pidió un favor al hermano mayor de David y, ante la negativa, lo amenazó.Laura, la hermana menor, explicó que tras la discusión inicial se produjo un violento ataque con machete contra su hermano mayor, quien resultó gravemente herido. “Solo sé que esta persona le pidió un favor a mi hermano, mi hermano no se lo quiso hacer... el muchacho se paró y le dijo a mi hermano ‘Tranquilo que yo le voy a traer a mi hermano’”, relató. Aunque posteriormente se habría intentado una conciliación, la familia asegura que las amenazas continuaron y que David comenzó a ser hostigado.El día del homicidio, según las imágenes de cámaras de seguridad revisadas por los familiares, no hubo enfrentamiento previo. Laura desmintió versiones que hablaban de una pelea. “En las cámaras de seguridad nunca se ve a mi hermano hablar con nadie, simplemente se ve mi hermano en la cicla llevaba su cicla con una mano y la otra mano llevaba los suministros y se ven a dos personas salir de la parte de atrás, una de las dos personas apuñala a mi hermano y salen corriendo”, detalló.El ataque ocurrió, además, el mismo día en que la madre de David estaba celebrando su cumpleaños. Mariana relató cómo se enteró de la tragedia, en medio de una jornada que ya estaba marcada por la rutina y las ocupaciones familiares.“Desgraciadamente ese día mi mamá estaba cumpliendo años. Me acuerdo que yo estaba hablando con mi mamá y le dije: ‘No puedo pasar, no podemos hacer nada porque pues estoy ocupada, no se le puede celebrar nada’. Entonces me dijo: ‘Bueno, está bien’”, recordó.Sin embargo, apenas media hora después de esa conversación, recibió una llamada que cambiaría todo. Una conocida de la familia se comunicó con ella para darle la noticia. “Me dijo: ‘Tengo que contarle algo de David’. Entonces no sé, fue un presentimiento y dije: ‘No me diga, no, o sea, no quiero escuchar nada. No quiero saber nada’”.Según su testimonio, la mujer insistió y finalmente le reveló lo ocurrido. “Mami, es que a David hace poquito lo mataron en La Mariposa. Sentí como un hueco en mi corazón y dije: otra vez tener que pasar por esto, otra vez tener que pasar por este dolor, no es justo”.Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. No obstante, según confirmaron sus familiares, llegó sin signos vitales.Seis meses después del crimen, la familia sostiene que no hay capturas ni avances significativos en la investigación. Según indicaron, los presuntos responsables habrían utilizado identificaciones falsas y continúan en libertad.
La vida de la familia Rodríguez cambió para siempre el pasado 5 de septiembre de 2025. David Rodríguez, de 23 años, fue asesinado en el centro de Bogotá mientras trabajaba como vendedor ambulante, un oficio que, según sus allegados, ejercía desde la adolescencia para apoyar a su hogar.“Desgraciadamente ese día mi mamá estaba cumpliendo años”, recordó su hermana Mariana en entrevista con Blu Radio, al relatar cómo la fecha del crimen quedó marcada como una herida imposible de sanar. David, aseguran, era una “persona maravillosa” y “muy alegre donde llegaba”, conocido en el sector por su carisma y dedicación.El ataque ocurrió en el Parque de la Mariposa, cuando el joven adelantaba labores habituales en su puesto de comida rápida. Aunque en un primer momento se habló de una posible riña, las grabaciones de seguridad revisadas por la familia muestran otra versión. “En las cámaras de seguridad nunca se ve a mi hermano hablar con nadie, simplemente se ve mi hermano en la cicla; llevaba su cicla con una mano y la otra mano llevaba los suministros”, explicó Laura, su otra hermana. Según su relato, dos hombres se acercaron por la espalda y uno de ellos le propinó una puñalada antes de huir del lugar.La familia también cuestiona la actuación de las autoridades tras la agresión. De acuerdo con su testimonio, varias personas intentaron auxiliar a David, pero la intervención policial habría impedido que se le prestara ayuda inmediata. “La policía no dejó que nadie lo auxiliara… tal vez si ellos hubieran permitido que una persona se acercara a ayudarle a mi hermano, él seguiría acá”, afirmó Mariana. Ante la demora de una ambulancia, el joven fue trasladado en una patrulla, pero llegó al centro asistencial sin signos vitales. Cinco meses después, los Rodríguez aseguran que no solo enfrentan el duelo, sino también el miedo. Denuncian amenazas provenientes de los presuntos responsables, quienes, según indican, tenían conflictos previos con el hermano mayor de David.Sobre las causas del crimen, la hermana dijo que "no entiendo la razón, no sé por qué, siempre le tuvieron como envidia a mi hermano". “Textualmente el man nos dice: 'Ya me lo fumé, ya lo maté”, relató Laura sobre uno de los mensajes recibidos. “Me parece muy injusto que estas personas hagan lo que hagan y seamos nosotros los que tengamos que escondernos”, agregó.Hoy, la familia insiste en que el caso avance y que se emitan las órdenes de captura correspondientes. El impacto emocional ha sido devastador, especialmente para la madre del joven. “Solo pedimos que estas dos personas paguen por lo que hicieron porque no es justo… siento que es como si le arrancara a uno la vida al corazón”, concluyó Mariana, en un llamado directo a las autoridades para que la muerte de David no quede en el olvido.
El Ministerio del Trabajo inició una investigación formal para determinar si existieron vulneraciones a los derechos laborales en modelos de comercialización informal asociados a las empresas Quala S.A. y Grupo Nutresa S.A., que habrían vinculado a personas en situación de vulnerabilidad como vendedores ambulantes y “letreros andantes” sin contrato, seguridad social ni remuneración digna.La actuación se originó a partir de la denuncia presentada por Óscar David Benavides Angulo, candidato a la Cámara por la curul Afro, quien alertó a las autoridades sobre presuntas prácticas empresariales que, según su denuncia, encubren relaciones laborales mediante esquemas informales. Benavides advirtió que dichas dinámicas afectan especialmente a ciudadanos sin recursos ni herramientas de defensa frente a grandes compañías.“Aquí no estamos hablando de favores ni de oportunidades informales, estamos hablando de personas usadas para vender marcas millonarias sin contrato, sin seguridad social y sin un salario digno. Eso es explotación laboral y no puede seguir normalizándose”, expresó Benavides AnguloEn el requerimiento oficial, el Ministerio del Trabajo concedió un plazo de cinco días hábiles para que Quala y Grupo Nutresa se pronuncien y presenten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad recordó que el incumplimiento de este requerimiento podría derivar en sanciones económicas de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes, conforme a la legislación laboral colombiana.Organizaciones sociales y defensores de derechos laborales consideran que este caso podría sentar un precedente importante frente a un modelo que se ha normalizado en el país, donde grandes empresas trasladan los riesgos del trabajo informal a personas en condiciones de pobreza, aprovechando su vulnerabilidad económica.“Esto no es solo Quala, es un sistema que ha permitido que grandes marcas se lucren mientras miles de colombianos trabajan sin derechos. Por eso decidí denunciar”, agregó Benavides.El proceso queda ahora en manos de la autoridad laboral, que deberá determinar si existió vulneración de derechos ciertos e indiscutibles y si las prácticas denunciadas constituyen una forma de evasión de responsabilidades laborales frente a poblaciones especialmente vulnerables.
Lo que comenzó como un operativo rutinario de recuperación del espacio público terminó convirtiéndose en una controversia en Bogotá. El pasado 16 de diciembre, en la esquina de la calle 82 con carrera 12, frente al Centro Comercial Andino, un procedimiento contra la venta ambulante desencadenó una ola de reacciones que involucró a concejales, ediles, congresistas y hasta a la exalcaldesa de la capital.El hecho ocurrió en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, justo frente a una tienda de la cadena Zara. Allí, funcionarios retiraron del andén a una mujer que vendía gorros, bufandas, guantes y artículos navideños desde un carrito con sombrilla. El operativo, que en otras circunstancias habría pasado desapercibido, tomó notoriedad luego de que la concejal Cristina Calderón, del Nuevo Liberalismo —partido del alcalde Carlos Fernando Galán— celebrara la acción en su cuenta de X (antes Twitter).“Gracias a nuestra gestión de la mano con la alcaldía de Chapinero, estamos recuperando el espacio público en la esquina de Zara en el Centro Comercial Andino”, escribió Calderón, calificando el procedimiento como “un paso más para poner orden en la ciudad y recuperar los andenes”.El mensaje fue suficiente para encender la polémica. La primera reacción fuerte vino de la exalcaldesa Claudia López, quien calificó la actuación de la administración distrital como “miserable”. Según López, la alcaldía usó “todo su poder” contra una mujer humilde que buscaba ganarse la vida de manera honesta, mientras incomodaba, según ella, a los residentes de estratos altos del sector. La exmandataria también afirmó que el Distrito tiene herramientas para organizar el espacio público sin atropellar a los vendedores informales y criticó lo que consideró una falta de humanidad y criterio.Las críticas se ampliaron desde el ámbito local. Kate Garavito, edil de Chapinero, aseguró que “hay que ser muy miserable” para celebrar públicamente una acción que deja sin sustento a una persona vulnerable y a su familia. En la misma línea, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, calificó el episodio como vergonzoso y denunció un trato desigual: mientras se retiraba a la vendedora ambulante, una camioneta de alta gama permanecía estacionada en un lugar prohibido justo al frente del operativo, sin ser sancionada.
Así como en otras ciudades del país, diciembre es una de las épocas del año más importantes para el comercio formal e informal en Medellín. Sin embargo, controles y operativos al espacio público, especialmente en el centro de la ciudad, siguen generando preocupación e inconformidades en el sector de las economías populares por lo que decidieron tomar nuevas medidas ante acciones que consideran ilegales.Y es que a propósito del quinto encuentro que sostuvieron representantes de este sector con autoridades para discutir un pliego de exigencias planteado desde el año anterior, se conoció la solicitud que radicaron ante la Defensoría del Pueblo exigiendo la suspensión total de los operativos mientras se corrigen sus procedimientos.Lubín Torres, vicepresidente del sindicato Familia de la Calle, advirtió que el actual modelo permite que contratistas sin autoridad policial realicen decomisos, impongan medidas correctivas y adelanten actuaciones que solo pueden ejercer servidores investidos de poder público, pero además que muchos procedimientos se llevan a cabo sin ofrecer garantías ni alternativas de sustento, contradiciendo lo expresado por la Corte Constitucional."Hasta que no se garantice el debido proceso, esos operativos son ilegales. ¿Qué hace que sea ilegal? Entre otras cosas, que no se le ofrece una alternativa económica distinta al trabajador que es víctima del desalojo o de la incautación. Antes de un desalojo o una incautación de los medios de trabajo, se le tiene que haber ofrecido otra alternativa económica distinta", explicó.Según datos de las organizaciones que representan las economías populares en este espacio de diálogo, entre el 1 de enero de 2024 y el 28 de febrero de 2025 se registraron 18.859 operativos de espacio público, un promedio de 45 al día, por lo que Esteban Romero, integrante del Colectivo Ciudad en Movimiento, advirtió que la institucionalidad se ha quedado corta en la oferta de mejores alternativas para unas 70.000 personas que hacen parte de este tipo de actividades económicas en la capital antioqueña."Hay un una incapacidad de la institucionalidad para atender y proveer posibilidades para el trabajo digno de las y los trabajadores durante esta temporada decembrina, que además de la presión económica que hay sobre el espacio público, también se correlaciona con, pues, la incapacidad que tiene el el espacio público para regular atendiendo a los principios constitucionales", añadió.El reciente recurso planteado ante la Defensoría busca que esta entidad del Ministerio Público intervenga de manera urgente en lo operativo y que mientras se establecen mecanismos que consideran los denunciantes más acordes a la ley se les permita seguir ejerciendo las labores en el espacio público, especialmente en una época clave para la dinámica comercial como lo es navidad y fin de año.
Una denuncia laboral sin precedentes fue presentada contra varias multinacionales que distribuyen sus productos a través de vendedores ambulantes en todo el territorio nacional, por presunta explotación laboral y vulneración de derechos humanos fundamentales.El documento jurídico sostiene que detrás de esta forma de comercialización se esconde una estructura de trabajo sin garantías, sin seguridad social, prestaciones ni salarios dignos, que somete a los trabajadores informales a condiciones de servidumbre moderna. La acción se ampara en el Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución Política de Colombia y en tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la Convención 29 sobre Trabajo Forzoso y la Convención 111 sobre Discriminación en el Empleo.El abogado Óscar David Benavides Angulo, quien encabeza la denuncia, conoce el caso desde dentro. Comenzó a los 17 años como vendedor ambulante en Bogotá, en sectores como el Portal de la 80, Engativá, Corabastos y Patio Bonito, donde comercializaba productos como Crem Helado, Bon Ice y Vive 100. Desde entonces fue testigo de las largas jornadas, la falta de contratos y la dependencia económica hacia las compañías que controlan el producto pero niegan cualquier vínculo laboral.“Es una forma de esclavitud moderna que se ha naturalizado en las calles del país”, señala el texto de la demanda, que busca no solo el reconocimiento de derechos laborales, sino también un precedente legal y social que visibilice las nuevas formas de explotación que afectan a la economía informal.El caso fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y se espera que siente bases para la protección de miles de vendedores informales que hoy operan sin amparo jurídico. Más allá del terreno legal, esta acción reabre el debate sobre la responsabilidad social de las grandes marcas y la urgencia de dignificar el trabajo informal, una deuda histórica con quienes sostienen, desde la calle, buena parte de la economía popular en Colombia.
Este jueves, 25 de septiembre, en el centro de Bogotá, la Alcaldía Local de La Candelaria adelanta un megaoperativo en el espacio público, en el que principalmente se está verificando el estado de los alimentos y bebidas de los vendedores ambulantes que ubican sus puestos sobre el corredor peatonal.Asimismo, la Alcaldía Local de La Candelaria confirma que estas acciones también buscan evitar conflictos de intereses entre los comerciantes de la zona, ya que, en reiteradas ocasiones, se han recibido denuncias de peleas entre vendedores por la disputa del espacio público.Dentro del operativo, preliminarmente, se han levantado aquellos vehículos comerciales, más conocidos como coches de comida rápida, en los que se ha identificado que los alimentos se encuentran en estado de descomposición. Asimismo, en las bebidas que algunos de estos preparan en los mismos carros, también han encontrado partículas dentro de las botellas con las que elaboran licor, infusiones y otros productos.Por su parte, la Alcaldía Local confirma que los vendedores a quienes se les retire la mercancía y los vehículos deberán entrar a un plan de integración, en el que tendrán que presentar la documentación correspondiente, como los permisos de permanencia, y certificar que los alimentos y bebidas que manipulan están en buen estado.
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La tecnología ha evolucionado demasiado en los últimos años, cambiando la forma en que las personas viven y trabajan. Hoy en día, los avances son tan rápidos que ya no solo ayudan a la gente , sino que también están empezando a reemplazar algunos trabajos humanos.Un claro ejemplo de esto es cómo se están entrenando robots humanoides para hacer tareas que antes solo podían hacer las personas.En China, los robots humanoides están creciendo en número rápidamente y para que estos robots aprendan, necesitan grandes cantidades de datos, lo que ha creado nuevos trabajos como recolectores y auditores de datos.Así entrenan a robots que reemplazarán trabajos humanosSegún un informe de un centro de análisis de datos en el territorio chino, los recolectores se encargan de enseñar a los robots tareas básicas, como organizar la mesa o colocar la vajilla, algo que normalmente haría un camarero.Para lograrlo, se usan dispositivos avanzados que registran información muy detallada. Estos equipos pueden captar aspectos como la dureza, la suavidad o la textura de los objetos.“Es como si los robots pudieran sentir lo que tocan, gracias a más de 3.000 puntos de contacto que recopilan hasta 80 tipos diferentes de información”, indica el centro de investigación. Esto permite que los robots no solo repitan movimientos, sino que entiendan mejor lo que hacen.De acuerdo con los expertos, antes, los robots se entrenaban de forma más simple, controlados a distancia por humanos; sin embargo, este método era lento, costoso y poco preciso, ya que no incluía información del tacto.Ahora, los nuevos sistemas funcionan de forma más parecida al cuerpo humano, captando sensaciones desde la vista hasta el contacto físico.En medio de esta nueva dinámica, el centro de análisis de datos indica que aparece otro trabajo importante, el de auditor o verificador de datos. Estas personas revisan si las acciones hechas durante el entrenamiento son correctas o no. Por ejemplo, si una tarea debía hacerse con la mano izquierda y se hizo con la derecha, se marca como error.Tanto los aciertos como los errores se usan para enseñar a los robots, igual que un niño aprende de lo que hace bien y mal.Actualmente, se están creando grandes bases de datos en todo el país, con más de 20 millones de registros. Según el centro de análisis, solo en los primeros meses de 2026, se añadieron millones de nuevos datos, mostrando un crecimiento muy rápido.*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana
El Gobierno de Bolivia expresó su rechazo a las declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro sobre la situación política interna, después de que el mandatario colombiano hiciera referencia a las manifestaciones en Bolivia como una supuesta “insurrección popular”.“No debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas, debemos construir una democracia profunda”, escribió Petro, aunque sin mencionarlo, en referencia al expresidente Evo Morales, a quien el Tribunal de Tarija le dictó orden de captura y lo declaró en rebeldía por no presentarse al juicio que se le sigue por una relación que habría sostenido, cuando estaba en el cargo, con una menor de 15 años, quien tuvo una hija, y se investiga si es producto de esa relación.Pero, pese a ello, Morales no está detenido porque está evadiendo a la justicia en la región del Chapare, donde sus seguidores tomaron el aeropuerto después de que surgieran informaciones de que llegarían a la región funcionarios de la justicia para capturarlo.En un comunicado emitido la noche de este domingo, las autoridades bolivianas señalaron que las palabras del mandatario colombiano no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación que históricamente han mantenido ambos pueblos.Bolivia consideró improcedente cualquier interpretación externa que distorsione los acontecimientos actuales o contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos.El Gobierno del Estado Plurinacional reafirmó que los desafíos del país deben resolverse dentro del orden constitucional, con respeto a las instituciones democráticas y mediante mecanismos de diálogo que correspondan exclusivamente al pueblo boliviano.Asimismo, sostienen que “las transformaciones que requiere Bolivia, tras casi dos décadas de tensiones políticas, deterioro institucional y problemas estructurales, deben ser impulsadas por los propios ciudadanos, en un clima de paz, responsabilidad democrática y pleno respeto a la soberanía nacional”.En el comunicado también se recordó la importancia del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, conforme al derecho internacional y a las normas que rigen las relaciones entre los países de América Latina y el Caribe.Recordemos que, en el mensaje, Petro también resaltó que en Panamá habló con el presidente de Bolivia sobre su padre, Paz Zamora, a quien definió como “el primer progresismo latinoamericano”. Resaltó el paso de Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente de Bolivia, por Bogotá y Panamá en el exilio, donde, según Petro, recibió las visitas del general Omar Torrijos y del integrante del grupo M-19 Carlos Vidales, hijo del poeta. “Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana”, escribió el mandatario colombiano.
Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió este lunes el distrito de Liunan, en la ciudad de Liuzhou, en la región meridional china de Guangxi, dejando al menos tres desaparecidos, cuatro heridos y más de 7.000 personas evacuadas, informaron las autoridades locales.El seísmo se produjo a las 00:21 hora local (16:21 GMT del domingo) a una profundidad de 8 kilómetros, según el Centro de Redes Sismológicas de China, que situó el epicentro en las coordenadas 24,38 grados de latitud norte y 109,26 grados de longitud este.La sacudida se sintió en varias ciudades de Guangxi, entre ellas Liuzhou, Guilin y la capital regional, Nanning, de acuerdo con medios estatales.La Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou indicó que, hasta las 04:00 hora local (20:00 GMT del domingo), el terremoto había causado el derrumbe de 13 viviendas, el traslado de cuatro personas al hospital, todas ellas fuera de peligro, y la desaparición de otras tres.Las autoridades añadieron que más de 7.000 vecinos fueron evacuados y que las comunicaciones, el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua, el gas y las carreteras en la zona afectada funcionaban con normalidad.Además del terremoto principal se registraron otros movimientos sísmicos de menor intensidad.Las autoridades informaron de cinco seísmos de entre magnitud 2,2 y 3,2 antes y después del temblor principal, y el Centro de Redes Sismológicas de China registró a las 07:41 hora local (23:41 GMT del domingo) una réplica de magnitud 3,3 en Liunan, a 10 kilómetros de profundidad.
Este ataque se registró en la vía Panamericana, en su paso por El Bordo, cabecera municipal del municipio de El Patía, al sur del departamento del Cauca. Cuando sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron una granada contra una patrulla de la Policía que se encontraba haciendo un recorrido de vigilancia en la zona.En el vehículo se movilizaban tres policías, de los cuales uno sufrió lesiones leves y aturdimiento por la explosión. Un civil que se encontraba en la zona también resultó lesionado. Ambos fueron trasladados de inmediato al hospital local."Lo que me reportan del hospital es que, pues, por fortuna las heridas no son de gravedad. Es una situación muy difícil porque, pese a que ha habido militarización, hay presencia constante de fuerza pública, los acontecimientos siguen presentándose. Constantemente hay ataques y combates", señaló el alcalde de El Patía, John Jairo Fuentes.La zona donde ocurrieron los hechos se encuentra acordonada, mientras las autoridades se despliegan en el marco del plan defensa y adelantan la búsqueda de los responsables.Esta acción terrorista se le atribuye al frente 'Carlos Patiño' de las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', autor de múltiples ataques en esa zona del departamento, especialmente en la vía Panamericana.