Más de 100 emprendedores del departamento están recibiendo apoyo de la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con la entrega de insumos, equipos y elementos destinados a fortalecer sus unidades productivas, mejorar su capacidad operativa y generar nuevas oportunidades de ingresos para sus familias.La estrategia “Santander Contigo” busca llegar directamente a los territorios y acompañar a personas que han encontrado en sus emprendimientos una alternativa para mejorar sus condiciones económicas y sacar adelante a sus hogares."Entre los beneficiarios se encuentran emprendedores dedicados a la elaboración y comercialización de postres, tamales, hortalizas, café, confitería y paquetes, además de propietarios de pequeñas tiendas, negocios de confecciones y emprendimientos de manualidades", dijo Marisol Pinzón, secretaria de Desarollo Social. La dotación entregada incluye cocinas, máquinas de coser, neveras, congeladores, cavas, ollas, vitrinas, estanterías, batidoras, máquinas de moler, impresoras, mesas, sillas y surtido para los negocios, entre otros elementos requeridos para fortalecer sus actividades comerciales.“Santander Contigo busca impulsar negocios familiares”, explicó Marisol Pinzón Sierra, secretaria de Desarrollo Social de Santander, quien destacó que el programa permite acercar la oferta institucional a quienes trabajan diariamente por generar sus propios ingresos.Uno de los casos es el de Danith Milena Martínez, emprendedora del centro de Bucaramanga, quien lleva más de 20 años trabajando en su negocio y recibió una cava, termos y surtido para ampliar su actividad comercial.“Estoy muy agradecida con la bendición que me ha llegado de parte de la Gobernación. Salí favorecida con una cava, termos y bastante surtido para ampliar mi negocio. Gracias por esta labor tan bonita”, manifestó la emprendedora.Otro de los testimonios corresponde a Carmen Sepúlveda Mantilla, habitante del corregimiento 3 de Bucaramanga, quien encontró en el emprendimiento una alternativa para generar ingresos mientras ejerce como cuidadora de su hija en condición de discapacidad.Para seleccionar a los beneficiarios, la Secretaría de Desarrollo Social adelantó una convocatoria pública y realizó trabajo de campo en diferentes sectores del departamento. Durante estas jornadas se llevó a cabo la preinscripción de los interesados y la socialización de la estrategia.Posteriormente, se desarrolló el proceso de selección teniendo en cuenta los requisitos establecidos para acceder a los apoyos.La administración departamental señaló que continuará recorriendo los municipios para identificar las necesidades de los emprendedores y acercar los programas institucionales a las comunidades.Con “Santander Contigo”, la Gobernación busca fortalecer los negocios familiares y respaldar a quienes encuentran en el emprendimiento una oportunidad para generar ingresos, mejorar su capacidad productiva y construir un mejor futuro.
Bogotá, como cada año, vive una nueva jornada de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se lleva a cabo en Corferias. Sin embargo, mientras miles de personas esperaban ingresar al recinto, una pelea entre dos vendedoras ambulantes terminó convirtiéndose en una escena que se hizo viral en redes sociales y generó comentarios entre quienes asistían al evento.El altercado ocurrió ante la mirada de decenas de personas. Entre familias, estudiantes y lectores que llegaban o salían de Corferias, la discusión subió de tono tan rápido que pasó de empujones a jalones de cabello y golpes. Varias personas que estaban en el lugar intervinieron para intentar separarlas y evitar así una disputa que pudiera escalar mucho más.Pelea entre vendedoras ambulantes quedó en videoLas imágenes muestran que la riña comenzó con un cruce de palabras y, en apenas unos segundos, ambas mujeres terminaron forcejeando en el piso mientras algunos presentes sacaban sus celulares y grababan la bochornosa escena.Si bien no se reportaron personas heridas de gravedad, lo cierto es que el episodio incomodó a los asistentes que esperaban ingresar a la feria, uno de los eventos culturales más concurridos de la capital. El hecho volvió a poner sobre la mesa una polémica que cada vez resulta más común: la disputa por los espacios de venta.La escena no tardó en hacerse viral. Más allá de la pelea, lo que despertó preocupación fue el lugar en el que ocurrieron los hechos, pues se trata de un sitio donde miles de personas buscan disfrutar de libros, conversatorios y actividades culturales.Vendedores ambulantes en Bogotá: disputa por regulación cerca de CorferiasLo ocurrido reactivó una discusión que lleva meses sobre la mesa en Bogotá. La presencia de vendedores informales en zonas de alta afluencia sigue siendo un asunto complejo para la ciudad.Desde distintos sectores se ha planteado que las riñas por puntos de venta, la congestión peatonal y los conflictos entre comerciantes informales se están volviendo más frecuentes. Al mismo tiempo, también se insiste en que muchas familias dependen económicamente de esta actividad para sostenerse día a día.
El Distrito de Bogotá expidió un nuevo decreto con el propósito de organizar el uso del espacio público y establecer lineamientos para el funcionamiento de los vendedores informales en la capital. La norma contempla la creación de Zonas de Manejo Especial en las que no se permitirá el desarrollo de actividades comerciales informales, además de imponer nuevas regulaciones sanitarias y controles sobre las actividades que se realizan en estos espacios.Entre las principales disposiciones del decreto se encuentra la regulación progresiva del uso de pipetas de gas en el espacio público, debido a los riesgos que representan para la seguridad de los ciudadanos. Sobre este punto, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la medida busca disminuir gradualmente estos elementos en las calles. Según indicó, “son tres. Lo primero, la regulación de pipetas. Progresivamente, iremos regulando pipetas en el espacio público. Generan un riesgo enorme, lo hemos visto en distintos lugares. No se trata de que esas personas no ejerzan la actividad, pero sí se trata de que cada vez más se reduzcan las pipetas en el espacio público”.El decreto también establece la definición de Zonas de Manejo Especial, consideradas estratégicas por su nivel de riesgo o importancia institucional. En estos lugares quedará prohibida la venta informal, medida que será implementada de manera progresiva y cuya delimitación será informada por las autoridades en los próximos meses. En ese sentido, el funcionario precisó que “lo segundo, las zonas especiales. Hay zonas especiales que, por su riesgo, no pueden tener venta informal. En seis meses, la Secretaría de Seguridad irá dando información de cuáles son esas zonas, pero, entre otras, tenemos el aeropuerto, por ejemplo, las entidades de la rama judicial. Hay varios lugares que, por su importancia estratégica, no deberían tener ventas informales, porque lo que generan es un riesgo adicional sobre las zonas”.Otro de los ejes centrales del decreto está relacionado con el control del uso de menores de edad en actividades comerciales informales, así como la prohibición de ventas ilegales o servicios que impliquen riesgos sanitarios o de seguridad. De acuerdo con el secretario Quintero, la norma recopila disposiciones vigentes para reforzar la vigilancia en estos aspectos. Según explicó, “recopilamos distintas normas para poder controlar el uso de menores en el espacio público. Los menores no pueden ejercer actividad ni pueden trabajar en el espacio público. Eso es lo primero. Lo segundo, venta de sustancias ilegales. Aunque no lo parezca, eso todavía sucede. Lo que hacemos es centralizar la norma, fortalecerla y evitar que se pasen”.Dentro de las actividades que quedarán expresamente prohibidas en el espacio público se encuentran la venta de armas cortopunzantes y la prestación de servicios como ortodoncia, tatuajes y otras prácticas que requieren condiciones sanitarias especiales. Sobre este punto, el secretario señaló que “no se pueden vender armas cortopunzantes. Acá, en Plaza España, en La Mariposa, en distintos lugares, nosotros nos encontrábamos con actividades como ortodoncia, tatuajes, todo ese tipo de cosas que ya no van a poder pasar. Lo otro les da herramientas a algunas entidades del distrito para controlar en materia sanitaria lo que se vende en el espacio público. Hay mucho riesgo en ese sentido, queremos darle garantías a la ciudadanía y por eso el decreto también va a ser muy importante”.El Distrito también enfatizó que la implementación del decreto se realizará de manera gradual y con enfoque social, especialmente hacia las personas que dependen del comercio informal para su sustento. En este sentido, aseguran que la medida no busca afectar a la población vulnerable, sino combatir las estructuras ilegales que operan en el espacio público. Según afirmó, “entendemos que es un proceso, se hará de manera progresiva, se trabajará con las personas vulnerables. Este decreto no busca afectar a las personas vulnerables que ejercen venta informal, pero sí busca combatir las mafias y los riesgos en el espacio público”.
El pasado 5 de septiembre de 2025, lo que debía ser una jornada laboral normal para David Rodríguez, un joven vendedor ambulante de 23 años, terminó en tragedia en el sector de San Victorino, en pleno centro de Bogotá. Según el relato de sus hermanas en entrevista con Blu Radio, David se encontraba en el Parque de la Mariposa adquiriendo insumos para su puesto de comida cuando fue abordado por la espalda. Laura Rodríguez, hermana de la víctima, desmintió las versiones de una supuesta riña previa: "En las cámaras de seguridad nunca se ve a mi hermano hablar con nadie, simplemente se ve en la cicla, llevaba su cicla con una mano y la otra mano llevaba los suministros, y se ven a dos personas salir de la parte de atrás, y una de las dos personas apuñala a mi hermano". El ataque, presuntamente perpetrado por dos hermanos con quienes la familia ya tenía rencillas del pasado, ocurrió el mismo día en que la madre de la víctima celebraba su cumpleaños.La indignación de la familia crece al denunciar una presunta negligencia por parte de las autoridades que atendieron el caso en el lugar de los hechos. De acuerdo con el testimonio de los allegados, los uniformados presentes habrían impedido que el joven recibiera auxilio oportuno. "La policía no dejo que nadie los lo auxiliara, no permitió que nadie se acercara a auxiliarlo... un amigo de nosotros intentó ayudarlo los policías no lo dejaron", señalaron las hermanas, agregando que la asistencia médica profesional nunca llegó al sitio. Ante la demora, David fue trasladado en una patrulla, pero llegó al centro asistencial sin vida; su familia sostiene con dolor que "tal vez si ellos hubieran permitido que una persona se acercara ayudarle a mi hermano, él seguiría acá".Tras el asesinato, el acoso contra los Rodríguez no ha cesado, según denunciaron. Los presuntos agresores, quienes habrían huido de la ciudad con ayuda de su padre, según Laura, han contactado al hermano mayor de David para proferir amenazas de muerte directas. En una de las llamadas posteriores al crimen, uno de los atacantes se jactó del homicidio, según denunciaron: "Textualmente, el man le dice a mi hermano que 'Ya a su hermano me lo fumé, ya lo maté". Estas agresiones se han extendido a otros miembros del núcleo familiar, incluyendo a menores de edad, mediante perfiles falsos y llamadas: "Han habido amenazas contra mi hermano, contra mi sobrina, contra un niño que no tiene nada que ver en el problema y contra mí".El proceso judicial parece estar estancado, lo que aumenta la sensación de desprotección en la familia. A más de cinco meses del homicidio, denuncian que "la orden de captura ni siquiera ha salido" y que la comunicación con los investigadores es nula: "La patrullera que lleva el caso no responde, no hay información, entonces no sabemos qué ha pasado con el caso", concluyeron las hermanas.
La muerte de David Rodríguez no solo marcó el final de la vida de un joven de 23 años, sino que destapó un conflicto que, según su familia en entrevista con Blu Radio, venía gestándose desde meses atrás en medio de disputas y amenazas en el centro de Bogotá.El crimen ocurrió el pasado 5 de septiembre en inmediaciones del Parque de la Mariposa. David, quien se dedicaba a la venta de hamburguesas y trabajaba desde la adolescencia, fue atacado con arma blanca mientras realizaba labores relacionadas con su negocio. Para su familia, no se trató de una riña, sino de un ataque premeditado derivado de un conflicto previo que involucró a su hermano mayor.Mariana Rodríguez, hermana de la víctima, lo recordó como un joven cercano y trabajador. “Era una persona muy alegre donde llegaba se hacía querer muchísimo”, afirmó en Blu Radio. De acuerdo con el relato de sus hermanas, el origen de la confrontación se remonta a noviembre del año anterior, cuando un hombre, también vendedor ambulante, junto a su hermano, le pidió un favor al hermano mayor de David y, ante la negativa, lo amenazó.Laura, la hermana menor, explicó que tras la discusión inicial se produjo un violento ataque con machete contra su hermano mayor, quien resultó gravemente herido. “Solo sé que esta persona le pidió un favor a mi hermano, mi hermano no se lo quiso hacer... el muchacho se paró y le dijo a mi hermano ‘Tranquilo que yo le voy a traer a mi hermano’”, relató. Aunque posteriormente se habría intentado una conciliación, la familia asegura que las amenazas continuaron y que David comenzó a ser hostigado.El día del homicidio, según las imágenes de cámaras de seguridad revisadas por los familiares, no hubo enfrentamiento previo. Laura desmintió versiones que hablaban de una pelea. “En las cámaras de seguridad nunca se ve a mi hermano hablar con nadie, simplemente se ve mi hermano en la cicla llevaba su cicla con una mano y la otra mano llevaba los suministros y se ven a dos personas salir de la parte de atrás, una de las dos personas apuñala a mi hermano y salen corriendo”, detalló.El ataque ocurrió, además, el mismo día en que la madre de David estaba celebrando su cumpleaños. Mariana relató cómo se enteró de la tragedia, en medio de una jornada que ya estaba marcada por la rutina y las ocupaciones familiares.“Desgraciadamente ese día mi mamá estaba cumpliendo años. Me acuerdo que yo estaba hablando con mi mamá y le dije: ‘No puedo pasar, no podemos hacer nada porque pues estoy ocupada, no se le puede celebrar nada’. Entonces me dijo: ‘Bueno, está bien’”, recordó.Sin embargo, apenas media hora después de esa conversación, recibió una llamada que cambiaría todo. Una conocida de la familia se comunicó con ella para darle la noticia. “Me dijo: ‘Tengo que contarle algo de David’. Entonces no sé, fue un presentimiento y dije: ‘No me diga, no, o sea, no quiero escuchar nada. No quiero saber nada’”.Según su testimonio, la mujer insistió y finalmente le reveló lo ocurrido. “Mami, es que a David hace poquito lo mataron en La Mariposa. Sentí como un hueco en mi corazón y dije: otra vez tener que pasar por esto, otra vez tener que pasar por este dolor, no es justo”.Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. No obstante, según confirmaron sus familiares, llegó sin signos vitales.Seis meses después del crimen, la familia sostiene que no hay capturas ni avances significativos en la investigación. Según indicaron, los presuntos responsables habrían utilizado identificaciones falsas y continúan en libertad.
La vida de la familia Rodríguez cambió para siempre el pasado 5 de septiembre de 2025. David Rodríguez, de 23 años, fue asesinado en el centro de Bogotá mientras trabajaba como vendedor ambulante, un oficio que, según sus allegados, ejercía desde la adolescencia para apoyar a su hogar.“Desgraciadamente ese día mi mamá estaba cumpliendo años”, recordó su hermana Mariana en entrevista con Blu Radio, al relatar cómo la fecha del crimen quedó marcada como una herida imposible de sanar. David, aseguran, era una “persona maravillosa” y “muy alegre donde llegaba”, conocido en el sector por su carisma y dedicación.El ataque ocurrió en el Parque de la Mariposa, cuando el joven adelantaba labores habituales en su puesto de comida rápida. Aunque en un primer momento se habló de una posible riña, las grabaciones de seguridad revisadas por la familia muestran otra versión. “En las cámaras de seguridad nunca se ve a mi hermano hablar con nadie, simplemente se ve mi hermano en la cicla; llevaba su cicla con una mano y la otra mano llevaba los suministros”, explicó Laura, su otra hermana. Según su relato, dos hombres se acercaron por la espalda y uno de ellos le propinó una puñalada antes de huir del lugar.La familia también cuestiona la actuación de las autoridades tras la agresión. De acuerdo con su testimonio, varias personas intentaron auxiliar a David, pero la intervención policial habría impedido que se le prestara ayuda inmediata. “La policía no dejó que nadie lo auxiliara… tal vez si ellos hubieran permitido que una persona se acercara a ayudarle a mi hermano, él seguiría acá”, afirmó Mariana. Ante la demora de una ambulancia, el joven fue trasladado en una patrulla, pero llegó al centro asistencial sin signos vitales. Cinco meses después, los Rodríguez aseguran que no solo enfrentan el duelo, sino también el miedo. Denuncian amenazas provenientes de los presuntos responsables, quienes, según indican, tenían conflictos previos con el hermano mayor de David.Sobre las causas del crimen, la hermana dijo que "no entiendo la razón, no sé por qué, siempre le tuvieron como envidia a mi hermano". “Textualmente el man nos dice: 'Ya me lo fumé, ya lo maté”, relató Laura sobre uno de los mensajes recibidos. “Me parece muy injusto que estas personas hagan lo que hagan y seamos nosotros los que tengamos que escondernos”, agregó.Hoy, la familia insiste en que el caso avance y que se emitan las órdenes de captura correspondientes. El impacto emocional ha sido devastador, especialmente para la madre del joven. “Solo pedimos que estas dos personas paguen por lo que hicieron porque no es justo… siento que es como si le arrancara a uno la vida al corazón”, concluyó Mariana, en un llamado directo a las autoridades para que la muerte de David no quede en el olvido.
El Ministerio del Trabajo inició una investigación formal para determinar si existieron vulneraciones a los derechos laborales en modelos de comercialización informal asociados a las empresas Quala S.A. y Grupo Nutresa S.A., que habrían vinculado a personas en situación de vulnerabilidad como vendedores ambulantes y “letreros andantes” sin contrato, seguridad social ni remuneración digna.La actuación se originó a partir de la denuncia presentada por Óscar David Benavides Angulo, candidato a la Cámara por la curul Afro, quien alertó a las autoridades sobre presuntas prácticas empresariales que, según su denuncia, encubren relaciones laborales mediante esquemas informales. Benavides advirtió que dichas dinámicas afectan especialmente a ciudadanos sin recursos ni herramientas de defensa frente a grandes compañías.“Aquí no estamos hablando de favores ni de oportunidades informales, estamos hablando de personas usadas para vender marcas millonarias sin contrato, sin seguridad social y sin un salario digno. Eso es explotación laboral y no puede seguir normalizándose”, expresó Benavides AnguloEn el requerimiento oficial, el Ministerio del Trabajo concedió un plazo de cinco días hábiles para que Quala y Grupo Nutresa se pronuncien y presenten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad recordó que el incumplimiento de este requerimiento podría derivar en sanciones económicas de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes, conforme a la legislación laboral colombiana.Organizaciones sociales y defensores de derechos laborales consideran que este caso podría sentar un precedente importante frente a un modelo que se ha normalizado en el país, donde grandes empresas trasladan los riesgos del trabajo informal a personas en condiciones de pobreza, aprovechando su vulnerabilidad económica.“Esto no es solo Quala, es un sistema que ha permitido que grandes marcas se lucren mientras miles de colombianos trabajan sin derechos. Por eso decidí denunciar”, agregó Benavides.El proceso queda ahora en manos de la autoridad laboral, que deberá determinar si existió vulneración de derechos ciertos e indiscutibles y si las prácticas denunciadas constituyen una forma de evasión de responsabilidades laborales frente a poblaciones especialmente vulnerables.
Lo que comenzó como un operativo rutinario de recuperación del espacio público terminó convirtiéndose en una controversia en Bogotá. El pasado 16 de diciembre, en la esquina de la calle 82 con carrera 12, frente al Centro Comercial Andino, un procedimiento contra la venta ambulante desencadenó una ola de reacciones que involucró a concejales, ediles, congresistas y hasta a la exalcaldesa de la capital.El hecho ocurrió en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, justo frente a una tienda de la cadena Zara. Allí, funcionarios retiraron del andén a una mujer que vendía gorros, bufandas, guantes y artículos navideños desde un carrito con sombrilla. El operativo, que en otras circunstancias habría pasado desapercibido, tomó notoriedad luego de que la concejal Cristina Calderón, del Nuevo Liberalismo —partido del alcalde Carlos Fernando Galán— celebrara la acción en su cuenta de X (antes Twitter).“Gracias a nuestra gestión de la mano con la alcaldía de Chapinero, estamos recuperando el espacio público en la esquina de Zara en el Centro Comercial Andino”, escribió Calderón, calificando el procedimiento como “un paso más para poner orden en la ciudad y recuperar los andenes”.El mensaje fue suficiente para encender la polémica. La primera reacción fuerte vino de la exalcaldesa Claudia López, quien calificó la actuación de la administración distrital como “miserable”. Según López, la alcaldía usó “todo su poder” contra una mujer humilde que buscaba ganarse la vida de manera honesta, mientras incomodaba, según ella, a los residentes de estratos altos del sector. La exmandataria también afirmó que el Distrito tiene herramientas para organizar el espacio público sin atropellar a los vendedores informales y criticó lo que consideró una falta de humanidad y criterio.Las críticas se ampliaron desde el ámbito local. Kate Garavito, edil de Chapinero, aseguró que “hay que ser muy miserable” para celebrar públicamente una acción que deja sin sustento a una persona vulnerable y a su familia. En la misma línea, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, calificó el episodio como vergonzoso y denunció un trato desigual: mientras se retiraba a la vendedora ambulante, una camioneta de alta gama permanecía estacionada en un lugar prohibido justo al frente del operativo, sin ser sancionada.
Así como en otras ciudades del país, diciembre es una de las épocas del año más importantes para el comercio formal e informal en Medellín. Sin embargo, controles y operativos al espacio público, especialmente en el centro de la ciudad, siguen generando preocupación e inconformidades en el sector de las economías populares por lo que decidieron tomar nuevas medidas ante acciones que consideran ilegales.Y es que a propósito del quinto encuentro que sostuvieron representantes de este sector con autoridades para discutir un pliego de exigencias planteado desde el año anterior, se conoció la solicitud que radicaron ante la Defensoría del Pueblo exigiendo la suspensión total de los operativos mientras se corrigen sus procedimientos.Lubín Torres, vicepresidente del sindicato Familia de la Calle, advirtió que el actual modelo permite que contratistas sin autoridad policial realicen decomisos, impongan medidas correctivas y adelanten actuaciones que solo pueden ejercer servidores investidos de poder público, pero además que muchos procedimientos se llevan a cabo sin ofrecer garantías ni alternativas de sustento, contradiciendo lo expresado por la Corte Constitucional."Hasta que no se garantice el debido proceso, esos operativos son ilegales. ¿Qué hace que sea ilegal? Entre otras cosas, que no se le ofrece una alternativa económica distinta al trabajador que es víctima del desalojo o de la incautación. Antes de un desalojo o una incautación de los medios de trabajo, se le tiene que haber ofrecido otra alternativa económica distinta", explicó.Según datos de las organizaciones que representan las economías populares en este espacio de diálogo, entre el 1 de enero de 2024 y el 28 de febrero de 2025 se registraron 18.859 operativos de espacio público, un promedio de 45 al día, por lo que Esteban Romero, integrante del Colectivo Ciudad en Movimiento, advirtió que la institucionalidad se ha quedado corta en la oferta de mejores alternativas para unas 70.000 personas que hacen parte de este tipo de actividades económicas en la capital antioqueña."Hay un una incapacidad de la institucionalidad para atender y proveer posibilidades para el trabajo digno de las y los trabajadores durante esta temporada decembrina, que además de la presión económica que hay sobre el espacio público, también se correlaciona con, pues, la incapacidad que tiene el el espacio público para regular atendiendo a los principios constitucionales", añadió.El reciente recurso planteado ante la Defensoría busca que esta entidad del Ministerio Público intervenga de manera urgente en lo operativo y que mientras se establecen mecanismos que consideran los denunciantes más acordes a la ley se les permita seguir ejerciendo las labores en el espacio público, especialmente en una época clave para la dinámica comercial como lo es navidad y fin de año.
Una denuncia laboral sin precedentes fue presentada contra varias multinacionales que distribuyen sus productos a través de vendedores ambulantes en todo el territorio nacional, por presunta explotación laboral y vulneración de derechos humanos fundamentales.El documento jurídico sostiene que detrás de esta forma de comercialización se esconde una estructura de trabajo sin garantías, sin seguridad social, prestaciones ni salarios dignos, que somete a los trabajadores informales a condiciones de servidumbre moderna. La acción se ampara en el Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución Política de Colombia y en tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la Convención 29 sobre Trabajo Forzoso y la Convención 111 sobre Discriminación en el Empleo.El abogado Óscar David Benavides Angulo, quien encabeza la denuncia, conoce el caso desde dentro. Comenzó a los 17 años como vendedor ambulante en Bogotá, en sectores como el Portal de la 80, Engativá, Corabastos y Patio Bonito, donde comercializaba productos como Crem Helado, Bon Ice y Vive 100. Desde entonces fue testigo de las largas jornadas, la falta de contratos y la dependencia económica hacia las compañías que controlan el producto pero niegan cualquier vínculo laboral.“Es una forma de esclavitud moderna que se ha naturalizado en las calles del país”, señala el texto de la demanda, que busca no solo el reconocimiento de derechos laborales, sino también un precedente legal y social que visibilice las nuevas formas de explotación que afectan a la economía informal.El caso fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y se espera que siente bases para la protección de miles de vendedores informales que hoy operan sin amparo jurídico. Más allá del terreno legal, esta acción reabre el debate sobre la responsabilidad social de las grandes marcas y la urgencia de dignificar el trabajo informal, una deuda histórica con quienes sostienen, desde la calle, buena parte de la economía popular en Colombia.
El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia.Número ganador del Dorado Mañana hoy, viernes 24 de septiembre de 2026El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 24 de septiembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si acertaron.Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.Plan de premios del Dorado MañanaUno de los principales atractivos de este chance es que permite ganar incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y agrega una nueva opción para aumentar las ganancias.Cómo reclamar un premio del Dorado MañanaDe acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.Para cobrar el premio es necesario:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar la validación y el pago del premio.
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.