Tras los operativos de recuperación del espacio público adelantados en el centro de Cali, la Alcaldía inició la devolución de las mercancías que fueron retiradas a vendedores informales en la carrera novena, entre calles 13 y 13A. Según las autoridades, los elementos fueron previamente inventariados y registrados para garantizar su entrega a los respectivos propietarios.La entrega de estos productos se da luego de una reunión entre representantes de las secretarías de Seguridad, Paz y Cultura Ciudadana y Desarrollo Económico con los vendedores informales, en la que se revisaron los procedimientos y se plantearon compromisos para que los comerciantes puedan continuar con sus actividades, respetando las normas que regulan el uso del espacio público.“Debido a las conversaciones que hemos tenido con los vendedores informales, cuando se hizo el procedimiento toda la documentación fue inventariada y se anotó quién es el dueño de cada una de estas mercancías. Estas se están entregando nuevamente a los vendedores de manera organizada y a cada uno de sus propietarios, pero necesitamos recuperar el control y la seguridad en la zona”, explicó Javier Garcés, secretario de Seguridad de Cali.El funcionario también señaló que la intervención responde a situaciones de inseguridad que se venían registrando en este punto del centro de la ciudad. Según indicó, durante el año se habían presentado tres homicidios en el mismo sector, además de actividades relacionadas con microtráfico y hurtos. Aseguró que los procedimientos no están dirigidos contra el comercio informal, sino contra las estructuras criminales que, según las autoridades, tienen presencia en la zona.“Lastimosamente, algunas de las actividades criminales que se han estado combatiendo aquí en el sector de Ciudad Paraíso han migrado hacia sectores aledaños, así es que en esta zona en el transcurso del año llevábamos tres homicidios en el mismo punto de esta esquina de la 13A con carrera novena, ahí teníamos actividades criminales asociadas a microtráfico e inclusive a temas de homicidio y a temas de hurto que tenían azotada esta zona”, dijo el funcionario.Mientras avanzan las devoluciones, algunos comerciantes han denunciado que las mercancías están siendo entregadas en malas condiciones, situación que ha generado malestar e inconformidad entre los vendedores informales. Entre tanto, la Administración Distrital anunció que los operativos de recuperación del espacio público continuarán en el centro de Cali y que se mantendrán los diálogos con los comerciantes para establecer acuerdos que permitan desarrollar sus actividades económicas sin desconocer la normatividad sobre el uso de estas zonas.
Más de 100 emprendedores del departamento están recibiendo apoyo de la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con la entrega de insumos, equipos y elementos destinados a fortalecer sus unidades productivas, mejorar su capacidad operativa y generar nuevas oportunidades de ingresos para sus familias.La estrategia “Santander Contigo” busca llegar directamente a los territorios y acompañar a personas que han encontrado en sus emprendimientos una alternativa para mejorar sus condiciones económicas y sacar adelante a sus hogares."Entre los beneficiarios se encuentran emprendedores dedicados a la elaboración y comercialización de postres, tamales, hortalizas, café, confitería y paquetes, además de propietarios de pequeñas tiendas, negocios de confecciones y emprendimientos de manualidades", dijo Marisol Pinzón, secretaria de Desarollo Social. La dotación entregada incluye cocinas, máquinas de coser, neveras, congeladores, cavas, ollas, vitrinas, estanterías, batidoras, máquinas de moler, impresoras, mesas, sillas y surtido para los negocios, entre otros elementos requeridos para fortalecer sus actividades comerciales.“Santander Contigo busca impulsar negocios familiares”, explicó Marisol Pinzón Sierra, secretaria de Desarrollo Social de Santander, quien destacó que el programa permite acercar la oferta institucional a quienes trabajan diariamente por generar sus propios ingresos.Uno de los casos es el de Danith Milena Martínez, emprendedora del centro de Bucaramanga, quien lleva más de 20 años trabajando en su negocio y recibió una cava, termos y surtido para ampliar su actividad comercial.“Estoy muy agradecida con la bendición que me ha llegado de parte de la Gobernación. Salí favorecida con una cava, termos y bastante surtido para ampliar mi negocio. Gracias por esta labor tan bonita”, manifestó la emprendedora.Otro de los testimonios corresponde a Carmen Sepúlveda Mantilla, habitante del corregimiento 3 de Bucaramanga, quien encontró en el emprendimiento una alternativa para generar ingresos mientras ejerce como cuidadora de su hija en condición de discapacidad.Para seleccionar a los beneficiarios, la Secretaría de Desarrollo Social adelantó una convocatoria pública y realizó trabajo de campo en diferentes sectores del departamento. Durante estas jornadas se llevó a cabo la preinscripción de los interesados y la socialización de la estrategia.Posteriormente, se desarrolló el proceso de selección teniendo en cuenta los requisitos establecidos para acceder a los apoyos.La administración departamental señaló que continuará recorriendo los municipios para identificar las necesidades de los emprendedores y acercar los programas institucionales a las comunidades.Con “Santander Contigo”, la Gobernación busca fortalecer los negocios familiares y respaldar a quienes encuentran en el emprendimiento una oportunidad para generar ingresos, mejorar su capacidad productiva y construir un mejor futuro.
Bogotá, como cada año, vive una nueva jornada de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se lleva a cabo en Corferias. Sin embargo, mientras miles de personas esperaban ingresar al recinto, una pelea entre dos vendedoras ambulantes terminó convirtiéndose en una escena que se hizo viral en redes sociales y generó comentarios entre quienes asistían al evento.El altercado ocurrió ante la mirada de decenas de personas. Entre familias, estudiantes y lectores que llegaban o salían de Corferias, la discusión subió de tono tan rápido que pasó de empujones a jalones de cabello y golpes. Varias personas que estaban en el lugar intervinieron para intentar separarlas y evitar así una disputa que pudiera escalar mucho más.Pelea entre vendedoras ambulantes quedó en videoLas imágenes muestran que la riña comenzó con un cruce de palabras y, en apenas unos segundos, ambas mujeres terminaron forcejeando en el piso mientras algunos presentes sacaban sus celulares y grababan la bochornosa escena.Si bien no se reportaron personas heridas de gravedad, lo cierto es que el episodio incomodó a los asistentes que esperaban ingresar a la feria, uno de los eventos culturales más concurridos de la capital. El hecho volvió a poner sobre la mesa una polémica que cada vez resulta más común: la disputa por los espacios de venta.La escena no tardó en hacerse viral. Más allá de la pelea, lo que despertó preocupación fue el lugar en el que ocurrieron los hechos, pues se trata de un sitio donde miles de personas buscan disfrutar de libros, conversatorios y actividades culturales.Vendedores ambulantes en Bogotá: disputa por regulación cerca de CorferiasLo ocurrido reactivó una discusión que lleva meses sobre la mesa en Bogotá. La presencia de vendedores informales en zonas de alta afluencia sigue siendo un asunto complejo para la ciudad.Desde distintos sectores se ha planteado que las riñas por puntos de venta, la congestión peatonal y los conflictos entre comerciantes informales se están volviendo más frecuentes. Al mismo tiempo, también se insiste en que muchas familias dependen económicamente de esta actividad para sostenerse día a día.
El Distrito de Bogotá expidió un nuevo decreto con el propósito de organizar el uso del espacio público y establecer lineamientos para el funcionamiento de los vendedores informales en la capital. La norma contempla la creación de Zonas de Manejo Especial en las que no se permitirá el desarrollo de actividades comerciales informales, además de imponer nuevas regulaciones sanitarias y controles sobre las actividades que se realizan en estos espacios.Entre las principales disposiciones del decreto se encuentra la regulación progresiva del uso de pipetas de gas en el espacio público, debido a los riesgos que representan para la seguridad de los ciudadanos. Sobre este punto, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la medida busca disminuir gradualmente estos elementos en las calles. Según indicó, “son tres. Lo primero, la regulación de pipetas. Progresivamente, iremos regulando pipetas en el espacio público. Generan un riesgo enorme, lo hemos visto en distintos lugares. No se trata de que esas personas no ejerzan la actividad, pero sí se trata de que cada vez más se reduzcan las pipetas en el espacio público”.El decreto también establece la definición de Zonas de Manejo Especial, consideradas estratégicas por su nivel de riesgo o importancia institucional. En estos lugares quedará prohibida la venta informal, medida que será implementada de manera progresiva y cuya delimitación será informada por las autoridades en los próximos meses. En ese sentido, el funcionario precisó que “lo segundo, las zonas especiales. Hay zonas especiales que, por su riesgo, no pueden tener venta informal. En seis meses, la Secretaría de Seguridad irá dando información de cuáles son esas zonas, pero, entre otras, tenemos el aeropuerto, por ejemplo, las entidades de la rama judicial. Hay varios lugares que, por su importancia estratégica, no deberían tener ventas informales, porque lo que generan es un riesgo adicional sobre las zonas”.Otro de los ejes centrales del decreto está relacionado con el control del uso de menores de edad en actividades comerciales informales, así como la prohibición de ventas ilegales o servicios que impliquen riesgos sanitarios o de seguridad. De acuerdo con el secretario Quintero, la norma recopila disposiciones vigentes para reforzar la vigilancia en estos aspectos. Según explicó, “recopilamos distintas normas para poder controlar el uso de menores en el espacio público. Los menores no pueden ejercer actividad ni pueden trabajar en el espacio público. Eso es lo primero. Lo segundo, venta de sustancias ilegales. Aunque no lo parezca, eso todavía sucede. Lo que hacemos es centralizar la norma, fortalecerla y evitar que se pasen”.Dentro de las actividades que quedarán expresamente prohibidas en el espacio público se encuentran la venta de armas cortopunzantes y la prestación de servicios como ortodoncia, tatuajes y otras prácticas que requieren condiciones sanitarias especiales. Sobre este punto, el secretario señaló que “no se pueden vender armas cortopunzantes. Acá, en Plaza España, en La Mariposa, en distintos lugares, nosotros nos encontrábamos con actividades como ortodoncia, tatuajes, todo ese tipo de cosas que ya no van a poder pasar. Lo otro les da herramientas a algunas entidades del distrito para controlar en materia sanitaria lo que se vende en el espacio público. Hay mucho riesgo en ese sentido, queremos darle garantías a la ciudadanía y por eso el decreto también va a ser muy importante”.El Distrito también enfatizó que la implementación del decreto se realizará de manera gradual y con enfoque social, especialmente hacia las personas que dependen del comercio informal para su sustento. En este sentido, aseguran que la medida no busca afectar a la población vulnerable, sino combatir las estructuras ilegales que operan en el espacio público. Según afirmó, “entendemos que es un proceso, se hará de manera progresiva, se trabajará con las personas vulnerables. Este decreto no busca afectar a las personas vulnerables que ejercen venta informal, pero sí busca combatir las mafias y los riesgos en el espacio público”.
El pasado 5 de septiembre de 2025, lo que debía ser una jornada laboral normal para David Rodríguez, un joven vendedor ambulante de 23 años, terminó en tragedia en el sector de San Victorino, en pleno centro de Bogotá. Según el relato de sus hermanas en entrevista con Blu Radio, David se encontraba en el Parque de la Mariposa adquiriendo insumos para su puesto de comida cuando fue abordado por la espalda. Laura Rodríguez, hermana de la víctima, desmintió las versiones de una supuesta riña previa: "En las cámaras de seguridad nunca se ve a mi hermano hablar con nadie, simplemente se ve en la cicla, llevaba su cicla con una mano y la otra mano llevaba los suministros, y se ven a dos personas salir de la parte de atrás, y una de las dos personas apuñala a mi hermano". El ataque, presuntamente perpetrado por dos hermanos con quienes la familia ya tenía rencillas del pasado, ocurrió el mismo día en que la madre de la víctima celebraba su cumpleaños.La indignación de la familia crece al denunciar una presunta negligencia por parte de las autoridades que atendieron el caso en el lugar de los hechos. De acuerdo con el testimonio de los allegados, los uniformados presentes habrían impedido que el joven recibiera auxilio oportuno. "La policía no dejo que nadie los lo auxiliara, no permitió que nadie se acercara a auxiliarlo... un amigo de nosotros intentó ayudarlo los policías no lo dejaron", señalaron las hermanas, agregando que la asistencia médica profesional nunca llegó al sitio. Ante la demora, David fue trasladado en una patrulla, pero llegó al centro asistencial sin vida; su familia sostiene con dolor que "tal vez si ellos hubieran permitido que una persona se acercara ayudarle a mi hermano, él seguiría acá".Tras el asesinato, el acoso contra los Rodríguez no ha cesado, según denunciaron. Los presuntos agresores, quienes habrían huido de la ciudad con ayuda de su padre, según Laura, han contactado al hermano mayor de David para proferir amenazas de muerte directas. En una de las llamadas posteriores al crimen, uno de los atacantes se jactó del homicidio, según denunciaron: "Textualmente, el man le dice a mi hermano que 'Ya a su hermano me lo fumé, ya lo maté". Estas agresiones se han extendido a otros miembros del núcleo familiar, incluyendo a menores de edad, mediante perfiles falsos y llamadas: "Han habido amenazas contra mi hermano, contra mi sobrina, contra un niño que no tiene nada que ver en el problema y contra mí".El proceso judicial parece estar estancado, lo que aumenta la sensación de desprotección en la familia. A más de cinco meses del homicidio, denuncian que "la orden de captura ni siquiera ha salido" y que la comunicación con los investigadores es nula: "La patrullera que lleva el caso no responde, no hay información, entonces no sabemos qué ha pasado con el caso", concluyeron las hermanas.
La muerte de David Rodríguez no solo marcó el final de la vida de un joven de 23 años, sino que destapó un conflicto que, según su familia en entrevista con Blu Radio, venía gestándose desde meses atrás en medio de disputas y amenazas en el centro de Bogotá.El crimen ocurrió el pasado 5 de septiembre en inmediaciones del Parque de la Mariposa. David, quien se dedicaba a la venta de hamburguesas y trabajaba desde la adolescencia, fue atacado con arma blanca mientras realizaba labores relacionadas con su negocio. Para su familia, no se trató de una riña, sino de un ataque premeditado derivado de un conflicto previo que involucró a su hermano mayor.Mariana Rodríguez, hermana de la víctima, lo recordó como un joven cercano y trabajador. “Era una persona muy alegre donde llegaba se hacía querer muchísimo”, afirmó en Blu Radio. De acuerdo con el relato de sus hermanas, el origen de la confrontación se remonta a noviembre del año anterior, cuando un hombre, también vendedor ambulante, junto a su hermano, le pidió un favor al hermano mayor de David y, ante la negativa, lo amenazó.Laura, la hermana menor, explicó que tras la discusión inicial se produjo un violento ataque con machete contra su hermano mayor, quien resultó gravemente herido. “Solo sé que esta persona le pidió un favor a mi hermano, mi hermano no se lo quiso hacer... el muchacho se paró y le dijo a mi hermano ‘Tranquilo que yo le voy a traer a mi hermano’”, relató. Aunque posteriormente se habría intentado una conciliación, la familia asegura que las amenazas continuaron y que David comenzó a ser hostigado.El día del homicidio, según las imágenes de cámaras de seguridad revisadas por los familiares, no hubo enfrentamiento previo. Laura desmintió versiones que hablaban de una pelea. “En las cámaras de seguridad nunca se ve a mi hermano hablar con nadie, simplemente se ve mi hermano en la cicla llevaba su cicla con una mano y la otra mano llevaba los suministros y se ven a dos personas salir de la parte de atrás, una de las dos personas apuñala a mi hermano y salen corriendo”, detalló.El ataque ocurrió, además, el mismo día en que la madre de David estaba celebrando su cumpleaños. Mariana relató cómo se enteró de la tragedia, en medio de una jornada que ya estaba marcada por la rutina y las ocupaciones familiares.“Desgraciadamente ese día mi mamá estaba cumpliendo años. Me acuerdo que yo estaba hablando con mi mamá y le dije: ‘No puedo pasar, no podemos hacer nada porque pues estoy ocupada, no se le puede celebrar nada’. Entonces me dijo: ‘Bueno, está bien’”, recordó.Sin embargo, apenas media hora después de esa conversación, recibió una llamada que cambiaría todo. Una conocida de la familia se comunicó con ella para darle la noticia. “Me dijo: ‘Tengo que contarle algo de David’. Entonces no sé, fue un presentimiento y dije: ‘No me diga, no, o sea, no quiero escuchar nada. No quiero saber nada’”.Según su testimonio, la mujer insistió y finalmente le reveló lo ocurrido. “Mami, es que a David hace poquito lo mataron en La Mariposa. Sentí como un hueco en mi corazón y dije: otra vez tener que pasar por esto, otra vez tener que pasar por este dolor, no es justo”.Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. No obstante, según confirmaron sus familiares, llegó sin signos vitales.Seis meses después del crimen, la familia sostiene que no hay capturas ni avances significativos en la investigación. Según indicaron, los presuntos responsables habrían utilizado identificaciones falsas y continúan en libertad.
La vida de la familia Rodríguez cambió para siempre el pasado 5 de septiembre de 2025. David Rodríguez, de 23 años, fue asesinado en el centro de Bogotá mientras trabajaba como vendedor ambulante, un oficio que, según sus allegados, ejercía desde la adolescencia para apoyar a su hogar.“Desgraciadamente ese día mi mamá estaba cumpliendo años”, recordó su hermana Mariana en entrevista con Blu Radio, al relatar cómo la fecha del crimen quedó marcada como una herida imposible de sanar. David, aseguran, era una “persona maravillosa” y “muy alegre donde llegaba”, conocido en el sector por su carisma y dedicación.El ataque ocurrió en el Parque de la Mariposa, cuando el joven adelantaba labores habituales en su puesto de comida rápida. Aunque en un primer momento se habló de una posible riña, las grabaciones de seguridad revisadas por la familia muestran otra versión. “En las cámaras de seguridad nunca se ve a mi hermano hablar con nadie, simplemente se ve mi hermano en la cicla; llevaba su cicla con una mano y la otra mano llevaba los suministros”, explicó Laura, su otra hermana. Según su relato, dos hombres se acercaron por la espalda y uno de ellos le propinó una puñalada antes de huir del lugar.La familia también cuestiona la actuación de las autoridades tras la agresión. De acuerdo con su testimonio, varias personas intentaron auxiliar a David, pero la intervención policial habría impedido que se le prestara ayuda inmediata. “La policía no dejó que nadie lo auxiliara… tal vez si ellos hubieran permitido que una persona se acercara a ayudarle a mi hermano, él seguiría acá”, afirmó Mariana. Ante la demora de una ambulancia, el joven fue trasladado en una patrulla, pero llegó al centro asistencial sin signos vitales. Cinco meses después, los Rodríguez aseguran que no solo enfrentan el duelo, sino también el miedo. Denuncian amenazas provenientes de los presuntos responsables, quienes, según indican, tenían conflictos previos con el hermano mayor de David.Sobre las causas del crimen, la hermana dijo que "no entiendo la razón, no sé por qué, siempre le tuvieron como envidia a mi hermano". “Textualmente el man nos dice: 'Ya me lo fumé, ya lo maté”, relató Laura sobre uno de los mensajes recibidos. “Me parece muy injusto que estas personas hagan lo que hagan y seamos nosotros los que tengamos que escondernos”, agregó.Hoy, la familia insiste en que el caso avance y que se emitan las órdenes de captura correspondientes. El impacto emocional ha sido devastador, especialmente para la madre del joven. “Solo pedimos que estas dos personas paguen por lo que hicieron porque no es justo… siento que es como si le arrancara a uno la vida al corazón”, concluyó Mariana, en un llamado directo a las autoridades para que la muerte de David no quede en el olvido.
El Ministerio del Trabajo inició una investigación formal para determinar si existieron vulneraciones a los derechos laborales en modelos de comercialización informal asociados a las empresas Quala S.A. y Grupo Nutresa S.A., que habrían vinculado a personas en situación de vulnerabilidad como vendedores ambulantes y “letreros andantes” sin contrato, seguridad social ni remuneración digna.La actuación se originó a partir de la denuncia presentada por Óscar David Benavides Angulo, candidato a la Cámara por la curul Afro, quien alertó a las autoridades sobre presuntas prácticas empresariales que, según su denuncia, encubren relaciones laborales mediante esquemas informales. Benavides advirtió que dichas dinámicas afectan especialmente a ciudadanos sin recursos ni herramientas de defensa frente a grandes compañías.“Aquí no estamos hablando de favores ni de oportunidades informales, estamos hablando de personas usadas para vender marcas millonarias sin contrato, sin seguridad social y sin un salario digno. Eso es explotación laboral y no puede seguir normalizándose”, expresó Benavides AnguloEn el requerimiento oficial, el Ministerio del Trabajo concedió un plazo de cinco días hábiles para que Quala y Grupo Nutresa se pronuncien y presenten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad recordó que el incumplimiento de este requerimiento podría derivar en sanciones económicas de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes, conforme a la legislación laboral colombiana.Organizaciones sociales y defensores de derechos laborales consideran que este caso podría sentar un precedente importante frente a un modelo que se ha normalizado en el país, donde grandes empresas trasladan los riesgos del trabajo informal a personas en condiciones de pobreza, aprovechando su vulnerabilidad económica.“Esto no es solo Quala, es un sistema que ha permitido que grandes marcas se lucren mientras miles de colombianos trabajan sin derechos. Por eso decidí denunciar”, agregó Benavides.El proceso queda ahora en manos de la autoridad laboral, que deberá determinar si existió vulneración de derechos ciertos e indiscutibles y si las prácticas denunciadas constituyen una forma de evasión de responsabilidades laborales frente a poblaciones especialmente vulnerables.
Lo que comenzó como un operativo rutinario de recuperación del espacio público terminó convirtiéndose en una controversia en Bogotá. El pasado 16 de diciembre, en la esquina de la calle 82 con carrera 12, frente al Centro Comercial Andino, un procedimiento contra la venta ambulante desencadenó una ola de reacciones que involucró a concejales, ediles, congresistas y hasta a la exalcaldesa de la capital.El hecho ocurrió en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, justo frente a una tienda de la cadena Zara. Allí, funcionarios retiraron del andén a una mujer que vendía gorros, bufandas, guantes y artículos navideños desde un carrito con sombrilla. El operativo, que en otras circunstancias habría pasado desapercibido, tomó notoriedad luego de que la concejal Cristina Calderón, del Nuevo Liberalismo —partido del alcalde Carlos Fernando Galán— celebrara la acción en su cuenta de X (antes Twitter).“Gracias a nuestra gestión de la mano con la alcaldía de Chapinero, estamos recuperando el espacio público en la esquina de Zara en el Centro Comercial Andino”, escribió Calderón, calificando el procedimiento como “un paso más para poner orden en la ciudad y recuperar los andenes”.El mensaje fue suficiente para encender la polémica. La primera reacción fuerte vino de la exalcaldesa Claudia López, quien calificó la actuación de la administración distrital como “miserable”. Según López, la alcaldía usó “todo su poder” contra una mujer humilde que buscaba ganarse la vida de manera honesta, mientras incomodaba, según ella, a los residentes de estratos altos del sector. La exmandataria también afirmó que el Distrito tiene herramientas para organizar el espacio público sin atropellar a los vendedores informales y criticó lo que consideró una falta de humanidad y criterio.Las críticas se ampliaron desde el ámbito local. Kate Garavito, edil de Chapinero, aseguró que “hay que ser muy miserable” para celebrar públicamente una acción que deja sin sustento a una persona vulnerable y a su familia. En la misma línea, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, calificó el episodio como vergonzoso y denunció un trato desigual: mientras se retiraba a la vendedora ambulante, una camioneta de alta gama permanecía estacionada en un lugar prohibido justo al frente del operativo, sin ser sancionada.
Así como en otras ciudades del país, diciembre es una de las épocas del año más importantes para el comercio formal e informal en Medellín. Sin embargo, controles y operativos al espacio público, especialmente en el centro de la ciudad, siguen generando preocupación e inconformidades en el sector de las economías populares por lo que decidieron tomar nuevas medidas ante acciones que consideran ilegales.Y es que a propósito del quinto encuentro que sostuvieron representantes de este sector con autoridades para discutir un pliego de exigencias planteado desde el año anterior, se conoció la solicitud que radicaron ante la Defensoría del Pueblo exigiendo la suspensión total de los operativos mientras se corrigen sus procedimientos.Lubín Torres, vicepresidente del sindicato Familia de la Calle, advirtió que el actual modelo permite que contratistas sin autoridad policial realicen decomisos, impongan medidas correctivas y adelanten actuaciones que solo pueden ejercer servidores investidos de poder público, pero además que muchos procedimientos se llevan a cabo sin ofrecer garantías ni alternativas de sustento, contradiciendo lo expresado por la Corte Constitucional."Hasta que no se garantice el debido proceso, esos operativos son ilegales. ¿Qué hace que sea ilegal? Entre otras cosas, que no se le ofrece una alternativa económica distinta al trabajador que es víctima del desalojo o de la incautación. Antes de un desalojo o una incautación de los medios de trabajo, se le tiene que haber ofrecido otra alternativa económica distinta", explicó.Según datos de las organizaciones que representan las economías populares en este espacio de diálogo, entre el 1 de enero de 2024 y el 28 de febrero de 2025 se registraron 18.859 operativos de espacio público, un promedio de 45 al día, por lo que Esteban Romero, integrante del Colectivo Ciudad en Movimiento, advirtió que la institucionalidad se ha quedado corta en la oferta de mejores alternativas para unas 70.000 personas que hacen parte de este tipo de actividades económicas en la capital antioqueña."Hay un una incapacidad de la institucionalidad para atender y proveer posibilidades para el trabajo digno de las y los trabajadores durante esta temporada decembrina, que además de la presión económica que hay sobre el espacio público, también se correlaciona con, pues, la incapacidad que tiene el el espacio público para regular atendiendo a los principios constitucionales", añadió.El reciente recurso planteado ante la Defensoría busca que esta entidad del Ministerio Público intervenga de manera urgente en lo operativo y que mientras se establecen mecanismos que consideran los denunciantes más acordes a la ley se les permita seguir ejerciendo las labores en el espacio público, especialmente en una época clave para la dinámica comercial como lo es navidad y fin de año.
El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Medellín en ‘AAA(col)’, la máxima de su escala, con perspectiva estable, tras evaluar el comportamiento de las finanzas del Distrito durante 2025.En su revisión del 5 de noviembre de 2026, la calificadora destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), factores que contribuyeron a mantener márgenes operativos sólidos y aumentar la disponibilidad de recursos de la administración distrital.Según Fitch, Medellín tiene una expectativa muy baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras frente a otros emisores del país. Además, su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia.El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta calificación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y permite respaldar la financiación de proyectos de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos se distribuyen en el tiempo.“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.Por su parte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, indicó que el recaudo tributario pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante esta administración, lo que representa un crecimiento del 27,56 %.“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.En su evaluación, Fitch también señaló que salud y educación concentran las principales responsabilidades de gasto del Distrito. Sin embargo, indicó que el crecimiento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos, lo que ha permitido conservar un margen operativo positivo y estable.La ratificación de esta calificación se conoce mientras el Concejo de Medellín discute el presupuesto para 2027 y las fuentes de financiación de los proyectos de la ciudad.
El programa de este domingo, 8 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿En cuáles de estas experiencias prefiere gastar su dinero?'La ciencia detrás de las cosas': Juanca Solarte explicó la anatomía de las orejas y el funcionamiento del oído, respondiendo a por qué nunca dejamos de escuchar.'Tema Central': Se analizó la economía de las experiencias y por qué las personas prefieren gastar su dinero en vivencias (viajes, gastronomía, entretenimiento y aprendizaje) antes que acumular bienes materiales.'Historias de viaje con JuanK': Juanca compartió detalles de su viaje a Egipto, comentando la importancia cultural de los gatos y su recorrido por las pirámides en la meseta de Guiza.'La máquina de la verdad': Se desmintieron mitos sobre Guatapé, explicando el valor cultural e histórico de sus zócalos y sus variadas opciones turísticas más allá de la rumba.
Un nuevo hecho de violencia con arma de fuego se registró en el municipio de Roldanillo, norte del Valle del Cauca. El ataque, ocurrido en el barrio San Sebastián, dejó como saldo una persona fallecida y un menor de edad lesionado, lo que generó preocupación entre los habitantes de este sector.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el Departamento de Policía Valle, las víctimas se encontraban en este sector cuando fueron interceptadas por varios sujetos que, al parecer, las atacaron con arma de fuego. En medio de la agresión, una de las personas recibió impactos que le ocasionaron la muerte, mientras que el menor resultó herido."Es de esclarecer que se perpetúa el sicariato de una persona mayor de edad de sexo masculino y un daño colateral contra un menor de edad. Es de resaltar que se amplía y se ejecuta el despliegue de todas las actividades institucionales para dar con los móviles irresponsables de este lamentable caso", dijo el mayor Hans Alberto Cardona Bedoya, comandante (e) de Distrito de Policía Roldanillo.Tras lo ocurrido, el adolescente fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Por ahora, las autoridades no han entregado información adicional sobre su estado de salud ni han precisado las circunstancias que rodearon el ataque."La Policía Nacional rechaza categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de las personas, especialmente cuando pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes", dice un comunicado emitido por la institución.El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer qué motivó esta agresión, determinar si las víctimas habían recibido amenazas y establecer las identidades de los responsables. Asimismo, se adelantan las labores de recolección de información y verificación de los elementos que permitan reconstruir lo sucedido.Este nuevo episodio de violencia genera preocupación por la afectación a la población civil, especialmente por la presencia de un menor de edad entre las víctimas. La Policía Nacional hizo un llamado a los habitantes de Roldanillo para que suministren cualquier información que permita avanzar en el esclarecimiento de este caso y facilitar la identificación de los responsables.