En varias diligencias adelantadas en Bogotá, Barranquilla y Montería, la Policía en un trabajo conjunto con la Fiscalía, logró desmantelar una red de contrabando de ropa que involucra a Tierra Santa, una reconocida tienda con sedes en varias ciudades del país.
Durante los operativos, fueron capturados seis ciudadanos libaneses, miembros de la junta directiva de dicha firma, que según las investigaciones habían montado toda una organización multicrimen trasnacional, dedicada al lavado de activos.
Esto lo lograron por medio de la creación de al menos 60 empresas fachadas usadas para realizar las importaciones falsas. “Estaban constituidas solo en el papel, con el fin de facilitar multimillonarias operaciones de lavado de activos a través del contrabando de ropa y accesorios”, reseñó la Policía. En otros casos, usaban empresas reales para legalizar otros elementos que no contaban con toda la documentación necesaria.
Una de las estrategias usadas por los miembros de la junta directiva fue buscar empleados trabajadores sin vida crediticia para hacerlos pasar como representantes legales de esas firmas. Siete de estos supuestos representantes fueron detenidos. También recurrían a transacciones bancarias a la República Libanesa para ocultar el dinero.
“Es el caso de una importadora, que en 2014 comenzó con un capital de $200 millones y ese mismo año obtuvo ingresos por más de 7 mil millones de pesos, pero para 2016 generó $2.134 millones. Es decir que en 3 años logró mover en efectivo la suma de 10.943.999.000, y todo esto sin reportarlo en las declaraciones de renta ante la DIAN”, informó la Policía.
Pero cuando verificaron la dirección de la supuesta compañía, encontraron que correspondía a un cuarto que le pertenecía a un señor pensionado.
De acuerdo con el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, fueron más de 60 meses de investigación para dar con el resultado presentado este miércoles.
“Detectamos con la Fiscalía 68 operaciones irregulares sospechosas y a partir de ahí, con la Dijin, se inicia una operación identificando que por países como China, Panamá, Singapur y Ecuador, se transportaban las mercancías traficadas hacia Colombia. Es un logro bastante importante porque con el actuar criminal de esta organización, se afectaban las finanzas del Estado”, dijo Sanabria.
El general también resaltó que este tipo de prácticas generaban una gran desventaja para los distribuidores de ropa al detal en Colombia, pues la mercancía que entraba por contrabando era facturada con precios muy por debajo de lo normal, como $1.700 por un pantalón y $672 por una camiseta.
Las investigaciones también llevaron a obtener las pruebas para aplicar medidas cautelares para 1.110 bienes muebles e inmuebles, avaluados comercialmente en más de $1.2 billones de pesos, en Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre, la Guajira, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Casanare, Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Nariño y Quindío.
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