El Juzgado 13 Penal del Circuito de Barranquilla no accedió a la petición de la Fiscalía y, a través de un fallo emitido este 24 de abril, confirmó en segunda instancia la medida no privativa de la libertad que le había sido concedida el 30 de septiembre de 2022 a 20 personas, en su mayoría miembros del grupo empresarial Tierra Santa, presuntamente implicadas en el contrabando de textiles.Según la Fiscalía, estas personas harían parte de una red ilegal que desde 2009 habría incurrido en actividades relacionadas con el contrabando de prendas y accesorios de vestir, pues al parecer “realizaba operaciones simuladas de importación y compra de mercancía proveniente principalmente de Panamá y Ecuador”.A esto se sumarían movimientos de dinero que, según el ente acusador, podrían estar relacionados con lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Sin embargo, todo este proceso lo podrán seguir enfrentando en libertad, como lo destaca el abogado Juan Sebastián Duque, representante de varios de los implicados."Nuestros representados continúan en el ejercicio de su defensa técnica en libertad, cobijados en unas medidas de aseguramiento no privativas que implican restricciones a otros derechos, pero, repito, en absoluta libertad", dijo el abogado.Entre las medidas restrictivas que recaen sobre los procesados están la prohibición de salir del país y de visitar ciertos lugares, estar sometidos a vigilancia electrónica y no comunicarse entre ellos.Ahora, la Fiscalía deberá determinar si convoca a una nueva audiencia para formular el escrito de acusación o si precluye el caso.Los implicados en este proceso son el socio fundador de Tierra Santa, Ahmad Ibrahim Gebara; sus hijos, Bilal y Khaled Ahmed Gebara Karameddin; así como Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud, Fayez Jbara, Eduardo Enrique Mejía Leguia, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina Rodríguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villabón López, Fray José López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett y Fabio León Álvarez Franco.Esta organización, considerada ilegal para la Fiscalía, cuenta con una empresa en Barranquilla, 29 sucursales en el territorio nacional y 62 empresas asociadas.
Un juez de control de garantías se abstuvo de cobijar con medida privativa de la libertad a once de los veinte implicados en el caso de presunto contrabando y lavado de activos en los almacenes de Tierra Santa, tras considerar que "no representan un peligro para la sociedad y que, desde casa, pueden seguir compareciendo a la investigación".El juez decidió no privarlos de la libertad ni en establecimiento carcelario ni con detención domiciliaria, según él, no era necesaria ni proporcional la medida en una cárcel, razón por la cual no acogería la solicitud de la Fiscalía. Por el contrario, daría razón a los abogados defensores en permitir que los acusados se defendieran en libertad, ejerciendo su derecho a la defensa no privativa de la misma.Las autoridades precisaron que las personas vinculadas por estos hechos fueron identificadas como Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, miembros de la junta directiva y otras 18 personas más, en medio de un presunto caso de contrabando y lavado de activos que llevó al cierre de más de 10 establecimientos de Tierra Santa, en su mayoría ubicadas en ciudades del Caribe como Barranquilla, incluyendo Soledad y Galapa; Santa Marta y Valledupar.La Fiscalía señaló que la investigación se tomó —al menos— unos 60 meses para recopilar el material probatorio suficiente y poder determinar que, las 20 personas implicadas, hicieron parte de un "conglomerado empresarial" responsable de ingresar al país millonarios cargamentos de textiles de contrabando durante más de 10 años.A través de WhastApp, Blu Radio contactó a Bilal Gebara, miembro de la Junta Directiva de almacenes Tierra Santa, quien se negó a dar declaraciones asegurando que "todo lo haré a través de mi abogado y por medio de comunicados oficiales, no daré entrevistas". Al consultar con su abogado, el penalista Juan Sebastián Duque, este confirmó la decisión del Juez con Función de Control de Garantías, manifestando que cualquier declaración no procesal se hará a través de comunicados oficiales emitidos por la firma de abogados De La Espriella Lawyers, buffet para el que trabaja y el cuál representa a los implicados que hoy quedaron en libertad.Le puede interesar: Bamm podcast
En varias diligencias adelantadas en Bogotá, Barranquilla y Montería, la Policía en un trabajo conjunto con la Fiscalía, logró desmantelar una red de contrabando de ropa que involucra a Tierra Santa, una reconocida tienda con sedes en varias ciudades del país.Durante los operativos, fueron capturados seis ciudadanos libaneses, miembros de la junta directiva de dicha firma, que según las investigaciones habían montado toda una organización multicrimen trasnacional, dedicada al lavado de activos.Esto lo lograron por medio de la creación de al menos 60 empresas fachadas usadas para realizar las importaciones falsas. “Estaban constituidas solo en el papel, con el fin de facilitar multimillonarias operaciones de lavado de activos a través del contrabando de ropa y accesorios”, reseñó la Policía. En otros casos, usaban empresas reales para legalizar otros elementos que no contaban con toda la documentación necesaria.Una de las estrategias usadas por los miembros de la junta directiva fue buscar empleados trabajadores sin vida crediticia para hacerlos pasar como representantes legales de esas firmas. Siete de estos supuestos representantes fueron detenidos. También recurrían a transacciones bancarias a la República Libanesa para ocultar el dinero.“Es el caso de una importadora, que en 2014 comenzó con un capital de $200 millones y ese mismo año obtuvo ingresos por más de 7 mil millones de pesos, pero para 2016 generó $2.134 millones. Es decir que en 3 años logró mover en efectivo la suma de 10.943.999.000, y todo esto sin reportarlo en las declaraciones de renta ante la DIAN”, informó la Policía.Pero cuando verificaron la dirección de la supuesta compañía, encontraron que correspondía a un cuarto que le pertenecía a un señor pensionado.De acuerdo con el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, fueron más de 60 meses de investigación para dar con el resultado presentado este miércoles.“Detectamos con la Fiscalía 68 operaciones irregulares sospechosas y a partir de ahí, con la Dijin, se inicia una operación identificando que por países como China, Panamá, Singapur y Ecuador, se transportaban las mercancías traficadas hacia Colombia. Es un logro bastante importante porque con el actuar criminal de esta organización, se afectaban las finanzas del Estado”, dijo Sanabria.El general también resaltó que este tipo de prácticas generaban una gran desventaja para los distribuidores de ropa al detal en Colombia, pues la mercancía que entraba por contrabando era facturada con precios muy por debajo de lo normal, como $1.700 por un pantalón y $672 por una camiseta.Las investigaciones también llevaron a obtener las pruebas para aplicar medidas cautelares para 1.110 bienes muebles e inmuebles, avaluados comercialmente en más de $1.2 billones de pesos, en Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre, la Guajira, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Casanare, Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Nariño y Quindío.Escuche el podcast El Camerino:Le puede interesar:
Llaneros Fútbol Club presentó un derecho de petición ante la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor para solicitar explicaciones sobre varias decisiones arbitrales que, según el equipo, lo han perjudicado desde su ascenso a la Primera División.Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, aseguró que el club se siente víctima de una persecución y reclamó transparencia en las determinaciones del VAR, especialmente después de la polémica jugada que terminó en penalti a favor de Jaguares de Córdoba en el minuto 66.En entrevista con Blog Deportivo, el dirigente explicó que la decisión de acudir a este mecanismo legal se tomó después de agotar las instancias de diálogo sin observar cambios. La solicitud incluye jugadas relacionadas con expulsiones, penaltis y revisiones del VAR en encuentros frente a Águilas Doradas, Millonarios, Cúcuta, Once Caldas, Internacional de Bogotá y Jaguares, entre otros equipos. Además, Llaneros pidió conocer los audios del VAR, los informes de los observadores arbitrales, los criterios utilizados para designar a los jueces y las medidas adoptadas frente a las actuaciones cuestionadas.“Nosotros lo que queremos es no que nos regalen nada, pero tampoco que nos quiten absolutamente nada”, manifestó Trujillo, quien sostuvo que los errores arbitrales han tenido consecuencias deportivas y psicológicas para sus jugadores. Según el presidente, las decisiones repetidas han generado inseguridad dentro del campo, al punto de que algunos futbolistas afrontan los partidos condicionados por el temor a recibir tarjetas o quedar involucrados en nuevas controversias.Varias polémicasUno de los episodios que motivó el reclamo fue la expulsión de John Vásquez durante el partido contra Millonarios, así como un penalti señalado frente a Once Caldas que, de acuerdo con Trujillo, no correspondía a una infracción. Sin embargo, la polémica más reciente se presentó en el encuentro contra Jaguares, cuando el árbitro inicialmente sancionó una falta en ataque a favor de Llaneros, pero cambió su decisión después de la intervención del VAR y terminó concediendo una pena máxima al conjunto cordobés. “Nosotros no podemos decir absolutamente nada porque al otro día estamos suspendidos. (…) Entonces, lo que digan ellos es palabra de Dios”, expresó, al cuestionar que jugadores y directivos no cuenten con mecanismos suficientes para defender sus posiciones frente a determinaciones que consideran injustas.“Yo quiero creer que es un tema humano, yo quiero creer que definitivamente no hay nada en contra de Llaneros, pero lo que pasa es que ya es muy difícil creer”, señaló. El dirigente insistió en que su objetivo es conocer qué ocurrió en las jugadas reclamadas y bajo qué argumentos se modificaron decisiones tomadas inicialmente en el terreno de juego.“Yo quiero escuchar los audios del VAR, quiero saber qué dijo el observador que estaba ahí. (…) Yo quiero ver, quiero escuchar los audios. Es todo lo que yo quiero escuchar”, concluyó.
Reinas del carnaval sufren ataques en sus redes sociales. Recientemente, Instagram le cerró la cuenta a la reina del Carnaval de la 44 y horas después se conoció que ocurrió lo mismo con la reina infantil Isabella Daes. En un video llorando apareció este martes la reina del Carnaval de la 44 2027, Cuqui Olaciregui, mientras daba a conocer que había sido víctima de un hackeo y le terminaron eliminando su cuenta de Instagram.Horas después de este ataque, el empresario Cristian Daes trinó en su cuenta de X que su hija Isabella, quien es la reina infantil, también fue víctima de personas que le reportaron la cuenta en la que venía mostrando todo su trabajo y esta le fue cerrada."¿Pagando para suspender las cuentas de Isabella Daes en Instagram? ¿En serio?. Que raro. ¿Manos criminales ? Ya van dos cuentas que tumban. La de la reina de la 44 y la de Isabella", dice el trino del empresario, quien minutos después publicó otro trino en donde decía que ya sabían quién estaría detrás de este ataque cibernético.Horas después, Daes informó, a través de esa misma red social, que la cuenta de su hija y soberana del Carnaval de los Niños 2027, ya había sido recuperada, sin mencionar algún otro dato.
El Gobierno nacional le está pidiendo a los representantes a la Cámara que eliminen el artículo 93 de la reforma pensional, que obligaba a crear condiciones especiales de pensión para indígenas, negros y campesinos en el país.El argumento es que esa clase de tratamiento especial va en contra de la Constitución Nacional, que ya prohíbe la creación de regímenes especiales de pensión, y por su impacto en las finanzas públicas.Según un oficio enviado por el viceministro Juan Sebastián Betancur, el costo fiscal de esta medida resulta "incuantificable" porque no se sabe con exactitud y, por eso, "la proposición de eliminación presentada es conveniente para evitar impactos fiscales en el Sistema Pensional".El Gobierno también cree que es conveniente limitar el beneficio de reducción de semanas cotizadas a las mujeres con hijos. Tal y como quedó redactado el texto del Senado, es posible que una mujer, madre de 3 hijos, pueda pensionarse con apenas 850 semanas cotizadas. La proposición en discusión implicaría fijar un mínimo de mil semanas para que una mujer se pensione, sin importar el número de hijos que haya tenido.Reducir las semanas de cotización para las mujeres a solo 850 semanas costaría 64,9 billones de pesos, que se suman a lo que ya vale la reducción de la cotización a mil semanas que está contemplada en la reforma (unos 360 billones de pesos más).El Gobierno también le dijo a los congresistas que es inconveniente eliminar las comisiones de administración para las AFP que fueron fijadas en la reforma.¿Qué implicaría seguir las recomendaciones del Ministerio?Si la Cámara de Representantes acoge las observaciones del Ministerio de Hacienda, el texto será diferente al que fue aprobado en el Senado de la República en el año 2023 y será necesario hacer una conciliación.Según la sentencia de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional tiene plazo de votar las proposiciones y apartes de la reforma pensional que fueron devueltas hasta este jueves, pero el plazo para hacer la conciliación vence al final de la legislatura, es decir, en diciembre.
En Barranquilla se han encendido las alertas tras las denuncias por redes sociales de varias mujeres que dicen haber sido intimidadas por hombres que empiezan pidiendo ayudas con una dirección y luego en una actitud muy sospechosa empiezan a pedir información personal.La defensora de derechos de la mujer, Alejandra Moreno, detalló que ya la Policía tiene pleno conocimiento de las intimidaciones que varias mujeres han dado a conocer. De igual forma, confirmó que como medida de prevención, patrullas púrpura de la Policía permanecen afuera de las universidades Simón Bolívar y de la Costa, así como en Puerto Mocho, donde una mujer que montaba bicicleta afirmó en un video en redes sociales que fue víctima de un sujeto que le hizo tocamientos indebidos.“La Policía Nacional me acaba de informar que ya se tienen activadas las patrullas en los alrededores de la Universidad Simón Bolívar, la CUC, y, asimismo, se van a activar alrededor de los centros comerciales”.Moreno también resaltó que hasta el momento no hay una denuncia formal, tampoco hay una desaparición, “lo que hay es una alerta de situaciones que han estado viviendo las estudiantes fuera de la universidad, que demuestran que sí existe intenciones de intimidarlas y de llevárselas”.Desde la Alcaldía de Barranquilla, Nicolás Martín Eljadue, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, señaló que al acompañamiento en las universidades se sumó el gaula militar, buscando información puntual sobre los hechos alertados y poder dar con los responsables.El funcionario también hizo un llamado a las afectadas a presentar las denuncias ante las autoridades competentes.Hay que recordar que la Policía tiene activada la línea púrpura con el número 317 372 5692, para hacer denuncias de acoso o cualquier tipo de violencia o intimidación, ya sea por llamada normal o WhatsApp.
La muerte de un cocinero de 44 años dejó a una familia de luto y a dos clientes heridos, luego de un ataque armado que habría sido motivado por los celos del presunto agresor. Según los reportes policiales, el señalado llegó a dispararle a la víctima porque sospechaba que mantenía una relación sentimental con su esposa. Tras el crimen, intentó abandonar el lugar, pero fue interceptado por las autoridades.El caso ocurrió en el restaurante Shandells Tequilas and Grill, ubicado en Doraville, en las afueras de Atlanta, Estados Unidos. La víctima fue identificada como Pablo Gutiérrez-Gallegos, de origen mexicano, mientras que el presunto responsable es Daniel Roman-Cortez, también de 44 años. La esposa del cocinero trabajaba como bachera en el establecimiento.De acuerdo con el informe policial, el tiroteo se registró poco después de la medianoche. Cuando los uniformados llegaron al restaurante, encontraron a Gutiérrez-Gallegos en el suelo, con varias heridas de bala. Los paramédicos que acudieron a la emergencia confirmaron que el hombre había muerto en el lugar.En medio de las primeras diligencias, los agentes vieron a Roman-Cortez cuando intentaba escapar en una camioneta azul. Los policías lo interceptaron y procedieron con su captura. Según el reporte de las autoridades, el hombre reconoció su participación en el ataque y afirmó: “Le disparé. Lo maté”.Durante el interrogatorio, el señalado sostuvo que actuó porque creía que el cocinero estaba “acostándose con su esposa”. Esta sospecha sería el motivo detrás del homicidio, que ahora es materia de investigación judicial.Por estos hechos, Daniel Roman-Cortez enfrenta un cargo de asesinato y seis cargos de asalto agravado con arma. El hombre permanece detenido en la cárcel del condado de DeKalb, sin derecho a fianza, y hasta el momento no se ha anunciado la fecha de su próxima audiencia ante la justicia.La balacera también afectó a otras personas que se encontraban en el restaurante. Dos clientes sufrieron lesiones provocadas por fragmentos de vidrio que se desprendieron durante los disparos. Ambos recibieron atención médica y fueron dados de alta poco después, según los reportes conocidos del caso.El jefe de la Policía de Doraville, Deyette, aseguró que el departamento continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar todos los elementos necesarios para el proceso judicial.“Nuestro departamento está comprometido a realizar una investigación exhaustiva y a buscar justicia para la víctima y su familia”, señaló el funcionario en un comunicado.Mientras el caso avanza en los tribunales, los familiares del cocinero han compartido mensajes para recordar quién era y expresar el dolor que dejó su muerte. Su hermana publicó una campaña en GoFundMe para solicitar apoyo y describió a Pablo como una persona amable, que no buscaba problemas con los demás.“Estamos profundamente devastados y con el corazón roto. Pablo era una persona increíblemente amable, un hombre que no se metía con nadie y no merecía irse de este mundo de esta manera. Su partida deja un vacío irreemplazable en nuestras vidas”, manifestó.Doris, esposa de la víctima, también habló con Univisión sobre lo sucedido y recordó a su marido como un padre dedicado y un hombre trabajador. Al relatar cómo se produjo el ataque, aseguró que el agresor sacó un arma y comenzó a disparar, sin darle oportunidad de defenderse.La mujer explicó que Gutiérrez-Gallegos había criado como propios a los dos hijos que ella tenía de una relación anterior. Juntos, además, tuvieron una niña de cuatro años, llamada Paulina, quien era muy cercana a su padre.“Se siente muy, muy vacía la casa sin Pablo. Mi hija está muy afectada. Ella era muy apegada a él y pregunta mucho por su papá”, contó Doris.La familia ahora intenta afrontar la ausencia del cocinero, mientras las autoridades continúan el proceso contra el hombre señalado de dispararle, en un caso que habría comenzado con sospechas sobre una supuesta relación extramatrimonial.
