Blu Radio conoció en exclusiva que la Comisión interamericana de Derechos Humanos admitió para estudio 18 demandas en contra de Estado Colombiano que fueron instauradas por excongresistas condenados por nexos con paramilitares.
En la lista figuran por ejemplo Piedad Zuccardi, Álvaro Araujo, Ciro Ramírez, Jorge Noguera, Salvador Arana, entre otros.
Los demandantes no han cuantificado el monto de sus pretensiones económicas, pero si
Todos ellos alegan violación al derecho de acudir a la doble instancia para aforados, violación al debido proceso al no declararse nulidad de lo actuado por la Fiscalía y los jueces especializados antes de que la Corte Suprema asumiera los casos y violación del principio de legalidad y de la garantía del juez natural sobre la competencia de la Fiscalía en caso de renuncia a la investidura.
Sin embargo, el Estado Colombiano, a través de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, ha argumentado que en primer lugar "el principio de doble instancia no es absoluto y puede ser sometido a restricciones evaluadas desde la razonabilidad y la proporcionalidad". Esto, sumado a que la doble instancia para aforados solo entrará en vigencia hasta este año.
Agrega que "no existe controversia o duda alguna de que las conductas por las que fueron condenados los peticionarios se encontraban tipificadas al momento de la ocurrencia de los hechos en el código penal".
En la lista figuran por ejemplo Piedad Zuccardi, Álvaro Araujo, Ciro Ramírez, Jorge Noguera, Salvador Arana, entre otros.
Los demandantes no han cuantificado el monto de sus pretensiones económicas, pero si
reclaman indemnización por parte de la Nación.
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Todos ellos alegan violación al derecho de acudir a la doble instancia para aforados, violación al debido proceso al no declararse nulidad de lo actuado por la Fiscalía y los jueces especializados antes de que la Corte Suprema asumiera los casos y violación del principio de legalidad y de la garantía del juez natural sobre la competencia de la Fiscalía en caso de renuncia a la investidura.
Sin embargo, el Estado Colombiano, a través de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, ha argumentado que en primer lugar "el principio de doble instancia no es absoluto y puede ser sometido a restricciones evaluadas desde la razonabilidad y la proporcionalidad". Esto, sumado a que la doble instancia para aforados solo entrará en vigencia hasta este año.
Agrega que "no existe controversia o duda alguna de que las conductas por las que fueron condenados los peticionarios se encontraban tipificadas al momento de la ocurrencia de los hechos en el código penal".
El director de la Agencia, Luis Guillermo Vélez, ha dicho además que "es inadmisible que personas condenadas por corrupción demanden al Estado Colombiano pese a la gravedad de sus condenas".
La CIDH estudiará estás demandas y emitirá recomendaciones que deberán ser acatadas para evitar que los casos trasciendan a la CorteIDH.
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