El Consejo tendrá 9 magistrados: 6 elegidos por concurso público de méritos y 3 por el presidente de la República.
Habrá rotación por períodos: 3 magistrados ocuparán el cargo por 4 años; 3 por 6 años; y 3 por 8 años.
El organismo electoral tendrá un registro de las encuestadoras, agencias de publicidad y de todos los colaboradores de las campañas con las tarifas de los servicios o productos que ofrecen.
Se eliminará la circulación del efectivo en las campañas para que todas las transacciones tengan trazabilidad. Las entidades privadas que hagan donaciones a las campañas deberán declarar dichos recursos ante la autoridad electoral y su respetivo origen.
Con la reforma política se prohibirá la entrega de regalos o donaciones a los electores con dos tipos de sanciones para quienes lo incumplan: pérdida de investidura y responsabilidad penal.
Se habilitará el voto electrónico y la identificación biométrica.
El Estado asumirá la propaganda electoral y deberá garantizar el transporte en el día de las elecciones. Se les prohibirá a las campañas correr con esos gastos.
Los partidos políticos acordaron que la edad mínima para ser senador será de 25 años y para representante a la cámara de 21 años. Los funcionarios que ocupen cargos de elección popular tendrán un período de 2 años.
Las listas serán cerradas desde 2019, sin embargo, para las elecciones del próximo año serán cerradas y no bloqueadas, es decir que los ciudadanos podrían votar por el partido o directamente por el candidato.
Y ahora no será la Procuraduría quien decida si un funcionario público o ciudadano es inhabilitado sino el Consejo de Estado.
La reforma, que no contó con la participación del Centro Democrático, será radicada en la Cámara de Representantes el próximo miércoles.