Consejo de Estado suspende asignación del 33 % de pauta estatal a medios alternativos

El Consejo de Estado ha dictado una medida cautelar que suspende provisionalmente la Directiva Presidencial número 11, la cual estipulaba que una tercera parte (el 33%) de la pauta publicitaria de las entidades del Estado debía ser dirigida a los denominados medios alternativos y digitales. Esta decisión judicial ha sido celebrada por el demandante Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación Estado de Derecho.La determinación del alto tribunal se fundamenta en la violación de principios esenciales de la contratación pública en Colombia, tales como la selección objetiva, la publicidad y la planeación. La suspensión de esta directiva presidencial no implica una prohibición total de contratar con este tipo de medios, sino que exige que cualquier contratación se realice bajo el estricto cumplimiento de la ley.En diálogo con Mañanas BLU, Luis Guillermo Vélez explicó el alcance de la decisión: "Es una decisión que suspende provisionalmente, es una medida cautelar. La directiva presidencial número 11, que es esta directiva que usted acaba de señalar, que dirigía una tercera parte de los dineros oficiales a la pauta en medios alternativos. El Consejo de Estado considera que esa directiva viola de manera evidente la ley porque viola los principios de la contratación administrativa, el principio de selección objetiva, como usted lo acaba de decir, el principio de publicidad, y el principio de planeación. No es que no se pueda contratar con ese tipo de medios, es que si se va a contratar se debe hacer siguiendo los principios de cualquier tipo de contrato público que se haga en Colombia. Es decir, esta directiva no puede excepcionar la ley."La Fundación Estado de Derecho, a través de su demanda, buscaba precisamente asegurar que estas normativas se aplicaran sin excepciones, salvaguardando la integridad del sistema de contratación administrativa.La decisión del Consejo de Estado, aunque provisional, tiene profundas implicaciones para la administración de la publicidad estatal y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Al exigir que la selección de medios se base en criterios objetivos como el alcance y las audiencias, se busca asegurar que el dinero de los contribuyentes se invierta de la manera más efectiva posible. No se trata solo de cumplir un requisito legal, sino de garantizar que las campañas de comunicación del Estado lleguen a sus públicos objetivos de forma eficiente y justificada.Escuche aquí la entrevista: