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Colombia inició su proceso de defensa en la mañana de este miércoles con intervenciones del coagente Manuel José cepeda, un representante del pueblo raizal, el exgobernador de San Andrés y Providencia, Kent Francis James, y el equipo equipo jurídico compuesto por el abogado británico Sir. Michael Wood, la abogada Laurence Boisson de Chazournes, un experto conocedor del caso, Rodman Bundy y el jurista Michael Reisman.
Durante la defensa de más de tres horas, que se partió en dos momentos, Colombia dijo que los elementos presentados el pasado lunes por Nicaragua distorsionan la realidad y calificó las afirmaciones del equipo de Managua de “extravagantes y atrevidas”.
"Colombia tomó la iniciativa de iniciar conversaciones con Nicaragua con miras a celebrar un tratado sobre diversos asuntos, incluyendo algunas de las cuestiones que hoy forman parte del objeto de este procedimiento judicial, tales como los derechos de pesca y el medio ambiente (…) Nicaragua decidió poner fin a estas conversaciones de forma abrupta en 2015. Colombia dejó la puerta abierta. Nicaragua la cerró estrepitosamente”, añadió el coagente Manuel José Cepeda.
Y es que, para el agente, si Nicaragua hubiera continuado las conversaciones iniciadas en 2012, las dos naciones no estarían enfrentadas en este proceso judicial.
Ya en la tarde, en esta maratónica jornada, Colombia pasó al ataque, presentando los argumentos que sustentan su contrademanda. Fueron dos hombres fuertes quienes dieron un paso al frente: Eduardo Valencia-Ospina, distinguido jurista colombiano muy reconocido en la Corte Internacional de Justicia, en donde desempeñó hace algunos años el cargo de secretario Judicial.
Junto a Valencia-Ospina estuvo el profesor francés y experto en derecho internacional Jean-Marc Thouvenin, quien fue el encargado de explicar la parte técnica del caso.
La contrademanda de Colombia se basó en dos elementos: los derechos históricos de pesca y el decreto de los nicaragüenses sobre los puntos de base.
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En la primera, los abogados explicaron que las violaciones se han dado por parte de Nicaragua en los derechos ancestrales de pesca de las comunidades que hacen vida en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Algo que fue más temprano, parte de la defensa del representante de la comunidad raizal Kent Francis James, población afectada.
En el segundo punto, se cuestiona un decreto emitido por el gobierno nicaragüense en 2013, con el que buscó extender su aguas internas y zonas marítimas más allá de lo que permite el derecho internacional.
De esta manera, Colombia acusa a Nicaragua de querer abrogarse derechos que no les corresponden, conforme a las normas del derecho internacional.
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La próxima audiencia será el viernes 24 de septiembre, cuando el equipo legal de Nicaragua haga la replica a la demanda de Colombia.
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