La Contraloría General de la República anunció un plan especial de vigilancia sobre los recursos destinados a atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Según las estimaciones del Gobierno Nacional, la atención humanitaria, la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas requieren recursos cercanos a los 30 billones de pesos.
La medida, adoptada mediante la Resolución Reglamentaria Orgánica 0075 de 2026, estará vigente durante los próximos cuatro años y cobijará a 16 departamentos incluidos en la declaratoria de emergencia: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Caquetá y Santander.
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El seguimiento incluirá los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y de los presupuestos de las entidades territoriales, así como aportes, contribuciones y donaciones nacionales o internacionales y recursos de crédito público. La Contraloría aseguró que hará seguimiento a la trazabilidad de los recursos, desde su origen y destinación hasta los contratos, la supervisión, los beneficiarios, la entrega de ayudas y el avance físico y financiero de las obras y proyectos.
El contralor general, Jorge Laverde Vargas, explicó que el objetivo es identificar posibles riesgos antes de que se presenten pérdidas de recursos públicos. “Con esta decisión ponemos en marcha la 4.ª generación del control fiscal, aprender de los daños conocidos y detectar los riesgos y actuar antes de que el dinero se pierda. Usaremos análisis de datos para reconocer patrones de riesgo con alertas tempranas y revisión humana”, afirmó Laverde.
La Contraloría también ejercerá competencia sobre la gestión fiscal de los departamentos y municipios involucrados y anunció que la ciudadanía podrá participar en la vigilancia mediante los canales institucionales de denuncia y los mecanismos de control fiscal participativo. La entidad aseguró que informará de manera periódica sobre los avances y resultados de este proceso de fiscalización.