La Contraloría expresó su desacuerdo con el proyecto de decreto "por el cual se adiciona el decreto 1073 de 2015, único reglamentario del sector administrativo de Minas y Energía, y se establecen políticas y lineamientos para la eficiencia tarifaria en el sector energético", propuesto por el Ministerio de Minas y Energía.
Este proyecto busca bajar las altas tarifas de la energía en el país. Sin embargo, la Contraloría considera que muchas de las medidas propuestas ya están reguladas y gestionadas por entidades como la Creg, la Superintendencia deServicios Públicos Domiciliarios y XM, lo que hace innecesario e inoportuno el proyecto en su forma actual.
Entre los puntos cuestionados por la Contraloría se encuentran la revisión quinquenal de las fórmulas tarifarias, la publicación y divulgación de información relevante a la ciudadanía, la facultad de ajustar las subastas de cargo por confiabilidad y la priorización de conexiones a proyectos de generación. Según la Contraloría, estos aspectos ya están regulados y en proceso de implementación por parte de las entidades competentes, lo que hace redundante la propuesta del Ministerio de Minas y Energía.
Además, la Contraloría criticó los plazos establecidos para la ejecución de las decisiones del proyecto, sugiriendo que son demasiado laxos y que el Gobierno nacional debería haber actuado con mayor celeridad en estos asuntos.
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Otro punto de preocupación para la Contraloría es la falta de activación institucional en la designación de miembros para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). De los seis comisionados requeridos, solo uno ha sido nombrado hasta el momento, mientras que otro posible candidato no ha podido asumir el cargo debido a restricciones de edad impuestas por la función pública. Esta situación, según la Contraloría, obstaculiza el adecuado funcionamiento de esta importante entidad reguladora.
Por último, la Contraloría recuerda que, desde octubre del 2023, tras una mesa de trabajo con el Ministerio de Minas y Energía sobre la problemática energética, están a la espera de proyectos, planes y programas que aseguren una transición energética sin comprometer las finanzas públicas y la seguridad energética del país. Hasta la fecha, no han recibido ninguna respuesta satisfactoria.
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