La Contraloría detectó presuntas irregularidades con incidencia fiscal por $33.009 millones en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), relacionadas con bienes entregados por la DIAN en calidad de donación que, según el organismo de control, no cuentan con soportes de entrega a los beneficiarios finales, no pudieron ser ubicados físicamente y tampoco fueron registrados en la contabilidad de la entidad.
Los hallazgos fueron establecidos durante la Auditoría Financiera realizada a los estados financieros y a la ejecución presupuestal de la Unidad para las Víctimas correspondientes a la vigencia 2025. En el proceso se evaluó la información financiera con corte al 31 de diciembre de ese año, así como la ejecución del presupuesto y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con discapacidad, posconflicto, paz, equidad de género, rendición de cuentas, participación ciudadana, austeridad del gasto y desarrollo sostenible.
En materia presupuestal, la Contraloría evidenció una baja ejecución de los recursos apropiados. Para la vigencia 2025, la Unidad para las Víctimas contó con un presupuesto vigente de $4,436 billones. Aunque los compromisos alcanzaron $4,341 billones, equivalentes al 97 % del presupuesto, las obligaciones ejecutadas llegaron a $2,23 billones, es decir, al 50 % del total asignado.
Según el organismo de control, esta situación generó rezagos cercanos a $2 billones, afectando el cumplimiento de las metas institucionales. La Contraloría indicó que, si bien la entidad adelantó gestiones para impulsar la ejecución de los recursos y el cumplimiento de sus compromisos misionales, estas acciones no fueron suficientes para alcanzar una ejecución presupuestal acorde con las necesidades institucionales y los objetivos programados.
Durante la auditoría también se identificaron deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables. Entre ellas, la Contraloría destacó la falta de reconocimiento de los recursos entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante donaciones.
Precisamente, este aspecto dio origen a tres hallazgos, uno de ellos con presunta incidencia fiscal por $33 mil millones. Para la Contraloría, estas circunstancias configuran un presunto daño patrimonial, al señalar que existe una pérdida cierta de bienes públicos y un posible detrimento al patrimonio del Estado.
Como resultado del proceso auditor, el organismo de control consolidó 23 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno presenta incidencia fiscal por $33.009 millones y uno más dio lugar a la apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio, además de otras observaciones derivadas de la revisión financiera y presupuestal practicada a la entidad.
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