El contralor general, Jorge Laverde Vargas, señaló que el organismo vigilará el uso de los recursos públicos destinados a mantener la producción, expedición y entrega de estos documentos, tanto en Colombia como en el exterior.
El seguimiento incluirá la revisión de la necesidad de los bienes y servicios contratados, las cuantías y los plazos, la idoneidad del contratista y la autonomía de los nuevos contratos frente a instrumentos que hayan sido suspendidos judicialmente.
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La Contraloría advirtió además que la declaratoria de urgencia manifiesta no exonera a los responsables de eventuales irregularidades. Por ello, pidió a la Cancillería y a su Fondo Rotatorio incorporar al expediente los contratos, antecedentes técnicos y financieros, soportes presupuestales, certificaciones de inventario y documentos que permitan verificar el avance de la contratación.
El contralor también enfatizó que la medida de emergencia debe ser temporal y pidió a la Cancillería avanzar en una licitación pública, con cronograma, responsables y mecanismos de seguimiento, para evitar que la prestación del servicio dependa indefinidamente de medidas excepcionales.