El senador Kevin Gómez, del Pacto Histórico, cuestionó el borrador de decreto del Gobierno nacional que establece nuevas disposiciones para la intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones sociales en Colombia, al considerar que podría abrir la puerta a la criminalización de la protesta y poner en riesgo el ejercicio de este derecho fundamental.
Durante una entrevista con el programa Mañanas Blu, el congresista manifestó su preocupación por las modificaciones planteadas en el documento, que estaría abierto a comentarios hasta el 4 de octubre, y sostuvo que las nuevas disposiciones deben analizarse en el contexto de los antecedentes de violencia policial y las garantías constitucionales para la movilización ciudadana.
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“Este decreto sí tiene una dificultad, y es que, con base en la narrativa que ha venido imponiendo el Gobierno, de los hechos recientes que acabo de denunciar y del texto concreto, lo que están tratando de hacer es ampliar un rango para dejar una subjetividad de intervención de la fuerza pública”, afirmó Gómez durante la entrevista.
El senador reconoció que las autoridades tienen la facultad de intervenir cuando se presentan hechos violentos en medio de una manifestación. Sin embargo, insistió en que el problema radica en los criterios que determinarían el momento de la intervención y en la posibilidad de que las decisiones policiales queden sujetas a interpretaciones discrecionales.
Kevin Gómez advierte sobre riesgos para la protesta social
En su intervención, el congresista señaló que Colombia tiene antecedentes de represión de las movilizaciones sociales y recordó los hechos ocurridos durante el estallido social, cuando se documentaron graves violaciones de derechos humanos, incluidas lesiones oculares y muertes de manifestantes.
Gómez argumentó que estos antecedentes hacen necesario mantener protocolos que prioricen la protección de los ciudadanos, la mediación y el diálogo antes de recurrir al uso de la fuerza: “La protesta social en un contexto como el colombiano ha requerido ser regulada y ha tenido que intervenir, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí le sacaron los ojos a jóvenes, asesinaron jóvenes en el estallido social, está documentado en Colombia”, expresó.
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En ese sentido, sostuvo que la regulación vigente ya contempla mecanismos para atender las manifestaciones y resolver situaciones de conflictividad sin recurrir inicialmente a la fuerza pública. El senador también cuestionó la necesidad de expedir nuevas disposiciones cuando, según su interpretación, el Decreto 003 de 2021 ya establece protocolos para garantizar el derecho a la protesta y regular la actuación de las autoridades.
“Un decreto de estos resulta innecesario porque ya el decreto regula la protesta y la regula en el marco del derecho internacional, de las recomendaciones de la CIDH, y está probado con éxito que puede hacerse un cambio de paradigma en el cual a la gente no hay que reprimirla, sino sentarse a dialogar para resolver los conflictos”, señaló.
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El diálogo como mecanismo para resolver los conflictos
Uno de los principales argumentos del senador del Pacto Histórico fue la necesidad de preservar el diálogo como herramienta fundamental para atender las demandas ciudadanas y evitar que las manifestaciones deriven en escenarios de confrontación.
Durante la entrevista, el periodista planteó que el borrador permitiría a la fuerza pública actuar frente a hechos violentos sin esperar a que concluya el proceso de diálogo con los manifestantes pacíficos. También señaló que el documento mantendría garantías para quienes ejercen su derecho a la protesta y establecería restricciones frente al porte de armas y elementos peligrosos.
Ante estos planteamientos, Gómez insistió en que el problema no es la intervención frente a hechos violentos, sino la posibilidad de que una actuación policial basada en apreciaciones subjetivas termine afectando a toda una movilización: “Lo que hay que hacer es agotar rápidamente el diálogo, pero no supeditar a cualquier acción que es subjetiva, que es que la fuerza pública puede constatar en cualquier momento, puede decir que algo es violento y entonces intervienen y después siguen dialogando. Entonces eso rompe la posibilidad en la práctica de la movilización social”, afirmó.
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El congresista agregó que los propios movimientos sociales han desarrollado mecanismos de autorregulación para evitar que personas ajenas a sus objetivos generen hechos violentos durante las jornadas de protesta. Según explicó, en distintas movilizaciones los organizadores han identificado y retirado a personas que protagonizan actos violentos, al considerar que estas conductas perjudican las reivindicaciones ciudadanas.
Antecedentes de movilizaciones durante el Gobierno de Gustavo Petro
Gómez también se refirió a las manifestaciones registradas durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, incluidas las protestas relacionadas con los peajes, en las que, según indicó, participaron sectores de distintas orientaciones políticas. El senador utilizó estos episodios para defender la importancia de los mecanismos de concertación y señalar que la conflictividad social responde a problemas estructurales, como la pobreza, las desigualdades y las demandas históricas de derechos.
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“Cuando usted lo primero que hace es la fuerza, empieza el Gobierno de la irracionalidad. Y lo que es un conflicto que se puede resolver sentados termina siendo un conflicto mayor y, sobre todo, un escenario de violencia”, manifestó.
En su opinión, la intervención de las autoridades debe considerar las particularidades de cada manifestación y evitar que las actuaciones contra personas que cometen actos violentos terminen afectando a los ciudadanos que participan pacíficamente. Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de infiltraciones en las movilizaciones, tanto de personas que buscan provocar disturbios como de agentes de la fuerza pública, una situación que, según sostuvo, ha sido denunciada históricamente en Colombia.