En diálogo con Mañanas Blu, el senador Alfredo Deluque entregó detalles sobre el borrador de decreto que reglamenta el uso de la fuerza pública durante las manifestaciones en Colombia. El congresista explicó el alcance de la norma, la cual busca establecer una clara diferencia entre el ejercicio legítimo de la protesta pacífica y los actos de violencia que vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Un cambio frente al manejo de la movilización social
Durante el diálogo radial, el senador Deluque señaló que con esta nueva reglamentación se pretende corregir la postura que, a su juicio, imperó anteriormente frente a las manifestaciones violentas. Según el parlamentario, “en el país durante el gobierno Petro, los violentos tuvieron un lugar importante dentro de su programación política y permitía pues que si existía una protesta violenta, simplemente la fuerza pública se quedara atada”.
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Ante este escenario, el congresista enfatizó que el propósito central del borrador de decreto es reaccionar ante las acciones delictivas sin estigmatizar el derecho a la protesta social consagrado en la Constitución. En sus palabras, “este es un decreto que busca es repeler las violencias, la violencia en esas protestas e incluso aquellas protestas que no tienen autorización por parte de las autoridades”.
Protocolos de intervención focalizada y garantías democráticas
Uno de los aspectos centrales radica en el modo de actuación de las autoridades, el cual no operará de forma generalizada ni indiscriminada contra la totalidad de los manifestantes. Deluque explicó que las intervenciones operativas se realizarán mediante protocolos estrictos y dirigidos exclusivamente a controlar los focos de perturbación. “Tiene que ser algo focalizado, además la fuerza pública no puede actuar contra toda la protesta, sino contra aquellos focos que se presenten de violencia”.
Asimismo, precisó que la intervención del antiguo ESMAD (hoy UNDMO) no implicará la suspensión del diálogo social ni el trabajo de los gestores de convivencia. El parlamentario reiteró que las personas que se movilicen de forma pacífica mantendrán las garantías del Estado, al tiempo que envió un mensaje contundente a quienes apelen a la violencia: “las personas que quieren salir a protestar de manera pacífica seguirán contando con todas las garantías del Estado para ejercer su derecho. Pero aquellas que no pretendan hacerlo de esa manera, pues sí van a enfrentarse con la fuerza del Estado como debe ser”.
Bloqueos viales y prevalencia de los derechos fundamentales
Al ser consultado sobre casos críticos como el bloqueo de ambulancias o la parálisis de vías principales —ejemplificado en los disturbios cerca de la Universidad Nacional sobre la Avenida El Dorado en Bogotá—, el senador advirtió que dichas situaciones no pueden normalizarse en el país. Sobre este punto, subrayó: “no puede existir en el país una protesta violenta. Eso no puede existir. No debe ser algo que se normalice y que creo que en algún momento llegó a normalizarse en nuestro país”.
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Deluque recordó además que el bloqueo no autorizado de vías públicas constituye un delito en la legislación colombiana y remarcó que debe existir un equilibrio entre la movilización y los derechos de la población en general. “No puede primar el derecho de los violentos sobre los pacíficos también y sobre las personas que necesitan garantías del Estado para ejercer su derecho al trabajo, su derecho a la salud, su derecho a la movilidad”.
Ante las objeciones de sectores de oposición que señalan que el decreto busca desestimular la protesta contra las políticas gubernamentales, el legislador invitó a revisar con rigor el contenido del borrador. “Que lean el decreto, que lo lean y lo analicen bien, que son unos protocolos específicos establecidos de manera juiciosa y que no es de manera general la contención de la protesta”.
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Escuche aquí la entrevista: