La Contraloría General de la República anunció un seguimiento preventivo al proceso de venta del 32,5 % de las acciones de Movistar Colombia (Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. BIC), que aún permanecen en manos de la Nación, luego de que Tigo (Millicom Colombia Holding S.A.S.) asumiera en febrero de 2026 el control mayoritario de la compañía con el 67,5 % de participación.
El organismo de control solicitó a los ministerios de Hacienda y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) información detallada sobre la destinación de los recursos estimados en al menos $856.000 millones que ingresarán al Tesoro Nacional tras la venta de estas acciones, cuyo precio de referencia actual es de $772,38 por acción.
La Contraloría busca establecer si estos recursos tendrán un impacto eficiente y un beneficio social real, especialmente en el cierre de brechas digitales en el país. Según el Ministerio de Hacienda, el dinero producto de la venta debería ingresar al presupuesto de esa cartera y podría destinarse en futuras vigencias a inversiones estratégicas relacionadas con conectividad y transformación digital.
El ente de control también insistió en que el proceso de transferencia debe adelantarse bajo principios de transparencia, defensa del patrimonio público y garantía de continuidad en la prestación del servicio, siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 1481 de 2025.
En la primera etapa de la enajenación se adjudicaron 3.000 acciones a destinatarios con condiciones especiales. Posteriormente, en la segunda fase de precalificación, sólo se presentó Tigo como interesado, que fue declarado inversionista precalificado. La subasta estaba prevista para este 24 de abril y el cierre del proceso para el 29 del mismo mes.
La Contraloría advirtió que, mientras existan recursos públicos comprometidos, la empresa seguirá siendo sujeto de control fiscal. Asimismo, señaló que el Gobierno debe garantizar que la reinversión de estos recursos fortalezca el capital humano digital y la apropiación tecnológica, más allá de la infraestructura.
De acuerdo con el análisis macro de control fiscal, que citó la Contraloría, aunque el Índice de Brecha Digital (IBD 2024) mostró una mejora del 12,7 % frente a 2018, las habilidades digitales aún representan el 34,7 % de la brecha total, lo que evidencia que los principales desafíos del sector TIC no solo están en la conectividad, sino en la capacidad de los ciudadanos para usarla de forma productiva y sostenible.
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