La Contraloría General de la Nación realizó este martes una visita a la cárcel La Picota en Bogotá, que contó con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, debido a una serie de denuncias que se realizaron sobre las condiciones de reclusión de Emilio Tapia y Carlos Mattos, quienes se encuentran en el centro penitenciario por el escándalo de Centros Poblados y Hyundai, respectivamente.
Durante la visita se verificaron las celdas y la ejecución de los contratos de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios en La Picota.
“Evidenciamos fallas importantes en el tema de ascensores, aguas y alimentación. Quedaron compromisos en la mesa de trabajo con la USPEC y esta entidad deberá cumplir unos compromisos para solucionar las falencias detectadas”, explicó el contralor delegado para el sector justicia, Sebastián Montoya, encargado de realizar esta visita.
El contralor delegado aseguró que, en cuanto a las irregularidades, se seguirán supervisando en las auditorías que se realizarán durante este semestre.
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