El presidente, Abelardo De La Espriella, confirmó un megaoperativo realizado en la cárcel La Picota en Bogotá con el que se da un golpe de frente a algunas estructuras que siguen delinquiendo mientras cumplen la condena. Sin embargo, en los hallazgos llama la atención que los agentes del Inpec y la Policía encontraron seis antenas Star Link desarrollado por SpaceX (la empresa de Elon Musk) que son los dispositivos receptores y transmisores del servicio de internet por satélite.Estos dispositivos sirven, entre otras cosas, para proveer conexión de banda ancha a lugares rurales, zonas montañosas, selvas, islas o desiertos donde no llega la fibra óptica ni la señal móvil tradicional, según las especificaciones del fabricantes.Así mismo, dentro de los hallazgos, fueron encontrados cerca de 38 modems de internet con el que presuntamente los internos realizaban algunas extorsiones por medio de mensajes de chat de WhatsApp y llamadas por medio de la aplicación.“¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA! Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales. No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas”, concluyó el presidente, Abelardo De La Espriella.Las conclusiones de hallazgo del operativo son: 582 celulares, 3.754 sim card, 432 cargadores, más de 7 millones de pesos en efectivo, poco más de 5 kilogramos de marihuana, 32 kilogramos de cocaína, 5 gramos de tusi y cerca de 356 armas cortopunzantes.Así mismo, las autoridades comenzarán a investigar si existe una presunta complicidad o participación de los dragoneantes y guardias del INPEC denteo de la carcel La Picota de Bogotá para facilitar este tipo de elementos con el que delinquian algunos internos.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó el traslado de nueve personas solicitadas en extradición desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hasta el hangar de la DEA, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar el procedimiento en medio de varias solicitudes del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La mayoría de los requeridos están relacionados con investigaciones por narcotráfico y concierto para delinquir.Entre las personas trasladadas están Juan Carlos Ojeda Realpe, Jeovanny Aguilar Jiménez y Jeison Stiven Acosta Ansasoy, solicitados por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.También fueron trasladados Eduardo Martínez Álvarez y Jean Carlos Ansasoy Narváez. Este último es señalado de integrar una red de narcotráfico que estaría vinculada con las disidencias de las Farc.En el grupo figura, además, Werling Palacios Palacios, requerido por presuntas alianzas criminales para el envío de cocaína y marihuana. Otro de los trasladados es Óscar Hernando Giraldo Gómez, quien supuestamente pertenecería a una organización dedicada al transporte de cargamentos de droga por el mar Caribe.La lista se completa con Édgar Germán Montoya Montoya y Po Ya Lin, cuyos nombres también aparecen en el reporte del traslado de las nueve personas desde el centro penitenciario hasta el hangar de la DEA.Las autoridades señalan presuntas conexiones con redes dedicadas al envío de estupefacientes y con estructuras armadas ilegales de México y Centroamérica.
Proteger la vida de quienes deciden colaborar con la justicia es una de las principales solicitudes que hace Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, ante la Corte Suprema de Justicia, al pedir que se frene su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá, por los riesgos que podría enfrentar.La petición fue presentada ante la Presidencia del alto tribunal después de que el Inpec expidiera una resolución que ordena trasladarlo desde la guarnición militar en la que permanece recluido hasta un centro penitenciario ordinario.En la carta de 9 páginas se menciona que esta decisión, del pasado martes 6 de octubre, desconoce dos decisiones judiciales previas. La primera, de agosto de 2024, dispuso su reclusión en una instalación militar ante el peligro que podría correr por su condición de colaborador de la justicia. Posteriormente, en abril de 2025, otro despacho judicial reiteró que debía permanecer en ese lugar para proteger su vida.A estas decisiones se suma una advertencia de la Fiscalía General de la Nación. En septiembre de este año, una fiscal delegada ante la Corte Suprema pidió que Pinilla y Olmedo López no fueran trasladados, al considerar que ambos son testigos fundamentales en las investigaciones por corrupción en la UNGRD y se comprometieron a declarar contra al menos 23 personas.En la carta se lee que el Inpec no puede tomar una decisión de traslado sin considerar las órdenes judiciales y los riesgos particulares del exfuncionario. Por esta razón, argumenta que la medida podría vulnerar el debido proceso y poner en peligro sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal.Además, advierte que mantenerse en condiciones seguras es fundamental para que pueda continuar entregando información y declarar sin temor a posibles represalias, pues la facultad del Inpec para reubicar a las personas privadas de la libertad tiene límites y debe tener en cuenta las circunstancias de cada caso.Como respaldo a su solicitud, el escrito enumera varios resultados judiciales relacionados con la colaboración de Pinilla. Entre ellos menciona órdenes de captura, medidas de aseguramiento, preacuerdos y condenas contra personas vinculadas al entramado de corrupción de la UNGRD.También destaca decisiones contra personas con fuero, la pérdida de investidura del exsenador Iván Name y medidas cautelares de extinción de dominio sobre bienes de diez personas y cinco empresas presuntamente vinculadas a este caso.Finalmente, le pide a la Corte Suprema promover una coordinación urgente entre la Fiscalía, el INPEC y las autoridades judiciales para revisar la situación y a la par solicitar explicaciones al INPEC sobre las razones del traslado e informar a los despachos judiciales ante los que Pinilla debe declarar sobre los riesgos que, según su defensa, podría enfrentar.
La defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), advirtió que su traslado a la cárcel La Picota compromete su seguridad y desconoce una decisión judicial. José Luis Moreno Caballero, su abogado, dijo en Mañanas Blu que la reclusión en el Batallón Caldas fue una medida de protección ordenada por un juez y no un beneficio. El traslado, en el que también fue incluido Sneyder Pinilla, se hizo en la tarde del martes.Una medida de protección, no un beneficioMoreno aclaró que su defendido comparte el principio de que nadie debe tener privilegios. Sin embargo, rechazó que la reclusión en un centro militar pueda calificarse así. “Una medida de protección ordenada por un juez a petición de la fiscalía para un testigo de cargo con riesgo probado no es un privilegio”, afirmó.El abogado explicó que el 31 de agosto de 2024 el Juzgado 35 penal municipal de control de garantías dispuso que López permaneciera en el Batallón Caldas. Según Moreno, el propio juez expresó reservas personales sobre ese tipo de reclusión, pero la consideró necesaria para salvaguardar la vida del testigo. También señaló que el 16 de septiembre de 2026 la Fiscalía manifestó que el centro de reclusión militar era el lugar donde debía permanecer López, debido al incremento del riesgo para él y su familia por sus declaraciones.Ante la objeción de los periodistas de que un batallón no equivale a una cárcel ordinaria, Moreno respondió que dentro de esa unidad funciona un centro de reclusión con los mismos parámetros. “Él no está en un club de oficiales, él no está en donde pueda salir libremente”, dijo, y agregó que allí hay conteo de internos, celda y restricciones equivalentes a las de La Picota.Amenazas e intentos de sobornoEl abogado enumeró hechos que, a su juicio, demuestran el riesgo. Mencionó que a López se le habrían ofrecido 13.000 millones de pesos para que cambiara su versión, situación que él denunció mediante una operación de agente encubierto y por la cual, según Moreno, ya hay personas respondiendo ante la justicia. Añadió que se perdieron 60 cajas en la UNGRD y discos duros en la Presidencia, que hubo seguimientos y que le robaron dos cajas fuertes con información. Dijo también que hay amenazas de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN.Preguntado por si alguno de los implicados lo ha amenazado de muerte, Moreno evitó dar detalles. “Hay unos temas que mencionarlos acá puede incrementar el riesgo”, respondió, y remitió a la Fiscalía, que a su juicio tiene datos objetivos sobre las amenazas.Los “vecinos” de La PicotaMoreno planteó que en La Picota López compartiría espacio con personas contra quienes ha declarado. Citó al presidente del Congreso, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, así como a otros implicados que han aceptado responsabilidad. Recordó además que en esa cárcel fueron asesinados testigos de otros procesos y cuestionó que el Inpec pueda garantizar su protección cuando, según un informe que citó, el ELN ha asesinado a más de 60 personas vinculadas a esa institución.Sobre las preguntas de los periodistas acerca de si todos los testigos deberían estar en guarniciones militares, fue enfático: “Cada caso debe ser individualizado, cada caso debe revisarse cuál es su riesgo”.Colaboración con la justiciaEl abogado aseguró que López ha entregado sus celulares y chats y que su colaboración ha tenido resultados. Como ejemplo, citó que hace unos 15 días el Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura del presidente de la Cámara y del presidente del Congreso. Dijo que López quiere seguir colaborando, pero lanzó una advertencia: “Esperemos que pueda llegar vivo al proceso”.La defensa solicitó al Juzgado 35 una audiencia inmediata por el presunto incumplimiento de una orden judicial y pidió que se estudien posibles faltas disciplinarias. Moreno cuestionó la Resolución 8041, que justifica los traslados por razones de seguridad sin precisar el análisis hecho frente a López. “Un oficio administrativo no puede estar por encima de una decisión judicial”, afirmó.El abogado reclamó garantías procesales: “Aquí no estamos en la época de la Santa Inquisición”. También cuestionó que, mientras en redes se afirma que el traslado busca acabar privilegios, la resolución habla de seguridad. Comparó el caso con el del hermano del expresidente Uribe, quien, dijo, sigue recluido en un batallón. “Acá la igualdad tiene que ser para todos, y ese es el mensaje”, concluyó.Los periodistas del programa expusieron posiciones distintas. Felipe Zuleta respaldó la decisión del presidente de enviar a los corruptos a centros de reclusión sin privilegios, pero advirtió que López y Pinilla “corren serio peligro” por ser testigos de una presunta organización criminal.
El presidente Abelardo De La Espriella reveló las imágenes del traslado del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y el exsubdirector de esa misma entidad, Sneyder Pinilla.En el video ambos exfuncionarios aparecen esposados de pies y manos, con un uniforme café con naranja.Posteriormente, en el video se ve cómo le cortan el pelo a Pinilla y cómo los suben a un vehículo del INPEC en el cual fueron trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá.“Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios. Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota. Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias. Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos”, dijo el mandatario.Es importante recordar que López y Pinilla están siendo investigados por los casos de corrupción que se dieron en la UNGRD.“Que quede claro: en mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley. La plata pública es sagrada. Quien la toque tendrá que responder ante la justicia. Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda”, manifestó De La Espriella.
Una alerta de seguridad se registra este viernes en la zona rural de Girón, Santander, donde está ubicada la cárcel de máxima seguridad de Palogordo.La vía de acceso al centro penitenciario permanece cerrada, luego de que fuera encontrado un cilindro abandonado con un mensaje amenazante dirigido a funcionarios del Inpec. Le puede interesar: Hombres armados asesinaron a guardia del Inpec afuera de la cárcel de ItagüíSobre el cilindro aparece un mensaje en una cartulina, aunque es algo borroso y parte del texto está tapada por la cinta, lo que se alcanza a leer con mayor claridad es lo siguiente: "A los funcionarios del Inpec en Girón, ya no continúen. Atentamente La Estructura...". El elemento permanece bajo custodia mientras expertos en explosivos del Batallón Caldas adelantan una inspección para establecer si contiene algún tipo de carga explosiva. Las autoridades mantienen acordonada el área como medida preventiva y mientras avanzan las labores de verificación.La situación ocurre en medio del anuncio del traslado de Digno Palomino desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hacia Palogordo, en Girón. Palomino es señalado por las autoridades como presunto jefe de la estructura criminal ‘Los Pepes’, organización con presencia en la región Caribe.Las autoridades aún no han establecido si existe alguna relación entre el mensaje encontrado en el cilindro y el traslado anunciado de Digno Palomino a la penitenciaría de Palogordo.
Se conoció la fotografía del senador electo Wadith Manzur en la cárcel La Picota de Bogotá luego de su traslado desde la Escuela de Carabineros, en medio de las investigaciones por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.En la foto se puede ver a Manzur recostado en una pared, la cual tiene la escala de altura o tabla antropométrica, que es usada para que medir la altura de las personas privadas de la libertad cuando ingresan a un centro penitenciario.El traslado de Manzur fue confirmado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que informó que el senador electo dejó la instalación de la Policía en la que permanecía privado de la libertad para ser llevado al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como La Picota.Manzur permanecía recluido en la Escuela de Carabineros desde marzo de 2026, luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impusiera una medida de aseguramiento en centro carcelario dentro de la investigación relacionada con el escándalo de la UNGRD.La investigación de la Corte está relacionada con presuntos ofrecimientos de dádivas a congresistas que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. De acuerdo con lo informado sobre el proceso, los hechos investigados ocurrieron durante el segundo semestre de 2023 y estarían relacionados con operaciones de crédito y el impulso de contratos y obras de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar.El movimiento de Manzur se produjo en el marco de una decisión del Gobierno nacional de revisar la situación de las personas privadas de la libertad que permanecían en estaciones de Policía, guarniciones militares u otras instalaciones especiales. El propósito anunciado fue establecer quiénes cumplían las condiciones legales para permanecer en esos lugares y quiénes debían ser trasladados a establecimientos penitenciarios bajo custodia del Inpec.La llegada de Manzur a La Picota se suma así a los movimientos ordenados por el Inpec para sacar de instalaciones policiales a personas privadas de la libertad que no tienen vínculo con la fuerza pública. El senador electo continuará privado de la libertad mientras avanza el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por los hechos relacionados con la UNGRD.
Al mismo tiempo que se llevaba a cabo en Cali la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, a 410 kilómetros, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, eran trasladados varios cabecillas que participaron en el “Tarimazo”, evento realizado por el Gobierno del hoy expresidente Gustavo Petro a mediados de 2025 en Medellín.Entre los criminales trasladados están alias 'Douglas', alias 'Carlos Pesebre', alias 'Orejas', alias 'El Indio' y el exparamilitar Hernán Giraldo, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hacia otros centros penitenciarios del país.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el traslado de estos reclusos.“Hoy empezaron a ser trasladados cabecillas de las estructuras criminales que estaban recluidos en la cárcel de Itagüí. Se les acabó la fiesta a los criminales y yo solo espero que cada vez haya más contundencia contra el crimen y eso es lo que va a pasar”, señaló el alcalde Gutiérrez.Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, señaló, a través de un trino en su cuenta de X, que fue informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país.
En las últimas horas el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó un fuerte operativo en la Cárcel La Picota de Bogotá y en el pabellón Eron de ese centro de reclusión los guardas volvieron a encontrar licores y elementos prohibidos.Fuentes al interior del Inpec le confirmaron a este medio que durante todo este miércoles, 22 de abril, se adelantaron en total 11 traslados; dos de los internos son Marcos de Jesús Figueroa García y Juan Francisco Gómez, conocidos con el alias de 'Marquitos' Figueroa y 'Kiko' Gómez, respectivamente.Sin embargo, el móvil de los traslados de estos últimos no tiene que ver con la incautación de licores y otros elementos en La Picota, sino más bien con una orden desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro quien en su último consejo de ministros se refirió a ambos y lanzó fuertes dardos al funcionamiento del Inpec.“Yo tengo muchas dudas de la dirección del Inpec, muchas, incluida el plan que tienen de concentrar unos bandidos de esos, creo que en La Picota, creo, en Bogotá, para cuadrar el plan por el señor Guajiro, este, ‘Kiko' Gómez y el otro, ‘Marquitos’ le dicen, para ver si pueden destruir la imagen del presidente”, señaló el jefe de Estado.¿A dónde los trasladaron?Sobre los sitios de reclusión a donde fueron traslados ‘Kiko' Gómez y ‘Marquitos' Figueroa señalan altas fuentes del Inpec que serán llevados a cárceles de máxima seguridad. El exgobernador a la Cárcel La Dorada, Caldas, y al contrabandista a la Cárcel de Girón, en Santander.Tras el operativo sorpresa en la cárcel La Picota de Bogotá, las autoridades encontraron licor dentro de las celdas de los hermanos Santiago y Pablo Prada, conocidos como alias ‘BlackJack’, presuntos articuladores de una red de lavado de activos vinculada al Clan del Golfo.
Una preocupante radiografía del sistema penitenciario colombiano fue revelada durante un foro de seguridad ciudadana en la Universidad Externado de Colombia, donde el fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González, aseguró que hay detenidos que no solo no quieren recuperar su libertad, sino que además buscan permanecer en ciertas cárceles para continuar con sus actividades ilícitas.Según explicó el funcionario, las investigaciones por hechos delictivos contra funcionarios del Inpec permitieron identificar dinámicas internas que evidencian cómo algunos reclusos negocian entre ellos mismos el lugar donde quieren estar recluidos. “No lo decide el Inpec, lo están decidiendo ellos mismos”, advirtió, al señalar que estos movimientos responden a intereses económicos ilegales.El foco principal de esta disputa, de acuerdo con la Fiscalía, es la cárcel La Picota, señalada como epicentro de estructuras de extorsión que operan desde el interior.“Yo quiero La Picota porque ahí es donde más hago plata”, sería una de las frases que evidencian cómo algunos internos perciben este centro penitenciario como una oportunidad para delinquir con mayor rentabilidad.Pero no es el único caso. La cárcel de Cómbita, considerada de máxima seguridad, también figura entre las más apetecidas. Según el fiscal, allí los detenidos buscan fortalecerse económicamente, lo que sugiere que incluso los centros con mayores controles estarían siendo permeados por redes criminales internas.Rechazo por estas afirmacionesEstas revelaciones han generado controversia. Desde el sindicato del Inpec rechazaron las afirmaciones y exigieron pruebas concretas. Aseguran que la asignación de cupos en los centros penitenciarios responde estrictamente a la disponibilidad y a criterios institucionales, y que los internos no tienen injerencia en estas decisiones.Por ahora, ni el Inpec ni el Ministerio de Justicia han emitido un pronunciamiento oficial frente a estas denuncias.
Atención viajeros que planean sus desplazamientos para las próximas semanas y para los puentes festivos que se avecinan. La concesión del aeropuerto internacional José María Córdova, que sirve a Medellín y al departamento de Antioquia, anunció que la pista principal tendrá cierres totales durante la madrugada a partir de este mes de noviembre por trabajos de mantenimiento técnico.Las restricciones operativas se extenderán por un total de 19 madrugadas, acumulando 88 horas de intervención autorizadas por la Aeronáutica Civil. Las suspensiones de vuelos se dividirán en dos fases: del 11 al 22 de noviembre, la pista estará cerrada entre las 12:30 de la madrugada y las 5:30 de la mañana; mientras que del 23 al 29 de noviembre el cierre irá desde la 1:00 y hasta las 5:00 de la mañana.Desde la administración del terminal aéreo señalaron que estas labores son indispensables para garantizar la seguridad operacional, e incluyen el sellado de fisuras, la descontaminación de caucho en el pavimento, el mantenimiento de la señalización horizontal y la intervención en las subestaciones de energía principal. A pesar de la inactividad de la pista en esos horarios nocturnos, las instalaciones del aeropuerto continuarán abiertas las 24 horas.Ante la magnitud de los cierres prolongados en plena temporada de viajes, las directivas y las aerolíneas le recomiendan a los usuarios que consulten con anticipación el estado de sus itinerarios, verifiquen si sus vuelos sufrieron modificaciones de horario y eviten contratiempos en sus desplazamientos.
Este lunes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.Escuche el programa completo acá:
En medio del Congreso de Asofiduciarias, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, entregó un balance de las afectaciones que dejó el terremoto en la infraestructura de transporte. Según explicó, de los 113 puntos viales afectados, 103 ya tienen paso total, mientras que los 10 restantes continúan con problemas críticos que requieren estabilizar taludes, reconstruir tramos, mejorar drenajes y reparar puentes que, además, ya presentaban deterioro por falta de mantenimiento.La atención de estos daños tendría un costo preliminar de $2,7 billones. “De esta cifra, 240.000 millones de pesos corresponden al déficit que generó en la operación de los sistemas de transporte masivo los días que estuvieron cerrados. Estos sistemas, que ya son deficitarios, la Nación quiere entrar a cubrirlos, por lo menos, por los días que estuvieron cerrados precisamente por el terremoto”, afirmó.Los otros $2,5 billones se destinarían a la recuperación de la infraestructura vial y de transporte. De esos recursos, cerca de $1 billón iría para intervenir cinco vías del Chocó, un departamento que, según Noguera, ya tenía una red vial en muy malas condiciones antes del terremoto. “Allá no sabemos bien si fue el terremoto o si es que así funciona el Chocó, porque son vías completamente destruidas. Yo creo que es un poquito de ambos, pero es la gran oportunidad para el país de dejar este departamento completamente conectado con el sur, con el norte, con la zona bananera en Antioquia y con la zona del mar”, dijo Noguera.Para conseguir los recursos que permitan financiar estas obras, el Ministerio de Transporte contempla dos mecanismos que no dependen directamente del Presupuesto General de la Nación. El primero es incorporar nuevas intervenciones en las concesiones viales que ya están en marcha, mediante ampliaciones en el valor de los contratos y en sus plazos de ejecución. La propuesta es aumentar el límite actual de las adiciones. “Hoy las APP pueden adicionar máximo el 20 %, y queremos que pudiéramos llegar hasta el 50 %. Eso nos va a permitir financiar obras sin el Presupuesto”, aseguró la ministra.Este mecanismo podría aplicarse principalmente en el Eje Cafetero, Huila y Valle del Cauca. Sin embargo, no sería una alternativa para el Chocó, donde no existen concesiones viales. Según explicó Noguera, esto se debe a que la población no tiene capacidad para asumir el pago de peajes.Como segunda alternativa, el Gobierno busca ampliar el uso de las obras por impuestos, un mecanismo mediante el cual las empresas financian proyectos de infraestructura a cambio de beneficios tributarios. Actualmente, esta figura está limitada a los municipios dentro del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y a las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), por lo que su aplicación en la reconstrucción dependerá de los procedimientos y condiciones que permitan sacar adelante los proyectos. En ese proceso, las fiduciarias tendrían un papel importante. “Aquí vamos a necesitar mucho a las fiduciarias, porque lo que hemos logrado es que los concesionarios y el sector nos donen los estudios y diseños en fase 3 de las vías del Chocó”, afirmó.La ministra advirtió que esta última alternativa tiene un plazo limitado, pues los decretos que permiten acceder a los beneficios tributarios estarán vigentes únicamente hasta marzo del próximo año. Por eso, el Gobierno necesita avanzar rápidamente con los estudios y la aprobación de los proyectos para que las obras puedan comenzar dentro de ese periodo. “Si en marzo del próximo año no arrancan las obras, no aplican los beneficios, y tiene todo el sentido, porque, si no, nos demoramos demasiado en la reconstrucción. Una vez tengamos los estudios y diseños, los radicamos en la ART (Agencia de Renovación del Territorio), buscamos la viabilidad técnica en Planeación Nacional y empezamos a ofertarlos con los contratistas que se le apuesten a financiar estas obras por impuestos”, aseguró Noguera.Finalmente, la ministra de Transporte aseguró que el Estado enfrenta reclamaciones por más de $100 billones por cambios en las reglas de juego en las concesiones, entre ellas $8 billones en sólo dos sentencias que el Gobierno no tiene cómo pagar, $16 billones en tribunales internacionales y $81 billones en reclamos. Para evitar que el costo sea mayor, dijo que el Gobierno negocia con concesionarios y contratistas y busca destrabar las obras paralizadas por problemas prediales, licencias y consultas previas.
Después de un largo de camino como actor y cantante, Juan Palau salió con su primer álbum de estudio al cual denominó '33', que reúne 10 años de aprendizajes como artistas y los aprendizajes que proyectos como la 'Reina del Flow', de Caracol Televisión, le dejaron para llegar hasta ese punto.En entrevista con Blu Radio, el artista explicó que este lanzamiento representa mucho más que una colección de canciones, pues es el reflejo de su evolución desde que comenzó a cantar reguetón a los 15 años. Ahora, con 33 años, decidió reunir diferentes facetas de su recorrido musical en una producción que explora sonidos como el reggae, el hip hop, el reparto, la cumbia, el funk y el merenguetón."He cumplido muchas de las metas que me tracé hace 10 años, todavía me faltan otras, pero también me quité un poco esa presión de ir contrarreloj. Uno piensa: 'Uy, voy para los 30, ya tengo 31'. Mira que, a los 33 años, viví el año más lindo de mi vida a nivel profesional. Entonces, se trata de quitarse esa presión. He cumplido metas, me faltan muchas y sigo trabajando por ellas, sin afán, con un foco claro, un objetivo y disciplina. Si llego a los 43, no sé cómo voy a ser. Seguramente estaré lleno de gratitud", expresó.Aseguró que parte del aprendizaje fue gracias a esta producción de Caracol. En medio de la gira que han llevado a cabo, aprendió de los escenarios y el público, además que su personaje, Drama Key, le ayudaron de una u otra forma entender la industria para construir su camino como artista."He aprendido a disfrutarlo más. Antes no me lo soñaba tanto con el reguetón, pero ahora me he enamorado mucho más de esa esencia del sonido en vivo. También está todo lo que implica andar con un equipo grande. En el proyecto de Juan Palau normalmente viajamos máximo 15 personas, pero hacerlo con 33 implica aviones, logística, hoteles, bandas, desplazamientos de una ciudad a otra y, a veces, estar un día en un lugar y dos días en otro", añadió. Palau también recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera: la separación de su antiguo dúo musical. Mientras otros artistas de su generación comenzaban a alcanzar reconocimiento, él atravesó una etapa de frustración que lo llevó a alejarse de la música durante aproximadamente un año. Sin embargo, el respaldo de sus padres, especialmente de su papá, fue fundamental para retomar sus sueños."Digo que para mí el éxito no se mide por la fama ni por el dinero, sino por el cariño de la gente que amo, de quienes han estado conmigo desde cero, incluso en las malas. Es un mensaje para todos aquellos que, como yo, se levantan todos los días a luchar por un sueño. Lo digo tal cual en la canción porque para mí el éxito es eso: el cariño de la gente que amo, de quienes me apoyaron desde el principio. Ver que siguen ahí conmigo, que en los días difíciles me dan un abrazo y me dicen: 'Papi, pa'lante, que usted sí puede'. Cuando mi mamá me mira y me dice: 'Hijo, vamos bien'; cuando mi viejo me dice: 'Dale, hijo'; cuando mi novia me dice: 'Dale, amor, tú puedes', me siento un ganador. Soy exitoso porque tengo el apoyo de los míos, de mi combo, de quienes están desde el día cero", puntualizó.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el presupuesto de 2027, que fue aprobado por $634,9 billones, aún tiene riesgos sin cubrir, incluso en un escenario en el que se concrete buena parte de la reforma fiscal que el Gobierno plantea en el Congreso. Según su presidente, Juan Carlos Ramírez, hay presiones de gasto que no están debidamente contempladas en el presupuesto hoy aprobado.Entre los riesgos, el CARF señaló los gastos de personal, que podrían aumentar por los acuerdos sindicales del sector público, aunque el Gobierno propone que no crezcan por encima de la inflación. También mencionó las pensiones, por el agotamiento de los traslados entre regímenes y el posible impacto de la decisión de la Corte y de las aprobaciones de la Cámara sobre la reforma pensional. A esto se suman la financiación insuficiente del régimen subsidiado de salud, los subsidios de energía ante el fenómeno de El Niño y la falta de recursos suficientes para atender los efectos del terremoto de agosto.Ramírez enfatizó la urgencia del ajuste ante el peso de los intereses. "Hoy una tercera parte de los ingresos tributarios del Gobierno se destina al pago de intereses. Si no se hicieran las reformas importantes de, por lo menos, estas magnitudes, es decir, al cabo de tres años estaríamos dedicando el 50 %, la mitad de cada peso que ingresa al Estado por impuestos, al pago de intereses. De ahí la enorme urgencia".Según el CARF, en el escenario del presupuesto aprobado por decreto, el déficit total de 2027 sería del 9,5 % del PIB y el primario, del 4,5 %. "Son los niveles más altos en la historia del país y, como decía al inicio, en una situación que no podemos calificar de crisis económica especial", afirmó Ramírez. Si el ajuste del Gobierno no se concreta, agregó, el déficit quedaría lejos de lo que recomienda la regla fiscal, que además no estaría en vigencia.El presidente del CARF explicó que el origen del problema está, en buena parte, en la estimación de los ingresos. "Cada año, al presentarse el presupuesto, el Gobierno hace lo que se llama un aforo de ingresos, es decir, la estimación de los ingresos que se van a tener el siguiente año. Uno de los grandes problemas del déficit actual se gestó en 2024, cuando esa estimación tuvo una diferencia de alrededor de 4 puntos del PIB frente a lo que realmente se logró. Ese bache no fue corregido oportunamente y se convirtió en la base de los cálculos de los años siguientes", afirmó Ramírez.Esa sobreestimación, según explicó el dirigente, deja obligaciones sin pagar que se trasladan al año siguiente. "El presupuesto es una autorización de gastos. Si, con base en una sobreestimación de los ingresos, apruebo gastos que no puedo pagar en el año, se me acumulan obligaciones que pasan a la siguiente vigencia, que es lo que llamamos las reservas presupuestales. Eso genera una restricción para los nuevos gastos del año siguiente, porque tengo que estar pagando los compromisos que se generaron en el año anterior". Frente a unas reservas tradicionales de un poco más de 20 billones de pesos, en 2024 se duplicaron hasta los 50 billones y se redujeron un poco en 2025.Ramírez atribuyó la situación a un deterioro institucional. "La situación a la que llegamos se ha debido en gran parte a la pérdida de cierta tradición en la administración pública nacional, que fue la disciplina de las finanzas públicas. Uno de los problemas más importantes, además del déficit en sí mismo, ha sido el debilitamiento de los instrumentos de la planeación fiscal, que han hecho perder credibilidad y compromiso del sector público con sus propias metas".El CARF calcula que, sin ajuste, la deuda del Gobierno central pasaría del 60 % al 67 % del PIB, muy cerca del 71 % que considera el máximo sostenible. Sobre la propuesta oficial, que plantea un ajuste de entre 4 y 5 puntos del PIB en cuatro años, Ramírez la calificó de "relativamente razonable", pues con la regla fiscal vigente se esperaría que se hiciera en un año. Aclaró que el comité aún no evalúa en detalle los componentes ni las estimaciones de ingresos y gastos del proyecto.Por su parte, Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, aseguró que la inflación no comenzaría a mostrar una disminución sino hasta mediados del próximo año.Acosta advirtió que las expectativas de inflación en Colombia siguen aumentando y se mantienen por encima de las proyecciones del Emisor. Según las distintas mediciones del mercado, la inflación podría cerrar 2026 entre el 6,7 % y el 6,91 %, mientras que las expectativas de inflación básica también se mantienen elevadas.