En las últimas horas el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó un fuerte operativo en la Cárcel La Picota de Bogotá y en el pabellón Eron de ese centro de reclusión los guardas volvieron a encontrar licores y elementos prohibidos.Fuentes al interior del Inpec le confirmaron a este medio que durante todo este miércoles, 22 de abril, se adelantaron en total 11 traslados; dos de los internos son Marcos de Jesús Figueroa García y Juan Francisco Gómez, conocidos con el alias de 'Marquitos' Figueroa y 'Kiko' Gómez, respectivamente.Sin embargo, el móvil de los traslados de estos últimos no tiene que ver con la incautación de licores y otros elementos en La Picota, sino más bien con una orden desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro quien en su último consejo de ministros se refirió a ambos y lanzó fuertes dardos al funcionamiento del Inpec.“Yo tengo muchas dudas de la dirección del Inpec, muchas, incluida el plan que tienen de concentrar unos bandidos de esos, creo que en La Picota, creo, en Bogotá, para cuadrar el plan por el señor Guajiro, este, ‘Kiko' Gómez y el otro, ‘Marquitos’ le dicen, para ver si pueden destruir la imagen del presidente”, señaló el jefe de Estado.¿A dónde los trasladaron?Sobre los sitios de reclusión a donde fueron traslados ‘Kiko' Gómez y ‘Marquitos' Figueroa señalan altas fuentes del Inpec que serán llevados a cárceles de máxima seguridad. El exgobernador a la Cárcel La Dorada, Caldas, y al contrabandista a la Cárcel de Girón, en Santander.Tras el operativo sorpresa en la cárcel La Picota de Bogotá, las autoridades encontraron licor dentro de las celdas de los hermanos Santiago y Pablo Prada, conocidos como alias ‘BlackJack’, presuntos articuladores de una red de lavado de activos vinculada al Clan del Golfo.
Una preocupante radiografía del sistema penitenciario colombiano fue revelada durante un foro de seguridad ciudadana en la Universidad Externado de Colombia, donde el fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González, aseguró que hay detenidos que no solo no quieren recuperar su libertad, sino que además buscan permanecer en ciertas cárceles para continuar con sus actividades ilícitas.Según explicó el funcionario, las investigaciones por hechos delictivos contra funcionarios del Inpec permitieron identificar dinámicas internas que evidencian cómo algunos reclusos negocian entre ellos mismos el lugar donde quieren estar recluidos. “No lo decide el Inpec, lo están decidiendo ellos mismos”, advirtió, al señalar que estos movimientos responden a intereses económicos ilegales.El foco principal de esta disputa, de acuerdo con la Fiscalía, es la cárcel La Picota, señalada como epicentro de estructuras de extorsión que operan desde el interior.“Yo quiero La Picota porque ahí es donde más hago plata”, sería una de las frases que evidencian cómo algunos internos perciben este centro penitenciario como una oportunidad para delinquir con mayor rentabilidad.Pero no es el único caso. La cárcel de Cómbita, considerada de máxima seguridad, también figura entre las más apetecidas. Según el fiscal, allí los detenidos buscan fortalecerse económicamente, lo que sugiere que incluso los centros con mayores controles estarían siendo permeados por redes criminales internas.Rechazo por estas afirmacionesEstas revelaciones han generado controversia. Desde el sindicato del Inpec rechazaron las afirmaciones y exigieron pruebas concretas. Aseguran que la asignación de cupos en los centros penitenciarios responde estrictamente a la disponibilidad y a criterios institucionales, y que los internos no tienen injerencia en estas decisiones.Por ahora, ni el Inpec ni el Ministerio de Justicia han emitido un pronunciamiento oficial frente a estas denuncias.
El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado inmediato a Bogotá de los cabecillas de bandas criminales de Medellín que protagonizaron una fiesta irregular en la cárcel de Itagüí. La medida responde al escándalo generado por el ingreso sin control de artistas, vehículos de alta gama y personal externo al centro penitenciario el pasado miércoles 8 de abril."Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema", sentenció el mandatario. La decisión impacta directamente a jefes delictivos que, pese a participar en mesas de paz con el Gobierno Nacional, habrían coordinado el evento donde se documentó la presencia del cantante Nelson Velásquez.Detalles de la fiesta en la cárcel de ItagüíSegún denuncias de la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, el artista vallenato ingresó al penal hacia las 11:30 de la mañana y permaneció allí hasta después de las 4:00 de la tarde. Cámaras de seguridad del recinto captaron movimientos irregulares, incluyendo la gestión del acceso por parte de dos hombres ajenos al INPEC.Además, se reportó el ingreso de al menos 16 vehículos de alta gama cuyos ocupantes no habrían sido sometidos a las requisas obligatorias. Carrasquilla sugirió en declaraciones radiales que la celebración podría estar vinculada a una posible libertad condicional de Sebastián Murillo Echeverri, alias 'Lindolfo', señalado excabecilla de 'La Oficina'.La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para identificar a los funcionarios que facilitaron este evento, el cual no contaba con autorizaciones del INPEC ni del Ministerio de Defensa.Por su parte, el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, anunció el relevo del director encargado del penal y del comandante de vigilancia. Actualmente, siete funcionarios enfrentan investigaciones internas mientras una comisión especial desde Bogotá determina las fallas en los protocolos de seguridad que permitieron la vulneración del régimen penitenciario.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro no descarta trasladar desde el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota a Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, hacia una zona de ubicación temporal en el departamento del Putumayo.La posibilidad se da en medio de la puesta en marcha de este espacio, que ya cuenta con autorizaciones presidenciales y en el que se prevé el ingreso de 100 integrantes de los Comandos de Frontera a mediados del mes de mayo.De acuerdo con el Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional EB, este tipo de decisiones están contempladas en la Ley 2272 de 2022, que permite suspender órdenes de captura, incluso con fines de extradición, a integrantes de grupos armados que estén vinculados de manera efectiva a un proceso de paz y que se encuentren en una zona de ubicación temporal.En diálogo con Blu Radio, el jefe de la delegación del Gobierno en estos diálogos, Armando Novoa, se refirió a la posibilidad de que alias ‘Araña’ sea trasladado a esta Zona.“En el caso del señor Andrés Rojas, si el presidente considera que esa es una posibilidad para lograr la desmovilización integral de ese grupo, no podemos descartar que así lo considere el presidente de la república. Pero la última palabra sobre eso la tiene el señor presidente, y nosotros haremos todo lo posible para que ese proceso de paz sea irreversible”.Novoa explicó que esta zona estará ubicada en el municipio de Valle del Guamuez y funcionará como un espacio de tránsito hacia la vida civil.“Esperamos que esa zona esté adecuada en debida forma en el transcurso del mes de mayo, momento en el cual empezarán a ingresar las unidades de comandos de frontera que se han acordado en la mesa, que son cien personas que ingresarán a la zona sin armas y sin uniformes”.Además insistió en que esta “no será una zona de impunidad, no será una zona de despeje como la que conoció el país en otras épocas, será una zona de tránsito a la civilidad y a la ciudadanía plena de un grupo importante de integrantes de esta organización al margen de la ley”.Además, señaló que el proceso se encuentra en fase de adecuación administrativa y técnica para su implementación.“Faltan algunos aspectos de procedimiento y de carácter técnico, pero son menores. De tal manera que, si todo sale como lo esperamos, muy seguramente a mediados del mes de mayo, ese primer grupo de cien integrantes de Comandos de la Frontera empezarán a hacer ingreso a esa zona”.Es importante recordar que Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, fue capturado en febrero de 2025 en el hotel Courtyard Marriott de Bogotá por el CTI de la Fiscalía, luego de participar en un ciclo de diálogos de paz.La detención se produjo en cumplimiento de una circular roja de Interpol y de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, donde es investigado por delitos relacionados con el envío de cocaína hacia ese país y por sus presuntos nexos con el cartel de Sinaloa.Aunque la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición, a finales del año pasado el presidente Gustavo Petro decidió suspenderla de manera condicionada a los avances en el proceso de paz.“Recordemos que el presidente de la república autorizó la extradición del señor Rojas, pero la sujetó a que prestara un concurso directo en los avances en la mesa de diálogos de paz. Esos avances se traducen en que parte de su grupo entra a la zona de ubicación temporal, y también se traducen en el apoyo y respaldo que han dado al gobierno nacional para la erradicación de cultivos de uso ilícito en el departamento de Putumayo. Tenemos la expectativa de que se logre la erradicación voluntaria de quince mil hectáreas en ese departamento”, señaló Novoa.Actualmente, alias ‘Araña’ permanece recluido en la cárcel La Picota, en el pabellón de extraditables, a la espera de conocer cuál es el avance presentado a estas condiciones.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se encuentra en máxima alerta tras la fuga de Dago Alberto Martínez Méndez, conocido como alias 'El Negro Dago', quien estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá y era requerido por la justicia peruana por el asesinato de una enfermera.El hecho se descubrió durante un conteo rutinario en el pabellón 34, cuando los funcionarios del Inpec evidenciaron la ausencia del interno. De inmediato, la institución activó los protocolos de seguridad y abrió una investigación para esclarecer cómo logró escapar del centro penitenciario.El hombre estaba privado de la libertad por homicidio y, adicionalmente, enfrentaba un proceso de extradición hacia Perú por el asesinato de Ericka Hernández, una enfermera de 28 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza.Tras cometer el crimen, huyó a Colombia, donde fue capturado el 28 de agosto de 2025 y trasladado a La Picota el 9 de septiembre, mientras avanzaban los trámites judiciales para su entrega a las autoridades peruanas.La fuga de alias 'El negro Dago' retrasaría el proceso de extradición. Mientras tanto, el Inpec trabaja en su recaptura, la institución revisa los protocolos internos para determinar posibles fallas y responsabilidades en el hecho.
Entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022 la Cárcel la Picota de Bogotá fue el epicentro de una enorme polémica luego de que saliera a la luz pública que hubo una fiesta con cantantes de vallenato todo esto ocurrió en el pabellón de extraditables, durante la celebración del día de la Virgen de las Mercedes.En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra 8 funcionarios del INPEC porque presuntamente habrían dado vía libre al ingreso de elementos prohibidos a la cárcel la Picota estamos hablando de bebidas alcohólicas, cigarrillos, equipos de sonido y de comunicación, dinero en efectivo, sustancias alucinógenas, además de autorizar conciertos y juegos de azar dentro del establecimiento penitenciario.La Procuraduría señaló que estas conductas podrían constituir una grave vulneración de los protocolos de seguridad y del reglamento del régimen penitenciario, teniendo en cuenta que se trata de un pabellón destinado a internos de alta seguridad, con estrictas restricciones de control.La Procuraduría sostiene que los investigados habrían incumplido sus deberes funcionales y las normas que regulan el control de elementos permitidos y prohibidos dentro de los centros de reclusión, contempladas en el Código General Disciplinario y en los reglamentos internos del sistema penitenciario.
La Corte Constitucional amparó de manera transitoria y urgente los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud del exrepresentante a la Cámara Gustavo Hernán Díaz, quien está recluido en la Cárcel La Picota pagando una pena por el delito de tráfico de influencias y tiene un diagnóstico de melanoma.La decisión se adoptó tras revisar una tutela interpuesta contra una providencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que había revocado una orden de sustitución de la pena por prisión domiciliaria previamente concedida por un juez de ejecución de penas.El exrepresentante a la Cámara fue condenado en segunda instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 7 de febrero de 2024 por el delito de tráfico de influencias.Posteriormente, el 10 de mayo de 2024, Díaz se entregó voluntariamente a las autoridades y fue recluido de manera provisional en el Comando Departamental de Policía del Casanare; en ese sentido, la vigilancia de la pena quedó a cargo del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal.El 20 de mayo de 2024, el exrepresentante condenado por corrupción solicitó la sustitución de la pena por prisión domiciliaria, argumentando que padecía “mieloma múltiple IgG Kappa”, además de otras comorbilidades que afectaban gravemente su sistema inmunológico. El juzgado acogió la solicitud y, mediante auto del 30 de julio de 2024, concedió la sustitución de la pena.Ante el riesgo inminente para la vida digna y la salud del accionante, la Corte Constitucional decidió intervenir de forma excepcional y ordenó, como medida transitoria, la aplicación inmediata de la sustitución de la pena que había sido concedida inicialmente por el juez natural.Esto se traduce en que el Juzgado que tiene el proceso deberá determinar, tras la orden de la Corte Constitucional, cuál es el beneficio que se le otorgará al exrepresentante debido a su grave estado de salud.
En la tarde del pasado domingo 7 de diciembre, mientras muchas familias se reunían para encender las tradicionales velas, en la cárcel La Picota las autoridades activaban una alerta mayor tras confirmarse la fuga de Pedro David Nieves Mosquera, un recluso condenado a 28 años de prisión por secuestro extorsivo.Su escape ocurrió casi como de película, al ejecutar el conocido “cambiazo”, una maniobra en la que un visitante ingresa al penal para suplantar la identidad del interno y permitir que este salga del centro penitenciario sin ser detectado.El visitante que participó en la fuga fue identificado como Alexander Marulanda Ríos, quien quedó dentro del penal mientras Nieves abandonaba las instalaciones. Minutos más tarde, el personal de seguridad detectó la irregularidad, lo que obligó a emprender un operativo de búsqueda coordinado por el Inpec, la Policía Judicial y la Fiscalía.Quién es Pedro David Nieves Mosquera, el preso fugado de La PicotaNieves no es un desconocido dentro de los expedientes judiciales. En 2023 llamó la atención de las autoridades por un caso igualmente insólito: fue capturado justo cuando recuperaba la libertad, señalado de haber planeado desde su celda el secuestro de un empresario en Sáchica, Boyacá.Según la Fiscalía, pese a estar recluido, habría coordinado un falso secuestro para cometer un hurto millonario. La víctima fue amarrada, amenazada y despojada de bienes y dinero durante cerca de nueve horas, hasta que logró escapar y pedir ayuda. Gracias a un “plan candado”, dos de los responsables fueron capturados en flagrancia.Ese historial, sumado a condenas previas por extorsión, hace que su reciente fuga aumente la preocupación entre las autoridades.Así ocurrió el escape:Según el reporte oficial, hacia las 4:20 de la tarde Nieves aprovechó la visita de quien sería un familiar para intercambiar identidades y salir del penal sin levantar sospechas. El visitante quedó retenido y será judicializado por su presunta participación en los hechos.Entre tanto, las autoridades mantienen activa la búsqueda del prófugo, considerado un interno de alta peligrosidad. La Policía Judicial y la Fiscalía trabajan de manera conjunta para localizarlo, recordando que Nieves también tiene antecedentes por extorsión y ya había intentado burlar a la justicia en varias oportunidades.La fuga ocurrió en una época en la que aumenta el flujo de visitas, lo que exige mayores controles en los centros penitenciarios. Las autoridades aseguraron que continuarán los operativos hasta dar con el paradero de Pedro David Nieves Mosquera, alias “Garavato”, cuyo prontuario lo convierte hoy en una prioridad investigativa.
Un juez segundo promiscuo del circuito de Villanueva, en La Guajira, emitió una nueva medida para las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por el incumplimiento del fallo de tutela que solicitaba el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, a la cárcel La Picota de Bogotá.De acuerdo con el fallo de tutela emitido el pasado 24 de septiembre, el traslado debía cumplirse en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, Marín Silva, señalado como jefe de la estructura criminal La Inmaculada y con solicitud de extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico, sigue recluido en la estación de Policía de Los Mártires en Bogotá.El despacho judicial requirió que el Inpec y la Policía Nacional certifiquen quiénes eran los funcionarios encargados de ejecutar la orden, con nombres, cargos y datos de contacto. El auto advierte que de no informar las razones por las cuales aún no han dado complimiento a la orden y persistir el incumplimiento, los responsables podrían enfrentar sanciones, multas o arrestos por fraude a resolución judicial.El argumento inicial del accionante y representante de alias ‘Pipe Tuluá, alegaba que Marín se encontraba en condiciones indignas en la estación de Policía y solicitaba su reclusión en un establecimiento penitenciario formal para garantizar sus derechos fundamentales a la vida, integridad y dignidad humana.En el mes de junio de 2025, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, explicó que el traslado desde La Picota y la reclusión en la estación policial se concretó argumentando que el aislamiento es el único mecanismo efectivo para controlar las acciones y amenazas de alias ‘Pipe Tuluá’.El oficial también denunció que, tras este traslado, funcionarios penitenciarios han sido blanco de amenazas. Según Gutiérrez, circularon panfletos en los que grupos delincuenciales declararon “objetivo militar” al personal del Inpec.Alias ‘Pipe Tuluá’ cumple condena por homicidios, extorsiones, secuestros y múltiples hostigamientos contra guardianes del Inpec. Su rol como líder de La Inmaculada lo mantiene bajo la lupa de las autoridades nacionales e internacionales, que consideran su extradición a Estados Unidos un paso clave en la lucha contra el narcotráfico.
La reciente absolución del exgerente de TransMilenio y exsecretario de Movilidad de Bogotá, Francisco Fernando Álvarez, cerró un proceso judicial que se extendió durante ocho años y que incluyó seis meses de reclusión en La Picota. El fallo, que confirma su inocencia, no solo significa un respiro personal y familiar, sino que revive el debate sobre el papel de la Fiscalía en aquel momento y la forma en que se manejaron casos de alto perfil vinculados con supuesta corrupción en el sector público.En entrevista con Mañanas Blu, Álvarez relató el impacto que tuvo el proceso en su vida profesional y personal. Afirmó que, más allá del desgaste judicial, lo más difícil ha sido recuperar su nombre en la opinión pública, marcado por titulares que lo señalaban en su momento como responsable de graves delitos que nunca se probaron.Crítica a la Fiscalía y el papel de los mediosEl exfuncionario fue enfático en señalar que su caso no fue aislado, sino parte de una estrategia mediática liderada por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. “Era evidente que lo que se buscaba era llenar de titulares de prensa para mostrar una lucha contra la corrupción, aunque no hubiera pruebas reales”, aseguró.Álvarez incluso fue más allá y vinculó esa estrategia con la coyuntura del escándalo de Odebrecht. “Me usaron para distraer al país de Odebrecht”, dijo, al recordar cómo su imputación coincidió con momentos clave de ese caso. Según explicó, en 2018 hubo una ola de imputaciones contra más de mil funcionarios públicos, en lo que describió como un “programa de resultados” que sacrificó la honra de muchas personas inocentes.Ocho años de calvario judicialEl economista y abogado destacó que su confianza en la justicia y el apoyo de su familia fueron fundamentales para resistir un proceso que parecía interminable. Sin embargo, advirtió que la reparación del daño no será sencilla. “Cuando me detuvieron, era noticia en todos los medios; ahora que me absuelven, cuesta mucho más recuperar el buen nombre”, comentó.Álvarez también agradeció la cobertura reciente de medios que han reseñado su absolución, aunque insistió en que el daño ya está hecho. Para él, lo más preocupante es que se repitan casos similares con otros funcionarios que enfrentaron imputaciones sin fundamentos sólidos.Un llamado a la responsabilidadEl testimonio de Álvarez es, además, un llamado a la autocrítica del periodismo y a la responsabilidad de las instituciones de control. “Las fuentes oficiales muchas veces tienen intereses, y cuando no se contrasta la información, se terminan destruyendo vidas”, advirtió durante la entrevista.Hoy, con el fallo que lo exonera, Francisco Fernando Álvarez inicia el camino de reconstrucción de su carrera y de su prestigio, aunque el recuerdo de esos ocho años de proceso sigue siendo una cicatriz difícil de cerrar.
La posibilidad de compartir ideas sin necesidad de palabras volvió a ocupar el centro del debate tecnológico luego de que Elon Musk sugiriera que Neuralink podría realizar los primeros intentos de transmisión directa de pensamientos entre personas antes de que finalice 2026. La afirmación abrió nuevamente la discusión sobre el futuro de las interfaces cerebro-computadora y el alcance que podrían tener estas tecnologías en la comunicación humana.La conversación surgió en la red social X a partir de una publicación realizada por Yun-Ta Tsai, ingeniero de inteligencia artificial vinculado a Tesla. En su mensaje, el especialista planteó que el lenguaje hablado representa una limitación para el intercambio de información debido a la velocidad relativamente baja con la que las personas pueden transmitir ideas mediante palabras.Según Tsai, el siguiente paso en la evolución de la comunicación podría consistir en conectar directamente los cerebros para compartir pensamientos de manera más rápida y eficiente. La propuesta llamó la atención de miles de usuarios y recibió una respuesta directa de Musk, quien dejó entrever que Neuralink ya estaría explorando escenarios similares.“Quizás el primer intento de esto para Neuralink [tenga lugar] a finales de este año”, escribió el empresario, alimentando las expectativas sobre los avances de la compañía de neurotecnología que fundó con el objetivo de desarrollar dispositivos capaces de conectar el cerebro humano con sistemas informáticos.Aunque Musk no entregó detalles técnicos sobre cómo podría realizarse una prueba de estas características ni explicó el alcance de un eventual experimento, sus declaraciones fueron interpretadas como una señal de que la empresa busca avanzar más allá de las aplicaciones médicas que actualmente concentran gran parte de sus esfuerzos.Neuralink ha ganado notoriedad en los últimos años por el desarrollo de implantes cerebrales diseñados para permitir que personas con limitaciones físicas interactúen con dispositivos electrónicos mediante señales neuronales. La empresa ha presentado diversos avances orientados a facilitar la comunicación entre el cerebro y los computadores, una línea de investigación que podría sentar las bases para futuras formas de interacción humana.La idea de transmitir pensamientos de manera directa ha sido durante décadas un concepto asociado a la ciencia ficción. Sin embargo, las investigaciones en neurotecnología y las interfaces cerebro-máquina han impulsado nuevas conversaciones sobre las posibilidades que podrían abrirse en el futuro a medida que estas herramientas evolucionen. El anuncio de MuskEl anuncio de Musk llega en un momento de intensa actividad para Neuralink. A comienzos de este año, el empresario también informó que la compañía trabaja en el desarrollo de Blindsight, un dispositivo concebido para ayudar a personas con ceguera total.El proyecto busca crear un chip capaz de restaurar la visión mediante la estimulación de regiones específicas relacionadas con el procesamiento visual. La iniciativa representa una de las apuestas más ambiciosas de la empresa dentro del campo de la neurotecnología aplicada a la salud.Posteriormente, durante una intervención remota realizada en mayo desde Tel Aviv, Musk señaló que Neuralink espera efectuar la primera implantación del sistema Blindsight en humanos antes de que concluya 2026. De concretarse, el procedimiento marcaría un nuevo hito para la compañía en su objetivo de ampliar las aplicaciones prácticas de los implantes cerebrales.Las recientes declaraciones del empresario muestran que Neuralink mantiene abiertas varias líneas de desarrollo simultáneas. Mientras una parte de sus investigaciones se enfoca en soluciones médicas destinadas a recuperar capacidades perdidas, otra apunta a explorar nuevas formas de interacción entre las personas y la tecnología.Por ahora, la posibilidad de transmitir pensamientos entre seres humanos continúa siendo una meta en fase experimental. Sin embargo, las palabras de Musk indican que los próximos meses podrían ser determinantes para conocer hasta dónde han avanzado los proyectos de Neuralink y cuáles son las capacidades reales que la empresa espera demostrar antes de finalizar el año.
Un operativo del Ejército Nacional y la Policía en el municipio de Saravena, Arauca, dejó como resultado dos presuntos integrantes del ELN muertos en combate, seis personas capturadas y un menor de edad que, según las autoridades, había sido vinculado al grupo armado y fue rescatado durante la operación.La acción militar se llevó a cabo en la vereda Alto San Joaquín, donde tropas de la Décima Octava Brigada se enfrentaron a integrantes de la comisión Ernesto Che Guevara, perteneciente al frente Domingo Laín Sáenz del ELN.Tras el operativo, el menor fue entregado a las autoridades competentes para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.De acuerdo con información de inteligencia militar, los capturados harían parte de una estructura señalada de realizar ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en los municipios de Fortul y Saravena. Además, las autoridades aseguran que el grupo estaría detrás de acciones para alterar el orden público antes y después de los recientes comicios electorales en la región.Durante la operación también fueron incautados cinco fusiles, tres armas cortas, más de 900 cartuchos de diferentes calibres, 23 proveedores, material de campaña y documentos que serán analizados por los organismos de inteligencia.Las Fuerzas Militares señalaron que este resultado hace parte de las operaciones que adelantan para reducir la capacidad de los grupos armados ilegales que operan en Arauca y reiteraron que continuarán las acciones de control y seguridad en el departamento.
El reciente terremoto en Venezuela ha generado una profunda preocupación en el sector de las confecciones de Santander, un gremio que ve con incertidumbre el impacto que esta emergencia pueda tener en el intercambio comercial bilateral. Franklin Guevara, director del gremio textil en el departamento, manifestó la solidaridad de los empresarios locales con el pueblo venezolano, al tiempo que advirtió sobre las repercusiones económicas inmediatas y a mediano plazo para la industria santandereana.La principal preocupación radica en la proximidad de la Exposición Internacional de Moda Infantil (EIMI Colombia), considerado el evento más importante de su tipo en Latinoamérica. Para esta edición, que se celebrará del 13 al 15 de julio en Bucaramanga, ya se tenía confirmada la asistencia de ocho grandes compradores provenientes de Caracas. Sin embargo, el cierre temporal de aeropuertos y la crisis humanitaria en el vecino país ponen en duda su participación, lo que afectaría directamente los negocios proyectados para la producción del segundo semestre del año.Históricamente, Venezuela ha sido el socio comercial más importante para los confeccionistas de Santander. Aunque el comercio sufrió una fuerte contracción a partir de 2006, en los últimos meses se venía registrando una notable recuperación en las ventas. Santander lidera la producción de ropa para recién nacidos en Colombia, un producto altamente apetecido en el mercado venezolano y en Centroamérica.Guevara señaló que, por respeto a la situación, aún no se han establecido contactos directos con los empresarios afectados, pero están muy atentos a la situación del país vecino. El flujo constante de mercancías en la frontera se encuentra bajo una enorme incertidumbre debido a los problemas logísticos derivados del sismo. Los textileros santandereanos esperan una pronta estabilización de la emergencia para reanudar los despachos diarios y asegurar la continuidad de un canal comercial que es vital para la economía de la región.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
