En las últimas horas el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó un fuerte operativo en la Cárcel La Picota de Bogotá y en el pabellón Eron de ese centro de reclusión los guardas volvieron a encontrar licores y elementos prohibidos.Fuentes al interior del Inpec le confirmaron a este medio que durante todo este miércoles, 22 de abril, se adelantaron en total 11 traslados; dos de los internos son Marcos de Jesús Figueroa García y Juan Francisco Gómez, conocidos con el alias de 'Marquitos' Figueroa y 'Kiko' Gómez, respectivamente.Sin embargo, el móvil de los traslados de estos últimos no tiene que ver con la incautación de licores y otros elementos en La Picota, sino más bien con una orden desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro quien en su último consejo de ministros se refirió a ambos y lanzó fuertes dardos al funcionamiento del Inpec.“Yo tengo muchas dudas de la dirección del Inpec, muchas, incluida el plan que tienen de concentrar unos bandidos de esos, creo que en La Picota, creo, en Bogotá, para cuadrar el plan por el señor Guajiro, este, ‘Kiko' Gómez y el otro, ‘Marquitos’ le dicen, para ver si pueden destruir la imagen del presidente”, señaló el jefe de Estado.¿A dónde los trasladaron?Sobre los sitios de reclusión a donde fueron traslados ‘Kiko' Gómez y ‘Marquitos' Figueroa señalan altas fuentes del Inpec que serán llevados a cárceles de máxima seguridad. El exgobernador a la Cárcel La Dorada, Caldas, y al contrabandista a la Cárcel de Girón, en Santander.Tras el operativo sorpresa en la cárcel La Picota de Bogotá, las autoridades encontraron licor dentro de las celdas de los hermanos Santiago y Pablo Prada, conocidos como alias ‘BlackJack’, presuntos articuladores de una red de lavado de activos vinculada al Clan del Golfo.
Una preocupante radiografía del sistema penitenciario colombiano fue revelada durante un foro de seguridad ciudadana en la Universidad Externado de Colombia, donde el fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González, aseguró que hay detenidos que no solo no quieren recuperar su libertad, sino que además buscan permanecer en ciertas cárceles para continuar con sus actividades ilícitas.Según explicó el funcionario, las investigaciones por hechos delictivos contra funcionarios del Inpec permitieron identificar dinámicas internas que evidencian cómo algunos reclusos negocian entre ellos mismos el lugar donde quieren estar recluidos. “No lo decide el Inpec, lo están decidiendo ellos mismos”, advirtió, al señalar que estos movimientos responden a intereses económicos ilegales.El foco principal de esta disputa, de acuerdo con la Fiscalía, es la cárcel La Picota, señalada como epicentro de estructuras de extorsión que operan desde el interior.“Yo quiero La Picota porque ahí es donde más hago plata”, sería una de las frases que evidencian cómo algunos internos perciben este centro penitenciario como una oportunidad para delinquir con mayor rentabilidad.Pero no es el único caso. La cárcel de Cómbita, considerada de máxima seguridad, también figura entre las más apetecidas. Según el fiscal, allí los detenidos buscan fortalecerse económicamente, lo que sugiere que incluso los centros con mayores controles estarían siendo permeados por redes criminales internas.Rechazo por estas afirmacionesEstas revelaciones han generado controversia. Desde el sindicato del Inpec rechazaron las afirmaciones y exigieron pruebas concretas. Aseguran que la asignación de cupos en los centros penitenciarios responde estrictamente a la disponibilidad y a criterios institucionales, y que los internos no tienen injerencia en estas decisiones.Por ahora, ni el Inpec ni el Ministerio de Justicia han emitido un pronunciamiento oficial frente a estas denuncias.
El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado inmediato a Bogotá de los cabecillas de bandas criminales de Medellín que protagonizaron una fiesta irregular en la cárcel de Itagüí. La medida responde al escándalo generado por el ingreso sin control de artistas, vehículos de alta gama y personal externo al centro penitenciario el pasado miércoles 8 de abril."Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema", sentenció el mandatario. La decisión impacta directamente a jefes delictivos que, pese a participar en mesas de paz con el Gobierno Nacional, habrían coordinado el evento donde se documentó la presencia del cantante Nelson Velásquez.Detalles de la fiesta en la cárcel de ItagüíSegún denuncias de la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, el artista vallenato ingresó al penal hacia las 11:30 de la mañana y permaneció allí hasta después de las 4:00 de la tarde. Cámaras de seguridad del recinto captaron movimientos irregulares, incluyendo la gestión del acceso por parte de dos hombres ajenos al INPEC.Además, se reportó el ingreso de al menos 16 vehículos de alta gama cuyos ocupantes no habrían sido sometidos a las requisas obligatorias. Carrasquilla sugirió en declaraciones radiales que la celebración podría estar vinculada a una posible libertad condicional de Sebastián Murillo Echeverri, alias 'Lindolfo', señalado excabecilla de 'La Oficina'.La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para identificar a los funcionarios que facilitaron este evento, el cual no contaba con autorizaciones del INPEC ni del Ministerio de Defensa.Por su parte, el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, anunció el relevo del director encargado del penal y del comandante de vigilancia. Actualmente, siete funcionarios enfrentan investigaciones internas mientras una comisión especial desde Bogotá determina las fallas en los protocolos de seguridad que permitieron la vulneración del régimen penitenciario.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro no descarta trasladar desde el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota a Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, hacia una zona de ubicación temporal en el departamento del Putumayo.La posibilidad se da en medio de la puesta en marcha de este espacio, que ya cuenta con autorizaciones presidenciales y en el que se prevé el ingreso de 100 integrantes de los Comandos de Frontera a mediados del mes de mayo.De acuerdo con el Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional EB, este tipo de decisiones están contempladas en la Ley 2272 de 2022, que permite suspender órdenes de captura, incluso con fines de extradición, a integrantes de grupos armados que estén vinculados de manera efectiva a un proceso de paz y que se encuentren en una zona de ubicación temporal.En diálogo con Blu Radio, el jefe de la delegación del Gobierno en estos diálogos, Armando Novoa, se refirió a la posibilidad de que alias ‘Araña’ sea trasladado a esta Zona.“En el caso del señor Andrés Rojas, si el presidente considera que esa es una posibilidad para lograr la desmovilización integral de ese grupo, no podemos descartar que así lo considere el presidente de la república. Pero la última palabra sobre eso la tiene el señor presidente, y nosotros haremos todo lo posible para que ese proceso de paz sea irreversible”.Novoa explicó que esta zona estará ubicada en el municipio de Valle del Guamuez y funcionará como un espacio de tránsito hacia la vida civil.“Esperamos que esa zona esté adecuada en debida forma en el transcurso del mes de mayo, momento en el cual empezarán a ingresar las unidades de comandos de frontera que se han acordado en la mesa, que son cien personas que ingresarán a la zona sin armas y sin uniformes”.Además insistió en que esta “no será una zona de impunidad, no será una zona de despeje como la que conoció el país en otras épocas, será una zona de tránsito a la civilidad y a la ciudadanía plena de un grupo importante de integrantes de esta organización al margen de la ley”.Además, señaló que el proceso se encuentra en fase de adecuación administrativa y técnica para su implementación.“Faltan algunos aspectos de procedimiento y de carácter técnico, pero son menores. De tal manera que, si todo sale como lo esperamos, muy seguramente a mediados del mes de mayo, ese primer grupo de cien integrantes de Comandos de la Frontera empezarán a hacer ingreso a esa zona”.Es importante recordar que Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, fue capturado en febrero de 2025 en el hotel Courtyard Marriott de Bogotá por el CTI de la Fiscalía, luego de participar en un ciclo de diálogos de paz.La detención se produjo en cumplimiento de una circular roja de Interpol y de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, donde es investigado por delitos relacionados con el envío de cocaína hacia ese país y por sus presuntos nexos con el cartel de Sinaloa.Aunque la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición, a finales del año pasado el presidente Gustavo Petro decidió suspenderla de manera condicionada a los avances en el proceso de paz.“Recordemos que el presidente de la república autorizó la extradición del señor Rojas, pero la sujetó a que prestara un concurso directo en los avances en la mesa de diálogos de paz. Esos avances se traducen en que parte de su grupo entra a la zona de ubicación temporal, y también se traducen en el apoyo y respaldo que han dado al gobierno nacional para la erradicación de cultivos de uso ilícito en el departamento de Putumayo. Tenemos la expectativa de que se logre la erradicación voluntaria de quince mil hectáreas en ese departamento”, señaló Novoa.Actualmente, alias ‘Araña’ permanece recluido en la cárcel La Picota, en el pabellón de extraditables, a la espera de conocer cuál es el avance presentado a estas condiciones.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se encuentra en máxima alerta tras la fuga de Dago Alberto Martínez Méndez, conocido como alias 'El Negro Dago', quien estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá y era requerido por la justicia peruana por el asesinato de una enfermera.El hecho se descubrió durante un conteo rutinario en el pabellón 34, cuando los funcionarios del Inpec evidenciaron la ausencia del interno. De inmediato, la institución activó los protocolos de seguridad y abrió una investigación para esclarecer cómo logró escapar del centro penitenciario.El hombre estaba privado de la libertad por homicidio y, adicionalmente, enfrentaba un proceso de extradición hacia Perú por el asesinato de Ericka Hernández, una enfermera de 28 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza.Tras cometer el crimen, huyó a Colombia, donde fue capturado el 28 de agosto de 2025 y trasladado a La Picota el 9 de septiembre, mientras avanzaban los trámites judiciales para su entrega a las autoridades peruanas.La fuga de alias 'El negro Dago' retrasaría el proceso de extradición. Mientras tanto, el Inpec trabaja en su recaptura, la institución revisa los protocolos internos para determinar posibles fallas y responsabilidades en el hecho.
Entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022 la Cárcel la Picota de Bogotá fue el epicentro de una enorme polémica luego de que saliera a la luz pública que hubo una fiesta con cantantes de vallenato todo esto ocurrió en el pabellón de extraditables, durante la celebración del día de la Virgen de las Mercedes.En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra 8 funcionarios del INPEC porque presuntamente habrían dado vía libre al ingreso de elementos prohibidos a la cárcel la Picota estamos hablando de bebidas alcohólicas, cigarrillos, equipos de sonido y de comunicación, dinero en efectivo, sustancias alucinógenas, además de autorizar conciertos y juegos de azar dentro del establecimiento penitenciario.La Procuraduría señaló que estas conductas podrían constituir una grave vulneración de los protocolos de seguridad y del reglamento del régimen penitenciario, teniendo en cuenta que se trata de un pabellón destinado a internos de alta seguridad, con estrictas restricciones de control.La Procuraduría sostiene que los investigados habrían incumplido sus deberes funcionales y las normas que regulan el control de elementos permitidos y prohibidos dentro de los centros de reclusión, contempladas en el Código General Disciplinario y en los reglamentos internos del sistema penitenciario.
La Corte Constitucional amparó de manera transitoria y urgente los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud del exrepresentante a la Cámara Gustavo Hernán Díaz, quien está recluido en la Cárcel La Picota pagando una pena por el delito de tráfico de influencias y tiene un diagnóstico de melanoma.La decisión se adoptó tras revisar una tutela interpuesta contra una providencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que había revocado una orden de sustitución de la pena por prisión domiciliaria previamente concedida por un juez de ejecución de penas.El exrepresentante a la Cámara fue condenado en segunda instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 7 de febrero de 2024 por el delito de tráfico de influencias.Posteriormente, el 10 de mayo de 2024, Díaz se entregó voluntariamente a las autoridades y fue recluido de manera provisional en el Comando Departamental de Policía del Casanare; en ese sentido, la vigilancia de la pena quedó a cargo del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal.El 20 de mayo de 2024, el exrepresentante condenado por corrupción solicitó la sustitución de la pena por prisión domiciliaria, argumentando que padecía “mieloma múltiple IgG Kappa”, además de otras comorbilidades que afectaban gravemente su sistema inmunológico. El juzgado acogió la solicitud y, mediante auto del 30 de julio de 2024, concedió la sustitución de la pena.Ante el riesgo inminente para la vida digna y la salud del accionante, la Corte Constitucional decidió intervenir de forma excepcional y ordenó, como medida transitoria, la aplicación inmediata de la sustitución de la pena que había sido concedida inicialmente por el juez natural.Esto se traduce en que el Juzgado que tiene el proceso deberá determinar, tras la orden de la Corte Constitucional, cuál es el beneficio que se le otorgará al exrepresentante debido a su grave estado de salud.
En la tarde del pasado domingo 7 de diciembre, mientras muchas familias se reunían para encender las tradicionales velas, en la cárcel La Picota las autoridades activaban una alerta mayor tras confirmarse la fuga de Pedro David Nieves Mosquera, un recluso condenado a 28 años de prisión por secuestro extorsivo.Su escape ocurrió casi como de película, al ejecutar el conocido “cambiazo”, una maniobra en la que un visitante ingresa al penal para suplantar la identidad del interno y permitir que este salga del centro penitenciario sin ser detectado.El visitante que participó en la fuga fue identificado como Alexander Marulanda Ríos, quien quedó dentro del penal mientras Nieves abandonaba las instalaciones. Minutos más tarde, el personal de seguridad detectó la irregularidad, lo que obligó a emprender un operativo de búsqueda coordinado por el Inpec, la Policía Judicial y la Fiscalía.Quién es Pedro David Nieves Mosquera, el preso fugado de La PicotaNieves no es un desconocido dentro de los expedientes judiciales. En 2023 llamó la atención de las autoridades por un caso igualmente insólito: fue capturado justo cuando recuperaba la libertad, señalado de haber planeado desde su celda el secuestro de un empresario en Sáchica, Boyacá.Según la Fiscalía, pese a estar recluido, habría coordinado un falso secuestro para cometer un hurto millonario. La víctima fue amarrada, amenazada y despojada de bienes y dinero durante cerca de nueve horas, hasta que logró escapar y pedir ayuda. Gracias a un “plan candado”, dos de los responsables fueron capturados en flagrancia.Ese historial, sumado a condenas previas por extorsión, hace que su reciente fuga aumente la preocupación entre las autoridades.Así ocurrió el escape:Según el reporte oficial, hacia las 4:20 de la tarde Nieves aprovechó la visita de quien sería un familiar para intercambiar identidades y salir del penal sin levantar sospechas. El visitante quedó retenido y será judicializado por su presunta participación en los hechos.Entre tanto, las autoridades mantienen activa la búsqueda del prófugo, considerado un interno de alta peligrosidad. La Policía Judicial y la Fiscalía trabajan de manera conjunta para localizarlo, recordando que Nieves también tiene antecedentes por extorsión y ya había intentado burlar a la justicia en varias oportunidades.La fuga ocurrió en una época en la que aumenta el flujo de visitas, lo que exige mayores controles en los centros penitenciarios. Las autoridades aseguraron que continuarán los operativos hasta dar con el paradero de Pedro David Nieves Mosquera, alias “Garavato”, cuyo prontuario lo convierte hoy en una prioridad investigativa.
Un juez segundo promiscuo del circuito de Villanueva, en La Guajira, emitió una nueva medida para las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por el incumplimiento del fallo de tutela que solicitaba el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, a la cárcel La Picota de Bogotá.De acuerdo con el fallo de tutela emitido el pasado 24 de septiembre, el traslado debía cumplirse en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, Marín Silva, señalado como jefe de la estructura criminal La Inmaculada y con solicitud de extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico, sigue recluido en la estación de Policía de Los Mártires en Bogotá.El despacho judicial requirió que el Inpec y la Policía Nacional certifiquen quiénes eran los funcionarios encargados de ejecutar la orden, con nombres, cargos y datos de contacto. El auto advierte que de no informar las razones por las cuales aún no han dado complimiento a la orden y persistir el incumplimiento, los responsables podrían enfrentar sanciones, multas o arrestos por fraude a resolución judicial.El argumento inicial del accionante y representante de alias ‘Pipe Tuluá, alegaba que Marín se encontraba en condiciones indignas en la estación de Policía y solicitaba su reclusión en un establecimiento penitenciario formal para garantizar sus derechos fundamentales a la vida, integridad y dignidad humana.En el mes de junio de 2025, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, explicó que el traslado desde La Picota y la reclusión en la estación policial se concretó argumentando que el aislamiento es el único mecanismo efectivo para controlar las acciones y amenazas de alias ‘Pipe Tuluá’.El oficial también denunció que, tras este traslado, funcionarios penitenciarios han sido blanco de amenazas. Según Gutiérrez, circularon panfletos en los que grupos delincuenciales declararon “objetivo militar” al personal del Inpec.Alias ‘Pipe Tuluá’ cumple condena por homicidios, extorsiones, secuestros y múltiples hostigamientos contra guardianes del Inpec. Su rol como líder de La Inmaculada lo mantiene bajo la lupa de las autoridades nacionales e internacionales, que consideran su extradición a Estados Unidos un paso clave en la lucha contra el narcotráfico.
La reciente absolución del exgerente de TransMilenio y exsecretario de Movilidad de Bogotá, Francisco Fernando Álvarez, cerró un proceso judicial que se extendió durante ocho años y que incluyó seis meses de reclusión en La Picota. El fallo, que confirma su inocencia, no solo significa un respiro personal y familiar, sino que revive el debate sobre el papel de la Fiscalía en aquel momento y la forma en que se manejaron casos de alto perfil vinculados con supuesta corrupción en el sector público.En entrevista con Mañanas Blu, Álvarez relató el impacto que tuvo el proceso en su vida profesional y personal. Afirmó que, más allá del desgaste judicial, lo más difícil ha sido recuperar su nombre en la opinión pública, marcado por titulares que lo señalaban en su momento como responsable de graves delitos que nunca se probaron.Crítica a la Fiscalía y el papel de los mediosEl exfuncionario fue enfático en señalar que su caso no fue aislado, sino parte de una estrategia mediática liderada por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. “Era evidente que lo que se buscaba era llenar de titulares de prensa para mostrar una lucha contra la corrupción, aunque no hubiera pruebas reales”, aseguró.Álvarez incluso fue más allá y vinculó esa estrategia con la coyuntura del escándalo de Odebrecht. “Me usaron para distraer al país de Odebrecht”, dijo, al recordar cómo su imputación coincidió con momentos clave de ese caso. Según explicó, en 2018 hubo una ola de imputaciones contra más de mil funcionarios públicos, en lo que describió como un “programa de resultados” que sacrificó la honra de muchas personas inocentes.Ocho años de calvario judicialEl economista y abogado destacó que su confianza en la justicia y el apoyo de su familia fueron fundamentales para resistir un proceso que parecía interminable. Sin embargo, advirtió que la reparación del daño no será sencilla. “Cuando me detuvieron, era noticia en todos los medios; ahora que me absuelven, cuesta mucho más recuperar el buen nombre”, comentó.Álvarez también agradeció la cobertura reciente de medios que han reseñado su absolución, aunque insistió en que el daño ya está hecho. Para él, lo más preocupante es que se repitan casos similares con otros funcionarios que enfrentaron imputaciones sin fundamentos sólidos.Un llamado a la responsabilidadEl testimonio de Álvarez es, además, un llamado a la autocrítica del periodismo y a la responsabilidad de las instituciones de control. “Las fuentes oficiales muchas veces tienen intereses, y cuando no se contrasta la información, se terminan destruyendo vidas”, advirtió durante la entrevista.Hoy, con el fallo que lo exonera, Francisco Fernando Álvarez inicia el camino de reconstrucción de su carrera y de su prestigio, aunque el recuerdo de esos ocho años de proceso sigue siendo una cicatriz difícil de cerrar.
Durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo, Antioquia se convertirá en uno de los principales destinos turísticos del país gracias a la programación de ferias y fiestas que se realizarán en más de diez municipios. Entre el viernes 26 y el lunes 29 de junio de 2026, habitantes y visitantes podrán disfrutar de conciertos, desfiles, gastronomía, actividades culturales y tradiciones populares.Municipios cercanos a Medellín, así como destinos en subregiones como el Oriente, Suroeste, Norte, Occidente, Magdalena Medio y Urabá antioqueño, prepararon una variada agenda para recibir a miles de turistas durante el puente festivo. Varios de estos eventos son gratuitos y representan una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local.Fiestas en El Peñol Antioquia 2026Uno de los destinos más visitados será El Peñol, que celebra las tradicionales Fiestas del Viejo Peñol y del Embalse entre el 24 y el 29 de junio. Además de la programación artística, los asistentes podrán disfrutar de actividades náuticas, recorridos por el embalse y la reconocida oferta gastronómica del municipio.En el Occidente antioqueño, Sopetrán vivirá las Fiestas de las Frutas, mientras que Anzá celebrará las Fiestas del Cacique Curumé, ambas con una agenda que incluye tablados populares, muestras culturales, concursos y actividades familiares durante el puente festivo.El Oriente también tendrá una destacada programación. San Francisco realizará las Fiestas del Bosque y el Retorno, mientras que el corregimiento El Jordán, en San Carlos, será sede de las XXI Fiestas del Arriero, un evento que exalta las tradiciones campesinas y la historia de esta región antioqueña.En el Suroeste, Ciudad Bolívar recibirá a propios y visitantes con el Festival de la Piedra, mientras que Urrao desarrollará las tradicionales Fiestas del Cacique Toné, dos celebraciones que combinan música, cultura, gastronomía y actividades recreativas para todos los públicos.La programación también llegará al Nordeste y al Magdalena Medio. En el corregimiento San José del Nus, de San Roque, se realizarán las Fiestas del Río Nus, mientras que Puerto Berrío celebrará las Ferias y Fiestas del Retorno y Puerto Nare llevará a cabo las Fiestas Turísticas de San Juan y San Pedro.En el Norte del departamento, San Pedro de los Milagros tendrá las tradicionales Fiestas de la Leche y sus Derivados, Yarumal celebrará las Fiestas del Yarumo, y La Unión reunirá a visitantes con las Fiestas de la Papa, resaltando la vocación agrícola y ganadera de estas poblaciones.La agenda festiva también incluirá celebraciones en San Luis, con las Fiestas de la Madera; Arboletes, con las Fiestas del Mar y del Volcán; y Sabaneta, donde se desarrollarán las reconocidas Fiestas del Plátano, una de las celebraciones más tradicionales del área metropolitana.Con esta amplia programación, Antioquia ofrece múltiples alternativas para quienes buscan viajar durante el puente festivo sin alejarse demasiado de Medellín. Destinos como El Peñol, Sopetrán, Anzá, San Francisco y Ciudad Bolívar se perfilan entre los más atractivos para disfrutar de la cultura, la gastronomía y las tradiciones del departamento.
El colectivo Acuerdos Fundamentales, integrado por organizaciones científicas, gremiales y asociaciones del talento humano en salud, informó que sostuvo reuniones técnicas con el equipo programático de salud vinculado al proceso de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con el propósito de aportar propuestas frente a la situación que enfrenta el sistema de salud en el país.De acuerdo con el comunicado, durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad y estabilidad del sistema, el pago oportuno al talento humano en salud, la autonomía profesional, la autorregulación, la gobernanza del sector y la participación de los diferentes actores que hacen parte del sistema.El colectivo señaló que, como resultado de estos acercamientos, se acordó desarrollar una serie de tareas orientadas a construir propuestas técnicas enfocadas en soluciones para los pacientes, el talento humano en salud y el fortalecimiento del sistema. Asimismo, indicó que continuará participando en estos espacios desde una perspectiva técnica y constructiva.En el comunicado también se destaca la disposición al diálogo por parte del equipo de salud del gobierno entrante. El documento está respaldado por más de una veintena de organizaciones, entre ellas asociaciones científicas, colegios médicos, federaciones y gremios del sector salud, que manifestaron su intención de contribuir a la formulación de propuestas durante el proceso de empalme.
El reciente sismo que sacudió a Venezuela y que se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, revivió el temor sobre la resistencia de las edificaciones en el país. En entrevista con Mañanas Blu, Gilberto Areiza, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), analizó el panorama actual y lanzó una advertencia clara: Colombia no está del todo preparada debido al alto costo que implica actualizar las estructuras más antiguas.Al ser consultado directamente sobre las estadísticas de actualización en el país frente a un sismo de gran magnitud, Areiza fue contundente. "No muy bien, y hay que ser sinceros", afirmó el experto, explicando que el principal obstáculo para asegurar los inmuebles es económico.El grave problema de los edificios construidos antes de 1984La normativa de sismorresistencia en el territorio nacional ha tenido una evolución histórica que marca una línea de seguridad muy clara para los habitantes de cualquier propiedad.Edificaciones posteriores a 1984: Cuentan con un buen nivel de seguridad. La primera norma oficial nació con la Ley 400 del 7 de junio de 1984, la cual tuvo actualizaciones posteriores en los años 1998 y 2010 (NSR-10).Edificaciones anteriores a 1984: Representan el mayor riesgo. Al no estar cobijadas por legislaciones estrictas, su resistencia ante un terremoto es una incógnita que depende enteramente de la rigurosidad del constructor de la época."Las actualizaciones sismorresistentes son muy costosas y dependen de la edad de la edificación", señaló Areiza. Como ejemplo de esta problemática, citó el caso del Hospital San Juan de Dios en Cali, una estructura indispensable construida en 1829 donde no se han podido realizar mayores intervenciones por falta de recursos.¿Se puede actualizar la sismorresistencia de un edificio viejo?El ingeniero explicó que sí es técnicamente posible mediante un procedimiento denominado estudio de vulnerabilidad estructural. Este análisis evalúa el comportamiento del inmueble frente a las exigencias de la norma vigente (NSR-10) y plantea una ruta de rehabilitación técnica.Bajo la ley colombiana, los hospitales, centros de emergencia y todas aquellas denominadas "edificaciones indispensables" tienen la obligación legal de realizar esta actualización para garantizar su funcionamiento tras un desastre. Sin embargo, en el sector residencial privado la situación es distinta y la inversión depende de las copropiedades.El peligro oculto en las obrasEl presidente de la AIS enfatizó que un buen diseño estructural en el papel no garantiza que el edificio soporte un terremoto si falla el control en la construcción. El talón de Aquiles de la infraestructura colombiana suele estar en la supervisión técnica de la obra.Un error común y crítico es el mal curado del concreto. Según datos compartidos por el experto, si este proceso no se ejecuta de forma correcta en la obra, el material puede llegar a perder hasta un 50% de la resistencia especificada en los planos, dejando la estructura en una situación de alta vulnerabilidad.Actualmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica trabaja junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una nueva propuesta para actualizar la norma sismorresistente del país, buscando mantener a Colombia bajo los más altos estándares científicos del mundo.
Seis rescatistas vinculados a Caldas ya viajaron a Venezuela como parte de la delegación colombiana que apoyará las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia que enfrenta ese país.Tras el proceso de selección realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los seis profesionales quedaron integrados al equipo de 62 integrantes que representa a Colombia en la misión humanitaria.Tres de los rescatistas hacen parte del componente médico, mientras que los otros tres cumplen funciones en operaciones de búsqueda y rescate, además de planificación y coordinación bajo el sistema USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).La delegación caldense está conformada por cuatro integrantes activos de la Cruz Roja Colombiana, un miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y un profesional de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, quien también integra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales.Con esta misión, Caldas aporta personal especializado a las labores humanitarias que adelanta Colombia para apoyar la atención de la emergencia en territorio venezolano.Desde la Gobernación de Caldas expresaron su reconocimiento a los rescatistas y reiteraron un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, en coordinación con los 26 Bancos de Alimentos del país, puso en marcha una estrategia nacional para recolectar alimentos, productos de primera necesidad y aportes económicos destinados a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela. La ayuda será movilizada por vía terrestre y aérea en articulación con el Banco de Alimentos de Venezuela y Cáritas.Las mayores afectaciones se concentran en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde miles de familias requieren asistencia inmediata, según aseguró la organización.Para responder a esta situación, ABACO habilitó inicialmente 13 Bancos de Alimentos en diferentes regiones del país para recibir y clasificar las donaciones, mientras avanza la activación de toda la red nacional de 26 bancos. Entre los productos priorizados se encuentran alimentos no perecederos, agua, leche, granos, artículos de higiene, pañales, cobijas, kits de cocina y otros elementos esenciales que serán distribuidos entre la población afectada.El director de ABACO, Juan Carlos Buitrago, explicó que las donaciones llegarán a través de los bancos de alimentos de Bogotá y Cúcuta, desde donde serán transportadas por vía terrestre y aérea para su distribución, con el apoyo de Cáritas y el Banco de Alimentos de Venezuela. Además, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones en especie o en dinero para cubrir tanto la compra de productos faltantes como los costos logísticos de la operación humanitaria.Los interesados pueden realizar donaciones en especie en los Bancos de Alimentos habilitados o hacer aportes económicos a través del portal donahoy.abaco.org.co/emergenciavzla2026 También está disponible la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, con NIT 900326456-1, y la llave Bre-B 0090989753. Los recursos serán destinados a la compra de productos faltantes y al transporte de la ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.
