Fue el primero de noviembre del año 2012, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió medida de aseguramiento en contra el exsenador Álvaro García Romero en un proceso por desplazamiento forzado, asimismo, en julio de 2018 con la creación de las salas especiales de la Corte el caso pasó a la Sala de Primera instancia y en concreto al despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas.El excongresista que en febrero del año 2010 fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple y homicidio simple todo esto por los hechos de la masacre de Macayepo, ocurrida en octubre del año 2000, obtuvo el beneficio de libertad condicional que le fue otorgado por el juez 22 de ejecución de penas de Bogotá, sin embargo, fue puesto a disposición del despacho del magistrado quien emitió la correspondiente boleta de detención.En este caso, la decisión se tomó porque el exsenador cumplió 25 años y 3 meses de detención, pero, en la decisión del juzgado 22 también se ordenó el pago de una caución de diez salarios mínimos legales vigente, cuyo trámite deberá hacerse efectivo ante las autoridades carcelarias.Así las cosas, hasta que la Corte Suprema de Justicia no tome una decisión sobre una petición de libertad condicional que pidió el abogado defensor de García, en el proceso que se adelanta en su contra, él deberá seguir recluido en la cárcel La Picota.
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el coronel Rolando Ramírez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), habló sobre las condiciones en las que se dio la liberación de Salvatore Mancuso y el proceso que ahora sigue, siendo gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro. En concreto, reveló cómo se manejaron los protocolos y los requisitos para poder dejarlo en libertad. “Desde el día viernes de la semana anterior nos llegan unos requerimientos por parte de Justicia y Paz frente a la libertad del señor Salvatore Mancuso. Se continúa con un trabajo que se hace de revisión, de sustanciar la hoja de vida, de revisar los procesos que puedan estar pendientes. Se oficializa a la JEP con el fin de que nos dé respuesta, porque así se revisa qué procesos pueden estar pendientes. La JEP nos da respuesta el día sábado de que no hay ningún proceso pendiente con ellos”, precisó.Sin embargo, aclaró, se encontraron con 31 requerimientos y un proceso del cual necesitaban “respuesta por parte de las autoridades judiciales, ya fuera de Justicia y Paz y JEP”, que pertenecían a Medellín y Bogotá.“Sobre las 10:00 de la mañana ya tenemos respuesta de esas autoridades judiciales y es entonces donde inicia por parte del establecimiento de La Picota la sistematización con el fin de poder dar la libertad en razón a que, luego de los pronunciamientos de Justicia y Paz y de las autorías judiciales, no hay requerimiento que permita tener privada la libertad del señor Salvador de Mancuso. Además de eso, el tema jurídico, pues inicia una evaluación médica a este señor y se coordina con la Unidad Nacional de Protección con el fin de brindarle la seguridad; a eso de las 3:00 de la tarde aproximadamente, el señor Salvatore de Mancuso sale en libertad”, describió.
Álvaro García Romero, el excongresista que en febrero de 2010 fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple y homicidio simple todo esto por los hechos de la masacre de Macayepo, ocurrida en octubre del año 2000, obtuvo el beneficio de libertad condicional que le fue otorgado por el juez 22 de ejecución de penas de Bogotá.En este caso, la decisión se toma porque García Romero habría cumplido un tiempo físico de detención de 25 años y 3 meses, él deberá firmar un compromiso con un periodo de prueba de 14 años y 8 meses, recordemos que en la masacre de Macayepo, fueron asesinados 12 campesinos que para esa época fueron señalados por los paramilitares como colaboradores de la guerrilla de las Farc.En la Corte Suprema de Justicia existe otra investigación en contra del exsenador por el desplazamiento forzado que causó en los pobladores de la región de Sucre, la cual retornó al alto tribunal luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz rechazó su sometimiento.Por otro lado, en la decisión por parte del juzgado 22 también se ordenó el pago de una caución en cuantía de diez salarios mínimos legales vigente, cuyo trámite deberá hacerse efectivo ante las autoridades carcelarias.Blu Radio conoció que el juzgado 22 de ejecución de penas de la ciudad de Bogotá, no remite la boleta de libertad del excongresista Álvaro García al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por lo que su salida de la cárcel La Picota podría darse en los próximos días una vez se cumpla con toda la tramitología establecida.
La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Irben Adrián Romero y a Octavio Rodríguez, dos ciudadanos venezolanos quienes son los presuntos responsables del homicidio del patrullero de la Policía Heiner Yoel Loaiza Colo, ocurrido el pasado 6 de julio, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.De acuerdo con la investigación, las pruebas indican que varias unidades de la Policía atendieron el llamado de un comerciante, que daba cuenta de un hurto en inmediaciones del portal sur de TransMilenio, aproximadamente $20 millones y joyas. Al llegar al lugar, los patrulleros fueron recibidos a disparos por cuatro hombres que se movilizaban en motos.Varios de los disparos impactaron al patrullero Loaiza, quien fue trasladado de urgencias a un centro asistencial, donde horas después murió por la gravedad de las heridas. De otra parte, en medio de la reacción de los patrulleros, uno de los señalados delincuentes resultó herido y otro fue capturado en situación de flagrancia.Una fiscal de la Seccional Bogotá imputó a los dos delincuentes los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; hurto calificado y violencia contra servidor público, todas las conductas agravadas.Los cargos no fueron aceptados por los procesados; sin embargo, deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel.
En las últimas horas, Salvatore Mancuso denunció al Inpec ante la Fiscalía. Según el exjefe paramilitar, se han emitido varias boletas de libertad a su favor, pero no han sido ejecutadas. Por eso considera que hay funcionarios que estarían omitiendo la actualización y depuración de su hoja de vida, lo que ha llevado a que aún no pueda salir de prisión."Hoy en día me niegan la libertad al tener una cartilla biográfica y hoja de vida con anotaciones que ni siquiera corresponde a medidas de aseguramiento, órdenes de captura o penas. Por el contrario, hay anotaciones de citaciones a versiones libres, anotaciones de terceras personas, de diligencias judiciales normales, pero que no corresponden a ninguna orden que restrinja mi libertad. Tanto el suscrito como mis abogados de la defensa le hemos explicado a los denunciados que las medidas de aseguramiento y órdenes de captura tienen una vigencia legal, y si en ese término no se renuevan, pierden su vigencia y legalidad. Sin embargo, también se ha insistido al Inpec durante estos más de 130 días que aclare la información con las respectivas autoridades", señala Mancuso.Por otro lado, asegura que el director encargado de la cárcel La Picota le dijo que no había ninguna boleta de encarcelamiento o medida de aseguramiento vigente en su contra, sin embargo, la dirección del Inpec habría pedido un barrido por fiscalías y juzgados. El sábado 6 de julio, en la noche le habrían informado de otras medidas de aseguramiento."Lo anterior demuestra que, a pesar de haberse solicitado en innumerables ocasiones, el complejo carcelario de La Picota, jamás sustanció mi cartilla biográfica y hoja de vida, con el propósito de prolongar de manera ilegal y arbitraria la privación de mi libertad, precisamente para hacer lo que está haciendo en estos momentos: negarme la libertad de manera arbitraria a ilegal, sustentado en medidas de aseguramiento no vigentes y sin ninguna validez legal", asegura el exjefe paramilitar.En el mismo sentido, dice que se le han vulnerado al menos 11 derechos, como el de la libertad, igualdad, defensa y debido proceso, entre otros. Es por eso que pide que se investigue a los funcionarios del Inpec y La Picota que puedan tener responsabilidad en este caso y que se garantice el cumplimiento de las boletas de libertad que se han emitido a su favor."El Inpec, y en especial los aquí denunciados, han omitido realizar sus funciones de verificación y depuración de las anotaciones en las que realmente se evidencia las medidas de aseguramiento vigente en mi contra. Se han dedicado a omitir sus deberes en detrimento de mi libertad, la cual ya ha sido ratificada por los jueces de la república. Actualmente, me encuentro sujeto a la arbitrariedad e interés particular de dichos funcionarios que cada vez que se les demuestra con documentos oficiales de jueces y fiscalías que no existe ninguna orden para retenerme, se inventan algún nuevo proceso o duda ante un proceso ya revisado y decantado", finaliza la denuncia de Mancuso.
La Procuraduría General de la Nación realizó una inspección para evidenciar la posible ruta de escape de los dos integrantes de las estructuras delincuenciales del Clan del Golfo y Los Rastrojos, con el fin de establecer la presunta responsabilidad del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec en estos hechos que se presentaron en la cárcel La Picota de Bogotá.La fuga de estos delincuentes fue dada a conocer por el Inpec, quienes manifestaron que después de realizar el conteo habitual de detenidos notaron la ausencia de estos dos hombres.Según imágenes reveladas, los detenidos se habrían fugado por medio de un hueco hecho en una de las rejas que bordea el penal de alta y mediana seguridad.De acuerdo a lo manifestado en su momento por el director del Inpec, uno de los hombres fugados está condenado a trece años por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego. Mientras que el otro fugado está sindicado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.Identidades de los fugados de La PicotaLos internos fugados fueron identificados como Eusebio de Jesús Agudelo Hernández y Sebastián Molina López.
En plena madrugada y sin que nadie sospechara dos presos de la cárcel La Picota en Bogotá se fugaron. El director general del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, ordenó la apertura inmediata de una investigación para identificar las fallas en el servicio y determinar si funcionarios que se encontraban en turno durante el escape estuvieron involucrados.¿Quiénes son los fugados? Según informes preliminares del Inpec, uno de los reclusos estaba condenado a 13 años por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, de los cuales aún le quedaban por cumplir dos años. El otro hombre estaba encarcelado por homicidio y concierto para delinquir. De hecho, se conocieron las fotografías de los dos presos que se fugaron, precisamente para que la ciudadanía pueda ayudar a identificarlos y dar con su paradero. Los presos fueron identificados: a la izquierda Sebastián Molina López y a la derecha Eusebio de Jesús Agudelo Hernández. También se ha puesto en marcha un operativo de registro y control y se han coordinado acciones con la Policía Nacional para activar un plan de búsqueda con el objetivo de recapturar a los fugados lo más pronto posible.“Queremos ser contundentes en la investigación y en la identificación de los responsables de esta lamentable situación. Continuamos trabajando día a día en el marco de la humanización y la transparencia en el sistema penitenciario”, afirmó el director del INPEC.Las autoridades están en máxima alerta y han intensificado los controles de seguridad dentro y alrededor de la cárcel La Picota mientras continúan con la búsqueda de los reclusos.
Durante la madrugada del viernes, 28 de junio, dos personas privadas de la libertad se fugaron de la cárcel La Picota en Bogotá. Según informes preliminares, uno de los reclusos estaba condenado a 13 años por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, de los cuales aún le quedaban por cumplir dos años. El otro fugado estaba encarcelado por homicidio y concierto para delinquir.El director general del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, ordenó la apertura inmediata de una investigación para identificar las fallas en el servicio y determinar las responsabilidades de los funcionarios que se encontraban en turno durante el escape. También se ha puesto en marcha un operativo de registro y control y se han coordinado acciones con la Policía Nacional para activar un plan de búsqueda con el objetivo de recapturar a los fugados lo más pronto posible.Las autoridades están en máxima alerta y han intensificado los controles de seguridad en y alrededor de la cárcel La Picota, mientras continúan con la búsqueda de los reclusos. Se espera que en las próximas horas se puedan obtener más detalles sobre cómo ocurrió la fuga y quiénes podrían estar implicados en facilitarla.
De acuerdo con la Policía, el ataque se dio sobre las 4:30 p.m. de este domingo, 23 de junio, a la salida de la cárcel La Picota. Allí, hombres armados abordaron a dos concejales que salían de visitar a uno de los presos del centro penitenciario.“Uno de ellos presenta una herida en el abdomen y en el brazo, y el otro presenta una herida en el pie. (...) Según los primeros reportes médicos, al momento se encuentran estables”, contó el coronel Óscar Landazábal, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Nº 1.Las víctimas del ataque fueron identificadas como Alexy Olmedo Perlaza, de 36 años de edad, y Edwin Garcés Pineda, de 40 años, concejales de Mosquera, Nariño. Perlaza además fue candidato a la alcaldía de ese municipio.Además, Blu Radio conoció que Olmedo Perlaza es primo de Hader Cuero Valencia, alias ‘Curva’, hoy preso en La Picota por delitos relacionados con narcotráfico y pedido en extradición por Estados Unidos.Valencia fue capturado junto con su hermano el 6 de enero pasado en una finca del Valle del Cauca cuando estaba celebrando su cumpleaños. Es considerado uno de los ‘narcos puros’ al no pertenecer a ningún otro grupo ilegal de mayor tamaño y lograr así enviar cocaína a diferentes países. En la operación de seguimiento participó también la policía de Ecuador.Los dos concejales heridos se encuentran en el hospital La Victoria, sur de Bogotá, mientras que la Policía avanza con las investigaciones.
Dos concejales del municipio de Mosquera, Nariño, resultaron heridos en medio de lo que sería un ataque sicarial en inmediaciones de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.Según el reporte preliminar, los dos hombres, identificados como Edwin Garcés Pineda, de 40 años, y Alexy Olmedo Perlaza, de 36 años, fueron abordados cuando salían de visitar a uno de los presos del centro penitenciario."Uno de ellos presenta una herida en el abdomen y en el brazo, y el otro presenta una herida en el pie. Las víctimas de estos hechos son dos personas procedentes del municipio de Mosquera, Nariño, y, según los primeros reportes médicos, al momento se encuentran estables", contó el coronel Óscar Landazábal, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Nº 1.Las dos personas se encuentran en el hospital La Victoria, mientras que la Policía avanza con las investigaciones.
Se estima que cerca de 200 millones de personas a nivel global padecen de osteoporosis, una enfermedad que provoca una fractura por fragilidad cada tres segundos. La osteoporosis se caracteriza por la pérdida de masa y calidad ósea, aumentando la fragilidad y el riesgo de sufrir fracturas. Esta condición, usualmente silenciosa y sin signos o síntomas evidentes, se manifiesta cuando eventos simples como una caída al caminar, un golpe al viajar en auto o un acceso de tos pueden producir una fractura por fragilidad.Según la Dra. Geraldine Altamar, médica internista-geriatra y presidenta de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM), el cuidado de los huesos debe comenzar desde temprana edad. Por lo tanto, es crucial identificar a las personas en riesgo de sufrir osteoporosis para prevenir la primera fractura y, en caso de ocurrir, evitar las subsiguientes.Las mujeres en menopausia, personas mayores de 50 años con factores de riesgo como fracturas previas, antecedentes familiares de fractura de cadera, pérdida significativa de altura, enfermedades que disminuyen la masa ósea como artritis reumatoidea, diabetes mellitus, menopausia prematura o el uso de corticoesteroides, pertenecen al grupo en riesgo. Cuando una persona tiene osteoporosis, debe considerar un tratamiento y cuidado para toda la vida debido a que es una condición crónica que puede afectar significativamente la calidad de vida del paciente y su núcleo familiar.Consejos para la osteoporosisEs importante consultar al médico para obtener un diagnóstico y seguir un control estricto por parte de un profesional de la salud. Además, se deben consumir dosis adecuadas de calcio y vitamina D, mantener una dieta balanceada, evitar el consumo de alcohol y tabaco, aumentar la actividad física y exponerse de manera segura al sol. Siguiendo estas recomendaciones, se puede manejar eficazmente la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas futuras.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, luego de recuperar más de 600 celulares, contactará a cada uno de los dueños de estos equipos móviles para regresárselos, eso sí, siempre que hayan realizado la respectiva denuncia“Con software y hardware maliciosos (que) los delincuentes modificaban la información de los equipos móviles, cambiando su número IMEI, y eliminaban la información que tenían los celulares”, confirmó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Estos delincuentes operaban en el 2 y el piso 16 de un edificio ubicado en el barrio Alarcón de la ciudad, utilizaban bloqueadores de frecuencia de señal para que la Policía no diera con el lugar evitando así el seguimiento y rastreo de estos equipos de telefonía móvil. Desde allí, "se hacían pasar como trabajadores de las empresas móviles y contactaban a los dueños y les decían que necesitaban su correo y el código enviado para bloquear definitivamente el celular, afirmó el comandante de Policía Henry Yesid Bello Cubides, quien dio un agradecimiento especial “a todas las personas que hicieron el proceso de denuncia ya que esto permitió que las autoridades realizaran la trazabilidad del caso.Una de las víctimas de estos delincuentes aseguró que su celular fue robado por un mototaxista en el barrio San francisco de Bucaramanga, y otro afectado manifestó que su celular le había costado $1.700.000 que tuvo que terminar de pagar sin poderlo utilizar.Una mujer de 26 años era la encargada del cosquilleo, otro hombre utilizaba la modalidad de raponazo conduciendo una motocicleta en la ciudad.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.