La Contraloría Distrital de Medellín no encontró detrimento patrimonial ni pérdida de recursos públicos en la auditoría realizada al Inder Medellín sobre el año anterior, aunque para este caso, el organismo de control identificó en total 15 hallazgos administrativos, uno de ellos con presunta incidencia disciplinaria.El hallazgo que será puesto en conocimiento de la autoridad disciplinaria está relacionado con el contrato suscrito entre esa entidad de la Alcaldía encargada de temas deportivos con la empresa Grupo LIXITEX S.A.S. para la adquisición de uniformes de competencia, presentación y dotación para usuarios y deportistas de la oferta institucional del Inder.Según la Contraloría, durante la revisión se encontraron inconsistencias en las fuentes de información utilizadas para acreditar la imputación presupuestal y la destinación de los recursos. También se evidenció falta de soportes conciliados que permitieran establecer completamente la correspondencia entre la destinación aprobada, los bienes adquiridos y sus destinatarios.El organismo de control aclaró que estas situaciones corresponden a deficiencias administrativas y de control interno relacionadas con el manejo de los rubros presupuestales, pero aseguró que no se acreditó pérdida de recursos públicos ni afectación al patrimonio del Inder.Por las debilidades identificadas en el cumplimiento de deberes funcionales asociados con la gestión presupuestal y financiera, la Contraloría determinó la presunta incidencia disciplinaria y remitirá el caso a la autoridad competente, que deberá establecer si existe mérito para iniciar las actuaciones correspondientes, aclaró la entidad.Por lo pronto, hay que precisar que los otros 14 hallazgos fueron clasificados como administrativos. Ninguno de los 15 hallazgos tiene incidencia fiscal o penal, aclaró la Contraloría Distrital.
Aunque en medio del proceso judicial este ha sido uno de los argumentos, la Contraloría Distrital de Medellín confirmó que identificó un hecho irregular relacionado con el lote Aguas Vivas, que habría generado un daño patrimonial al Distrito por $10.944 millones, según el resultado de una actuación de control fiscal adelantada sobre el predio entre los años 2019 y 2026.El organismo de control señaló que el inmueble, de 146.686 metros cuadrados, ingresó al patrimonio del Municipio en 2019 mediante una cesión gratuita e irrevocable, como parte del cumplimiento de obligaciones urbanísticas futuras a cargo de particulares.Luego el predio salió nuevamente del patrimonio público cuando la Administración municipal terminara de manera unilateral el contrato de cesión, mediante una resolución expedida el 26 de octubre de 2022. La devolución quedó materializada en el registro inmobiliario en febrero de 2023.De acuerdo con la Contraloría, el lote tenía un valor estimado de $52.102 millones en 2019 y de $63.046 millones en 2023. El organismo de control encontró que el mayor valor que alcanzó el inmueble durante el periodo en que estuvo bajo titularidad pública no fue reconocido al Distrito al momento de su devolución. Según el informe, de ese restante es que sale el cálculo de lo que representa en recursos el daño patrimonial, estimado en $10.944 millones."Cuando el negocio decide rescindirse, es decir, devolverse a sus anteriores dueños, el Distrito debió realizar unos análisis económicos de la evolución del valor de dicho predio y estos análisis nunca se hicieron, nunca se determinó cuánto había valido dicho inmueble en cabeza del Distrito. La Contraloría pudo determinar que este inmueble pasó a valer 63 mil millones de pesos, por lo tanto, hay una diferencia del valor inicial al valor final, que es de 10 mil 900 millones de pesos, un valor que el Distrito nunca recuperó", precisó la contralora Paula Ortega.La actuación fue adelantada por el Grupo Especial de Reacción Inmediata, creado para verificar si existía una afectación a los recursos públicos.Señaló la entidad que el informe y las pruebas recopiladas serán trasladados a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que deberá determinar las actuaciones correspondientes.Mientras la Contraloría aclaró que la identificación del daño patrimonial no constituye una declaratoria de responsabilidad fiscal, vale la pena mencionar que actualmente hay un proceso penal abierto por este predio, en el que fueron imputadas 13 personas, dentro de las cuales está el exalcalde Daniel Quintero Calle. Pese a que el juez de conocimiento al frente del caso objetó la imputación adelantada por la Fiscalía, la investigación sigue abierta.
La Contraloría de Bogotá encontró un posible detrimento patrimonial por 6.643 millones de pesos en el Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital, relacionado con un contrato firmado en 2022 para la compra de siete máquinas extintoras. Según el organismo de control, la entidad entregó por adelantado el 49 % del valor del contrato, pero los vehículos no fueron recibidos dentro del plazo establecido.La Contraloría también identificó fallas en la supervisión y vigilancia del contrato. De acuerdo con el hallazgo, no se habrían aplicado oportunamente las medidas previstas frente al incumplimiento del contratista. El organismo de control señaló que, pese a que se realizaron varias suspensiones y prórrogas con el propósito de garantizar la entrega de los vehículos, el plazo del contrato terminó sin que se cumpliera con lo acordado."Este hallazgo, con incidencia disciplinaria también, demuestra la importancia de fortalecer la supervisión y el control de los contratos para garantizar que cada peso de los bogotanos se traduzca en bienes y beneficios al servicio de la ciudadanía", dijo el director de Seguridad Convivencia y Justicia de la Contraloría de Bogotá, Fernando Poveda.Por estos hechos, la Contraloría estableció el hallazgo fiscal por 6.643 millones de pesos, además de señalar una posible incidencia disciplinaria relacionada con las deficiencias encontradas en el control y seguimiento del contrato.
La Secretaría Distrital de Hacienda respondió al hallazgo de la Contraloría de Bogotá, que advirtió posibles deficiencias en el proceso de cobro de impuestos distritales por cerca de $7.906 millones. Las obligaciones corresponden a los impuestos Predial, de Vehículos y de Industria y Comercio (ICA) de las vigencias 2017, 2018 y 2019.Según la secretaría, el monto señalado corresponde a 2.100 obligaciones tributarias sobre las que sí se adelantaron diferentes acciones para intentar recuperar los recursos. La entidad aseguró que realizó 25.755 gestiones persuasivas y 2.210 actuaciones de cobro coactivo antes de proceder con la depuración contable de esas obligaciones.Uno de los puntos cuestionados está relacionado con el retiro de estas deudas de los registros contables del Distrito. Hacienda explicó que las obligaciones fueron retiradas entre 2023 y 2025, luego de que venciera el término legal para exigir su pago. La entidad sostuvo que se trató de un procedimiento de depuración contable realizado conforme a las normas aplicables.La Contraloría de Bogotá, sin embargo, señaló durante su auditoría que existieron deficiencias relacionadas con la gestión de estas obligaciones. El organismo de control advirtió que varias de las deudas no fueron recuperadas mediante las acciones de cobro y posteriormente fueron retiradas de los registros de la Secretaría Distrital de Hacienda.Ante este señalamiento, Hacienda insistió en que el caso no representa una deficiencia estructural en la gestión de cobro de impuestos de Bogotá. La entidad explicó que los $7.906 millones representan aproximadamente el 0,06 % de la cartera total del Distrito, que a diciembre de 2025 ascendía a cerca de $12,5 billones.La secretaría también destacó los resultados de la recuperación de cartera durante la actual administración. Entre 2024 y julio de 2026, aseguró haber gestionado 2.408.963 pagos y recaudado cerca de $3,8 billones en cartera. En contraste, entre 2020 y 2023 se registraron 2.292.924 pagos y un recaudo de $3,9 billones.La Secretaría de Hacienda sostiene que cumplió con las actuaciones correspondientes y que este caso puntual no permite concluir que exista una falla estructural en el sistema de cobro tributario de Bogotá.
La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal para investigar un presunto detrimento patrimonial por $12.873 millones en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., debido a la prescripción de acciones de cobro sobre cartera correspondiente a las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.Según el organismo de control, la investigación se originó tras un hallazgo fiscal que evidenció que la entidad acumulaba 60.093 facturas con cartera superior a 360 días. De ese total, 8.030 facturas, por un valor de $12.873.282.115, prescribieron, lo que impidió adelantar las acciones legales para recuperar esos recursos y habría generado un posible daño al patrimonio público.La actuación fiscal busca establecer si existieron fallas en el seguimiento y la gestión de la cartera, así como en la implementación oportuna de las medidas necesarias para evitar la prescripción de las cuentas por cobrar. Además, se determinará si hubo actuaciones u omisiones que derivaron en la pérdida de recursos públicos.El subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, Diego Alexánder Samudio, señaló que la apertura del proceso permitirá establecer posibles responsabilidades fiscales, al tiempo que garantizó que la investigación se adelantará con respeto por el debido proceso y el derecho de defensa.La Contraloría indicó que el propósito de esta actuación es proteger el patrimonio de los bogotanos y esclarecer si la pérdida de la posibilidad de cobrar estas obligaciones ocasionó un detrimento a los recursos públicos.
La Contraloría distrital confirmó el fallo en segunda instancia contra la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S. con responsabilidad fiscal por 7.451 millones por irregularidades en el contrato de ejecución para la administración de los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín. De acuerdo con el ente de control distrital, se recaudaron las pruebas que demostraron que los recursos obtenidos en la prestación del servicio continuaban administrándose por fuera del esquema fiduciario establecido."La decisión ratificó que el concesionario administró recursos públicos en cuentas diferentes a las autorizadas por fuera del mecanismo establecido en el contrato. Para la contraloría, las diferencias surgidas durante la ejecución de la concesión no justificaban incumplir las condiciones pactadas para su manejo", concluyó María Teresa Zuluaga Botero, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá.La Contraloría reiteró que quienes administran recursos del Estado deben garantizar su manejo con transparencia, control y destinación específica. Según la entidad, este fallo ratifica su compromiso con la protección del patrimonio público y la responsabilidad de quienes incumplen las obligaciones adquiridas en la administración de dineros públicos.
La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de 6.501 millones de pesos, relacionado con pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Movilidad para realizar consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) entre los años 2021 y 2024. La investigación busca establecer si estos recursos públicos fueron utilizados de manera innecesaria, teniendo en cuenta que la entidad ya contaba con plataformas internas que contenían información similar.De acuerdo con el organismo de control, durante ese periodo la Secretaría realizó 5.467.476 consultas al RUNT, las cuales fueron tramitadas a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), generando pagos por más de 6.500 millones de pesos. Sin embargo, la Contraloría advirtió que bases de datos institucionales como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON ya disponían de información suficiente para el desarrollo de las funciones de la entidad, por lo que se cuestiona la necesidad de incurrir en dichos gastos.La entidad de control fiscal considera que estos pagos podrían haber vulnerado los principios de economía, eficiencia y necesidad del gasto público, razón por la cual decidió iniciar formalmente el proceso para determinar si existió una afectación al patrimonio del Distrito y establecer las responsabilidades fiscales a que haya lugar.Juan Camilo Corredor Pardo, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, explicó que el propósito de la investigación es verificar si hubo un uso inadecuado de los recursos públicos y garantizar que cada peso invertido responda a criterios de legalidad, eficiencia y necesidad.Como parte del proceso, fueron vinculados varios exsecretarios y funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad, así como un directivo de ETB, quienes podrán ejercer su derecho a la defensa durante el desarrollo de la actuación fiscal. La Contraloría señaló que continuará adelantando controles para proteger los recursos públicos y promover una gestión transparente y responsable en las entidades del Distrito.
Las lluvias de los primeros meses del año han ocasionado diversas emergencias en Medellín, en especial con la quebrada La Presidenta que ya ha generado dos socavaciones en vías importantes para el Valle de Aburrá y por las cuales la Alcaldía ha tomado medidas para poder enfocar esfuerzos en atender la problemática.Hay que recordar que, debido a las fuertes lluvias, el Distrito ha tomado medidas como declarar la urgencia manifiesta o activar la calamidad pública debido a los estragos que generaron las precipitaciones y es teniendo en cuenta esto que la Contraloría Distrital de Medellín anunció una auditoría de cumplimiento.Según se ha podido conocer, esta actuación será para evaluar las acciones adelantadas frente a las emergencias. Esta decisión busca fortalecer el control fiscal y garantizar una revisión más profunda de la gestión pública ante los eventos que han afectado especialmente a sectores como El Poblado.De acuerdo con el organismo de control primero se dará cierre a la Vigilancia Fiscal que venía haciendo seguimiento a las inundaciones registradas durante los meses de enero y marzo. Sin embargo, esta medida no significa el fin del control, sino un cambio en la estrategia de supervisión, al incorporar estos hechos dentro de una auditoría más estructurada y de mayor alcance.La auditoría permitirá examinar de manera sistemática las actuaciones de entidades clave como el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, responsables de liderar la respuesta institucional frente a este tipo de emergencias, pues el objetivo es verificar no solo el uso adecuado de los recursos públicos, sino también la efectividad de las medidas implementadas para mitigar los riesgos.Finalmente, la Contraloría reiteró su compromiso de ejercer un control fiscal riguroso, preventivo y oportuno, ya que insistieron que con esta auditoría, se espera no solo identificar posibles fallas en la gestión institucional, sino también contribuir a mejorar la capacidad de respuesta del Distrito frente a futuras emergencias climáticas.
La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia un fallo con responsabilidad fiscal por más de $30.127 millones, tras evidenciar irregularidades en el manejo de recursos públicos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas entre 2012 y 2019.De acuerdo con el organismo de control, los recursos provenientes de contratos y convenios interadministrativos fueron administrados a través de una cuenta paralela, utilizada como una especie de “caja menor”, que no hacía parte de los registros oficiales ni contaba con los controles exigidos. Esta práctica habría impedido hacer seguimiento a la destinación final del dinero.La investigación evidenció que durante varios años no existieron mecanismos adecuados de control interno, contable ni financiero, lo que permitió el manejo irregular de estos recursos públicos. Como consecuencia, se configuró un detrimento patrimonial que ahora deberá ser resarcido.El fallo, que ya quedó en firme, establece la responsabilidad fiscal de varios servidores y exservidores públicos, quienes habrían incurrido en conductas calificadas como dolo y culpa grave, dependiendo de su nivel de participación en los hechos.El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, aseguró que se trata de un caso grave, teniendo en cuenta que los recursos comprometidos estaban destinados al sector educativo. Según indicó, la decisión obliga a los responsables a devolver los dineros y reafirma el compromiso de la entidad con la protección del patrimonio público.La Contraloría anunció que continuará con la vigilancia sobre el uso de los recursos en la ciudad y adelantará las acciones necesarias para garantizar su correcta administración, especialmente en entidades del sector educativo.
Por un presunto detrimento patrimonial en recursos destinados para infraestructura de Ciudad Bolívar, la Contraloría de Bogotá anunció la apertura de una actuación de control fiscal para verificar la inversión del dinero. Según el ente de control distrital, una de las revisiones se hará en el proyecto de salón comunal Juan Pablo II ante las presuntas alertas por la ejecución de la obra.Así mismo, en el recorrido hecho por el contralor, Juan Camilo Zuluaga, se anunció la inspección de la obra del colegio distrital San Francisco - Sede B que ya estaba en lupa al superar los 21.000 millones de pesos, lo que supone una adición de 2.200 millones de pesos al contrato.Según lo confirmado por la entidad de control, la entrega de la sede de este colegio estaba prevista para el 2023 y registra un retraso significativo. Ante esto, por los problemas en el desarrollo de la obra, también se confirmó la suspensión del primer contratista por el incumplimiento. De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, el proyecto continúa en ejecución.“Dentro del recorrido, visitamos el Colegio Distrital San Francisco CDB, obra con un valor estimado de más de 21 mil millones de pesos. Verificamos su estado teniendo en cuenta que detrás de este proyecto no solo hay recursos públicos invertidos, sino niños, niñas y jóvenes de Ciudad Bolívar esperando contar con mejores espacios educativos. La Contraloría de Bogotá iniciará una actuación de control fiscal para revisar este proyecto y determinar los posibles hallazgos fiscales", concluyó el contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga Morillo.
Viajar en TransMilenio implica cumplir varias reglas de convivencia para evitar molestias a los demás pasajeros. Una de las recomendaciones que ha dejado el sistema es que sus usuarios utilicen audífonos al escuchar música o consumir contenido desde el celular, pues reproducir sonidos a alto volumen puede perturbar la tranquilidad de quienes viajan en el bus.Aunque esta indicación aparece entre las restricciones y recomendaciones para los usuarios, el comportamiento también está contemplado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De esa manera, el artículo 146 establece medidas frente a las conductas que afectan la tranquilidad de otras personas en los sistemas de transporte público.Así pueden multar a los pasajeros bullososEn sus recomendaciones, TransMilenio ha sido enfático en evitar el volumen alto de los dispositivos electrónicos y utilizar audífonos para escuchar música. La medida busca que los usuarios puedan realizar sus desplazamientos sin tener que escuchar el contenido que reproducen los demás.La situación se puede presentar cuando una persona utiliza el parlante de su celular, una bocina o un bafle para escuchar música o ver videos al interior del sistema de transporte masivo y en las estaciones.Debido a ello, el artículo 146 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla medidas frente a comportamientos que afectan la tranquilidad de los demás pasajeros en los sistemas de transporte masivo.Esta es la fuerte multa que le cobraríanLa conducta de perturbar la tranquilidad de los demás pasajeros por medio de actos molestos puede dar lugar a una multa general tipo uno, correspondiente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes. Es decir, $233.454.La aplicación de esta sanción depende de las circunstancias del comportamiento y de la valoración de la autoridad competente. Por eso, escuchar música sin audífonos no debe entenderse automáticamente como motivo de una multa: debe establecerse si la conducta constituye una perturbación de la convivencia.Además de esta restricción, TransMilenio contempla otras conductas que afectan el servicio y a sus usuarios, como las riñas, el hurto, la evasión del pago del pasaje y las ventas dentro del sistema.La recomendación para quienes utilizan el transporte público es respetar las indicaciones de convivencia y mantener el volumen de sus dispositivos en un nivel que no afecte a los demás.
Más de 408.000 afiliados de Colsubsidio tendrán una nueva alternativa para recibir y utilizar la cuota monetaria: podrán transferir el dinero directamente a una cuenta financiera de su titularidad mediante Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.La opción es resultado de una alianza entre Colsubsidio y Redeban y estará disponible desde la aplicación Mi Colsubsidio. Una vez se valide la titularidad de la llave registrada, los recursos se abonarán de forma inmediata en la cuenta asociada.La iniciativa busca facilitar el acceso a este beneficio económico y ampliar las posibilidades para que los trabajadores lo utilicen en gastos cotidianos, como alimentación, educación y cuidado de sus familias.¿Cómo transferir la cuota monetaria de Colsubsidio por Bre-B?Para utilizar esta alternativa, los afiliados deben tener instalada la aplicación Mi Colsubsidio y contar con una llave Bre-B registrada a su nombre, vinculada a la cuenta financiera en la que desean recibir el dinero.El procedimiento consiste en ingresar a la aplicación y seleccionar la opción 'Retirar saldo'. Después, deben elegir Bre-B como método de retiro e ingresar la llave correspondiente.Una vez comprobada la titularidad, Redeban procesa la operación y el dinero llega de manera inmediata a la cuenta financiera asociada. De esta forma, los usuarios pueden disponer de los recursos junto con otros ingresos y utilizarlos para hacer pagos o transferencias.¿Cuántas personas podrán recibir el beneficio por este medio?De acuerdo con las cifras entregadas por Colsubsidio, a septiembre de 2026 la caja de compensación tenía 408.603 afiliados con derecho a cuota monetaria. Durante ese periodo asignó 5.616.059 cuotas, con una inversión superior a $405.047 millones.La nueva opción también permite que los recursos hagan parte del movimiento habitual de una cuenta financiera. Ese registro de transacciones podría ser tenido en cuenta por las entidades bancarias al evaluar el perfil crediticio de sus clientes, dependiendo de los criterios de cada institución.Ana María Tobar, gerente de Tecnología de Colsubsidio, señaló que la alianza busca simplificar procesos y ampliar las alternativas digitales para los trabajadores y sus familias.Por su parte, Redeban aporta la infraestructura tecnológica que permite conectar a Colsubsidio con las entidades participantes de Bre-B y procesar las transferencias.
En la UCI del Hospital Universitario de Santander se encuentran varios de los soldados atacados en la base militar de Santa Rosa, sur de Bolívar. Todos llegaron en helicoptero hasta la Segunda División del Ejército en Bucaramanga, y en ambulancia fueron remitidos al centro asistencial.Varios de los soldados presentaban heridas de gravedad por el ataquesufrido con drones que cargaban explosivos, 8 son los uniformados que están siendo atendidos.Uno de ellos ingresó de gravedad a cirugía y permanecen en la unidad de cuidados intensivos, mientras que varios tienen pronóstico reservado.Sandra Milena González, quien se encontraba en el hospital acompañando a un familiar, narró: "Tenemos a mi suegra interna y vimos llegar varias ambulancias y ver cómo los médicos y las enfermeras corrían tratando de salvar una vida, es maravilloso, que Dios los bendiga por esa labor de atender, de preocuparse por salvarlos".Afirmó que ese es el mensaje para las familias que anhelan que realmente lleguen con vida a sus hogares: "Para los médicos y las enfermeras todos son importantes, arreglaron camas, todo rápido por la urgencia".Por ahora, el hospital ni el Ejército han informado nombres de los militares que se encuentran en Santander, luego de sufrir este ataque armado.El gobernador del departamento, Juvenal Díaz, rechazó el ataque a la base militar en Santa Rosa del Sur y expresó su solidaridad con las familias de los uniformados.Fue enfático al señalar que "no podemos normalizar el terrorismo, ni permitir que los grupos armados ilegales sigan sembrando miedo, asesinando y desafiando al Estado. A estos grupos se les enfrenta con autoridad, inteligencia, contundencia y toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública".Posteriormente, envió un mensaje de solidaridad a las familias y los soldados: "¡El uniforme de la patria se respeta!".
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) alcanzó acuerdos con instituciones públicas y privadas de Antioquia para avanzar en la formalización de los vínculos contractuales y mejorar la prestación de los servicios de salud a los docentes y sus familias.Según se ha podido conocer, los compromisos se concretaron durante una semana de mesas de trabajo presenciales realizadas en el departamento en donde se abordó la revisión de cartera, los acuerdos de pago, la homologación de tarifas, las glosas y los anexos técnicos.La información entregada por el Fomag deja en evidencia que los encuentros permitieron avanzar en la suscripción y legalización de acuerdos mediante actas de conciliación, como explicó Fernando Blanco, coordinador comercial del Hospital Alma Máter."Se logró tener un acercamiento para poder dejar finiquitado el pasado con la cartera del pasado y poder plantear una nueva negociación que sea muy beneficiosa para ambas partes, para que tanto todos los funcionarios del Magisterio Colombiano tengan una atención muy adecuada aquí en Antioquia", indicó.Uno de los avances más importantes es que se restableció la prestación de los servicios de cancerología para pacientes adultos y pediátricos, problemática que tenía en el limbo a decenas de personas que imploraban por este acuerdo.Hay que mencionar que la estrategia continuará en el Valle del Cauca, donde se realizarán nuevas mesas de trabajo con prestadores públicos y privados, y posteriormente, se proyecta una jornada en Bogotá con instituciones de diferentes departamentos.Vale la pena mencionar que hace tan solo una semana el Ministerio de Educación anunció el fin del contrato de la Fiduprevisora con el FOMAG, tras 36 años de manejar los recursos de salud de esta población.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la zona de montaña obligaron a Emcali a suspender temporalmente la captación y potabilización de agua en la Planta Río Cali, debido a los altos niveles de turbiedad y al arrastre de material vegetal en la cuenca. La situación impactará el suministro de agua en 24 barrios de la capital vallecaucana.De acuerdo con la empresa de servicios públicos, las condiciones del río hicieron necesario detener preventivamente las operaciones de la planta, con el propósito de proteger la infraestructura y garantizar que el agua cumpla con los estándares de calidad para el consumo humano.Entre los sectores que podrían presentar bajas presiones, intermitencia o suspensión temporal del servicio se encuentran Belisario Caicedo, El Cortijo, Bella Suiza, Cañaverales, Pampalinda, El Peñón, Terrón Colorado, Aguacatal, Centenario, Granada, Versalles, San Vicente, Santa Mónica Norte y Chipichape, entre otros.Los equipos técnicos y operativos de Emcali permanecen en la zona realizando monitoreo de las condiciones de la cuenca. Según la entidad, una vez disminuyan los niveles de turbiedad y mejoren las condiciones climáticas, se reanudará progresivamente la operación de la planta para avanzar en la normalización del servicio.Mientras tanto, la empresa hizo un llamado a los usuarios de los sectores afectados para que hagan un uso racional y moderado del agua almacenada en sus tanques y reservas residenciales, mientras culminan las labores necesarias para restablecer la producción de agua potable.Otra situacion similar ocurre en Yumbo, V alle, debido a un daño en una tubería de gran dimensión, este municipio está siendo afectado por suspensión en el servicio de acueducto o bjas presiones. Emcali y sus grupos operativos trabajan a toda marcha para reparar el daño y normalizar el servicio, por lo que se dispondrá de carrotanques para el abastecimiento de agua en los sectores afectados.