La noticia se da tras varias auditorías de la
Según la Contraloría, en la Secretaría de Movilidad se dieron estos hallazgos por la falta de trabajo de cobro de 11.025 infracciones de tránsito (impuestas entre 2016 y 2021), que prescribieron ante la ausencia de una efectiva gestión.
En TransMilenio, por su parte, hubo hallazgos fiscales por un total de $1.787 millones, recursos que debían ser destinados a fortalecer la seguridad, convivencia y vigilancia de los usuarios del sistema de transporte, que en realidad se invirtieron en bonos y anchetas que se les dieron a los policías.
“No corresponden al objeto del convenio y tampoco le proporcionaron utilidad al sistema”, indicó el ente de control.
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En el IDU también hubo hallazgos fiscales por $2.335 millones, relacionados con incumplimientos del consultor en la calidad de los estudios y diseños y valores adicionales, por las prórrogas en la etapa de preliminares que se registraron en los contratos de obra para avenida Guayacanes.
“Haber presupuestado estampillas distritales, (contribuciones parafiscales con destinación específica) y no se realizaron las deducciones en las órdenes de pago durante la ejecución del contrato de la extensión de la Troncal Caracas en su tramo uno”, indicó la Contraloría.
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