Contraloría y Procuraduría piden acciones por suspensión de alimentos en centros de detención

Una nueva alerta emite la Contraloría y la Procuraduría sobre la prestación de servicios alimentarios a los reclusos de los Centros de Detención Transitorio, DCT, y que, según datos entregados por las entidades, con cerca de 17.000 al mes. La alerta es por la suspensión de los servicios por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, que pondrían en pausa la prestación y suministro de alimento para quienes estén dentro de los centros. Es por esto, que los servicios, desde el 1 de julio, deberán ser asumidos por las entidades territoriales, es decir, alcaldía o gobernaciones.

“De conformidad con lo establecido en la Ley 2346 de 2024, en la cual se asignaron nuevas competencias a las autoridades territoriales (alcaldías y gobernaciones) en materia de alimentación para atender la situación humanitaria de las personas privadas de la libertad recluidas en las estaciones de Policía y URI del país. Cada Gobierno local debe presentar sus planes de atención y cumplimiento de lo establecido por la Ley y garantizar la continuidad del servicio de alimentación en cada centro de detención a partir de julio de este año”, menciona el informe presentado.

Entre tanto, ambas entidades piden al Ministerio de Justicia y del Derecho, que sean garantes de la prestación del servicio y definan los planes de implementación de alimentación en los Centros de Detención Transitoria. Así mismo, desde la Procuraduría y la Contraloría, harán las verificaciones de los informes presentados por las entidades territoriales para hacer el seguimiento y control para posteriormente informar a la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario de la Corte Constitucional.

Por último, desde la Contraloría, informan que durante este primer semestre se ha realizado una auditoria de cumplimiento a las 125 cárceles del país, a los Centros de Detención Transitoria, Unidades de Reacción Inmediata (URIS) y a la articulación del sector justicia para gestionar el sistema penitenciario y carcelario del país.