La Corte Constitucional tumbó el decreto que declaraba emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, con seis votos a favor y tres en contra. Con este fallo, el tribunal determinó así inexequible el decreto. Sin embargo, dio un año para que el Gobierno, junto con las entidades y autoridades regionales, solucionen y legislen normas para atender la crisis.
Asimismo, la Corte dejó en su fallo efectos diferidos, es decir, para que no se sigan presentando más problemas enLa Guajira con, por ejemplo, el servicio de agua y salud.
Fue a través de la expedición del Decreto 1085 de 2023, el pasado 2 de julio, que el Gobierno declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Tras esa declaratoria, se firmaron un total de 13 decretos para tomar medidas.
Pero, hace poco más de un mes, la Procuraduría envió un concepto al alto tribunal sobre este decreto de emergencia, pidiendo tumbarlo porque, según advirtió la entidad, es inconstitucional porque son hechos que no son “sobrevinientes” y pueden ser atendidos y solucionados bajo otros métodos, como una buena gestión administrativa.
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Según la Procuraduría, la crisis en La Guajira es una problemática estructural que puede ser “superada por las autoridades” a partir de “buena gestión”.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, le respondió a la Procuraduría diciendo que no compartía ese informe, pues, según dijo, es un problema que va más allá y debe ser atendido.
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Cabe recordar que hace algunos días, el Gobierno anunció que, desde el Departamento de Prosperidad Social, se girará recursos a 30.000 familias wayúu para mitigar la crisis en la región. Los hogares beneficiados recibirán un giro de 500.000 pesos después de las próximas elecciones de octubre.
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