La Corte Interamericana de Derechos Humanos negó recientemente la solicitud presentada por los abogados del presidente Gustavo Petro, quienes pedían que se garantizaran sus “derechos políticos y garantías judiciales” en el marco de una investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva a cabo por presuntas irregularidades en los gastos de su campaña presidencial.
Este rechazo de la Corte IDH se produce en medio de un clima político tenso, donde Petro ha sostenido en varias ocasiones que la investigación en su contra forma parte de una estrategia para desestabilizar su Gobierno. El mandatario ha acusado al CNE de estar orquestando un “golpe blando” en su contra, un término que ha utilizado reiteradamente en sus declaraciones públicas. Para Petro, las indagaciones del CNE no son solo un proceso de investigación, sino que es un ataque político dirigido a tumbar su legitimidad y la de su administración.
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El pronunciamiento de la Corte IDH ha generado reacciones en diversos sectores políticos del país. Desde la oposición, congresistas como Hernán Cadavid, del Centro Democrático, respaldaron la postura de la Corte, afirmando que el CNE debe continuar con su labor.
“En este caso la Corte no accedió a su pretensión, ha quedado confirmado por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y ahora por el sistema interamericano que el CNE tiene todas las facultades para seguir adelantando esta investigación administrativa en la campaña Petro, sus directivos, sus contadores, temas fiscales y por supuesto, el candidato” aseguró.
En contraste, desde el Pacto Histórico, coalición que apoya al presidente Petro, se mostró apoyo al mandatario. El congresista Alejandro Toro aseguró que su bancada respaldará la decisión del presidente de formar un equipo jurídico para defenderse ante organismos internacionales. Toro afirmó que la lucha por los derechos del presidente continuará, a pesar de la negativa de la Corte IDH, y que seguirán buscando vías para que la comunidad internacional se pronuncie sobre lo que consideran una persecución política.
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