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La defensa del mandatario solicitó anular la decisión del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2024, que le otorgaba competencia al CNE para continuar con la investigación por presunta violación de topes electorales.
El nuevo capítulo de esta novela jurídica deja por el piso la estrategia defensiva del presidente Gustavo Petro en su intento por frenar la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su campaña por presunta violación de los topes de financiación de 2022, que superó los 5.000 millones de pesos.
Los abogados del mandatario interpusieron una acción de tutela para proteger su derecho al debido proceso, argumentando que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado violó su fuero constitucional al asignar al Consejo Nacional Electoral la competencia para investigar irregularidades en la financiación y presentación de informes de sus campañas presidenciales de 2022.
Petro solicitó anular la decisión del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2024, que le otorgaba competencia al CNE para continuar con la investigación administrativa.
El Consejo de Estado, tras analizar los argumentos, concluyó que la acción de tutela no cumplía con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, ya que no se demostraba que la decisión del Consejo de Estado fuera arbitraria ni que afectara derechos fundamentales del presidente.
En este contexto, el tribunal determinó que la competencia del CNE para investigar el caso era legal, y que el fuero constitucional del Presidente no impedía esa investigación.
La Corte también destacó que la acción de tutela solo podría ser procedente si existiera una vulneración o amenaza real de un derecho constitucional fundamental, lo cual no ocurrió en este caso. Por lo tanto, se concluyó que el fallo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no debía ser revocado.
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“... La decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado estableció que el Consejo Nacional Electoral es competente para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a la campaña presidencial 2022, pero, no señaló en manera alguna que dicho órgano se encontrara facultado para sancionar la conducta específica de violación de los topes máximos de financiación de la campaña, por ser una irregularidad frente a la cual opera el fuero de juzgamiento”, reseñó la reciente decisión judicial.
Es decir, el alto tribunal ratificó que el CNE sí puede continuar con sus indagaciones siempre y cuando sean en el ámbito administrativo y, sus hallazgos, serán trasladados al Congreso de la República quien sí tiene las competencias para una eventual sanción.
En esa medida, la tutela también fue negada porque consideró que no se estaba vulnerando el debido proceso al presidente Petro pues el pliego de cargos es un acto administrativo de trámite y no es una decisión de fondo sobre el futuro judicial de él.
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Incluso, invocó otros caminos jurídicos que el mandatario y su defensa en el caso podrían usar para defenderse.
28 de febrero de 2022: El representante Edward Rodríguez presentó queja contra Gustavo Petro por presunto incumplimiento en informes de ingresos y gastos de campaña para la consulta del Pacto Histórico.
2 de febrero de 2023: Se radicó queja anónima ante el CNE por presuntas irregularidades en la financiación de las campañas presidenciales de primera y segunda vuelta del Pacto Histórico.
28 de febrero de 2023: El CNE abrió indagación preliminar y ordenó recaudo de pruebas en el proceso.
3 de mayo de 2023: José Manuel Abuchaibe denunció ante la Comisión de Acusaciones al presidente Petro por violar topes de gastos en la campaña presidencial.
26 de mayo de 2023: La Comisión de Acusaciones remitió la denuncia de Abuchaibe al CNE, que asignó un nuevo radicado.
5 de junio de 2023: Federico Gutiérrez, Miguel Polo Polo, Miguel Uribe y Alejandro Pardo presentaron denuncias por presunta financiación prohibida y violación de topes de campaña.
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6 de junio de 2023: La Comisión de Acusaciones trasladó estas denuncias al CNE.
4 de julio de 2023: El CNE incorporó las denuncias en un solo expediente y acumuló otra presentada por Abuchaibe.
16 de mayo de 2024: La Comisión de Acusaciones pidió al CNE remitir actuaciones investigativas relacionadas con las denuncias.
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5 de junio de 2024: El CNE planteó conflicto de competencias con la Comisión de Acusaciones ante el Consejo de Estado para definir autoridad competente.
Tutela de Fundación DILO COLOMBIA: Intentó llevar el conflicto a la Corte Constitucional, pero fue declarada improcedente.
6 de agosto de 2024: El Consejo de Estado declaró al CNE competente para investigar irregularidades en financiación de campañas y al Congreso responsable de decidir eventuales sanciones políticas.
2 de diciembre de 2024: El Consejo de Estado declaró improcedente la tutela presentada por el presidente Gustavo Petro, que buscaba anular el pliego de cargos del Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta violación de los topes de financiación en su campaña presidencial de 2022, que superó los 5.000 millones de pesos.
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