La reconstrucción del occidente colombiano tras el terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto tendrá un costo estimado de $58,29 billones según el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, que atribuyen el cálculo a las evaluaciones realizadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el PNUD y la CEPAL, siendo uno de los mayores desafíos económicos y sociales del país.
El balance técnico registra daños físicos directos por $38,66 billones y pérdidas económicas por $5,99 billones, cifras que representan una afectación equivalente al 2,3 % del PIB. El texto también señala que la evaluación del Plan de Acción Específico ubica los daños por encima de los $40 billones, una diferencia que aparece en los distintos cálculos incluidos en el borrador.
Publicidad
La emergencia dejó 776.131 personas y 363.793 familias afectadas, de acuerdo con el Registro Único de Damnificados. El impacto se extendió a 16 departamentos y más de 400 municipios. La vivienda concentró el 47,6 % de los daños físicos reportados, lo que convirtió la recuperación habitacional en uno de los componentes centrales de la respuesta estatal.
Además, se contabilizaron 255.079 viviendas afectadas: 203.301 averiadas y 51.778 destruidas. Del total, el 65,5 % corresponde a inmuebles ubicados en zonas urbanas y el 34,5 % a viviendas rurales. La vulnerabilidad fue especialmente visible en departamentos como Chocó y Cauca, donde entre el 40 % y el 52 % de las viviendas destruidas no contaban con muros de mampostería y estaban construidas en madera o bahareque.
Las bases del borrador del Plan Nacional de Desarrollo reportan que “se afectaron 5.738 sedes en 480 municipios de 22 departamentos”, con consecuencias para 1.324.402 estudiantes de preescolar, básica y media. La emergencia obligó a interrumpir actividades académicas y a esto se suman los daños estructurales en 60 instituciones de educación superior, que impactaron a una población de 347.611 estudiantes.
Publicidad
Para financiar las obras, el Gobierno propone que “el Fondo Milagro será el instrumento central de la Patria Milagro para financiar y articular la reconstrucción”. El esquema contempla recursos de distintas fuentes, en un contexto de restricciones fiscales. Entre las alternativas están los saldos disponibles de las cuentas maestras del régimen subsidiado de salud, los excedentes de rentas cedidas, las apropiaciones sectoriales no giradas y los recursos del FONPET en entidades territoriales que tengan cubierto su pasivo pensional. También se plantea utilizar liquidez del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías.
Otra de las apuestas es vincular los recursos de los colombianos que viven en el exterior. La iniciativa “Remesas para la reconstrucción y el desarrollo” parte de que el país tiene más de 3,6 millones de connacionales fuera de sus fronteras y recibió USD 13.098 millones en remesas durante 2025. La Cancillería, junto con el Ministerio de Hacienda y el sector Fintech, buscará desarrollar “mecanismos voluntarios, seguros y accesibles que permitan canalizar remesas, ahorro e inversión” hacia las zonas afectadas, con énfasis en vivienda de interés social y proyectos productivos.
Publicidad
El plan también contempla la participación del sector privado mediante Obras por Impuestos y la nueva figura de Obras por Regalías, que busca agilizar el acceso de los municipios afectados a recursos del Sistema General de Regalías. En materia de crédito, Findeter podría ofrecer redescuento y financiación directa a patrimonios autónomos, mientras que el Fondo Nacional de Garantías respaldaría créditos para familias y comercios damnificados. La meta para 2030, según el documento, es que la reconstrucción “se medirá en familias que habitan viviendas más seguras, comunidades con servicios más confiables y productores que recuperaron sus ingresos”.