La organización Human Rights Watch (HRW) se encuentra en la vereda de Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, realizando una investigación en campo sobre lo sucedido el pasado 28 de marzo durante una operación del Ejército, cuando el Gobierno anunció que 11 disidentes de las Farc habían sido abatidos; sin embargo, la comunidad ha denunciado que quienes fallecieron durante la operación eran civiles.
Human Rights Watch ya ha logrado confirmar que al menos cuatro civiles murieron durante el operativo. Se trataría de Pablo Panduro Coquinche de 48 años, gobernador indígena del cabildo Bajo Remanso, así como Ana María Sarrias, de 24 años, la esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Remanso. Por otro lado, confirmaron que durante el operativo murieron también Oscar Oliva, de 40 años, y Divier Hernández, de 35 años.
Carlos Garay, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, aseguró que las comunidades están desplazándose hacia la cabecera municipal, pues se han sentido estigmatizados por el Ejército.
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"Hay personas desplazadas y confinadas, pues hay un actor armado legal que los tiene señalados. Si nosotros nos ponemos unas botas, nos están diciendo que es que somos guerrilleros. El Ejército cuando nos mira nos dice que nosotros somos cómplices de la guerrilla", denunció Garay.
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