Humberto de la Calle, actual senador y exnegociador de paz del Gobierno Santos con la guerrilla de las Farc, cuestionó que, en medio de una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la defensa de los exguerrilleros descalificará a la JEP como tribunal.
“Yo tengo que deplorar expresiones recientes del abogado o representante de las antiguas Farc, que dijo que este era un tribunal anti-subversivo. Me parece que, hombre, tenemos que aprender o reaprender a respetar las cortes”, manifestó el exnegociador durante la diligencia en la que la JEPcomunicó los decretos de amnistía por delitos políticos a 9.600 firmantes del acuerdo final de paz que se comprometieron a dejar las armas.
De la Calle agregó: “No podemos reemplazar memoriales por asonadas. Esa no es la forma de respetar la justicia y esta es una corte. Esta no es una corte secundaria, por transicional que sea, hace parte y tiene la misma dignidad de todo el enjambre de las instituciones que administran justicia en Colombia”.
Recientes declaraciones de exjefes guerrilleros, incluyendo a Rodrigo Londoño, ponen en evidencia las crecientes tensiones y la complejidad del proceso de reintegración y justicia transicional gestionado por la Jurisdicción Especial para la Paz.
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Los excombatientes han expresado su preocupación ante lo que perciben como un entorno adverso, marcado por la desinformación, la estigmatización y, lamentablemente, la violencia continua, que ha resultado en el asesinato de varios firmantes del acuerdo desde su implementación.
La efectividad de la JEP y su interpretación de los acuerdos ha sido un punto de fricción, especialmente en lo que respecta a su manejo de los macro casos que investigan las violencias ocurridas durante el conflicto armado. De la Calle también rechazó las declaraciones hechas por Álvaro Leyva ante el consejo de seguridad de la ONU contra la JEP, cuando dijo: "Quizá sus descarrilamientos sirven de lección para que, adecuándose a las normas establecidas, crezca en estatura para hacer justicia”.
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La estrategia de la JEP de emitir resoluciones individuales para cada caso en lugar de una conclusión unificada ha sido criticada por no alinearse con la Ley Estatutaria de la JEP.
Además, la decisión de expulsar a comparecientes por incumplimientos graves sin un proceso previo adecuado ha generado inquietud sobre la garantía de los derechos de los excombatientes a la defensa.
Un aspecto particularmente preocupante es la limitada concesión de amnistías. De 4,485 solicitudes presentadas por exguerrilleros, solo 688 han sido aprobadas, lo que plantea dudas sobre el compromiso de la JEP con la reintegración y la paz duradera.
El magistrado Roberto Vidal ha respondido a estas críticas, enfatizando que los exjefes guerrilleros no están en posición de dictar cómo debe operar la jurisdicción transicional y recordando a los comparecientes que alejarse de los compromisos del acuerdo implica serias consecuencias legales.
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