Humberto de la Calle, quien fue uno de los arquitectos del proceso de paz con las extintas FARC, se refirió en Mañanas Blu al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en medio de las críticas que existen sobre su funcionamiento y la discusión alrededor de su presupuesto.De la Calle sostuvo que acabar con la JEP sería un error, pero también cuestionó su funcionamiento y rechazó que la solución sea prorrogarla. “Yo no soy partidario de prorrogar. Lo que hay que hacer es que la JEP termine su tarea y punto”, afirmó.El exsenador explicó que su posición frente a la permanencia de la jurisdicción también está relacionada con los compromisos adquiridos durante el proceso de paz. Recordó que la JEP hace parte de la Constitución y consideró que eliminarla después de que los integrantes de las extintas FARC dejaron las armas no sería correcto.“Me parece que un Estado no puede acudir a la perfidia, desarmar unos guerrilleros, ofrecer unas garantías y luego decirles: yo ya cambié”, señaló. Además, cuestionó la posibilidad de trasladar los procesos de la JEP a la justicia ordinaria para que esta aplique criterios de justicia transicional.“Ese es un ornitorrinco. A mí me parece que ese es un error”, afirmó.De la Calle cuestionó la demora de la JEPEl exnegociador también fue crítico con el tiempo que ha tomado la jurisdicción para avanzar en sus procesos. Según explicó, la JEP fue diseñada para una justicia transicional que debía ser más rápida.“Esto se diseñó para una justicia transicional mucho más rápida. Esto pudiera haber salido hace años y llevamos muy pocas sentencias después de 10 años”, sostuvo. Por eso, ante la posibilidad de una prórroga, insistió en que la alternativa debe ser que la JEP termine su tarea utilizando los instrumentos que tiene.De la Calle también se refirió al debate presupuestal. Reconoció que podría existir una intención del Gobierno de “ahogar a la JEP”, pero señaló que también debe tenerse en cuenta que el Ejecutivo está planteando recortes en toda la administración.“La JEP no puede sostener que es tan excepcional que a ella sí no la pueden tocar”, afirmó.En su opinión, el camino debe ser un diálogo entre el Gobierno y la JEP para encontrar mecanismos que permitan mejorar su eficacia. También planteó revisar si existe un exceso de burocracia, como sostienen algunos sectores.Críticas a los procedimientos de la JEPOtro de los cuestionamientos de De la Calle está relacionado con los procedimientos utilizados por la jurisdicción. Recordó que durante la construcción del acuerdo de paz se estableció que la verdad plena estaría en manos de la Comisión de la Verdad, mientras que la JEP debía obtener la información necesaria para resolver los casos judiciales.“La JEP debe limitarse a la verdad que necesita para resolver rápidamente y de forma transicional unos casos”, explicó. En ese sentido, consideró que en ocasiones la jurisdicción ha buscado detalles que, desde su perspectiva, ya no eran necesarios para efectos judiciales y habló de un “expansionismo de la JEP”.También cuestionó que se pueda llamar a un número amplio de generales sin que existan indicios individuales. “Llamar a 100 generales aun cuando no haya ni un indicio sobre un general, como a ver qué recojo. Eso es extraordinariamente grave”, dijo.Finalmente, De la Calle señaló que en ocasiones percibe una actitud que calificó como una especie de sensación de que la JEP es “la justicia final”, aunque aclaró que no se puede generalizar sobre un organismo judicial.
El exvicepresidente Humberto de la Calle expresó su preocupación por el rumbo de la democracia colombiana y el futuro político del país, ante el cambio de orientación ideológica que representa el ascenso de Abelardo de la Espriella, tras el desgaste y las frustraciones que, a su juicio, dejó el gobierno de Gustavo Petro.En entrevista con Mañanas Blu, De la Calle, autor del libro La democracia fatigada, publicado por Penguin Random House, sostuvo que Colombia atraviesa un periodo de fuertes oscilaciones políticas, en el que el descontento con un gobierno puede conducir a posiciones ideológicas opuestas, sin que necesariamente se resuelvan los problemas estructurales de la democracia.El exvicepresidente advirtió que un eventual fracaso de De la Espriella podría generar las condiciones para que en 2030 regrese una corriente de izquierda incluso más radical que el petrismo. «Si esto fracasa, si De la Espriella fracasa, si lo que nos va a pasar en el 30 es que regresemos incluso a una visión más radical de lo que ha sido el petrismo», manifestó durante la conversación.Para De la Calle, el resultado de este giro político debe entenderse como una reacción de los ciudadanos frente a las frustraciones del actual ciclo de gobierno, pero también como una señal de alerta sobre los riesgos de una democracia que oscila entre liderazgos personalistas y proyectos políticos enfrentados.El exsenador insistió en que el funcionamiento democrático requiere alternancia política, pero advirtió que los cambios de gobierno no deberían convertirse en giros extremos que pongan en peligro la separación de poderes, el pluralismo y las instituciones.Populismo y debilitamiento del Estado de derechoEn su análisis, De la Calle señaló que el deterioro de la democracia no es un fenómeno exclusivo de Colombia, sino una tendencia que también se manifiesta en distintas sociedades occidentales, donde los liderazgos populistas y el caudillismo han ganado protagonismo.El exvicepresidente explicó que el populismo no constituye una ideología específica, sino una herramienta política que puede ser utilizada tanto por sectores de izquierda como de derecha para alcanzar el poder, mediante la confrontación entre una supuesta élite corrupta y un pueblo representado por un líder.A su juicio, uno de los principales riesgos de este fenómeno es que los dirigentes populistas pueden llegar al poder mediante mecanismos electorales legítimos y, posteriormente, debilitar desde el interior las instituciones democráticas, especialmente las que garantizan los contrapesos al poder ejecutivo.En ese sentido, mencionó los ataques contra la prensa, el desconocimiento de las decisiones judiciales y las tensiones con las altas cortes como señales preocupantes para la estabilidad institucional. De la Calle también advirtió sobre las similitudes metodológicas que, según su interpretación, pueden presentarse entre liderazgos ideológicamente opuestos. «Obviamente que De la Espriella es en teoría lo contrario de Petro en sus ideas, claro, eso no se discute, pero la metodología es parecida. Yo veo un ADN parecido entre ambas formas de liderazgo unipersonal», sostuvo.La preocupación central del exvicepresidente radica en que la confrontación política termine desplazando el debate democrático y debilitando los mecanismos institucionales que permiten la convivencia entre sectores con diferentes posiciones ideológicas.De la Espriella y los riesgos de una agenda de confrontación culturalAl referirse al escenario político colombiano, De la Calle manifestó inquietudes sobre la agenda que atribuye a De la Espriella, particularmente por la combinación de propuestas económicas, medidas de seguridad y planteamientos relacionados con asuntos culturales y religiosos.Según explicó, el próximo gobierno tendría importantes desafíos en materia de recuperación económica, manejo fiscal y seguridad, pero consideró que incorporar debates sobre el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la religión oficial podría abrir frentes de confrontación innecesarios.«Él tiene una agenda al frente tan rica y como desafiante: recuperar la ortodoxia del manejo económico, manejar la cuestión fiscal y sobre todo la seguridad, que es lo que le va a dar popularidad de largo alcance. Mezcla esto con unos llamados a la revolución cultural», señaló.El exvicepresidente cuestionó especialmente la posibilidad de reabrir discusiones que, desde su perspectiva, habían alcanzado cierto grado de estabilidad institucional, como la regulación del aborto en Colombia, asunto que ha sido objeto de decisiones de la Corte Constitucional.De la Calle aclaró que el debate sobre el aborto no debería reducirse a una confrontación entre quienes están a favor o en contra, sino que también debe considerar las consecuencias jurídicas y sociales de las decisiones legislativas y judiciales, particularmente en relación con la posibilidad de imponer penas de prisión a las mujeres que abortan.En su análisis, la apertura de nuevos conflictos culturales podría dificultar la construcción de consensos y desviar la atención de asuntos económicos, fiscales y de seguridad que considera prioritarios para el país.La democracia puede transformarse, pero debe preservar el pluralismoOtro de los asuntos centrales de la entrevista fue la posibilidad de revertir el desgaste democrático. De la Calle sostuvo que, aunque existen mecanismos institucionales que pueden preservarse, las democracias atraviesan una transformación profunda, impulsada por cambios tecnológicos, políticos y económicos.El autor de La democracia fatigada señaló que los partidos tradicionales, los congresos y los mecanismos de representación enfrentan dificultades para responder a las expectativas ciudadanas. A esto se suma el impacto de las redes sociales, el poder de las grandes empresas transnacionales y el debilitamiento de algunas concepciones tradicionales de soberanía.«Yo sí creo que debemos empeñarnos, y es lo que yo quiero llamar centro, porque así nos entendemos. La palabra es mala, no es sexy, pero bueno, mantener la esencia del Estado de Derecho», afirmó. Para el exsenador, la defensa de la democracia no implica necesariamente regresar a los modelos políticos del pasado, sino encontrar nuevas formas de participación y organización que respondan a las transformaciones de la sociedad contemporánea.En ese contexto, destacó la importancia de preservar el pluralismo, entendido como la capacidad de gobernar respetando a quienes piensan diferente y reconociendo la existencia de distintos poderes e intereses dentro de la sociedad.«La separación de poderes es la garantía contra la autocracia», enfatizó, al advertir sobre los riesgos que representan las presiones contra las instituciones, los medios de comunicación y los funcionarios que expresan posiciones independientes.El centro político y la formación de ciudadaníaFrente a la polarización y al fortalecimiento de los liderazgos personalistas, De la Calle defendió la necesidad de recuperar los espacios de reflexión política y fortalecer la formación de ciudadanos capaces de tomar decisiones autónomas, sin depender exclusivamente de los partidos tradicionales.El exvicepresidente reconoció que el llamado centro político se encuentra disperso por las circunstancias electorales y la confrontación entre las principales corrientes ideológicas. Sin embargo, consideró que todavía existe la posibilidad de reconstruir ese espacio una vez disminuyan las tensiones de la coyuntura.También cuestionó los intentos de reformar el sistema electoral colombiano a partir de la nostalgia por los partidos del pasado, al señalar que la política contemporánea se ha transformado y que los ciudadanos ya no necesariamente se identifican con organizaciones que defienden programas ideológicos rígidos.«La política se ha personalizado en todo el mundo, se basa más en movimientos coyunturales que no tienen una visión total orgánica», explicó.Como ejemplo de esta transformación, mencionó que una misma persona puede tener posiciones diversas sobre asuntos públicos, como respaldar políticas de seguridad más estrictas y, al mismo tiempo, defender causas sociales o ambientales. Esta diversidad de posturas, según su planteamiento, dificulta la organización de la ciudadanía bajo las estructuras partidistas tradicionales.De la Calle denominó este fenómeno «post-postmodernismo», una etapa en la que, según su interpretación, las sociedades buscan liderazgos con mayor autoridad, mientras mantienen una composición social cada vez más diversa y menos dispuesta a seguir las directrices de los partidos políticos.Tecnología, redes sociales y el futuro de la democraciaEn la conversación, el exvicepresidente también abordó los desafíos globales que enfrenta el sistema democrático, entre ellos la transformación de la participación ciudadana por las nuevas tecnologías, la influencia de las redes sociales en la política y el creciente poder de las grandes corporaciones transnacionales.A su juicio, estos fenómenos están modificando las relaciones entre los gobiernos y la ciudadanía, así como las formas tradicionales de representación y ejercicio del poder. Por ello, planteó que la democracia debe adaptarse a las nuevas condiciones sin abandonar los principios fundamentales del Estado de derecho.«¿Cómo va a ser la democracia del futuro? ¿Cómo incide la tecnología? ¿Cómo las redes sociales han alterado la política? ¿Cómo el poder de las grandes transnacionales vuelve a aparecer casi que por encima de los gobiernos?», se preguntó durante la entrevista.El exvicepresidente consideró que la respuesta a estos desafíos debe partir de una ciudadanía informada, libre y comprometida con el respeto a las instituciones, en lugar de reproducir las dinámicas de confrontación que caracterizan a algunos liderazgos populistas.En ese sentido, insistió en que responder al populismo con otro populismo no constituye una solución sostenible, pues puede reproducir las mismas prácticas de concentración del poder y debilitamiento de los contrapesos institucionales.
¿Qué lleva a un país que cuatro años atrás eligió por primera vez un gobierno de izquierda a inclinarse después por una propuesta de orden y mano dura? Esa es una de las preguntas centrales que Humberto de la Calle plantea en 'La democracia fatigada', su nuevo libro publicado por Debate, en el que analiza el giro político de Colombia y lo que este revela sobre el estado de su democracia.En el ensayo, que llegará a las librerías del país el 9 de septiembre y estará disponible en preventa desde el 1 de septiembre a través de los canales digitales de Penguin Random House Grupo Editorial, De la Calle sostiene que el cambio electoral no puede entenderse únicamente como un movimiento de izquierda a derecha. A su juicio, también refleja el cansancio generado por la polarización, la inseguridad, las promesas incumplidas y la creciente desconfianza hacia las instituciones.La democracia fatigada aborda así una preocupación que trasciende las elecciones de 2026: qué ocurre cuando el miedo y la frustración comienzan a pesar más que la confianza en los mecanismos democráticos. El autor examina fenómenos como el populismo, la corrupción, el clientelismo, la polarización, la crisis de representación, el impacto de las redes sociales y la tentación de modificar las reglas institucionales mediante una Asamblea Constituyente.Una extensa carreraDe la Calle participó como ministro de Gobierno en la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991, presidió como embajador ante la OEA las deliberaciones que llevaron a la Carta Democrática Interamericana y posteriormente encabezó la delegación del Gobierno colombiano en las negociaciones con las Farc que terminaron en el acuerdo de paz de 2016. Desde esa experiencia, analiza tanto el gobierno de Gustavo Petro como el ascenso de Abelardo De La Espriella bajo una misma preocupación: los límites que debe tener el poder dentro de una democracia liberal.Una de las principales advertencias del libro es que el populismo no pertenece exclusivamente a una corriente política y que el peligro aparece cuando las mayorías consideran los contrapesos, las instituciones y los procedimientos democráticos como obstáculos para alcanzar sus objetivos.
En una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar los alcances de la Jurisdicción Agraria y Rural, representantes del Gobierno, entidades del Estado y gremios expusieron sus posiciones sobre cómo y por qué debe implementarse este sistema judicial para resolver los conflictos sobre la tierra en Colombia.La advertencia de Humberto de la CalleEl exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto De la Calle, aseguró que la jurisdicción agraria es clave para cumplir lo pactado en La Habana, aunque advirtió que el modelo actual no corresponde completamente a lo acordado en las negociaciones.“Lo que realmente se pactó en La Habana no es lo que tenemos. Yo no quiero llorar sobre la leche derramada, pero desde el 2016 hice afirmaciones en ese sentido. Lo que realmente se pactó fue una jurisdicción agraria como órgano de cierre y, desafortunadamente, eso se tornó imposible por razones políticas y también incluso por la resistencia de las Cortes”, afirmó.Según indicó, la ausencia de ese órgano ha generado una bifurcación entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa que dificulta resolver con eficacia los conflictos agrarios.“Aquí todo lo que está aflorando es la ausencia de órgano de cierre autónomo de la jurisdicción agraria. Porque la persistencia de la bifurcación entre las dos jurisdicciones, civil y contencioso-administrativa, sí mantiene redundancias y, repito, bifurcaciones que van en contra de la necesidad de soluciones eficaces a esa conflictividad. No se pudo por razones políticas, luego toca ahora tratar de salvar lo que tenemos”, afirmó.Durante la audiencia pública, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, aseguró que la creación de esta jurisdicción permitiría atender conflictos relacionados con saneamiento de la propiedad, arrendamientos agrarios o prescripción adquisitiva de dominio.Además, aseguró que su existencia tiene base constitucional directa, “por lo que no depende de una decisión política posterior para su validez estructural y funcionamiento. En este orden de ideas no se requiere un desarrollo legal adicional necesariamente”, aseguró Cuervo.Adicionalmente, explicó que es viable designar despachos pilotos que operen transitoriamente con las reglas supletorias establecidas en el Código General del Proceso.“Han sido identificados por la política pública y que justifican una puesta en marcha progresiva, incluso antes de que exista una ley ordinaria que detalle competencias y procedimientos”, afirmó.La advertencia de la Agencia Nacional de TierrasEl director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, alertó que la ausencia de decisiones judiciales en materia agraria está frenando procesos clave para la reforma rural.Según explicó, el Gobierno ha gestionado cerca de 761 mil hectáreas, provenientes de compras voluntarias y de la incorporación de 288 mil hectáreas de baldíos de la Nación al Fondo de Tierras.Sin embargo, asegura que existen 2.592.000 mil hectáreas ofrecidas voluntariamente por propietarios para su venta al Estado, de las cuales más de 1,6 millones son presuntos baldíos y otras 600 mil tienen composición mixta de propiedad, lo que impide comprarlas o recuperar esos terrenos.“A la hora de iniciar el proceso agrario, hoy frente a la negación de la entrada en vigencia de la jurisdicción agraria, tampoco podemos resolver la facultad que ya teníamos en la ley 160. Entonces, propietarios que voluntariamente han ofertado sus tierras para cumplir el acuerdo de paz, ni se les puede comprar ni se recuperan los bienes baldíos de la nación. Porque en este limbo efectivamente se generan todas las trazabilidades concretas que ralentizan la posibilidad de que el acuerdo honre con su palabra la implementación del acuerdo de paz”, afirmó.El llamado al Congreso: 63 días para debatir la jurisdicciónDesde el Gobierno, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió que el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Agraria sigue sin ser debatido en el Congreso y que el tiempo, ya es limitado.“Ni la plenaria de la Cámara ni la plenaria del Senado han asumido los debates. 63 días hábiles nos quedan del periodo legislativo para que la jurisdicción agraria no sea nuevamente archivada. Este no es un debate que pueda esperar 70 años más. Este es un debate que llevamos dando desde 1936. Necesitamos entonces que el Congreso de la República llegue a discutir y queremos acá pedirle a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso y que en este periodo legislativo avance en la jurisdicción”, señaló.En el mismo sentido, el ministro de Justicia pidió al Congreso avanzar en el trámite de la iniciativa.“El Proyecto de Ley Estatutaria fue aprobado por el Congreso de la República y, tras el control automático de constitucionalidad mediante la Sentencia C-340, declaró su exequibilidad con algunas precisiones y condicionamientos en agosto de 2025. El 11 de noviembre, el expediente fue remitido al Congreso para que proceda conforme a sus competencias y adelante las actuaciones correspondientes sin que tengamos novedad a la fecha. Hacemos un llamado al presidente del Congreso para que proceda con el envío del expediente a la Presidencia para la sanción definitiva”, señalo el ministro.Jueces especializadosDurante la audiencia, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, pidió que los conflictos agrarios continúen siendo resueltos por jueces especializados en temas de tierra, con el fin de evitar que los procesos se diluyan entre distintas jurisdicciones.“Sería inadmisible cualquier retroceso en materia del debido proceso y en la garantía que hoy tiene la ciudadanía para que sean los jueces quienes resuelvan los procesos agrarios. Así las cosas, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia consideramos que, más allá de los errores técnicos de los que adolece la demanda, por los cuales la Corte debería declararse inhibida, el debate constitucional propuesto y la decisión que adopta este Tribunal será determinante para la estabilidad de los arreglos institucionales y las garantías judiciales que hoy existen para dar cumplimiento al acuerdo final”, aseguró.Bedoya advirtió que trasladar estas decisiones a entidades administrativas podría afectar la imparcialidad y el acceso a la justicia en los conflictos sobre la tierra.“Sería un enorme retroceso que se pierdan garantías y que se sacrifique la imparcialidad y autonomía judicial al confiar la decisión de estos conflictos sobre la tierra a un funcionario del Ejecutivo que responde como es natural a los propósitos y a la agenda del Gobierno de turno”, concluyó.
El exconstituyente Humberto de la Calle, uno de los redactores de la Carta Política de 1991, advirtió que esta iniciativa llega “en un mal momento” y que tiene un claro tono electoral.“Suena mucho como bandera de campaña. Hoy mismo a las 4 de la tarde lo que vamos a tener es manifestaciones en plena campaña electoral”, afirmó De la Calle, quien integró la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.El exministro y negociador de paz con las Farc consideró que cualquier modificación a la Constitución debe hacerse con serenidad y objetivos claros.“Si el país necesita cambiar algo en la Constitución, debe hacerse de forma ordenada y teniendo claro qué es lo que se quiere modificar. Esto se escucha como el señor que dice: voy a llamar al mecánico porque mi carro no funciona, pero no sabe qué es lo que no funciona”, explicó.Las declaraciones de De la Calle se suman a las de otros líderes políticos y académicos que consideran inconveniente abrir una Constituyente en medio de la polarización y el ambiente electoral que atraviesa el país.
En un comunicado, Humberto de la Calle, exjefe negociador de paz, y Sergio Jaramillo, ex alto comisionado para la Paz, emitieron una enérgica condena al asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, e hicieron fuertes críticas al presidente Gustavo Petro por su supuesta actitud de “desdén e indiferencia” frente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en lo referente a la seguridad de los opositores.De la Calle y Jaramillo subrayaron que la muerte de Uribe Turbay representa un “durísimo golpe al Acuerdo de Paz de 2016”. Los exfuncionarios recordaron que un principio fundamental del acuerdo era romper el vínculo entre política y armas, lo que implicó el desarme de las FARC y su tránsito a la vida civil. Asimismo, destacaron que el acuerdo establece la necesidad de “máximas garantías posibles para el ejercicio de la política”, en particular “mayores garantías para el ejercicio de la oposición política”. Este compromiso llevó a la aprobación de un Estatuto de Garantías para el ejercicio de la Oposición Política (Ley 1909 de 2018), tras 27 años de espera y 12 intentos fallidos.En la carta, De la Calle y Jaramillo, recuerdan que entre los derechos que el estatuto otorga a los partidos de oposición se incluyen:Disponer de los mismos medios que el presidente de la República para responder a su intervención en la instalación del Congreso.Exigir el mismo tiempo a la misma hora en las cadenas de televisión que las alocuciones presidenciales.Asumir automáticamente una curul en Senado, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales y Distritales cuando no ganan las elecciones, para hacer oposición al gobierno de turno.Recibir financiación adicional.Sin embargo, De la Calle y Jaramillo enfatizaron que el derecho a la protección es quizás el más importante en Colombia. En este sentido, el estatuto establece “programas de protección y seguridad… para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición”, en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, reglamentado por el Decreto 895 de 20176. Además, dicen, el acuerdo de paz requiere la “promoción de la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización” para fomentar el respeto por quienes ejercen la oposición política, señalando que estas “no pueden seguir siendo palabras sin sentido”.La crítica central de los exnegociadores apunta a que la actitud del presidente Petro frente al Sistema Integral de Seguridad y la promoción de la convivencia “ha sido la misma que ha tenido frente a todo el acuerdo: de desdén e indiferencia, por no decir de desprecio”. Mencionaron que el comisionado de paz del actual gobierno ha declarado un “divorcio” al interior del Gobierno y ha negado responsabilidad en la implementación del acuerdo.El comunicado también advierte que la paz y la seguridad son "dos caras de una misma moneda", señalando que regiones PDET han sido "abandonadas al crimen organizado" por el Gobierno. Acusan al Gobierno de empoderar a bandas y disidencias al sentarse con ellas "sin unos propósitos y métodos claros y sin un marco legal". Si se confirma que la llamada Segunda Marquetalia es responsable del crimen, la "terrible equivocación" del gobierno se haría evidente.Finalmente, De la Calle y Jaramillo hicieron un llamado a la acción, recordando que los procesos de paz no son lineales, citando el ejemplo de Irlanda del Norte. Instaron al Gobierno a “tomarse en serio su responsabilidad legal y constitucional de proteger a la oposición política, como a los firmantes de paz, implementando el Sistema Integral y fortaleciendo las tan debilitadas capacidades de inteligencia del Estado”. Concluyeron el comunicado rindiendo homenaje a Miguel Uribe Turbay como un "fiel y brillante opositor, entregado a la cosa pública, y un demócrata".
El exsenador Humberto de la Calle fue una de las voces que se pronunció sobre la polémica publicación del presidente Gustavo Petro sobre implementar una octava papeleta en las elecciones de 2026, algo que pronto desató controversia entre los sectores políticos del país.Petro anunció que en las próximas elecciones “será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente”. Incluso, mencionó que, tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, derogará el decreto que había firmado él y sus ministros para convocar una consulta popular.De La Calle, quien jugó un papel fundamental en la aprobación de la Constitución de 1991, enfatizó que esta propuesta no es más que un juego político, señalando que no se pueden tomar decisiones de esta magnitud sin el respaldo adecuado y los pasos legales establecidos."Uno no puede ser ingenuo porque acabamos de oír al propio ministro del Interior, el doctor Benedetti, diciendo que no iba a haber una ley, que era una papeleta adicional que iban a poner ahí en las urnas y esto coincide con unas expresiones del ministro de Justicia, que en algún momento dijo que con ocho millones de firmas se podía convocar una constituyente sin pasar por el Congreso", señaló.El exsenador recalcó que la propuesta es “absolutamente contraevidente”. Entonces, explicó que para una constituyente se necesita una ley y dos votaciones y, además, insistió en que no se puede hacer solo con la voluntad del ejecutivo.“Basta con saber leer para entender que, en la actual organización jurídica de Colombia, para una constituyente se necesita una ley y no una, sino dos votaciones, una votación en la que el pueblo convoca y otra en la que elige los constituyentes. De tal manera que a mí me parece que este es un artificio de carácter político que más bien busca meterle candela al proceso electoral que ya estamos viviendo", añadió.Comparativa con 1991De La Calle no escatimó en aclarar las diferencias entre el contexto de 1991 y la situación política actual. Dijo que, mientras que en los años 90 los ciudadanos clamaban por cambios y se organizaban en torno a la séptima papeleta, fruto de movilizaciones genuinas, hoy parece haber una falta de interés y movilización social que hace difícil imaginar un consenso similar.La séptima papeleta, que surgió de un movimiento estudiantil y nacional en un período de crisis, contrasta con la actual propuesta de Petro, que no ha logrado captar el mismo nivel de apoyo o motivación entre la población.Según De la Calle, hoy en día no se está viviendo la misma energía y consenso que llevó a la movilización para la constitución de 1991, en ese entonces.Caminos hacia el futuroAl preguntarle sobre cómo podría avanzar esta propuesta de Constituyente en el Congreso, De La Calle fue claro: "No le veo ninguna posibilidad. La situación política actual es extremadamente polarizada”.
El atentado de Miguel Uribe Turbay ha dado pie a un debate sobre la seguridad y diferencias alrededor de la política colombiana, que puedan poner en riesgo el futuro de la democracia en Colombia. Organizaciones y personalidades en diferentes partes del mundo han pedido que se baje el discurso de odio en el país y evitar que este tipo de hechos vuelvan a suceder de cara a las elecciones del 2026.Uno de ellos fue Humberto de La Calle, exsenador de la República, que, en diálogo con Noticias Caracol, hizo un llamado al odio constante que se da en redes sociales y que da pie a que este tipo de sucesos se presenten en la vida cotidiana de los colombianos, por supuesto, sin entrar a la opresión de la libre expresión."Hay mucha rabia y tristeza. Debemos separar ambas emociones, controlar la rabia porque esta va dirigida contra unos y otros. En el fondo es muy dañina. Pero la tristeza tiene una ventaja: nos une como comunidad humana, entonces diría dediquémonos a la tristeza y oremos por Miguel. Debemos hacer un pacto de candidatos y precandidatos para bajarle al tono a las palabras, que son los primeros pasos a la violencia. También un pacto para desmontar las bodegas de las redes, no estoy diciendo que no se puede opinar, pero es que sabemos todos que hay bodegas pagadas con el objetivo de hacer daño y llevar odio. Todo esto es consecuencia de ese debate”, indicó el exsenador.Pidió, además, al Gobierno nacional transparencia y sensatez para dar con los responsables de este lamentable hecho desde la unión de diferentes aspectos políticos. Opinión que compartió la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, María Margarita ‘Paca’ Zuleta, al decir que la violencia se encuentra permeada en la sociedad al no escuchar al otro con respeto para generar un debate político.“En la época de la violencia interpartidista, uno dijo que nieguen el saludo a quienes usen corbata de un determinado color porque ese es el partido que debemos aniquilar. No solo les negaron el saludo, sino les quitaron la vida (…) Todos somos responsables y no hagamos excepciones. No olvidemos que la primera obligación es la del Gobierno y del presidente del Repúblico, que fue elegido legítimamente y debe poner el ejemplo (…) Tengo que aplaudir de la intervención de ayer del presidente, que, además, se comprometió a investigar y llevar a cabo un proceso limpio. Un punto importante”, puntualizó de la Calle.
Humberto de la Calle, exvicepresidente, exministro, excongresista y uno de los principales arquitectos de la Constitución de 1991, lanzó una advertencia al calificar como “golpe de Estado” el intento del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular a través de un decreto que ignora la negativa del Senado. En entrevista con Mañanas Blu, De la Calle manifestó su profunda preocupación por lo que considera una “emergencia democrática” que amenaza los pilares del Estado de Derecho en Colombia.“Esto es realmente y literalmente un golpe de Estado, porque es la anulación de las ramas del poder”, sentenció De la Calle.La ruptura institucional: un decreto que “silencia” al CongresoEl punto de quiebre, según De la Calle, radica en la decisión del Ejecutivo de desconocer el voto del Senado respecto a la viabilidad de una consulta popular impulsada por el presidente. La Constitución colombiana exige concepto favorable del Congreso para avanzar en este tipo de mecanismos. Sin embargo, el Gobierno ha insinuado que procederá por decreto.“Si el Gobierno empieza a tomar la función de anular las decisiones del Congreso, termina marchitando al Congreso y silenciando a la rama judicial”, advirtió.Esta situación, a juicio del jurista, no solo vulnera la separación de poderes, sino que marca un precedente peligroso para el equilibrio institucional. De la Calle cuestiona que el Ejecutivo asuma competencias del Legislativo y del Judicial, y denuncia que esto rompe el contrato social básico en una democracia constitucional.¿Estrategia electoral de Petro disfrazada de legalidad?Para De la Calle, el trasfondo de esta maniobra no es estrictamente jurídico, sino electoral. El exvicepresidente ve en la iniciativa presidencial una narrativa populista que busca movilizar a las bases sociales en torno a un discurso de victimización institucional.“La estrategia es convertir la democracia constitucional en la democracia del bochinche, en la democracia callejera de aquí al 2026”, afirmó. Según él, el presidente Petro está menos interesado en realizar reformas concretas que en construir una narrativa donde él aparece como el redentor frustrado por las élites y el sistema. Esto, argumenta, serviría para fortalecer la opción del Pacto Histórico de cara a las elecciones presidenciales de 2026.Consejo de Estado, no la Corte ConstitucionalOtro aspecto de gran relevancia en la entrevista fue la discusión sobre la competencia jurídica para evaluar el decreto en cuestión. De la Calle rechazó el intento del Gobierno de remitir el control a la Corte Constitucional y no al Consejo de Estado, instancia que según él es la que debe pronunciarse en este caso.“Eso de pasar el tema a la Corte es una patraña. Es al Consejo de Estado a quien le corresponde decidir sobre actos administrativos como este decreto”, señaló, denunciando un intento de manipular la ruta legal para dilatar o evitar el control de legalidad.La necesidad de una defensa unificada de la democraciaDe la Calle llamó a la unidad de los sectores democráticos ante lo que calificó como una “ruptura profunda del orden constitucional”. Aunque reconoció que es poco probable una unión entre expresidentes como propuso Juan Manuel Santos, hizo un llamado a superar divisiones partidistas en defensa de las instituciones.“Este es el momento en que los demócratas deberíamos proteger la Constitución. Si nos dedicamos a cortar orejas de hace diez años, no entendemos la gravedad del momento”, dijo en tono crítico al ambiente polarizado.Críticas al nuevo ministro de Justicia, Eduardo MontealegreEl exministro también cuestionó la designación de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, a quien reconoció su formación, pero criticó por defender tesis jurídicas que calificó de “delirantes” y por intentar justificar legalmente lo que considera una desviación autoritaria.“Montealegre es un hombre con formación, pero sus argumentos son pompas de jabón. Juegos de luces para distraer la realidad de que se está sacando del ring al Senado”, concluyó.
Ante el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y acompañado de varios dirigentes verdes cercanos al Gobierno como el embajador en Argentina, Camilo Romero; el director del SENA, Jorge Londoño; el exsenador Antonio Sanguino; la representante Martha Alfonso, entre otros, tomó posesión de su curul el exembajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, en reemplazo de Humberto De La Calle.Con la llegada de Muñoz, el Gobierno consolida mayorías en la Comisión Primera del Senado, ya que contaría tanto con el voto de Muñoz como el de Temístocles Ortega, a pesar de hacer parte del opositor Cambio Radical.“Vamos a hacer un trabajo con todo el respeto, pero con toda la contundencia para sacar adelante estos proyectos que han estado allí estancados. Está la reforma a la salud, que hay que avanzar con ella en la Plenaria y la reforma laboral hay que sacarla en el Senado”, señaló el nuevo parlamentario.Al mismo tiempo que se posesionaba Muñoz, el Partido Verde Oxígeno anunció que iniciarán acciones legales buscando recuperar esa curul, a lo que Muñoz sólo se refirió que respeta las decisiones que emitan la institucionalidad.“El Consejo Nacional Electoral ya emitió un concepto, se certificó quien seguía y eso le compete al CNE. En este caso, si la doctora Ingrid (Betancourt) desea hacerlo, pues tiene todo el derecho también, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tienen derecho a poner la demanda que consideren necesaria, tiene todo el derecho”, dijo Muñoz.
El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, salió al paso de las versiones sobre un supuesto enfrentamiento con Jorge Carrascal durante el Mundial, luego de que medios de comunicación brasileños difundieran información sobre una presunta discusión entre ambos. En entrevista con Gol Caracol, el entrenador argentino negó categóricamente que hubiera tenido algún altercado con el futbolista y aseguró que nunca existió una pelea que provocara un distanciamiento con el jugador."Es mentira, mentira absoluta que discutimos, que nos peleamos, nada", afirmó.El argentino también explicó que Carrascal ha hecho parte de su proceso al frente del combinado nacional y recordó que el mediocampista estuvo presente tanto en la Copa América como en el Mundial 2026, desde el comienzo hasta el final de la competencia. Además, destacó que el futbolista atraviesa un buen momento deportivo y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a integrar las convocatorias de la tricolor."La selección está abierta para todos, así que no pasó nada", manifestó el seleccionador, descartando cualquier problema personal con el jugador.Llamado de atenciónEl entrenador también aclaró de dónde surgieron estas versiones. Según su explicación, después del compromiso frente a Ghana se presentó un llamado de atención a algunos integrantes de la delegación que no habían disputado el partido y que inicialmente no querían atender a los medios de comunicación. Lorenzo señaló que la situación se produjo durante la mañana en Vancouver, después del partido pues el equipo había regresado al hotel alrededor de las 2:00 de la mañana.Por otra parte, Lorenzo se refirió al regreso de la Selección Colombia a Cali, ciudad que volverá a recibir al combinado nacional después de casi 30 años. El técnico manifestó su alegría por disputar un compromiso en una plaza que considera fundamental para el fútbol colombiano y resaltó la oportunidad de contribuir con los damnificados del terremoto del 10 de agosto, pues parte de los recursos de la boletería estarán destinados a esta causa."Es una alegría muy grande para nosotros poder colaborar con esta causa", expresó, al destacar también la pasión y el aporte de los caleños al fútbol nacional.Finalmente, el seleccionador habló sobre la presencia de futbolistas jóvenes en el equipo y resaltó la importancia de contar con jugadores que hayan recorrido previamente los procesos de las categorías juveniles.Todos los convocados Colombia vs. ChileLos partidos contra los australes serán el 13 y 17 de noviembre.Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)Devis Vásquez – AS Roma (ITA)Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)Daniel Arcila – Club León (MEX)Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)Jhon Arias – Palmeiras (BRA)Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)Juan Cabal – Juventus FC (ITA)Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (ENG)Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)Óscar Perea – Club América (MEX)Camilo Mena– Korona Kielce (POL)Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá resolvió amparar los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la excanciller Laura Camila Sarabia, frente a las afirmaciones realizadas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.La decisión judicial está relacionada con los señalamientos hechos por Rodríguez sobre una presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro, así como con afirmaciones sobre el supuesto uso de información de carácter íntimo para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos. De acuerdo con la decisión, el despacho judicial ordenó a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo realizar una rectificación frente a esas afirmaciones. Para cumplir con la orden, deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar un texto de rectificación y leerlo íntegramente en su voz a través de una grabación en video.La orden establece que la grabación podrá realizarse con asistencia técnica y que Rodríguez Fajardo no tendrá la obligación de mostrar su rostro durante el procedimiento dispuesto por el juzgado. Tras conocerse la decisión, Laura Sarabia se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró: “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación”.
La Alcaldía de Cali continúa adelantando acciones para atender las afectaciones registradas en el sector de Chiminangos tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes precisamente hoy salieron a protestar para exigir respuestas y soluciones frente a las problemáticas que enfrentan.Al respecto, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó que se realiza una evaluación detallada de las fases uno y dos, con ingenieros de la dependencia y expertos de Propacífico, para determinar el estado de las estructuras y las intervenciones necesarias. Estas deberán contar con estudios y diseños técnicos que cumplan con la normatividad vigente."Lo hemos explicado desde el primer momento, son estructuras que fallaron en sus escaleras y algunos bloques tienen desplazamiento laterales, aquí que hemos hecho es una revisión muy minuciosa en fase uno y fase dos por parte de los ingenieros de la Alcaldía y también con Propacífico, hemos hecho una revisión integral. Estos arreglos no se hacen de manera ligera, tienen que ser sometidos a unos diseños estructurales", dijo Peñuela.Por otra parte, frente a la suspensión del servicio de gas natural domiciliario, la Administración Distrital solicitó a Gases de Occidente los soportes técnicos que justificaron la interrupción. Esta información será analizada en una mesa técnica para definir alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio y reducir las afectaciones a la comunidad."Hemos estado trabajando desde el primer momento para que esto no suceda, le hemos pedidos aspectos técnicos a Gases De Occidente que nos digan por qué y cuál es la base con la que ellos determinan esto. Nosotros como Secretaría sabemos que ese suministro es importante", expresó el funcionario.
La Superintendencia Nacional de Salud identificó posibles inconsistencias por $356.500 millones en las solicitudes de giro directo presentadas por las EPS del régimen subsidiado durante septiembre, octubre y noviembre de 2026. La cifra corresponde al 8,25 % de los $4,3 billones que fueron objeto de revisión por parte de la entidad.De acuerdo con la Supersalud, durante octubre y noviembre se identificaron alertas por más de $289.069 millones, relacionadas con acuerdos que registraban baja ejecución, anticipos pendientes de legalización, retrasos en los contratos y posibles problemas en la destinación de los recursos. A partir de estos hallazgos, la entidad solicitó ajustes, verificó los soportes presentados por las EPS y adelantó acciones para corregir las inconsistencias detectadas en la información reportada.Adicionalmente, como parte de las medidas preventivas, durante septiembre fueron excluidos temporalmente 26 prestadores del mecanismo de giro directo, por un valor de $38.724 millones. Según la Superintendencia, posteriormente estos recursos fueron redistribuidos por las EPS entre otros prestadores de sus respectivas redes de atención.La entidad señaló que continuará con el seguimiento a estos procesos, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, para verificar que los recursos destinados a la atención en salud lleguen a los hospitales, clínicas y proveedores encargados de prestar los servicios a los usuarios.
El abogado Jaime Granados, en representación de la familia del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, radicó un escrito de impugnación contra el fallo que negó una tutela presentada por los hijos del coronel, en relación con la serie Palacio, estrenada por Netflix el 6 de noviembre de 2026.La acción busca que los espectadores conozcan la verdad judicial sobre el oficial y que se protejan los derechos fundamentales de su familia.La producción, compuesta por ocho episodios, aborda la toma del Palacio de Justicia por parte de integrantes de la guerrilla del M-19. Antes de su estreno, Miguel Darío, Alfonso Hernando y Camilo Andrés Plazas Vega interpusieron una tutela contra Dynamo Producciones y Netflix.El caso fue estudiado por el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá, que el 4 de noviembre declaró improcedente la acción. Los demandantes solicitaban que la plataforma incluyera advertencias para aclarar que se trataba de una obra de ficción y que se mencionara la absolución de su padre por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2015.En su decisión, el juez consideró que los reclamos se fundamentaban en conjeturas y especulaciones, debido a que la serie todavía no se había estrenado en su totalidad cuando se presentó la tutela.Ahora, con la serie disponible en Netflix, Granados afirma que las circunstancias que llevaron al juez a negar la tutela cambiaron, porque el contenido ya puede ser examinado directamente.En el escrito señala que uno de los principales argumentos del fallo impugnado fue que la producción no había sido exhibida y que, por tanto, las posibles afectaciones permanecían en el terreno de la conjetura.Sin embargo, afirma que el estreno convirtió esas preocupaciones en hechos verificables. Por esa razón, solicita al juez de segunda instancia examinar lo que la serie presenta sobre el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega.Granados sostiene que la producción muestra al oficial como una persona que dispara contra el Palacio de Justicia, avala torturas y es condenada por desaparición forzada, pese a que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.En la impugnación, el abogado expone cinco derechos fundamentales que considera afectados por la manera en que se representa al coronel retirado y por las consecuencias que esa narración tendría sobre sus familiares.Sobre el derecho a la honra, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política, Granados argumenta que presentar al padre de sus representados ante millones de espectadores como responsable de disparar contra el Palacio, avalar torturas y participar en desapariciones afecta la estimación social de sus hijos, quienes llevan su apellido y son identificados públicamente con él.En cuanto al buen nombre, invocando el artículo 15 de la Constitución, sostiene que la reputación de los hijos de Plazas Vega queda comprometida al asociar a su familia con crímenes que, según argumenta, la justicia no atribuyó a su padre. También cuestiona que la serie involucre en la trama a la madre y al suegro de sus representados, identificados con sus nombres reales.Frente al derecho a la presunción de inocencia, el abogado recuerda que el artículo 29 constitucional establece que toda persona debe presumirse inocente mientras no exista una declaración judicial de culpabilidad. En este caso, afirma que no se trata únicamente de una presunción, sino de una absolución en firme. Por ello, considera que atribuirle al coronel retirado desapariciones por las cuales fue absuelto desconoce esa garantía y afecta su reputación ante la opinión pública.También le suma el derecho a la dignidad humana, porque, con base en el artículo 1 de la Constitución, explica que sus representados han tenido que afrontar nuevamente el señalamiento público contra su padre, después de acompañarlo durante más de ocho años de privación de la libertad y de conocer posteriormente su absolución.A todas esas claridades les añade la verdad y la memoria histórica en su dimensión individual. La impugnación también cita la sentencia SU-334 de 2026 de la Corte Constitucional. Según la interpretación expuesta por el abogado, presentar una obra de ficción sobre los hechos del Palacio de Justicia como si fuera la verdad de lo ocurrido puede vulnerar el derecho individual a la verdad y a la memoria histórica, tanto de la persona representada como de sus familiares.En este punto, cuestiona que la absolución de Plazas Vega aparezca únicamente en una nota final de pocos segundos, después de ocho capítulos que, a su juicio, ponen en entredicho la decisión judicial.El argumento central es la absolución. Uno de los ejes del recurso es la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, contenida en la sentencia SP17466-2015, mediante la cual se examinó la prueba relacionada con la presunta participación del coronel retirado en las desapariciones ocurridas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.Granados cita el numeral 17.16 de esa providencia para señalar que la Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar a Plazas Vega por esos hechos.Asimismo, hace referencia al numeral, en el que, según expone, el alto tribunal determinó que el coronel no tenía bajo su responsabilidad a las personas que eran trasladadas a la Casa del Florero ni decidía sobre su suerte, pues esa función correspondía al B-2 de la Brigada XIII.El abogado también destaca que en ese mismo apartado la Corte señaló que no existían pruebas de que Plazas Vega hubiera ordenado el traslado o la tortura de las dos personas por las que había sido condenado.Con estos argumentos, la defensa busca que el juez de segunda instancia reevalúe la decisión que negó la tutela y examine las posibles afectaciones derivadas del contenido ya estrenado de Palacio.