¿Qué lleva a un país que cuatro años atrás eligió por primera vez un gobierno de izquierda a inclinarse después por una propuesta de orden y mano dura? Esa es una de las preguntas centrales que Humberto de la Calle plantea en 'La democracia fatigada', su nuevo libro publicado por Debate, en el que analiza el giro político de Colombia y lo que este revela sobre el estado de su democracia.En el ensayo, que llegará a las librerías del país el 9 de septiembre y estará disponible en preventa desde el 1 de septiembre a través de los canales digitales de Penguin Random House Grupo Editorial, De la Calle sostiene que el cambio electoral no puede entenderse únicamente como un movimiento de izquierda a derecha. A su juicio, también refleja el cansancio generado por la polarización, la inseguridad, las promesas incumplidas y la creciente desconfianza hacia las instituciones.La democracia fatigada aborda así una preocupación que trasciende las elecciones de 2026: qué ocurre cuando el miedo y la frustración comienzan a pesar más que la confianza en los mecanismos democráticos. El autor examina fenómenos como el populismo, la corrupción, el clientelismo, la polarización, la crisis de representación, el impacto de las redes sociales y la tentación de modificar las reglas institucionales mediante una Asamblea Constituyente.Una extensa carreraDe la Calle participó como ministro de Gobierno en la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991, presidió como embajador ante la OEA las deliberaciones que llevaron a la Carta Democrática Interamericana y posteriormente encabezó la delegación del Gobierno colombiano en las negociaciones con las Farc que terminaron en el acuerdo de paz de 2016. Desde esa experiencia, analiza tanto el gobierno de Gustavo Petro como el ascenso de Abelardo De La Espriella bajo una misma preocupación: los límites que debe tener el poder dentro de una democracia liberal.Una de las principales advertencias del libro es que el populismo no pertenece exclusivamente a una corriente política y que el peligro aparece cuando las mayorías consideran los contrapesos, las instituciones y los procedimientos democráticos como obstáculos para alcanzar sus objetivos.
En una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar los alcances de la Jurisdicción Agraria y Rural, representantes del Gobierno, entidades del Estado y gremios expusieron sus posiciones sobre cómo y por qué debe implementarse este sistema judicial para resolver los conflictos sobre la tierra en Colombia.La advertencia de Humberto de la CalleEl exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto De la Calle, aseguró que la jurisdicción agraria es clave para cumplir lo pactado en La Habana, aunque advirtió que el modelo actual no corresponde completamente a lo acordado en las negociaciones.“Lo que realmente se pactó en La Habana no es lo que tenemos. Yo no quiero llorar sobre la leche derramada, pero desde el 2016 hice afirmaciones en ese sentido. Lo que realmente se pactó fue una jurisdicción agraria como órgano de cierre y, desafortunadamente, eso se tornó imposible por razones políticas y también incluso por la resistencia de las Cortes”, afirmó.Según indicó, la ausencia de ese órgano ha generado una bifurcación entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa que dificulta resolver con eficacia los conflictos agrarios.“Aquí todo lo que está aflorando es la ausencia de órgano de cierre autónomo de la jurisdicción agraria. Porque la persistencia de la bifurcación entre las dos jurisdicciones, civil y contencioso-administrativa, sí mantiene redundancias y, repito, bifurcaciones que van en contra de la necesidad de soluciones eficaces a esa conflictividad. No se pudo por razones políticas, luego toca ahora tratar de salvar lo que tenemos”, afirmó.Durante la audiencia pública, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, aseguró que la creación de esta jurisdicción permitiría atender conflictos relacionados con saneamiento de la propiedad, arrendamientos agrarios o prescripción adquisitiva de dominio.Además, aseguró que su existencia tiene base constitucional directa, “por lo que no depende de una decisión política posterior para su validez estructural y funcionamiento. En este orden de ideas no se requiere un desarrollo legal adicional necesariamente”, aseguró Cuervo.Adicionalmente, explicó que es viable designar despachos pilotos que operen transitoriamente con las reglas supletorias establecidas en el Código General del Proceso.“Han sido identificados por la política pública y que justifican una puesta en marcha progresiva, incluso antes de que exista una ley ordinaria que detalle competencias y procedimientos”, afirmó.La advertencia de la Agencia Nacional de TierrasEl director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, alertó que la ausencia de decisiones judiciales en materia agraria está frenando procesos clave para la reforma rural.Según explicó, el Gobierno ha gestionado cerca de 761 mil hectáreas, provenientes de compras voluntarias y de la incorporación de 288 mil hectáreas de baldíos de la Nación al Fondo de Tierras.Sin embargo, asegura que existen 2.592.000 mil hectáreas ofrecidas voluntariamente por propietarios para su venta al Estado, de las cuales más de 1,6 millones son presuntos baldíos y otras 600 mil tienen composición mixta de propiedad, lo que impide comprarlas o recuperar esos terrenos.“A la hora de iniciar el proceso agrario, hoy frente a la negación de la entrada en vigencia de la jurisdicción agraria, tampoco podemos resolver la facultad que ya teníamos en la ley 160. Entonces, propietarios que voluntariamente han ofertado sus tierras para cumplir el acuerdo de paz, ni se les puede comprar ni se recuperan los bienes baldíos de la nación. Porque en este limbo efectivamente se generan todas las trazabilidades concretas que ralentizan la posibilidad de que el acuerdo honre con su palabra la implementación del acuerdo de paz”, afirmó.El llamado al Congreso: 63 días para debatir la jurisdicciónDesde el Gobierno, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió que el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Agraria sigue sin ser debatido en el Congreso y que el tiempo, ya es limitado.“Ni la plenaria de la Cámara ni la plenaria del Senado han asumido los debates. 63 días hábiles nos quedan del periodo legislativo para que la jurisdicción agraria no sea nuevamente archivada. Este no es un debate que pueda esperar 70 años más. Este es un debate que llevamos dando desde 1936. Necesitamos entonces que el Congreso de la República llegue a discutir y queremos acá pedirle a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso y que en este periodo legislativo avance en la jurisdicción”, señaló.En el mismo sentido, el ministro de Justicia pidió al Congreso avanzar en el trámite de la iniciativa.“El Proyecto de Ley Estatutaria fue aprobado por el Congreso de la República y, tras el control automático de constitucionalidad mediante la Sentencia C-340, declaró su exequibilidad con algunas precisiones y condicionamientos en agosto de 2025. El 11 de noviembre, el expediente fue remitido al Congreso para que proceda conforme a sus competencias y adelante las actuaciones correspondientes sin que tengamos novedad a la fecha. Hacemos un llamado al presidente del Congreso para que proceda con el envío del expediente a la Presidencia para la sanción definitiva”, señalo el ministro.Jueces especializadosDurante la audiencia, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, pidió que los conflictos agrarios continúen siendo resueltos por jueces especializados en temas de tierra, con el fin de evitar que los procesos se diluyan entre distintas jurisdicciones.“Sería inadmisible cualquier retroceso en materia del debido proceso y en la garantía que hoy tiene la ciudadanía para que sean los jueces quienes resuelvan los procesos agrarios. Así las cosas, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia consideramos que, más allá de los errores técnicos de los que adolece la demanda, por los cuales la Corte debería declararse inhibida, el debate constitucional propuesto y la decisión que adopta este Tribunal será determinante para la estabilidad de los arreglos institucionales y las garantías judiciales que hoy existen para dar cumplimiento al acuerdo final”, aseguró.Bedoya advirtió que trasladar estas decisiones a entidades administrativas podría afectar la imparcialidad y el acceso a la justicia en los conflictos sobre la tierra.“Sería un enorme retroceso que se pierdan garantías y que se sacrifique la imparcialidad y autonomía judicial al confiar la decisión de estos conflictos sobre la tierra a un funcionario del Ejecutivo que responde como es natural a los propósitos y a la agenda del Gobierno de turno”, concluyó.
El exconstituyente Humberto de la Calle, uno de los redactores de la Carta Política de 1991, advirtió que esta iniciativa llega “en un mal momento” y que tiene un claro tono electoral.“Suena mucho como bandera de campaña. Hoy mismo a las 4 de la tarde lo que vamos a tener es manifestaciones en plena campaña electoral”, afirmó De la Calle, quien integró la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.El exministro y negociador de paz con las Farc consideró que cualquier modificación a la Constitución debe hacerse con serenidad y objetivos claros.“Si el país necesita cambiar algo en la Constitución, debe hacerse de forma ordenada y teniendo claro qué es lo que se quiere modificar. Esto se escucha como el señor que dice: voy a llamar al mecánico porque mi carro no funciona, pero no sabe qué es lo que no funciona”, explicó.Las declaraciones de De la Calle se suman a las de otros líderes políticos y académicos que consideran inconveniente abrir una Constituyente en medio de la polarización y el ambiente electoral que atraviesa el país.
En un comunicado, Humberto de la Calle, exjefe negociador de paz, y Sergio Jaramillo, ex alto comisionado para la Paz, emitieron una enérgica condena al asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, e hicieron fuertes críticas al presidente Gustavo Petro por su supuesta actitud de “desdén e indiferencia” frente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en lo referente a la seguridad de los opositores.De la Calle y Jaramillo subrayaron que la muerte de Uribe Turbay representa un “durísimo golpe al Acuerdo de Paz de 2016”. Los exfuncionarios recordaron que un principio fundamental del acuerdo era romper el vínculo entre política y armas, lo que implicó el desarme de las FARC y su tránsito a la vida civil. Asimismo, destacaron que el acuerdo establece la necesidad de “máximas garantías posibles para el ejercicio de la política”, en particular “mayores garantías para el ejercicio de la oposición política”. Este compromiso llevó a la aprobación de un Estatuto de Garantías para el ejercicio de la Oposición Política (Ley 1909 de 2018), tras 27 años de espera y 12 intentos fallidos.En la carta, De la Calle y Jaramillo, recuerdan que entre los derechos que el estatuto otorga a los partidos de oposición se incluyen:Disponer de los mismos medios que el presidente de la República para responder a su intervención en la instalación del Congreso.Exigir el mismo tiempo a la misma hora en las cadenas de televisión que las alocuciones presidenciales.Asumir automáticamente una curul en Senado, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales y Distritales cuando no ganan las elecciones, para hacer oposición al gobierno de turno.Recibir financiación adicional.Sin embargo, De la Calle y Jaramillo enfatizaron que el derecho a la protección es quizás el más importante en Colombia. En este sentido, el estatuto establece “programas de protección y seguridad… para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición”, en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, reglamentado por el Decreto 895 de 20176. Además, dicen, el acuerdo de paz requiere la “promoción de la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización” para fomentar el respeto por quienes ejercen la oposición política, señalando que estas “no pueden seguir siendo palabras sin sentido”.La crítica central de los exnegociadores apunta a que la actitud del presidente Petro frente al Sistema Integral de Seguridad y la promoción de la convivencia “ha sido la misma que ha tenido frente a todo el acuerdo: de desdén e indiferencia, por no decir de desprecio”. Mencionaron que el comisionado de paz del actual gobierno ha declarado un “divorcio” al interior del Gobierno y ha negado responsabilidad en la implementación del acuerdo.El comunicado también advierte que la paz y la seguridad son "dos caras de una misma moneda", señalando que regiones PDET han sido "abandonadas al crimen organizado" por el Gobierno. Acusan al Gobierno de empoderar a bandas y disidencias al sentarse con ellas "sin unos propósitos y métodos claros y sin un marco legal". Si se confirma que la llamada Segunda Marquetalia es responsable del crimen, la "terrible equivocación" del gobierno se haría evidente.Finalmente, De la Calle y Jaramillo hicieron un llamado a la acción, recordando que los procesos de paz no son lineales, citando el ejemplo de Irlanda del Norte. Instaron al Gobierno a “tomarse en serio su responsabilidad legal y constitucional de proteger a la oposición política, como a los firmantes de paz, implementando el Sistema Integral y fortaleciendo las tan debilitadas capacidades de inteligencia del Estado”. Concluyeron el comunicado rindiendo homenaje a Miguel Uribe Turbay como un "fiel y brillante opositor, entregado a la cosa pública, y un demócrata".
El exsenador Humberto de la Calle fue una de las voces que se pronunció sobre la polémica publicación del presidente Gustavo Petro sobre implementar una octava papeleta en las elecciones de 2026, algo que pronto desató controversia entre los sectores políticos del país.Petro anunció que en las próximas elecciones “será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente”. Incluso, mencionó que, tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, derogará el decreto que había firmado él y sus ministros para convocar una consulta popular.De La Calle, quien jugó un papel fundamental en la aprobación de la Constitución de 1991, enfatizó que esta propuesta no es más que un juego político, señalando que no se pueden tomar decisiones de esta magnitud sin el respaldo adecuado y los pasos legales establecidos."Uno no puede ser ingenuo porque acabamos de oír al propio ministro del Interior, el doctor Benedetti, diciendo que no iba a haber una ley, que era una papeleta adicional que iban a poner ahí en las urnas y esto coincide con unas expresiones del ministro de Justicia, que en algún momento dijo que con ocho millones de firmas se podía convocar una constituyente sin pasar por el Congreso", señaló.El exsenador recalcó que la propuesta es “absolutamente contraevidente”. Entonces, explicó que para una constituyente se necesita una ley y dos votaciones y, además, insistió en que no se puede hacer solo con la voluntad del ejecutivo.“Basta con saber leer para entender que, en la actual organización jurídica de Colombia, para una constituyente se necesita una ley y no una, sino dos votaciones, una votación en la que el pueblo convoca y otra en la que elige los constituyentes. De tal manera que a mí me parece que este es un artificio de carácter político que más bien busca meterle candela al proceso electoral que ya estamos viviendo", añadió.Comparativa con 1991De La Calle no escatimó en aclarar las diferencias entre el contexto de 1991 y la situación política actual. Dijo que, mientras que en los años 90 los ciudadanos clamaban por cambios y se organizaban en torno a la séptima papeleta, fruto de movilizaciones genuinas, hoy parece haber una falta de interés y movilización social que hace difícil imaginar un consenso similar.La séptima papeleta, que surgió de un movimiento estudiantil y nacional en un período de crisis, contrasta con la actual propuesta de Petro, que no ha logrado captar el mismo nivel de apoyo o motivación entre la población.Según De la Calle, hoy en día no se está viviendo la misma energía y consenso que llevó a la movilización para la constitución de 1991, en ese entonces.Caminos hacia el futuroAl preguntarle sobre cómo podría avanzar esta propuesta de Constituyente en el Congreso, De La Calle fue claro: "No le veo ninguna posibilidad. La situación política actual es extremadamente polarizada”.
El atentado de Miguel Uribe Turbay ha dado pie a un debate sobre la seguridad y diferencias alrededor de la política colombiana, que puedan poner en riesgo el futuro de la democracia en Colombia. Organizaciones y personalidades en diferentes partes del mundo han pedido que se baje el discurso de odio en el país y evitar que este tipo de hechos vuelvan a suceder de cara a las elecciones del 2026.Uno de ellos fue Humberto de La Calle, exsenador de la República, que, en diálogo con Noticias Caracol, hizo un llamado al odio constante que se da en redes sociales y que da pie a que este tipo de sucesos se presenten en la vida cotidiana de los colombianos, por supuesto, sin entrar a la opresión de la libre expresión."Hay mucha rabia y tristeza. Debemos separar ambas emociones, controlar la rabia porque esta va dirigida contra unos y otros. En el fondo es muy dañina. Pero la tristeza tiene una ventaja: nos une como comunidad humana, entonces diría dediquémonos a la tristeza y oremos por Miguel. Debemos hacer un pacto de candidatos y precandidatos para bajarle al tono a las palabras, que son los primeros pasos a la violencia. También un pacto para desmontar las bodegas de las redes, no estoy diciendo que no se puede opinar, pero es que sabemos todos que hay bodegas pagadas con el objetivo de hacer daño y llevar odio. Todo esto es consecuencia de ese debate”, indicó el exsenador.Pidió, además, al Gobierno nacional transparencia y sensatez para dar con los responsables de este lamentable hecho desde la unión de diferentes aspectos políticos. Opinión que compartió la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, María Margarita ‘Paca’ Zuleta, al decir que la violencia se encuentra permeada en la sociedad al no escuchar al otro con respeto para generar un debate político.“En la época de la violencia interpartidista, uno dijo que nieguen el saludo a quienes usen corbata de un determinado color porque ese es el partido que debemos aniquilar. No solo les negaron el saludo, sino les quitaron la vida (…) Todos somos responsables y no hagamos excepciones. No olvidemos que la primera obligación es la del Gobierno y del presidente del Repúblico, que fue elegido legítimamente y debe poner el ejemplo (…) Tengo que aplaudir de la intervención de ayer del presidente, que, además, se comprometió a investigar y llevar a cabo un proceso limpio. Un punto importante”, puntualizó de la Calle.
Humberto de la Calle, exvicepresidente, exministro, excongresista y uno de los principales arquitectos de la Constitución de 1991, lanzó una advertencia al calificar como “golpe de Estado” el intento del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular a través de un decreto que ignora la negativa del Senado. En entrevista con Mañanas Blu, De la Calle manifestó su profunda preocupación por lo que considera una “emergencia democrática” que amenaza los pilares del Estado de Derecho en Colombia.“Esto es realmente y literalmente un golpe de Estado, porque es la anulación de las ramas del poder”, sentenció De la Calle.La ruptura institucional: un decreto que “silencia” al CongresoEl punto de quiebre, según De la Calle, radica en la decisión del Ejecutivo de desconocer el voto del Senado respecto a la viabilidad de una consulta popular impulsada por el presidente. La Constitución colombiana exige concepto favorable del Congreso para avanzar en este tipo de mecanismos. Sin embargo, el Gobierno ha insinuado que procederá por decreto.“Si el Gobierno empieza a tomar la función de anular las decisiones del Congreso, termina marchitando al Congreso y silenciando a la rama judicial”, advirtió.Esta situación, a juicio del jurista, no solo vulnera la separación de poderes, sino que marca un precedente peligroso para el equilibrio institucional. De la Calle cuestiona que el Ejecutivo asuma competencias del Legislativo y del Judicial, y denuncia que esto rompe el contrato social básico en una democracia constitucional.¿Estrategia electoral de Petro disfrazada de legalidad?Para De la Calle, el trasfondo de esta maniobra no es estrictamente jurídico, sino electoral. El exvicepresidente ve en la iniciativa presidencial una narrativa populista que busca movilizar a las bases sociales en torno a un discurso de victimización institucional.“La estrategia es convertir la democracia constitucional en la democracia del bochinche, en la democracia callejera de aquí al 2026”, afirmó. Según él, el presidente Petro está menos interesado en realizar reformas concretas que en construir una narrativa donde él aparece como el redentor frustrado por las élites y el sistema. Esto, argumenta, serviría para fortalecer la opción del Pacto Histórico de cara a las elecciones presidenciales de 2026.Consejo de Estado, no la Corte ConstitucionalOtro aspecto de gran relevancia en la entrevista fue la discusión sobre la competencia jurídica para evaluar el decreto en cuestión. De la Calle rechazó el intento del Gobierno de remitir el control a la Corte Constitucional y no al Consejo de Estado, instancia que según él es la que debe pronunciarse en este caso.“Eso de pasar el tema a la Corte es una patraña. Es al Consejo de Estado a quien le corresponde decidir sobre actos administrativos como este decreto”, señaló, denunciando un intento de manipular la ruta legal para dilatar o evitar el control de legalidad.La necesidad de una defensa unificada de la democraciaDe la Calle llamó a la unidad de los sectores democráticos ante lo que calificó como una “ruptura profunda del orden constitucional”. Aunque reconoció que es poco probable una unión entre expresidentes como propuso Juan Manuel Santos, hizo un llamado a superar divisiones partidistas en defensa de las instituciones.“Este es el momento en que los demócratas deberíamos proteger la Constitución. Si nos dedicamos a cortar orejas de hace diez años, no entendemos la gravedad del momento”, dijo en tono crítico al ambiente polarizado.Críticas al nuevo ministro de Justicia, Eduardo MontealegreEl exministro también cuestionó la designación de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, a quien reconoció su formación, pero criticó por defender tesis jurídicas que calificó de “delirantes” y por intentar justificar legalmente lo que considera una desviación autoritaria.“Montealegre es un hombre con formación, pero sus argumentos son pompas de jabón. Juegos de luces para distraer la realidad de que se está sacando del ring al Senado”, concluyó.
Ante el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y acompañado de varios dirigentes verdes cercanos al Gobierno como el embajador en Argentina, Camilo Romero; el director del SENA, Jorge Londoño; el exsenador Antonio Sanguino; la representante Martha Alfonso, entre otros, tomó posesión de su curul el exembajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, en reemplazo de Humberto De La Calle.Con la llegada de Muñoz, el Gobierno consolida mayorías en la Comisión Primera del Senado, ya que contaría tanto con el voto de Muñoz como el de Temístocles Ortega, a pesar de hacer parte del opositor Cambio Radical.“Vamos a hacer un trabajo con todo el respeto, pero con toda la contundencia para sacar adelante estos proyectos que han estado allí estancados. Está la reforma a la salud, que hay que avanzar con ella en la Plenaria y la reforma laboral hay que sacarla en el Senado”, señaló el nuevo parlamentario.Al mismo tiempo que se posesionaba Muñoz, el Partido Verde Oxígeno anunció que iniciarán acciones legales buscando recuperar esa curul, a lo que Muñoz sólo se refirió que respeta las decisiones que emitan la institucionalidad.“El Consejo Nacional Electoral ya emitió un concepto, se certificó quien seguía y eso le compete al CNE. En este caso, si la doctora Ingrid (Betancourt) desea hacerlo, pues tiene todo el derecho también, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tienen derecho a poner la demanda que consideren necesaria, tiene todo el derecho”, dijo Muñoz.
El senador Humberto de la Calle anunció su renuncia a su curul en el Senado de la República, decisión que marca un nuevo capítulo en su extensa trayectoria política. En entrevista con El Radar, De la Calle explicó los motivos detrás de su salida del Congreso y aclaró que su determinación no obedece a una aspiración presidencial para 2026.De la Calle, quien llegó al Senado con el aval del partido Oxígeno Verde, afirmó que su decisión responde a la necesidad de recuperar su independencia política en un año preelectoral crucial para Colombia. “Yo quiero estar en la toma de decisiones, no necesariamente con una candidatura […], sino para formar una línea de pensamiento de centro que trate de mitigar la polarización y la estigmatización que estamos viviendo”, señaló.El exnegociador del Acuerdo de Paz con las Farc recordó que su relación con el partido Oxígeno Verde fue conflictiva desde el inicio, lo que limitó su libertad de acción. Además, explicó que su renuncia al partido implicaba, por norma jurídica, la pérdida de su curul en el Congreso.¿Una posible candidatura presidencial en 2026?Ante la pregunta inevitable sobre una eventual aspiración a la presidencia, De la Calle respondió con cautela: “No me retiro para encabezar una candidatura ni para pedir votos, ni siquiera para otros en este momento”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que las circunstancias cambien en el futuro. “Lo que quiero transmitir es que ni estoy renunciando a la política ni a defender las causas que motivaron mi llegada al Congreso”, aseguró.Comparando su situación con la de un futbolista en reserva, agregó: “Hace poco utilicé un símil futbolístico: igual que James en el Rayo Vallecano, yo estoy en la banca. James necesitaba minutos para mantener su nivel, pero yo ya gasté todos los minutos de mi vida. Mi problema no es la ansiedad”.Otro tema central en la entrevista fue la crisis de seguridad que atraviesa Colombia. De la Calle advirtió sobre la expansión de grupos armados ilegales en diversas regiones del país y la falta de control territorial del Estado. “Paz y seguridad son hermanos siameses. No puede haber paz en un marco de inseguridad como la que estamos viviendo”, afirmó.Expresó su preocupación por el deterioro de la estrategia de paz total del Gobierno Petro y la ineficacia de los ceses al fuego pactados con grupos armados.Según el exsenador, es urgente replantear la estrategia de seguridad del país. “El Estado no puede seguir siendo un espectador estupefacto ante la guerra entre ilegales. Debemos evaluar nuestra estrategia militar, la eficacia de nuestras fuerzas, el pie de fuerza y la capacidad logística. Esto ya es un problema de soberanía nacional”, enfatizó.El panorama político para 2026: ¿giro a la derecha o equilibrio en el centro?Sobre las elecciones presidenciales de 2026, De la Calle reconoció que hay una tendencia de la opinión pública a desplazarse hacia la derecha, motivada por la crisis de seguridad. No obstante, insistió en que la mayoría del electorado colombiano se identifica con el centro político.“El centro es mayoritario, pero enfrenta un reto: organizarse y evitar la fragmentación. En 2022 fracasamos en unir fuerzas y eso favoreció la polarización”, recordó. Además, señaló que, aunque el gobierno Petro ha perdido apoyo, el Pacto Histórico sigue siendo una fuerza política relevante: “Petro en la calle será aún más fuerte que Petro en la Casa de Nariño. No podemos subestimar su capacidad de movilización”.Humberto de la Calle concluyó la entrevista reiterando su compromiso con el debate público y la construcción de consensos: “Seguiré opinando y participando en la política, pero con la independencia que necesito para defender las causas que creo justas”.
Los senadores Humberto de la Calle, del partido Verde Oxígeno, y David Luna, de Cambio Radical, renunciaron a sus curules en el Congreso. De La Calle se apartó del cargo para apartarse de las intenciones que tendría Ingrid Betancourt de apoyar a Vicky Dávila a la Presidencia. Luna buscaría ser candidato presidencial independiente.La curul de De la Calle sería tomada por León Fredy Muñoz, quien es embajador de Colombia en Nicaragua, pero recientemente renunció a ese cargo.Muñoz estuvo envuelto en un presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, pero a finales de 2024 fue absuelto.Dicho proceso estaba relacionado con el hallazgo inicial que las autoridades hicieron de 146,357 gramos de cocaína en su maleta, cuando el 18 de mayo de 2018 arribó al Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Rionegro (Antioquia) proveniente de Bogotá.La Sala Especial de la Corte Suprema concluyó que, si bien se encontraba demostrada la situación fáctica y los elementos objetivos del tipo penal por el que fue llamado a juicio el acusado, no ocurría lo mismo en relación con los elementos subjetivos.Y es que para la configuración del tipo penal se requiere demostrar el ánimo que tenía el procesado de la distribución o venta de la sustancia estupefaciente, y en este caso la Sala consideró que la Fiscalía no se ocupó de acreditar esto y omitió toda referencia fáctica y probatoria dirigida a evidenciar que el excongresista pretendía comercializarla.“Desde que me absolvieron, después de ese tortuoso proceso de casi siete años, inmediatamente me absolvieron, tomé la decisión de renunciar para ir a Colombia a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, política, seguir acompañando a las comunidades, que es lo que hacemos”, agregó.
Un devastador movimiento telúrico ocurrido el 16 de noviembre de 1827 destruyó por completo el asentamiento original de la población donde se ubicaba el municipio de Chaparral. Al cumplirse 199 años de este evento histórico, el estudio de la amenaza sísmica en esa zona del país mantiene en alerta a la población de Chaparral.Zonas de subducción y acumulación de energíaLos sismos de mayor magnitud a nivel mundial se originan en contextos geológicos específicos, principalmente en las zonas de subducción, donde el choque entre placas tectónicas genera un proceso continuo de acumulación de fricción y energía. La geóloga Martha Calvache habló para la emisora Ecos del Combeiba 790AM sobre la evaluación de las fuentes sismogénicas y la desinformación asociada a este tipo de eventos."Hay muchos estudios, muchas teorías. Cada vez hay más información de cómo esa energía se va acumulando en zonas mucho más propensas a sismos grandes, muy muy grandes, que son, por ejemplo, la zona donde se acumula toda esta energía porque una placa se choca contra la otra, como son las zonas de subducción", explicó la experta.Frente a la idea extendida de que los eventos telúricos se repiten en intervalos fijos de tiempo, el informe de Calvache desmitifica la posibilidad de fijar fechas o plazos exactos:"Se pretende decir muchas veces que cada 50 años ocurre un sismo, que ya va a ocurrir porque son 49 años que han pasado desde ese sismo y entonces ya va a pasar el otro. La naturaleza y los humanos no llegamos a esas precisiones", aseveró.
La Unión Sindical Obrera, USO, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y manifestó su disposición para trabajar con la nueva administración en el fortalecimiento de la empresa.Martín Ravelo, integrante de la USO, señaló que los trabajadores esperan que durante esta nueva etapa se adopten medidas encaminadas a fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país, además de consolidar a Ecopetrol como una de las principales empresas de Colombia.“Aspiramos en la expectativa desde los trabajadores que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país”, señaló Ravelo.El dirigente sindical también destacó la importancia de que la industria petrolera tenga una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla sus actividades. Según dijo, esperan que los territorios vean a la industria extractiva como un aliado y que se continúe generando empleo digno para las familias vinculadas al sector.La posición de la USO también fue expresada a través de su cuenta en X, donde el sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, manteniendo su independencia y autonomía sindical.La USO también señaló que será estratégico que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo de Ecopetrol estén encabezadas por personas con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas.Para el sindicato, el diálogo social será uno de los elementos centrales para avanzar en la reactivación de la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública y activo estratégico de la Nación.
La fuerza pública en Cali llevó a cabo la denominada 'Operación Iron', un despliegue operativo enfocado en golpear las estructuras delictivas radicadas en el sector céntrico de El Calvario y en otras zonas estratégicas de la capital vallecaucana.En dialogo con Mañanas Blu, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el balance definitivo de esta ofensiva e informó que el despliegue permitió neutralizar a siete organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala, al robo y a los homicidios.Detalles de la Operación Iron y el impacto en El CalvarioEl mandatario local explicó que las acciones no solo se concentraron en el corazón de la ciudad, sino que se extendieron a sectores como El Vallado, en el oriente, y Meléndez, en la comuna 18.Refiriéndose a los resultados del despliegue policial y militar, Eder afirmó que “esta inicial fue un operativo que se llevó a cabo en el centro de Cali, pero también en el oriente, en el sector del Vallado y en la comuna 18 en el sector de Meléndez y logramos desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, al hurto y al homicidio”.Entre las estructuras desmanteladas o intervenidas en este sector céntrico se encuentran bandas reconocidas en la zona como Los Buitres, La Luna y Los Pascuas.El sector de El Calvario ha sido históricamente catalogado como uno de los principales focos de delincuencia en la ciudad.Sobre la magnitud de este problema, el alcalde Alejandro Eder comparó la situación con zonas críticas de la capital colombiana: “El Calvario es, haga de cuenta, el Bronx en Bogotá... una olla que lleva 50 años de esta manera”.Añadió además la gravedad geográfica de este punto al señalar que “tener la olla donde está en Cali es como si en Bogotá el Bronx quedara en la 78... están en el corazón de la ciudad, en el corazón del motor económico de la ciudad”.Solamente en el sector de El Calvario se ejecutaron cerca de 40 capturas de integrantes de estas bandas dedicadas al expendio de sustancias psicoactivas.Renovación urbana y articulación con el Gobierno NacionalA diferencia de intervenciones pasadas que terminaban en el traslado de la criminalidad a otros barrios, la administración distrital sostiene que esta estrategia estará respaldada por proyectos concretos de transformación física e institucional.El mandatario destacó que ya se encuentra en funcionamiento la sede principal del búnker de la Fiscalía en ese sector, sumado al inicio de la construcción de la Estación Central del MÍO —una infraestructura de 90.000 metros cuadrados— y la edificación de tres torres de vivienda nueva con cerca de 80 apartamentos cada una.Asimismo, Eder enfatizó la importancia de la voluntad política y el respaldo del Gobierno Nacional para ejecutar operaciones de gran escala. Para llevar a cabo esta incursión simultánea en siete puntos de la ciudad, se requirieron más de 100 efectivos, tanquetas y unidades de fuerzas especiales urbanas de las Fuerzas Militares.Con el fin de ratificar la continuidad de la estrategia de seguridad, el mandatario fue categórico al declarar: “esto no es flor de una noche, esto es la primera parte del operativo y vendrán más”.Finalmente, al referirse al impacto de la presencia del presidente de la República y los altos mandos institucionales en el terreno de las operaciones, el alcalde destacó el aspecto psicológico y de respaldo operacional. “Cuando la fuerza pública ve el compromiso de sus gobernantes, comenzando con el presidente de la República, presencia del alcalde, presencia de todos los altos mandos, eso motiva a la tropa”.Escuche aquí la entrevista:
La visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha despertado comparaciones entre las limusinas blindadas que acompañan a los dos hombres más poderosos del mundo: 'La Bestia' de Trump y la llamada 'Bandera Roja' de Xi.Trump y la primera dama, Melania Trump, recibieron el miércoles a pie de pista, en la base aérea Andrews, a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, y, tras la ceremonia de bienvenida, ambas parejas partieron en sus respectivos vehículos oficiales.Ambos mandatarios buscan proyectar una imagen de buena sintonía pese a las tensiones entre Washington y Pekín por asuntos como los aranceles, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán o la carrera por la inteligencia artificial.Las características de sus limusinas, que funcionan también como símbolos de poder de Estados Unidos y China, están rodeadas de secretismo por motivos de seguridad, lo que alimenta las especulaciones sobre sus capacidades.La Bestia, un búnker sobre ruedas'La Bestia' estadounidense, uno de los grandes símbolos de la Presidencia junto al avión Air Force One, es un Cadillac, la emblemática marca de automóviles de lujo propiedad de General Motors.El actual modelo utilizado por Trump, fabricado específicamente para el presidente estadounidense, entró en servicio en 2018, con un coste estimado de 1,5 millones de dólares.Aunque el Servicio Secreto no ha difundido detalles específicos sobre sus sistemas de seguridad, medios estadounidenses estiman que pesa entre 6,8 y 9,1 toneladas y que combina rasgos de Cadillac con componentes propios de vehículos pesados.Considerada un búnker sobre ruedas, a 'La Bestia' se le atribuyen un blindaje multicapa, puertas con un peso similar al de las de un Boeing 757 y neumáticos capaces de seguir operativos tras sufrir daños, además de un habitáculo sellado con sistemas de filtración de aire para proteger al presidente frente a un ataque químico.El hermetismo del HongqiEl automóvil utilizado por Xi es un modelo N701 de la marca de lujo Hongqi (que en chino significa 'Bandera Roja') perteneciente al grupo estatal FAW que el mandatario chino utiliza en sus desplazamientos desde 2022 y cuyo precio algunas estimaciones sitúan en torno a los 700.000 dólares.El Hongqi llamó la atención en 2023 del entonces presidente estadounidense, Joe Biden, durante una reunión en San Francisco."Es un vehículo hermoso", le dijo el demócrata a Xi durante un breve intercambio en el que compararon el automóvil chino con su Cadillac, después de que el mandatario chino le explicara que era un "Hongqi, de fabricación doméstica".El N701 mantiene el icónico adorno de la bandera roja en el capó, característico de la marca, pero presenta un aspecto más alargado que los modelos tradicionales de la marca y conserva un diseño que recuerda a los automóviles de los años 50 del pasado siglo, en un guiño estético al primer Hongqi, que data de 1958.Diversos reportes sitúan su longitud por encima de los 5,5 metros y estiman su peso en unas tres toneladas, lo que lo haría considerablemente más ligero que 'La Bestia', aunque Pekín no ha hecho públicos sus datos técnicos ni sus sistemas de protección.Mientras el vehículo de Trump está diseñado para resistir un ataque directo, el Hongqi de Xi apuesta por la potencia de su motor para poder escapar a gran velocidad en caso de una emboscada.Ambas limusinas se desplazan en avión para acompañar a los presidentes en sus viajes internacionales.Pero mientras 'La Bestia' ha sido durante años objeto de cobertura mediática, el Hongqi de Xi permanece prácticamente fuera del escrutinio público, en un hermetismo que alimenta las especulaciones sobre las capacidades de la industria automovilística china.
Decenas de hogares migrantes venezolanos en Bucaramanga están enfrentando retrasos de varios meses en el pago del subsidio de arrendamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda. Ante la falta de desembolsos, algunos beneficiarios ya acudieron a la tutela.El programa hace parte de una estrategia de subsidios de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos y cuenta con recursos de cooperación internacional del Banco Mundial. En Bucaramanga, Fonvivienda abrió convocatorias durante 2025 y asignó subsidios para cubrir parcialmente el canon de arrendamiento durante un periodo de hasta 12 meses.De acuerdo con los beneficiarios, los retrasos comenzaron a presentarse desde finales de 2025 y se han extendido durante 2026. Mientras algunos hogares que finalizaron el beneficio en julio todavía tendrían meses pendientes por recibir, quienes iniciaron el subsidio en enero aseguran que, en varios casos, solo les han pagado los primeros meses del año.El subsidio corresponde a un porcentaje del salario mínimo y el dinero es girado directamente al arrendador, no al beneficiario. Según la convocatoria de Fonvivienda, para el programa financiado por el Banco Mundial el aporte podía llegar al 45 % de un salario mínimo mensual y otorgarse durante 12 meses consecutivos.La demora en los pagos ha generado dificultades entre los beneficiarios y sus arrendadores. Algunos propietarios, según los testimonios recogidos, estarían reclamando directamente a los hogares migrantes el pago de los cánones atrasados e incluso se han presentado casos en los que las personas han tenido que buscar otro lugar para vivir.La situación ya llegó a la Alcaldía de Bucaramanga. El secretario de Desarrollo Social, Iván Torres, explicó que el municipio participó en la etapa inicial del programa, principalmente en la focalización de los hogares beneficiarios, pero que no es la entidad responsable de administrar o girar los recursos.La Alcaldía de Bucaramanga también quedó vinculada a una de las acciones de tutela interpuestas por los beneficiarios.Torres señaló que en Bucaramanga fueron identificados cerca de 140 beneficiarios y reconoció que los pagos han presentado retrasos. Según explicó, en algunos casos se acumulan dos o tres meses y posteriormente se realiza el desembolso.“No es que no se les vaya a pagar o se haya dejado de pagar. Se presentaron fue demoras”, explicó el funcionario.El secretario también confirmó que envió una comunicación al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para poner en su conocimiento la situación y buscar una solución. El funcionario señaló que, ante la incertidumbre generada por los retrasos, ya se han presentado tutelas y se prevé que se interpongan nuevas acciones judiciales.Ahora, los beneficiarios esperan que el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda aclaren qué está ocasionando los retrasos y definan cuándo serán desembolsados los recursos pendientes.