La erradicación de los cultivos de coca será una prioridad para el Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien anunció durante su discurso de posesión que utilizará la fumigación con herbicidas como una de las herramientas para combatir las plantaciones ilícitas.
“La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible, es una prioridad nacional”, afirmó el mandatario desde el Batallón Pichincha, en Cali.
De La Espriella cuestionó las estrategias que, según dijo, se limitan a medir el crecimiento de los cultivos ilícitos y planteó una intervención directa sobre las plantaciones.
“La coca no se combate con estadísticas maquilladas ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra, donde hoy alimenta la violencia y el crimen”, sostuvo.
El presidente anunció específicamente la implementación de fumigación con herbicidas, afirmando que se realizaría con una tecnología que no causa afectaciones ni a los humanos ni al medio ambiente.
“Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”, afirmó.
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El mandatario presentó la lucha contra los cultivos ilícitos como parte de una estrategia más amplia contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. En su discurso aseguró que la coca ha generado violencia, corrupción y desplazamiento de comunidades campesinas: “La coca ha traído muerte, corrupción y destrucción”, dijo.
Sin embargo, la propuesta no se limita a la erradicación. De La Espriella también planteó una sustitución productiva de los cultivos ilícitos por actividades agrícolas legales.
“La coca dará paso al coco, al cacao, al café, al maíz, a la palma y a una agricultura honrada, próspera y libre en la patria”, aseguró.
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El anuncio representa uno de los principales cambios planteados por el nuevo Gobierno en materia de política antidrogas y abre el debate sobre la implementación de la aspersión, sus condiciones técnicas y ambientales y el cumplimiento de las exigencias establecidas por la Corte Constitucional.
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