A través de dos comunicados, el gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella manifestó sus preocupaciones frente a recientes decisiones adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro como lo son la nueva reforma tributaria y el traslado de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres pues considerar que ambas medidas generan incertidumbre para el país.
Por un lado, el gobierno electo considera que no corresponde trasladar a los ciudadanos el costo del deterioro de las finanzas públicas acumulado durante los últimos años refiriéndose a la reforma tributaria radicada ante el Congreso y que busca recaudar $21,9 billones en 2027.
Aseguran que las familias, los emprendedores y los sectores productivos no deben asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas por el gobierno saliente.
“La crisis fiscal que hoy enfrenta Colombia no es producto de los colombianos, sino de decisiones equivocadas que comprometieron la estabilidad económica del país. Pretender resolver ese problema mediante una nueva carga tributaria, constituye una falta de respeto con millones de ciudadanos que ya soportan el impacto de la desaceleración económica, el aumento del costo de vida y la incertidumbre generada durante los últimos años”, agregaron.
En ese mismo pronunciamiento, la administración entrante reiteró que, a partir del 7 de agosto, impulsará una política económica enfocada en la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público y el crecimiento económico. Asimismo, aseguró que buscará administrar los recursos públicos con criterios de transparencia y responsabilidad.
La segunda preocupación tiene que ver con la decisión del presidente Gustavo Petro de trasladar $4 billones al presupuesto de la UNGRD con el propósito de financiar proyectos de energía solar para atender los efectos del fenómeno de El Niño.
El gobierno electo señaló que la magnitud de los recursos, la rapidez con la que se pretende ejecutar la operación y los antecedentes recientes de la entidad ameritan una revisión rigurosa.
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“La UNGRD es la misma entidad que protagonizó el escándalo de los carrotanques de La Guajira, donde recursos destinados a atender una emergencia humanitaria fueron desviados mediante el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos. Inyectar $4 billones a una entidad con esos antecedentes documentados, a tan pocos días de que el gobierno saliente entregue el poder, sin tiempo suficiente para la estructuración técnica adecuada de los proyectos ni para una vigilancia efectiva de los recursos, representa un riesgo inminente para el patrimonio público de todos los colombianos”, cuestionaron desde el gobierno entrante.
Por esa razón, el equipo de empalme anticorrupción pidió a los organismos de control ejercer vigilancia preventiva, verificar la legalidad del traslado y garantizar la trazabilidad de cada peso antes de cualquier adjudicación.
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