La Asociación Colombiana de Defensores de Familia (Acodefam) pidió reconsiderar la decisión de suspender, hasta el 31 de agosto de 2026, la renovación de contratos de profesionales que apoyan el trabajo de las Defensorías de Familia en distintas regiones del país.
En una comunicación dirigida a la entidad correspondiente, el presidente de Acodefam señaló que, aunque la organización respeta los procesos de revisión de la contratación, existe preocupación por el impacto que tendría la interrupción de estos servicios, especialmente porque varios de los profesionales contratados ya hacen parte de los equipos que atienden los procesos de protección de niños, niñas y adolescentes.
La asociación explicó que entre los contratistas se encuentran profesionales de áreas psicosociales, abogados y personal técnico que participan en la verificación de derechos y en los procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad. Según Acodefam, suspender estos apoyos podría afectar la continuidad de los procedimientos, que además deben cumplirse dentro de términos establecidos.
La preocupación fue ejemplificada con la situación del Centro Zonal Rafael Uribe, en Bogotá. Allí, de acuerdo con la asociación, una psicóloga, un técnico y un abogado que apoya la sustanciación de los procesos están vinculados mediante contrato. Los dos últimos, además, prestan apoyo de manera compartida a otro despacho.
Acodefam advirtió que, si estos contratos no son renovados, podría producirse una disminución en la capacidad de atención de las Defensorías de Familia, una situación que, según la organización, no sería exclusiva de Bogotá y podría repetirse en decenas de despachos en diferentes zonas del país.
La asociación pidió que se revise la medida antes de que genere una interrupción en los equipos encargados de atender los casos de niños, niñas y adolescentes que requieren protección. El llamado busca garantizar la continuidad de los procesos de verificación y restablecimiento de derechos mientras se adelanta la revisión de la contratación.
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Acodefam insistió en que el objetivo es evitar una posible parálisis en la prestación de los servicios de protección y garantizar que las Defensorías de Familia puedan cumplir con los términos y responsabilidades que tienen frente a los menores de edad.