La Defensora del Pueblo, Iris Marín, formuló un vehemente llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales para que investiguen a profundidad las redes de corrupción y los posibles nexos entre grupos armados ilegales y sectores políticos en Cúcuta y el departamento de Norte de Santander.
La solicitud fue expresada en diálogo con Mañanas Blu, en el marco de la grave crisis de orden público que atraviesa la zona fronteriza y tras el reciente asesinato del exsecretario de Gobierno de la ciudad, Miguel Castellanos.
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Alerta temprana y llamado urgente a la Fiscalía General
Según la titular del organismo defensorial, el nivel de control y dominio que ejercen las organizaciones criminales en una capital departamental como Cúcuta exige que la justicia indague las dinámicas de complacencia y complicidad que facilitan su accionar.
Marín declaró puntualmente: "En las alertas lo que digamos es claro es una llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales a que investiguen las redes de corrupción que pueden llegar a tener estos grupos, porque generalmente estos grupos armados no pueden tener un control y un dominio tan importante en los territorios. Además, es una ciudad capital sin algún tipo de complacencia".
Asimismo, la Defensora enfatizó que la estructura de la criminalidad organizada requiere una comprensión amplia por parte de las autoridades competentes: "Todo este contexto tiene que ser investigado y entendido a profundidad porque hace parte de las posibilidades que tienen las redes de grupos armados y criminalidad organizada para tener control y capacidad de hacer daño".
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Violencia e inseguridad para la política, el periodismo y los liderazgos
El pronunciamiento se da tras la confirmación del homicidio de Miguel Castellanos, quien además de haberse desempeñado como secretario de Gobierno, era mayor retirado de la Policía Nacional y había hecho pública su intención de aspirar a la Alcaldía de Cúcuta. Este hecho violento se suma a un ataque sicarial ocurrido pocas horas antes y al estallido de un artefacto explosivo cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander.
La Defensora advirtió que la violencia no solo afecta a los dirigentes políticos, sino también a la prensa y a los líderes sociales de la región, recordando que meses atrás fue asesinado el periodista Cristian Herrera en Cúcuta, ciudad calificada por la FLIP como la más peligrosa para ejercer el periodismo.
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Sobre este entorno de riesgo, Marín señaló: "Cúcuta se ha convertido desde hace ya muchos años en una ciudad muy insegura para hacer política, para hacer periodismo, para los liderazgos sociales y en el fondo pues hay también estas redes relacionadas con economías ilegales".
La situación de inseguridad en Cúcuta y municipios aledaños como Villa del Rosario y Los Patios se ve agudizada por la presencia del denominado Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia) y estructuras de crimen organizado, así como por la expansión de la guerra que libran en el Catatumbo el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC tras la ruptura de sus acuerdos en enero de 2025. La porosidad de la frontera con Venezuela favorece además el desarrollo de economías ilícitas y disputas por rutas de contrabando.
Escuche aquí la entrevista:
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