La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana Estructural para advertir sobre los riesgos que enfrentan las comunidades de Ricaurte y Mallama, en el departamento de Nariño, por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales. La entidad identificó amenazas contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población, así como posibles infracciones al derecho internacional humanitario.
La alerta, identificada como la 025 de 2026, comprende todo el territorio de los dos municipios. En Ricaurte incluye la cabecera municipal y sus 13 resguardos indígenas Awá, mientras que en Mallama abarca la cabecera de Piedrancha, siete corregimientos, 28 veredas y el resguardo Gran Mallama, del pueblo indígena Los Pastos.
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Según el documento, el escenario de riesgo está relacionado con la presencia de estructuras como el Frente Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencia de las Farc, así como con redes criminales locales. La Defensoría también advierte sobre la posibilidad de que células del ELN y de estructuras de las disidencias de las Farc intenten regresar a la zona.
La entidad señala que desde 2024 existe una dinámica de coexistencia armada entre Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos, que permite distribuir corredores y mantener el control de rentas ilegales. Sin embargo, advierte que este equilibrio es frágil y podría romperse ante cambios en las economías ilícitas o las tensiones relacionadas con los procesos de paz.
A este panorama se suman las actividades vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. Según la entidad, estos grupos aprovechan los corredores fronterizos hacia Ecuador para el abastecimiento y el transporte de economías ilícitas. También se advierte sobre amenazas contra comerciantes y transportadores, así como la imposición de restricciones a la movilidad y cobros ilegales.
La Defensoría identificó como población especialmente vulnerable a los pueblos indígenas Awá y Los Pastos, las comunidades campesinas, los firmantes del acuerdo de paz y sus familias, además de niños, niñas y adolescentes.
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En Ricaurte, en el caso de la población Awá, la entidad advierte que esta comunidad enfrenta riesgos de reclutamiento, contaminación por minas y presiones sobre su territorio.
Por su parte, en Mallama, entre los riesgos que corre el pueblo indígena Los Pastos están los homicidios de autoridades tradicionales y las extorsiones contra sus gobiernos propios.
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Los niños, niñas y adolescentes también enfrentan riesgos de reclutamiento forzado y desescolarización. La alerta relaciona esta situación con las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades y las dificultades de acceso a servicios educativos.
Asimismo, el documento advierte sobre amenazas e intimidaciones contra autoridades étnicas y liderazgos sociales, así como riesgos de estigmatización y represalias contra 15 firmantes de paz y sus familias.
Los comerciantes, transportadores, servidores públicos y misiones médicas también están expuestos, debido a que corren el riesgo de interceptaciones a ambulancias, cobros de peajes ilegales en la Vía al Mar y amenazas contra comerciantes y transportadores mediante panfletos.
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Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 29 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales para prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos y responder a los riesgos identificados.
Las medidas incluyen acciones de coordinación para una respuesta rápida, prevención y protección de las comunidades, investigación y acceso a la justicia, atención humanitaria y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
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Entre las entidades destinatarias están los ministerios del Interior y de Defensa, las alcaldías de Ricaurte y Mallama, la Gobernación de Nariño, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, entre otras.
La alerta también advierte que una eventual ruptura de la coexistencia entre los grupos armados podría desencadenar nuevos enfrentamientos, homicidios selectivos, masacres, desplazamientos masivos y confinamientos, con consecuencias que podrían superar la capacidad de respuesta de las autoridades municipales.