La Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno tomar medidas urgentes para garantizar los derechos de las comunidades en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Vichada, Santander y Norte de Santander, amenazadas por el paro armado del ELN.
El organismo califica como preocupante el panorama de derechos humanos en Arauca, donde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) identificó cómo entre el 20 de agosto y el 2 de septiembre hubo en promedio un hecho diario de alteración al orden público con 14 episodios que incluyen tres ataques con efectos indiscriminados contra instalaciones de la Fuerza Pública en Saravena, Arauca y Tame.
“El secuestro de cuatro comerciantes en Fortul, uno de los cuales fue hallado muerto el 2 de septiembre en un sector de la vía Fortul-Tame; el secuestro de cuatro arroceros en la frontera entre Arauca y el estado Apure de Venezuela, y un retén ilegal que impidió el tránsito de vehículos entre los centros poblados de La Esmeralda y San Lorenzo, en jurisdicción de Arauquita; más recientemente, se presentaron un atentado con granada que dejó dos heridos en Saravena, las amenazas contra el alcalde de esa población (a quien dieron un plazo perentorio de 8 días para renunciar y abandonar el municipio), y la activación esta mañana de otro artefacto en zona sub urbana de la capital Arauca en un sitio conocido como la Ye de Mata Candela”, dice la Defensoría.
El ELN anunció el paro a partir de las 6 de la mañana de este lunes y por 72 horas, situación que se replicaría en Nariño a partir del miércoles 14 de septiembre.
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