Paro armado ELN

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, alertó sobre la grave situación que enfrenta el departamento tras el anuncio de un nuevo constreñimiento armado ilegal por parte del ELN en la región del Bajo Baudó. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria aseguró que este tipo de acciones coinciden con movimientos estratégicos de economías ilícitas, lo que intensifica el impacto sobre comunidades vulnerables.Según Córdoba, el anuncio del grupo armado se conoció desde el martes mediante comunicados escritos y audios difundidos en redes sociales. La medida afecta directamente a comunidades asentadas en los ríos Campador, Arpúa y Juá, zonas cercanas a la costa pacífica chocoana.“Se emitió una comunicación […] donde anunciaban un paro indefinido en tres ríos del municipio de Bajo Baudó”, explicó la gobernadora, quien insistió en que no se trata de un “paro armado”, sino de un “constreñimiento armado ilegal contra la ciudadanía”.Coincidencia con economías ilegalesUno de los puntos más delicados expuestos por la mandataria es la correlación entre estas acciones del ELN y el movimiento de actividades ilícitas en la región. De acuerdo con información de las Fuerzas Militares, estos confinamientos no son aleatorios.“Esto suele coincidir con movilización de tropas, con movilización de insumos, o con movilización de algo que tenga que ver tanto con coca como con oro”, afirmó Córdoba, tras subrayar que el ELN y otros grupos como el Clan del Golfo operan en función de economías ilegales en el departamento.La gobernadora agregó que estos grupos restringen la movilidad de la población civil para facilitar sus operaciones: “Se trata justamente de la necesidad de que no haya movilización en algunas zonas para ellos poder generar otras movilizaciones”. Este fenómeno, según explicó, se ha repetido en múltiples ocasiones. Córdoba aseguró que ya ha perdido la cuenta de estos episodios, aunque estima que este sería al menos el duodécimo evento de este tipo durante su administración.Crisis humanitaria en el Bajo BaudóEl impacto inmediato de este constreñimiento armado recae sobre más de 6.000 personas que permanecen confinadas en la zona, además de 16 familias indígenas del Litoral del San Juan. Las comunidades, en su mayoría campesinas, afrodescendientes e indígenas, enfrentan severas restricciones para acceder a alimentos, salud y educación.“Hay un riesgo muy importante de que la gente se quede literalmente sin con qué subsistir alimentariamente”, advirtió la gobernadora.La situación es especialmente crítica debido a las características geográficas del Chocó, donde la movilidad depende en gran medida de rutas fluviales y marítimas. La prohibición de desplazamiento impide a los habitantes pescar, cultivar o trasladarse a cabeceras municipales para abastecerse. “Hoy no pueden ni siquiera dirigirse a su cabecera municipal […] ni tampoco salir al mar a buscar el pescado”, señaló.Afectaciones en salud y educaciónOtro de los efectos colaterales más graves es la interrupción de servicios básicos. La gobernadora confirmó que cientos de niños han quedado sin acceso a la educación, mientras que la atención médica también se ha visto suspendida.“Para poder ir a buscar la atención en salud […] tienen que hacerse de manera fluvial […] y esa ruta está en este momento flanqueada”, explicó.Se estima que entre 400 y 500 menores están actualmente sin clases debido a las restricciones impuestas por el grupo armado. Frente a esto, la administración departamental ha activado protocolos de emergencia para intentar garantizar servicios básicos en medio de la crisis.Respuesta institucional y limitacionesEn respuesta a la emergencia, la Gobernación del Chocó ha coordinado acciones con la Fuerza Pública y organismos de atención humanitaria. Córdoba anunció el envío de cinco toneladas de ayuda para las comunidades afectadas, con apoyo logístico de la Policía Nacional.“Ya tengo previsto […] llegar con las primeras 5 toneladas de ayuda al municipio de Bajo Baudó”, indicó. Sin embargo, la mandataria también cuestionó las limitaciones estructurales del Estado en territorios como el Chocó, especialmente en materia de presencia militar fluvial.“En un país tan fluvial y tan marítimo como Colombia […] la posibilidad de que hayan embarcaciones con capacidad de combate […] permite el acceso y la presencia”, explicó, al tiempo que solicitó un fortalecimiento de la Armada Nacional.Actualmente, la jurisdicción en la zona está a cargo de la Fuerza Naval del Pacífico, que mantiene operaciones en algunos ríos, aunque persisten dificultades para cubrir la totalidad del territorio.Un patrón que se repiteEl caso del Bajo Baudó refleja una dinámica recurrente en el conflicto armado colombiano, donde la población civil queda atrapada entre disputas territoriales y economías ilícitas. Para la gobernadora Córdoba, estos hechos evidencian no solo la persistencia del ELN, sino también los desafíos de la política de paz en regiones periféricas.“Son comunidades que no tienen ningún tipo de parte en este conflicto y que hoy se llevan las peores consecuencias”, concluyó.Mientras tanto, el departamento enfrenta una nueva crisis humanitaria que pone en evidencia la fragilidad institucional y la urgencia de respuestas integrales frente a la violencia armada en el Pacífico colombiano.

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