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Durante el consejo de ministros del lunes 3 de marzo, el presidente Gustavo Petro presentó un plan de sustitución de cultivos ilícitos para el Catatumbo . La idea es sustituir al menos 25.000 hectáreas de coca en zona de frontera con Venezuela. Sin embargo, Petro también hizo una afirmación que fue rechazada por varias organizaciones sociales de la zona.
Petro dijo que “Muchas de las organizaciones sociales que presentó Alexander, el director del DNP, están permeadas por las armas, subordinadas a las armas. Aún así, hay que quitarle la población a las armas, no se trata de quitarle recursos a las armas”.
Tras la declaración, varias organizaciones le pidieron al presidente Gustavo Petro una retractación y la Defensoría del Pueblo apoyó esta solicitud en las últimas horas.
"Reafirmamos la legitimidad de las comunidades y organizaciones sociales de la región y respaldamos su exigencia de rectificación al señor presidente de la República por sus recientes declaraciones. El Gobierno debe ser garante de derechos y el primero en respaldar y apoyar la autonomía de las organizaciones frente al poder violento de los grupos no estatales", señala la Defensoría del Pueblo.
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Además, advierten desde la entidad que no debe ser el Gobierno el que profundice la estigmatización contra las organizaciones en el Catatumbo.
"No debe ser el Gobierno quien profundice esta estigmatización y riesgo. Los señalamientos agravan la situación en la que perviven las organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, y han servido, tanto recientemente en el Catatumbo como históricamente en Colombia, para justificar crímenes injustificables contra la población civil", señala la entidad.
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