Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue presentada una denuncia penal y disciplinaria contra Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y contra el magistrado Alejandro Ramelli.
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Los denunciantes aseguran que los dos magistrados de la JEP habrían incurrido en los delitos de tráfico de influencias y utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Piden a la comisión que ordene la suspensión provisional del cargo.
“El 9 de abril de 2018 el periódico El Espectador publicó, en su portal de internet, el artículo titulado: “Los correos sobre la administración de la JEP”, en el cual se refiere al intercambio de correos electrónicos entre un grupo de magistrados electos de la JEP, a finales de 2017, sobre la administración, ejecución de presupuesto y funciones de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para La Paz”, dice la comunicación radicada.
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Al final de la comunicación, la denunciante Lina Navarro pide que se suspenda del cargo a los dos magistrados.
“Por otro lado, en relación con los nombramientos de familiares de Patricia Linares, no cabe duda de la injerencia de la funcionaria en los mismos, pues no es posible entender como coincidencia que quien fue la jefe de su hermano hoy sea la secretaria ejecutiva de la JEP y que, además, quien nombró a su hermano, haya recibido un jugoso contrato en la institución que actualmente preside”, agrega.
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