Todo tipo de críticas por parte del sector del uribismo desató la condecoración que el Congreso de la República, encabezado por la bancada Propaz, le hizo a la magistrada Patricia Linares, quien fue condecorada con la orden en grado de gran cruz con placa de oro, para exaltar su labor como primer presidente de la JEP.Varios representantes del partido Centro Democrático cuestionaron como la magistrada Linares recibía una condecoración por los excombatientes a quien ella misma investigaba.La senadora Paloma Valencia hizo alusión a un trino del abogado Hernán Cadavid, asesor del expresidente Álvaro Uribe, quien publicó una foto de la magistrada Patricia y la senadora del partido Farc Sandra Ramírez, y escribió lo siguiente:Ante estas críticas y luego de presentar una rendición de cuentas del año 2020 de la Justicia Especial Para la Paz, el magistrado Camilo Suárez, de la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad del tribunal de paz, aseguró que no consideran la condecoración como un acto indebido.El magistrado Suárez indicó que la condecoración fue entregada por parte del Congreso de la República, entidad que encarna la expresión de la participación y democracia participativa y, además, enfatizó que el reconocimiento es a la gestión que se viene adelantando por la Jurisdicción Especial para La Paz.
Pasaron ya dos años desde la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y son más de 16.500 decisiones judiciales las que se han proferido y con ellas, 82 audiencias dónde han comparecido militares, excombatientes de las Farc y otros actores que protagonizaron el conflicto en Colombia.Respecto a la extinta Farc, fueron 350 los integrantes de la entonces guerrilla los que se presentaron a las seis versiones colectivas sobre el caso de secuestros.Un total de 9.720 exFarc se sometieron a ese tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz, pero de igual forma lo hicieron 2.431 miembros de la fuerza pública, 72 agentes del Estado diferentes a la fuerza pública y 13 más por protesta social.En un evento con distintos elementos simbólicos que giraron en torno a las víctimas en ‘Frangmentos’, espacio creado por la artista Doris Salcedo con parte del armamento entregado por las Farc tras la firma del acuerdo, varias personalidades, funcionarios del gobierno, víctimas y el equipo completo de magistrados de las diferentes salas de la jurisdicción, entregaron un balance pormenorizado de los trabajos adelantados y, tal cual el compromiso de rendir informes anualmente, fueron escuchados públicamente.Entre otras, destacaron la presencia en 28 departamentos del país, la formación de tres sedes territoriales en Corozal, Pasto y Cúcuta.Asimismo, y como uno de los grandes retos difíciles de sortear en el tiempo de funcionamiento del tribunal, destacaron la sanción en el Congreso de la Ley Estatutaria de la JEP, que había sido objetada por el presidente Iván Duque en seis de sus puntos, pero luego el legislativo le dio luz verde a lo que es hoy.“Lo avanzado hasta hoy nos permite decir que paulatinamente contribuiremos a que esa verdad hasta ahora esquiva, esa verdad que también ha sido víctima, emergerá para dignificar a las víctimas, para aliviar su dolor, para que todos evitemos que se repita, para que rompamos la barrera que impide que nos enfrentemos a un dolor inadmisible e irrepetible”, destacó la presidenta de la JEP, Patricia Linares.“Para impedir que como Aureliano Segundo, en Cien Años de Soledad, aún luego de escuchar el relato de su propio hermano, se negara a creer la versión de la masacre y la pesadilla del tren cargado de muertos que viajaba hacia el mar, dando paso a una memoria colectiva que dignifique y abra definitivamente las puertas a una paz estable y duradera”, agregó.
La magistrada Patricia Linares, presidenta de la Justicia Especial de Paz, habló en Mañanas BLU sobre la solicitud de más de 900 personas, entre civiles y exparamilitares, para entrar a esa jurisdicción.No deje de leer: Más de 733 civiles y agentes del Estado han pedido pista en la JEP Según Linares, el ingreso de exparamilitares a la jurisdicción será la excepción y no la regla.“Los paramilitares combatientes no tienen espacio en la JEP, ellos pertenecen o han sido procesados en la jurisdicción ordinaria, concretamente en Justicia y Paz. No obstante, puede suceder que hayan sido financiadores, promotores”, indicó Linares.“Si bajo ciertas condiciones, muy estrictas acreditan esta condición, de financiador, promotor de grupos armados, no combatientes, paramilitares no combatientes, pueden ingresar, incluso, en esta categoría de terceros. Eso se deberá analizar de manera muy detallada”, añadió.La magistrada Linares especificó cuáles son las conductas punibles que entraría a analizarse en estos casos.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.“La JEP puede y debe investigar aquellos delitos relacionados directa o indirectamente con el conflicto y cabe la posibilidad de delitos que deriven de actividades de financiación o promoción del conflicto armado interno”, declaró.“Los paramilitares combatientes, en sentido estricto, no son de competencia de la jurisdicción”, aclaró la magistrada.“El análisis de cada situación se analizará caso a caso para evitar que se admitan personas que quieran aprovecharse del sistema”, agregó.Escuche aquí la entrevista completa con Patricia Linares, en Mañanas BLU:
En compañía del fiscal general (e), Fabio Espitia, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, confirmó que la justicia transicional "ha recibido 540 solicitudes de terceros y 117 de agentes del Estado no miembros de la fuerza pública".Linares explicó que después que se venciera el plazo, el pasado 6 de septiembre, para que los terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública presentaran formalmente sus solicitudes de sometimiento al Tribunal para la Paz, "513 solicitudes ya están repartidas y se ha iniciado su trámite en la correspondiente sala".Lea también: Exjefe paramilitar ‘Jorge 40’ pide cupo en la JEP. Según la presidenta de la JEP, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tendrá que determinar si los procesos recibidos son hechos relacionados con el conflicto armado. Luego, se hará un análisis caso a caso.Por su parte, el fiscal (e) Fabio Espitia confirmó que la Fiscalía "ha recibido 76 solicitudes individuales y 2 más colectivas en las que se pidió el envío de los expedientes a la JEP; de estas, la Dirección de Política y Estrategia recibió 49 solicitudes individuales y 2 solicitudes colectivas que vinculan a 163 postulados".Por otro lado, Espitia precisó que la Fiscalía ha recibido 27 solicitudes de sometimiento de exintegrantes de las AUC y una solicitud de un tercero.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.
La presidenta de la Justicia Especial de Paz, la magistrada Patricia Linares, explicó en Mañanas BLU las actuaciones de la jurisdicción a su cargo frente al anuncio de alias ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’ y ‘El Paisa’, entre otros, de retomar las armas.No deje de leer: Twitter suspende cuentas de ‘Iván Márquez’ y ‘Santrich’“Ante la situación de posibles incumplimientos de los compromisos que adquierenlos comparecientes ante la JEP una vez se someten a la misma, la jurisdicción está en la obligación de analizar el tipo incumplimiento, la gravedad del mismo y el impacto que esta supone, especialmente para los derechos de las víctimas”, indicó Linares.“La conducta evidenciada en el video da pie para que la JEP tome medidas orientadas a la pérdida de beneficios y la expulsión de la jurisdicción”, añadió.La magistrada calificó el anuncio de los exjefes guerrilleros como “gravísimo”.“Las decisiones se han construido con estricto apego a la ley. El hecho conocido ayer fue gravísimo, que implica una traición al proceso de paz y la confianza del Estado. Adoptaremos decisiones en corto tiempo”, agregó la presidenta de la JEP.Escuche aquí la entrevista completa, en Mañanas BLU:Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
La Comisión de investigaciones y Acusación de la Cámara de Representantes negó la recusación que había sido presentada contra de algunos congresistas del Centro Democrático, tras la investigación que se abrió en el Congreso contra los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, Patricia Linares y Alejandro Ramelli por tráfico de influencias.En el caso contra la presidenta de la JEP y Ramelli, el representante investigador pidió que se practicaran nuevas pruebas y que fuera citado el exsecretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, y ordenó una inspección a los computadores de la Corte Constitucional. Lea también: Comisión de Acusación abrió investigación preliminar a presidenta de la JEPA este órgano han llegado hasta la fecha 14 investigaciones contra los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz desde que entró en funcionamiento, según dijo el presidente de la Comisión de Acusación, Ricardo Ferro.“Ya son varias las denuncias que hemos recibido en contra de los magistrados de la JEP y en contra de otros magistrados aforados. Puntualmente en lo que tiene que ver con la JEP, ya va más de una docena de denuncias”, dijo Ferro.En la última semana fue presentada una acusación contra los magistrados de la JEP por cuenta de la senadora Paola Holguín quien pidió que se investigue a los magistrados por el delito de prevaricato, tras desconocer que la conducta del exguerrillero, relacionada con actividades de narcotráfico, se habrían cometido después de la firma del Acuerdo de Paz.
El pasado 28 de marzo de 2019 Julie Beth Freitas y Abigail Sonderman Reyes, familiares de Terence Freitas, solicitaron, a través de una solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz, ser acreditadas dentro del caso 001, conocido como secuestro. Un mes después, la Sala de Reconocimiento las acreditó como víctimas y ahora, según explicó la JEP, “podrán ejercer sus derechos a recibir medidas de protección, conocer la verdad sobre lo sucedido, a que se haga justicia y restaurar el daño causado con los delitos”. Asimismo, los familiares de Freitas podrán conocer las versiones de los comparecientes en el caso, asistir a la audiencia pública de reconocimiento, presentar observaciones sobre la resolución de conclusiones y hacer observaciones sobre los proyectos restaurativos presentados por los comparecientes. Dentro del caso denominado "Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP", la Sala de Reconocimiento ya ha acreditado 188 personas de 8.163 víctimas que se tienen estimadas. Entre ellas, se encuentran políticos que fueron secuestrados presuntamente con fines de canje, personas secuestradas con fines de extorsión y otras modalidades de secuestro. Hasta ahora este caso ha vinculado a 47 exintegrantes de las Farc. En el mismo hecho de Terence también fueron secuestrados y asesinados los ciudadanos estadounidenses Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay, también indigenistas, quienes acompañaban a la comunidad indígena uwa en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá, en 1999.
Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) habló en Mañanas BLU sobre la polémica por el retiro de visa a magistrados colombianos por parte de Estados Unidos. La magistrada negó conocer presiones por parte de autoridades extranjeras."De ningún país hemos venido sufriendo ningún tipo de presión", sostuvo Linares, quien aseguró que las dificultades que se han vivido han provenido desde Colombia. Vea también: Magistrados sin visa, ¿presión de Estados Unidos sobre decisiones en las cortes? “Hemos tenido que afrontar una serie de situaciones: descalificación, lenguaje hostil y demás, pero de ningún país hemos venido sufriendo presiones”, indicó Linares. Linares también se pronunció sobre el retiro de visas a algunos magistrados por parte de Estados Unidos. "Lo que sí rechazamos de plano es cualquier mercanismo o cualquier acción que pueda estar orientado a presionar decisiones judiciales y afectar el principio de independencia y de autonomía inherente a la función judicial", sostuvo. Conozca más: Reconocemos y respetamos soberanía de Colombia: EE.UU. sobre visas de magistrados La presidenta de la JEP también se refirió a las demoras del caso de Jesús Santrich. Aseguró que se trata de decisiones que están sometidas a diferentes recursos legales que deben garantizar el debido proceso y garantías jurídicas. "Esto hace que cada decisión esté sujeta a los distintos recursos que prevé la ley, que esos recursos deban ser resueltos dentro de los tiempos establecidos, que se garantice la controversia judicial respetando los derechos de cada una de las pares. Muchas veces esto desplaza en el tiempo las decisiones", indicó. Escuche esta entrevista:
Desde la tarde de este miércoles 8 de mayo dos representantes de la Jurisdicción Especial para la Paz llegaron a Kinsgton, Jamaica, para asistir a la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la que se rendirá un balance sobre los avances, desarrollos y desafíos de este componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y no Repetición en su primer año de ejecución. Le puede interesar: Niegan tutela que buscaba reversar hundimiento de objeciones a la JEP en Cámara Se trata de Patricia Linares, presidenta de la JEP, y la magistrada Alejandra Sandoval, de la Sala de Amnistía o Indulto, quienes a partir de las 5:00 de la tarde y por el transcurso de una hora, además de rendir cuentas sobre el informe, van a concretar, junto a los integrantes de la CIDH, la definición de los términos de un convenio de colaboración y asistencia técnica entre las dos partes. Dicho proceso se había acordado diseñar desde el pasado 22 de febrero de 2018 en una reunión celebrada en Bogotá entre los comisionados y magistrados de la JEP. Tras el encuentro, la CIDH consignará la información en un documento que podrá ser entregado a otras instancias como un informe de gestión y monitoreo.Con anterioridad, el Gobierno del presidente Iván Duque manifestó su desacuerdo con la audiencia, motivo por el que no habrá representantes del Estado.
Después de que BLU Radio revelara el contenido de la carta enviada por el canciller Carlos Holmes Trujillo a Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, en la que le pide cancelar la audiencia convocada para el próximo 9 de mayo “por carecer la entidad solicitante de la personería y capacidad jurídica exigidas”, la presidente de la JEP, Patricia Linares, a través de una carta dirigida al canciller Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la solicitud no fue presentada como “parte” en un proceso, pues coincide con el funcionario en que, dada la condición de alta corte creada por la Constitución Política, la JEP hace parte de la estructura del Estado colombiano, y no les corresponde exponer asuntos internos ante una instancia internacional.Le puede interesar: Audiencia convocada por JEP ante la CIDH genera nuevo choque con el Gobierno Nacional “Coincidimos con usted en que, dada nuestra condición de alta corte creada por la Constitución Política, hacemos parte de la estructura del Estado colombiano y no nos corresponde, ni más faltaba, exponer asuntos domésticos ante una instancia internacional, pues nunca hemos desconocido ni desconoceremos que la rectoría de las relaciones internacionales está en cabeza del señor presidente de la República”, dice el documento.Linares, además, señala que ha habido casos en el que entes judiciales de países han pedido audiencias ante la CIDH, por ejemplo, la del Tribunal Constitucional de Perú, en 2017, y la del Instituto de la Judicatura de Guatemala en el mismo año.“Con el único propósito de aclarar el alcance de nuestra solicitud me remito a precedentes que muestran claramente la viabilidad de que órganos judiciales y órganos estatales no gubernamentales pidan directamente este tipo de audiencias, entre otras, por ejemplo, la del Tribunal Constitucional de Perú, en 2017; la del Instituto de la Judicatura de Guatemala en el mismo año; la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador”, agregó.Por último, asegura que, a la fecha, no han recibido ninguna comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, relacionada con la petición y, de recibirla, acataran lo que dispongan las autoridades competentes.