La Andi y la Fundación para el Estado de Derecho presentaron ante la Misión de Observación Electoral de la OEA una denuncia en la que señalan que hay serias preocupaciones respecto de los principios de neutralidad institucional y equidad para la contienda electoral debido a algunas intervenciones y declaraciones del presidente Gustavo Petro.
En el documento adjuntan publicaciones del presidente en la red social X y en algunas alocuciones u otros espacios en los que habla sobre las elecciones. En algunos casos, según las denuncias, utiliza plataformas institucionales para pronunciamientos relacionados con la campaña.
“Los hechos descritos a continuación evidencian una conducta reiterada del presidente de la República consistente en realizar pronunciamientos de contenido electoral, intervenir en controversias propias de la competencia de las autoridades electorales y utilizar plataformas institucionales del Estado en un contexto de campaña presidencial, pese a la existencia de advertencias, decisiones judiciales y llamados de organismos nacionales e internacionales orientados a preservar la neutralidad institucional.
Igualmente, se observa la utilización de recursos, canales y plataformas estatales —incluyendo cuentas institucionales de la Presidencia de la República, ministerios del Gobierno nacional y medios públicos de comunicación— para la difusión de mensajes de contenido político-electoral, circunstancia que ha sido objeto de observaciones por parte de misiones internacionales de observación electoral y que plantea interrogantes relevantes sobre la igualdad de condiciones entre las candidaturas participantes.
Estas preocupaciones no provienen únicamente de los suscritos. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en su Declaración Preliminar del 2 de junio de 2026, documentó múltiples situaciones relacionadas con la promoción de logros gubernamentales por parte de entidades estatales durante el período electoral, la utilización de plataformas oficiales por parte de ministerios, el favorecimiento informativo de determinadas opciones políticas en medios públicos y la difusión de narrativas que afectaron la confianza pública en el proceso electoral.
Resulta especialmente relevante señalar que los mismos organismos internacionales que formularon observaciones respecto del comportamiento de autoridades públicas también destacaron la transparencia, trazabilidad y confiabilidad del proceso electoral, descartando la existencia de elementos que permitieran cuestionar la integridad general del sistema electoral colombiano.
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Considerados en conjunto, “Estos hechos permiten identificar un patrón de actuación que compromete principios esenciales para la celebración de elecciones libres y auténticas, entre ellos la neutralidad estatal, la equidad de la contienda, la confianza pública en las autoridades electorales y el respeto por los resultados democráticamente producidos. A juicio de los suscritos, la gravedad, reiteración y actualidad de los hechos documentados justifican que la Misión valore la conveniencia de emitir un pronunciamiento específico sobre estas conductas antes de la celebración de la segunda vuelta presidencial, con el fin de contribuir a la preservación de la confianza pública, la equidad de la contienda y el respeto de los estándares democráticos interamericanos”, señala la denuncia.
En el mismo sentido, señala el documento que estos hechos se han presentado cuando incluso existían decisiones judiciales que buscaban proteger la confianza pública en el proceso electoral. Además, hablan de los cuestionamientos que ha hecho el presidente a la Registraduría y al CNE.
“Las conductas documentadas en esta denuncia reflejan una serie de cuestionamientos públicos reiterados dirigidos contra las dos instituciones que integran la organización electoral, sin que tales afirmaciones hubieran sido respaldadas por las autoridades competentes, decisiones judiciales o verificaciones técnicas independientes”, dice la denuncia.
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En el mismo sentido, se le hacen algunas solicitudes a la misión. Una de ellas es que se emita un pronunciamiento sobre la conducta del presidente; también que se refuerce la presencia de la Misión de Observación Electoral para la segunda vuelta.
“Pronunciarse expresamente, antes del 21 de junio de 2026, sobre el desacato del presidente de la República a las órdenes judiciales vigentes en materia de propaganda electoral y afirmaciones infundadas sobre la confiabilidad de la organización electoral, calificando esa conducta como factor de riesgo autónomo para la integridad de la segunda vuelta presidencial.
Emitir un pronunciamiento preventivo recordando a todos los actores políticos, incluyendo al Ejecutivo, el deber de respetar las reglas electorales, la neutralidad del Estado, la igualdad de condiciones entre candidaturas y la aceptación institucional de los procedimientos legales de escrutinio y proclamación”, solicitan la ANDI y la Fundación para el Estado de Derecho.
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