El avance del Escudo de las Américas y la eventual activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) abren un nuevo escenario de cooperación regional para enfrentar el narcotráfico, pero también plantean interrogantes sobre el alcance de las operaciones militares y la participación de países como Colombia. Así lo explicó José Luis Ramírez León, exasesor de la Organización de Estados Americanos (OEA), en entrevista con Mañanas Blu.El experto recordó que el TIAR no es un mecanismo nuevo. El tratado fue suscrito en 1947, antes incluso de la creación de la OEA y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y ha sido utilizado en 24 ocasiones. Su propósito contempla mecanismos de asistencia recíproca entre los países miembros frente a determinadas amenazas.Ramírez León señaló que el actual debate parte de una solicitud para convocar una reunión de consulta que permita poner en marcha el órgano de consulta del TIAR. Para el exasesor de la OEA, el proceso tiene una ruta institucional definida y no implica, necesariamente, la creación de una fuerza militar multinacional.Así funcionaría la activación del TIARDe acuerdo con la explicación entregada durante la entrevista, el primer paso consiste en presentar formalmente la solicitud ante el Consejo Permanente de la OEA. Posteriormente, los países que actualmente hacen parte del TIAR deberán votar sobre su activación.“Para que se pueda activar un mecanismo como el del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, existen unos pasos dentro de la OEA”, explicó Ramírez León.El especialista indicó que actualmente son 19 los países miembros del tratado y que para aprobar su activación se requieren dos terceras partes de los votos, es decir, 11 países. Una vez superado ese trámite, se convocaría una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, escenario en el que se discutirían y votarían las medidas correspondientes.Según su interpretación del procedimiento anunciado, la activación podría concretarse en un plazo aproximado de un mes si se mantienen las condiciones políticas necesarias para alcanzar la mayoría requerida.Narcotráfico, el eje del Escudo de las AméricasEl combate al narcotráfico aparece como uno de los principales objetivos del mecanismo. Sin embargo, Ramírez León planteó que la respuesta regional no debería concentrarse exclusivamente en las operaciones militares o represivas.“Todo lo que se puede hacer de políticas coordinadas a nivel hemisférico para combatir el flagelo del narcotráfico es más que bienvenido”, manifestó, aunque advirtió que la problemática debe abordarse desde diferentes frentes.En su análisis, la estrategia debería contemplar toda la cadena del narcotráfico, desde la prevención hasta las medidas de carácter judicial y las discusiones sobre despenalización. También llamó la atención sobre la transformación del mercado de drogas y el crecimiento de los estupefacientes sintéticos, entre ellos el fentanilo.El exasesor recordó además un estudio elaborado por la OEA después de la Sexta Cumbre de las Américas, realizada en Cartagena en 2012. Según explicó, el documento presentado en 2013 planteó diferentes escenarios sobre el problema de las drogas en el continente y contó con la participación de representantes de organismos de seguridad, fuerzas armadas y sectores privados.Colombia y las operaciones militaresUno de los principales interrogantes está relacionado con el papel que tendría Colombia dentro del nuevo esquema de cooperación. Ramírez León señaló que la posición geográfica del país, con costas sobre el Caribe y el Pacífico, lo convierte en un punto relevante dentro de las rutas del narcotráfico.El exasesor también cuestionó el alcance que podrían tener eventuales operaciones contra embarcaciones utilizadas para transportar drogas y planteó interrogantes sobre el respeto de las normas del derecho internacional.A su juicio, una estrategia exclusivamente basada en la fuerza no ha resuelto el problema del narcotráfico. “Si no se atacan todas y cada una de las cadenas del narcotráfico, desde el tema de prevención hasta eventualmente el tema de despenalización, sencillamente estamos solamente buscando uno de los aspectos importantes”, sostuvo.¿Habría tropas extranjeras en Colombia?Otro de los puntos centrales de la conversación fue la posibilidad de que la activación del TIAR permita operaciones militares conjuntas en territorio colombiano. Ramírez León explicó que, a partir de la información que conocía del comunicado, la interpretación inicial es que cada fuerza militar actuaría dentro de su propio territorio, aunque bajo un mecanismo de coordinación regional.“No sería una fuerza multilateral de la OEA para actuar en otros países”, señaló. Esta distinción resulta relevante para el caso colombiano. El entrevistado explicó que, si se planteara una presencia de militares extranjeros en territorio nacional, entraría en juego el procedimiento constitucional correspondiente.“En caso de que fuera una actitud contraria, como bien sabes, se necesita la aprobación del Congreso de Colombia para que pueda haber presencia de militares de otros países en territorio colombiano”, afirmó.De esta manera, el debate sobre el Escudo de las Américas, el TIAR, la cooperación militar y la lucha contra el narcotráfico queda ligado a una discusión más amplia sobre los límites de la cooperación internacional y las competencias de cada Estado.Para Ramírez León, la activación del mecanismo puede avanzar por los canales institucionales de la OEA y del TIAR, pero el alcance concreto de las medidas dependerá de las decisiones que adopten los países participantes y de las condiciones jurídicas aplicables en cada territorio.
El Gobierno de Abelardo De la Espriella designó a Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos.El nombramiento quedó establecido mediante el Decreto 1365 del 4 de septiembre de 2026, expedido por el presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento señala que Ordóñez asumirá un cargo de embajador, código 0036, grado 25, dentro de la planta de personal destinada a las misiones diplomáticas y oficinas consulares.La designación ubica a Ordóñez como representante de Colombia ante uno de los principales organismos multilaterales del continente, cuya sede se encuentra en Washington. El decreto establece que el nombramiento se realiza en ejercicio de las facultades constitucionales y legales del presidente de la República, entre ellas las contempladas en el artículo 189 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 274 de 2000, que regula aspectos relacionados con la carrera diplomática y consular.El documento también contempla los gastos asociados con el traslado y el ejercicio del nuevo cargo. Estos serán asumidos con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. Entre las disposiciones se incluye el reconocimiento de viáticos, transporte de menaje doméstico y asignación de pasajes.La Dirección de Talento Humano de la Cancillería será la encargada de comunicar oficialmente el decreto, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa vigente. El Decreto 1365 señala que el nombramiento entra en vigencia desde la fecha de su expedición. El documento fue fechado en Bogotá el 4 de septiembre de 2026. Con esta decisión, Alejandro Ordóñez queda designado formalmente para representar a Colombia ante la OEA desde la misión permanente del país en Washington.
El exprocurador Alejandro Ordóñez sería nombrado por el Gobierno de De La Espriella como el próximo embajador de Colombia ante la OEA. Ordóñez ya se desempeñó en ese cargo entre 2018 y 2022, durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque. De otro lado, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunciará este viernes el nombre del embajador de Colombia en Washington. Entre los nombres que se barajan está el del economista Gustavo Adolfo Carvajal, perteneciente al influyente grupo económico Carvajal. Fue presidente del grupo editorial Norma y hasta 2023 presidente y director de la junta directiva de Carvajal S.A. Fue embajador de Colombia en Francia entre 2011 y 2013 durante el Gobierno Santos. Sin embargo, el presidente De La Espriella también estudia el nombre de una mujer para el cargo que será clave en las relaciones con Estados Unidos.De La Espriella completa su gabinete con Claudia Benavides como ministra de CienciaLa ingeniera industrial Claudia Benavides fue anunciada este domingo como futura ministra de Ciencia de Colombia por el presidente electo, Abelardo de la Esprilla, que completó así el gabinete con el que asumirá el poder el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali."La doctora Claudia Benavides Salazar, esa patriota, ocupará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 'patria milagro'", expresó De la Espriella en un mensaje al país por redes sociales, en el que señaló que la funcionaria fue seleccionada tras inscribirse en el 'Banco de talentos' creado por el presidente electo para buscar a colombianos que pudiesen participar en su Gobierno.La nueva ministra es ingeniera industrial de la Universidad Nacional sede de Manizales y cuenta con una maestría en creatividad e innovación de la misma universidad, así como con un doctorado en competitividad empresarial, innovación y sostenibilidad de la Universidad de Deusto, en Bilbao (España).Con este anuncio, De la Espriella ya nombró a los 18 ministros que conformarán su gabinete, de los cuales nueve son hombres y nueve mujeres.Entre esos nombramientos sobresalen el académico Omar Bula Escobar como canciller; el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa; el exsenador Rodrigo Lara como jefe de la cartera del Interior; la abogada Ana María Vesga en Salud y el dirigente conservador Miguel Gómez Martínez en Hacienda.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) aseguró este domingo que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas ha transcurrido sin alteraciones de orden público y nada ha puesto en riesgo el "certamen electoral"."Lo que hemos observado hasta ahora es una participación libre del pueblo colombiano, no ha habido ninguna información sobre alteración de orden público ni nada que ponga en riesgo este certamen electoral hasta este momento", expresó en una rueda de prensa el jefe de la misión, el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012).La misión de la OEA cuenta con 96 observadores y especialistas políticos de 24 nacionalidades repartidos en 26 de los 32 departamentos del país y en ciudades en el exterior como Madrid, Nueva York o Miami para dar seguimiento a las elecciones presidenciales."Formalmente no se han presentado denuncias", agregó Fernández al ser consultado sobre posibles irregularidades.En esta jornada electoral hay desplegados más de 15.000 observadores nacionales, así como cerca de 250.000 testigos inscritos por las campañas del ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, que estarán vigilando el conteo preliminar de votos una vez cierren los puestos de votación.Las declaraciones de la OEA se producen después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara la aparición de tarjetones presuntamente marcados en 14 departamentos y pidiera a las autoridades electorales verificar la situación para garantizar la transparencia de los comicios.Para estas elecciones están habilitados para votar 41,4 millones de colombianos en 118.346 mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos electorales en todo el país.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, revisará la permanencia de Colombia en organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), al considerar que su aporte al país ha sido limitado frente a los costos que representan.Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en el programa Vélez por la Mañana y Canal 1, donde el aspirante presidencial señaló que una eventual salida de estos organismos sería una de las decisiones que estudiaría al inicio de su mandato.Aunque aclaró que no se trata de una determinación definitiva, De la Espriella manifestó que está inclinado a adoptar esa medida como parte de una estrategia para reducir el gasto estatal y destinar más recursos a programas sociales e inversiones internas.“No es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, afirmó el candidato durante la entrevista, en la que cuestionó la utilidad de la ONU y la OEA para Colombia.Según explicó, su propuesta hace parte de una visión de gobierno enfocada en simplificar la estructura estatal y revisar los compromisos internacionales que, a su juicio, no generan beneficios concretos para los colombianos.Reitera denuncias sobre presunta compra de votosDurante el diálogo, que se extendió por cerca de dos horas, el candidato también insistió en sus denuncias sobre una presunta estrategia de compra de votos de cara a la segunda vuelta presidencial.De la Espriella aseguró que existen preocupaciones sobre posibles irregularidades electorales, especialmente en la región Caribe, y sostuvo que recientemente funcionarios del gobierno de Estados Unidos habrían advertido sobre eventuales sanciones contra quienes intenten interferir en el proceso democrático.En ese contexto, afirmó que el acompañamiento de autoridades estadounidenses contribuiría a fortalecer la vigilancia sobre las elecciones.Mantiene polémica por uso de la camiseta de la Selección ColombiaOtro de los temas abordados durante la entrevista fue la controversia generada por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en actividades de campaña.El candidato apareció nuevamente portando la prenda y aseguró que continuará utilizándola pese a la decisión judicial que le ordenó abstenerse temporalmente de hacerlo mientras se resuelve de fondo una acción de tutela.De la Espriella calificó la medida como ilegal y afirmó que está dispuesto a asumir las consecuencias derivadas de desacatar la orden.La polémica surgió luego de que un juzgado de Bogotá ordenara de manera provisional al candidato y a su movimiento político, Defensores por la Patria, abstenerse de exhibir la camiseta en actividades proselitistas y medios de difusión.La decisión respondió a una tutela presentada por un ciudadano que argumentó que asociar un símbolo ampliamente reconocido por los colombianos con una corriente política específica podría vulnerar derechos relacionados con la igualdad y la no discriminación.Anunció acciones judicialesTras conocerse la medida cautelar, el candidato anunció que demandará al juez que emitió la orden. Desde su campaña se ha insistido en que el uso de la camiseta constituye una manifestación ciudadana voluntaria y que no existe ninguna prohibición legal para emplearla en escenarios políticos.En medio del debate, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, señaló que la camiseta de la Selección Colombia no tiene la condición de símbolo patrio y recordó que, con base en decisiones previas del tribunal electoral, las campañas políticas no tendrían restricciones legales para utilizarla.
La Andi y la Fundación para el Estado de Derecho presentaron ante la Misión de Observación Electoral de la OEA una denuncia en la que señalan que hay serias preocupaciones respecto de los principios de neutralidad institucional y equidad para la contienda electoral debido a algunas intervenciones y declaraciones del presidente Gustavo Petro.En el documento adjuntan publicaciones del presidente en la red social X y en algunas alocuciones u otros espacios en los que habla sobre las elecciones. En algunos casos, según las denuncias, utiliza plataformas institucionales para pronunciamientos relacionados con la campaña.“Los hechos descritos a continuación evidencian una conducta reiterada del presidente de la República consistente en realizar pronunciamientos de contenido electoral, intervenir en controversias propias de la competencia de las autoridades electorales y utilizar plataformas institucionales del Estado en un contexto de campaña presidencial, pese a la existencia de advertencias, decisiones judiciales y llamados de organismos nacionales e internacionales orientados a preservar la neutralidad institucional.Igualmente, se observa la utilización de recursos, canales y plataformas estatales —incluyendo cuentas institucionales de la Presidencia de la República, ministerios del Gobierno nacional y medios públicos de comunicación— para la difusión de mensajes de contenido político-electoral, circunstancia que ha sido objeto de observaciones por parte de misiones internacionales de observación electoral y que plantea interrogantes relevantes sobre la igualdad de condiciones entre las candidaturas participantes.Estas preocupaciones no provienen únicamente de los suscritos. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en su Declaración Preliminar del 2 de junio de 2026, documentó múltiples situaciones relacionadas con la promoción de logros gubernamentales por parte de entidades estatales durante el período electoral, la utilización de plataformas oficiales por parte de ministerios, el favorecimiento informativo de determinadas opciones políticas en medios públicos y la difusión de narrativas que afectaron la confianza pública en el proceso electoral.Resulta especialmente relevante señalar que los mismos organismos internacionales que formularon observaciones respecto del comportamiento de autoridades públicas también destacaron la transparencia, trazabilidad y confiabilidad del proceso electoral, descartando la existencia de elementos que permitieran cuestionar la integridad general del sistema electoral colombiano.Considerados en conjunto, “Estos hechos permiten identificar un patrón de actuación que compromete principios esenciales para la celebración de elecciones libres y auténticas, entre ellos la neutralidad estatal, la equidad de la contienda, la confianza pública en las autoridades electorales y el respeto por los resultados democráticamente producidos. A juicio de los suscritos, la gravedad, reiteración y actualidad de los hechos documentados justifican que la Misión valore la conveniencia de emitir un pronunciamiento específico sobre estas conductas antes de la celebración de la segunda vuelta presidencial, con el fin de contribuir a la preservación de la confianza pública, la equidad de la contienda y el respeto de los estándares democráticos interamericanos”, señala la denuncia.En el mismo sentido, señala el documento que estos hechos se han presentado cuando incluso existían decisiones judiciales que buscaban proteger la confianza pública en el proceso electoral. Además, hablan de los cuestionamientos que ha hecho el presidente a la Registraduría y al CNE.“Las conductas documentadas en esta denuncia reflejan una serie de cuestionamientos públicos reiterados dirigidos contra las dos instituciones que integran la organización electoral, sin que tales afirmaciones hubieran sido respaldadas por las autoridades competentes, decisiones judiciales o verificaciones técnicas independientes”, dice la denuncia.En el mismo sentido, se le hacen algunas solicitudes a la misión. Una de ellas es que se emita un pronunciamiento sobre la conducta del presidente; también que se refuerce la presencia de la Misión de Observación Electoral para la segunda vuelta.“Pronunciarse expresamente, antes del 21 de junio de 2026, sobre el desacato del presidente de la República a las órdenes judiciales vigentes en materia de propaganda electoral y afirmaciones infundadas sobre la confiabilidad de la organización electoral, calificando esa conducta como factor de riesgo autónomo para la integridad de la segunda vuelta presidencial.Emitir un pronunciamiento preventivo recordando a todos los actores políticos, incluyendo al Ejecutivo, el deber de respetar las reglas electorales, la neutralidad del Estado, la igualdad de condiciones entre candidaturas y la aceptación institucional de los procedimientos legales de escrutinio y proclamación”, solicitan la ANDI y la Fundación para el Estado de Derecho.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) se comprometió a hacer seguimiento a las denuncias sobre presunta participación en política del mandatario colombiano, Gustavo Petro, en la campaña para las elecciones presidenciales de este domingo.Así lo manifestó este sábado la candidata presidencial Claudia López luego de reunirse con el jefe de la MOE/OEA, el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012).La campaña de López indicó en un comunicado que la MAP/OEA "escuchó y se comprometió a hacer seguimiento a las denuncias presentadas" por la candidata, que también las ha elevado ante distintos organismos nacionales e internacionales y reiteró su compromiso de vigilar el desarrollo de las elecciones presidenciales para garantizar que la voluntad de los ciudadanos sea respetada."Hemos acudido a los escenarios internacionales y a las misiones técnicas para alertar que la democracia colombiana no puede quedar al arbitrio del miedo ni de las presiones indebidas", señaló López, exalcaldesa de Bogotá.La Misión de la OEA desplegó esta semana 96 observadores y especialistas políticos, encabezados por Fernández, para dar seguimiento a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.Esta semana la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar contra Petro por presunta intervención en política, tras varias declaraciones y publicaciones en redes sociales relacionadas con el actual proceso electoral.Durante la campaña, distintos sectores de la oposición han acusado al mandatario de favorecer públicamente al candidato oficialista, Iván Cepeda, mientras que el presidente ha rechazado esas críticas y ha defendido su derecho a pronunciarse sobre asuntos públicos.La campaña de López señaló además que la candidata también sostuvo encuentros con la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE) para exponer sus preocupaciones sobre las garantías electorales y la transparencia del proceso.La exalcaldesa de Bogotá ocupa actualmente el quinto lugar en las encuestas de intención de voto, por detrás de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, por lo que no figura entre los favoritos para avanzar a una eventual segunda vuelta.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal manifestaron su preocupación por el deterioro de la seguridad en el Catatumbo, advirtiendo que la confrontación entre grupos armados continúa generando amenazas, estigmatización, ataques contra líderes sociales, autoridades locales e “inaceptables” afectaciones humanitarias para las comunidades de la región.“Rechazamos de manera contundente toda acción que involucre, afecte o ponga en riesgo a la población civil en el marco de la violencia que se vive en la región”, indicaron.En el comunicado también reiteraron su llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, enfatizaron que “la protección y el respeto absoluto a la población civil no está sujeta a interpretación ni a cumplimiento discrecional”.Además, enviaron un mensaje al Estado colombiano, “insistimos en nuestro llamado al Estado a garantizar la protección integral de la población en el territorio”.Finalmente, la MAPP/OEA, la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas de la violencia y manifestaron su solidaridad con todas las personas afectadas por la situación que enfrenta actualmente el Catatumbo.“Reiteramos nuestro compromiso con el acompañamiento a todas las víctimas y comunidades afectadas, así como con la promoción de una paz completa, sostenible y duradera en Colombia”, concluyeron.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
Más de 100 personas se reunieron en Mar de Plata, Argentina, para despedir a un familiar y lo hicieron con potente caravana de motos, sin embargo, durante el recorrido comenzaron a realizar “maniobras extremas, pruebas de velocidad y circulaban en contramano ocupando ambos carriles”, según las autoridades, por lo que tuvieron que intervenir por el bien del orden público.“Un cortejo fúnebre con alrededor de 100 motos terminó en disturbios y maniobras temerarias. Desde el COM hicimos el seguimiento por cámaras y desplegamos un operativo cerrojo junto a Patrulla Municipal, Tránsito y fuerzas policiales”, indicó el intendente municipal del Partido General, Agustin Neme, sobre la situación.Las autoridades policiales, efectivos de Infantería, Caballería, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), personal de Tránsito y la Patrulla Municipal fueron los encargados de realizar el operativo de control en la zona, pero lo que no pensaron era que alguno tenía problema, hasta un pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2026. El aviso había sido solicitado en una causa por robo agravado. Hubo múltiples sanciones por maniobras temerarias de velocidad y resistencia a la autoridad.Varios motociclistas intentaron escapar del sitio al ver la gran cantidad de autoridades llegar a la zona y algunos hasta abandonaron el punto, todo esto permitió que trasladaran alrededor de 42 motocicletas a los patios o algunas incautadas por esta situación.“El resultado: 42 motos secuestradas, 100 actas de infracción y una moto con pedido de secuestro activo. Gracias a la Policía por el trabajo conjunto y por actuar con firmeza para poner orden. La calle no es una pista ni tierra de nadie. El que pone en riesgo a los demás, se queda sin moto”, añadió.En video quedó tanto la caravana como todo el operativo en donde fueron trasladadas las motocicletas a los patios en varias grúas que llegaron hasta ese punto.
El municipio de Bahía Solano se prepara para recibir una nueva infraestructura aeroportuaria que busca fortalecer la conectividad aérea y las condiciones para el desarrollo turístico de esta localidad importante para el desarrollo del departamento del Chocó.Será la Gobernación del Chocó la que realizará la entrega protocolaria de las obras de mejoramiento de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea del Aeropuerto José Celestino Mutis, esto, con una inversión de $31.195 millones, recursos provenientes del Sistema General de Regalías.El proyecto incluyó la construcción de la terminal de pasajeros, así como el cerramiento perimetral de seguridad y otras obras requeridas para garantizar el funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria.La ejecución estuvo a cargo de la Asociación de Municipios Urabá Darién–Caribe, mientras que el municipio de Bahía Solano figura como entidad beneficiaria de la intervención.De acuerdo con la Gobernación, las nuevas obras permitirán fortalecer las condiciones aeroportuarias de Bahía Solano, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento y, además, la infraestructura también busca aportar mejores condiciones para la conectividad de la región.Según los expertos, la inversión representa una intervención relevante para un territorio cuya conexión aérea tiene importancia tanto para la actividad turística como para la movilidad de residentes y visitantes.
Un nuevo sismo se registró en la noche de este jueves, 24 de septiembre, en el departamento del Tolima. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:37 de la noche y tuvo una magnitud de 4,1.El epicentro fue localizado en inmediaciones de Chaparral, Tolima, específicamente a 17 kilómetros de Roncesvalles. El reporte del SGC señala que el evento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, una característica que puede hacer que un sismo sea percibido con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.Según la información publicada por la entidad, el evento tuvo como coordenadas una latitud de 3,86 y longitud de -75,63. En el mapa del boletín se observa que el epicentro se encuentra en una zona del centro-occidente del país, relativamente cercana a municipios como Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales.Por el momento, el boletín del Servicio Geológico Colombiano corresponde a un reporte actualizado del evento sísmico y advierte que la información proporcionada está sujeta a cambios. La magnitud, localización y profundidad pueden ser ajustadas posteriormente a medida que avance el procesamiento de los datos registrados por la red sísmica.El sismo se registró en horas de la noche y se suma a la actividad sísmica que se ha presentado en las últimas semanas en este municipio.Hasta el momento no se han reportado afectaciones o lesionados en el área de Chaparral, Tolima.
A través de sus redes sociales, la Alcaldía de La Pintada mostró un video en donde se deja en evidencia el grave deterioro que sufre la actual sede administrativa del municipio del Suroeste antioqueño, situación por la que elevaron un llamado al Gobierno nacional.Según detallaron desde La Pintada, la sede no tiene las condiciones adecuadas para poder atender a la comunidad y, como muestra de ello, fue la inundación que sufrieron en los últimos días producto de las fuertes lluvias que azotaron la subregión.El alcalde de La Pintada, Herman Correa, hizo un llamado al Gobierno nacional para que haga un acompañamiento y puedan habilitar una nueva sede administrativa en esta zona del Suroeste antioqueño."Triste escenario que vivimos en tiempos de lluvia. Hago un llamado a todas las personas o que representan el estado colombiano para que nos ayuden a darle solución a esta situación", aseguró el mandatario.Desde la Alcaldía de La Pintada explicaron que la nueva sede lleva abandonada 10 años, por lo que se hizo la solicitud de apoyo y así poder habilitar el Centro Administrativo Municipal, CAM.Por ahora, las autoridades locales deberán esperar la respuesta del Gobierno nacional, con el atenuante que seguirán enfrentándose a las inclemencias del clima, así como a las precarias condiciones en las que se trabajan actualmente.
A pesar de ahorros en los consumos de agua por cuenta del racionamiento nocturno que regresó para el nororiente de Medellín desde el pasado 22 de septiembre, el panorama no pinta bien de cara a las próximas semanas.El fenómeno de El Niño sigue golpeando al embalse de Piedras Blancas y sus afluentes, generando preocupación sobre una posible extensión o endurecimiento de los cortes de agua.Según EPM, para el 21 de septiembre el nivel de la fuente hídrica estaba en un 76.8% de su capacidad útil y tres días después, el más reciente reporte, indica que este nivel se ha reducido hasta el 71.28%, equivalente a 310 mil metros cúbicos de agua.Humberto Iglesias, gerente encargado de EPM, manifestó que los ahorros siguen siendo cortos teniendo en cuenta el panorama actual y los pronósticos sobre el recrudecimiento del fenómeno de El Niño."El niño va a continuar, sin lugar a dudas. Esto apenas está arrancando y todavía no estamos en la etapa más crítica. Tenemos que prepararnos desde ahora para los meses más exigentes que se vienen, que seguramente van a ser diciembre, enero y febrero. Y miren lo que estamos viviendo hoy", manifestó Iglesias.Al tiempo que desde EPM insisten en la necesidad de implementar medidas en cada vivienda para llegar a la meta diaria de ahorro de agua de 92 litros en el nororiente y 70 litros en el resto de la ciudad, las evaluaciones son constantes sobre el comportamiento de otros embalses como La Fe y Riogrande II que abastecen a otras zonas de Medellín y el Valle de Aburrá.Se espera que el próximo lunes 28 de septiembre, tras una semana de interrupciones en el servicio de acueducto, la compañía de servicios públicos indique si la medida debe mantenerse.
